CSJ - AC1378-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC1378-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC1378-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n.º 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela de igual tenor a la original, los nombres de las partes involucradas son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, decide la Corte lo que corresponde en relación con el aparente conflicto de competencia entre las Comisarias Once de Familia Suba 3 de Bogotá y la de Familia del Municipio de PachoCundinamarca.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 2
I. ANTECEDENTES 1.- “Juan” en nombre propio y en representación de su menor hija “Ana” pidió se establezca medida de protección a su favor (acción por violencia en contexto de familia n.° 364-2025, R.U.G520-2025), con ocasión de la solicitud que tituló «reporte de violencia intrafamiliar en contra del señor “Juan” y solicitud de medida de protección a favor de “Ana” y “Juan”» , consistente en actos de «agresiones físicas, verbales y psicológicas de carácter penal »
violencia intrafamiliar en contra del señor “Juan” y solicitud de medida de protección a favor de “Ana” y “Juan”» , consistente en actos de «agresiones físicas, verbales y psicológicas de carácter penal » efectuados presuntamente por parte de “María”; además, solicitó «homologación de un nuevo régimen de visitas frente a “MARÍA”, por el incumplimiento en el deber de colaboración en la crianza» de la accionada, en consecuencia, se le « otorgue de manera inmediata e irrefutable, la custodia» de la infante y, otros pedimentos. Dicha queja fue presentada ante la Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de esta ciudad, por cuanto, en esa dependencia cursó la medida de protección n.° 144 de 2023 RUG196-2023 [Fls. 7 a 14, archivo: 110010203000202504981000003Expediente_remitido.pdf, del expediente digital]. 2.- La Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de esta urbe, mediante correo electrónico del 3 de junio de 2025, dio respuesta al convocante, mencionándole que, « respecto de su solicitud de medida de protección en su favor y en contra de la señora “MARÍA le corresponde a la comisaría de Familia del lugar de residencia del accionante esto es en Pacho - Cundinamarca cuya dirección es Carrera 39 No 6 – 71, Conjunto Residencial Senderos de la Ferrería Torre 13 Apartamento 303 zona rural La Capilla del municipio de Pacho
del accionante esto es en Pacho - Cundinamarca cuya dirección es Carrera 39 No 6 – 71, Conjunto Residencial Senderos de la Ferrería Torre 13 Apartamento 303 zona rural La Capilla del municipio de Pacho Cundinamarca». Sin embargo, remitió el mensaje de datos, conRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 3 aparente desprendimiento de competencia, «a las Comisarias de familia de Pacho Cundinamarca, Madrid Cundinamarca y la Calera Cundinamarca para su conocimiento y fines pertinentes por ser competentes para conocer su solicitud » [págs. 1 y 2, archivo digital: Correos Electrónicos 1.pdf, ib., expediente con radicado: 11001020300020250304300]. 3.- La Comisaría de Familia de Pacho – Cundinamarca, devolvió el asunto por medio de mensaje electrónico del 12 de junio hogaño [pág. 3, archivo digital: Correos Electrónicos 1.pdf, ib.] con mención de auto adjunto que no permite lectura y, en mensaje de datos del día siguiente, le manifestó a la Comisaría Bogotana que, «(…) en caso de no encontrarse acorde con lo ordenado en el auto, debe provocar el conflicto de competencias y continuar conociendo la primera autoridad adminsitrativa (sic) […] En caso de no dar cumplimiento se interpondrá la queja, por vulneración de derechos» [pág. 3, archivo digital: Correos Electrónicos 2.pdf, ib.]. 4.- La Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de Bogotá,
caso de no dar cumplimiento se interpondrá la queja, por vulneración de derechos» [pág. 3, archivo digital: Correos Electrónicos 2.pdf, ib.]. 4.- La Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de Bogotá, a vuelta de correo, precisó que « remite las medidas provisionales de protección en favor del señor “JUAN” para lo de su competencia, toda vez que la presunta víctima reside en PACHO CUNDIMARCA» y aseguró que «no ha vulnerado ningún derecho, pues el escrito presentado por el señor “JUAN” se remitió a las comisarías competentes tal y como quedó sustentado en correo del 3 de junio de 2025»; de ahí que, «de acuerdo a la norma en cita no procede conflicto de competencias, pues la misma ley es clara en cuanto a las competencias» [págs. 3 y 4, archivo digital: Correos Electrónicos 2.pdf, ib.]. 5.- Arribada la causa, otra vez, ante el último ente, con oficio signado por la Comisaria de Familia de Pacho sin fecha, indicó «solicitar a la Honorable Corte Suprema de Justicia, defina la competencia para adelantar el incidente dentro de la medida deRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 4 protección N. 144-2023 y RUG 196-2024», por tanto, «solicitar se sirva provocar conflicto negativo de competencias, entre Comisaría de Familia de Pacho y la Comisaría 11 de Familia Suba 3 de Bogotá D.C., (….) o quien haga sus veces, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca».
de Pacho y la Comisaría 11 de Familia Suba 3 de Bogotá D.C., (….) o quien haga sus veces, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca». Misiva en la que historió las acciones surtidas, resaltando que « profirió el auto de fecha 12 de junio de 2025, y se remitió correo devolviendo las diligencias a la Comisaría 11 de Familia Suba 3 de Bogotá D.C., en donde se ordena la remisión acorde con el principio de unidad procesal, teniendo en cuenta que dicha Comisaría de Familia ya conocía de medida de protección entre las mismas partes y que lo solicitado es un incidente de desacato, aclarando que en caso de no encontrarse de acuerdo con lo dispuesto en la Comisaría de Familia de Pacho se provocara el conflicto de competencias», tanto más, cuando «[e]l día 13 de junio de 2025, la Comisaría 11 de Familia Suba 3 de Bogotá D.C., devuelve correo electrónico, sin auto que lo sustente, en donde simplemente devuelve las diligencias a la Comisaría de Familia de Pacho» [Archivo digital: Auto conflicto negativo Mp suba 144 2023.pdf, ídem]. 6.- Esta Corporación, mediante AC5460-2025 (20 ag., rad. 2025-03043-00) declaró prematura la aparente colisión de competencia, devolviendo las diligencias a la Comisaría Once de Familia de Suba 3 de Bogotá, para que, con las formalidades de rigor, adoptara la resolución que en derecho corresponda, relacionada con la competencia para conocer del asunto, conminando a esa autoridad y a la Comisaría de
Once de Familia de Suba 3 de Bogotá, para que, con las formalidades de rigor, adoptara la resolución que en derecho corresponda, relacionada con la competencia para conocer del asunto, conminando a esa autoridad y a la Comisaría de Familia de Pacho, Cundinamarca, que debían expedir las correspondientes decisiones, en torno a la colisión de competencias, de ser el caso en persistirse en ello.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 5 7.- En cumplimiento de lo anterior, la Comisaría Once de Familia de Suba 3 de Bogotá expidió determinación a través de la cual, remitió las diligencias a su homóloga de Pacho – Cundinamarca, bajo el criterio que, acorde con el cánon 20 de la Ley 2126 de 2021, se debía tener en cuenta que el lugar donde reside el promotor “Juan” es ese municipio, quien actúa en calidad de víctima (12 sep. 2025) [fl. 47, documento: 11001020300020250498100-0003Expediente_remitido.pdf, del expediente digital 2025-0481-00]. 8.- La Comisaría de Familia de Pacho -Cundinamarca, esgrimió que, como « las partes cuentan con medida de protección ante la Comisaría Once de Familia Suba, en la ciudad de Bogotá », de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 294 de 1996, modificado por el cánon 11 de la Ley 575 de 2000, corresponde al funcionario que expidió la orden de protección mantener la competencia para la ejecución y el cumplimiento de las
por el cánon 11 de la Ley 575 de 2000, corresponde al funcionario que expidió la orden de protección mantener la competencia para la ejecución y el cumplimiento de las medidas de protección. De suerte que, devolvió las diligencias a su homóloga capitalina (18 sep.) [fl. 48, ibídem]. 9.- la Comisaría Once de Familia de Suba 3 Bogotana, una vez más, remitió las diligencias a su homóloga y en caso de no encontrarse acorde remitir el conflicto de competencias, fundada en que, “Juan”, «no cuenta con medida de protección definitiva ni provisional a su favor, por lo tanto, no puede iniciarse un incidente dentro de un expediente que no le reconoce como víctima. La Comisaría de Familia de Pacho, Cundinamarca, pretende que se tramite un incidente dentro del expediente MP 144-2023 - RUG 1962023, en el cual se otorgó medida de protección a favor de la señora “MARÍA” (quien anteriormente residía en la localidad de SubaBogotá), en contra del señor “JUAN”»; de ahí que, como « [el] expediente corresponde a una situación completamente distinta. No es procedente niRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 6 jurídicamente viable, que se pretenda abrir un incidente dentro de una medida de protección otorgada a otra persona, con base en un hecho en el que ahora el señor “JUAN” figura como víctima», y como éste ultimo reside en el municipio de Pacho, es a la funcionaria de esa municipalidad a quien le corresponde conocer la actuación
el que ahora el señor “JUAN” figura como víctima», y como éste ultimo reside en el municipio de Pacho, es a la funcionaria de esa municipalidad a quien le corresponde conocer la actuación (29 sep.) [fls. 49 y 50, eiusdem]. 10.- La Comisaría de la última circunscripción territorial prenombrada, teniendo en cuenta que, « pese a haberse devuelto el proceso ordenando que en caso dado provocasen el conflicto de competencias, sin que lo hayan iniciado, reflejando un desgaste administrativo al remitirlo nuevamente a este despacho» dispuso la remisión del informativo a esta Corporación por colisión negativa de competencias (30 sep.) [Fl. 51, ídem].
II. CONSIDERACIONES 1.- Las Comisarías de Familia, instituidas por la ley para «prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar y/o víctimas de otras violencias en el contexto familiar» (art. 2º Ley 2126 de 2021), tienen a su cargo el ejercicio de funciones administrativas y jurisdiccionales
(art. 3º ib.). El desarrollo de éstas últimas se enmarca en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, las cuales les otorgan potestades propias de un funcionario judicial, como la imposición de medidas de protección provisionales o definitivas, la fijación de cauciones de
cuales les otorgan potestades propias de un funcionario judicial, como la imposición de medidas de protección provisionales o definitivas, la fijación de cauciones de comportamiento conyugal, la definición de la custodia y elRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 7 cuidado personal, el decreto y práctica de pruebas periciales, la emisión de órdenes de arresto y todas las demás encaminadas a la salvaguarda y prevención de cualquier forma de violencia dentro del contexto «familiar», decisiones cuya revisión corresponde, por imposición legal, a los jueces de dicha especialidad (artículo 119, Ley 1098 de 2006). El ejercicio de funciones jurisdiccionales implica, para estos servidores públicos, la obligación de revestir sus pronunciamientos de las mismas formalidades que las de aquellos (los jueces), entre estas, la debida motivación de sus pronunciamientos, acorde con el canon 279 de la nueva codificación de procedimiento, el cual prevé que «[s]alvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. (…) En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en su caso, suscrita por el juez o magistrados respectivos». 2.- La antedicha regulación revela sin equívocos que solo a través de autos o sentencias se expresan las decisiones judiciales y, por lo tanto, se admiten como pronunciamientos
respectivos». 2.- La antedicha regulación revela sin equívocos que solo a través de autos o sentencias se expresan las decisiones judiciales y, por lo tanto, se admiten como pronunciamientos con plenos efectos jurídicos. Por ende, como el conflicto planteado involucra a dos autoridades de diferentes distritos judiciales, corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir la colisión. Así se desprende de los artículos 139 del Código General del Proceso (inciso quinto) y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 3.- También, debe tenerse en cuenta, que al tenor de laRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 8 Ley 2126 de 2021 (por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones), entre otras funciones, «corresponde a las Comisarias de Familia[,] (…) [r]ecibir solicitudes de protección en casos de violencia en el contexto familiar» (num. 4, art. 12); a su turno, el « comisario o comisaria de familia» deberá «[a]doptar las medidas de protección, atención y estabilización necesarias para garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos vulnerados o amenazados en casos de violencia en el contexto familiar, verificando su cumplimiento y garantizando su efectividad, en concordancia con la Ley 1257 de 2008»; cometidos que se logran
vulnerados o amenazados en casos de violencia en el contexto familiar, verificando su cumplimiento y garantizando su efectividad, en concordancia con la Ley 1257 de 2008»; cometidos que se logran a través del procedimiento a cargo de aquéllos, cuyas decisiones deben ser adecuadamente fundadas, como lo impone el canon 17 ibidem, que modificó el 5° de la Ley 294 de 1996. Sobre el particular esta Corte ha reiterado que: (...) aunque el artículo 83 de la ley 1098 de 2006 señala que las Comisarías de Familia “[s]on entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario”, ese mismo fundamento normativo conduce a concluir que, en cuanto hace al trámite de las acciones o medidas de protección, las Comisarías de Familia son autoridades administrativas que también desempeñan funciones judiciales, precisamente de aquellas que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la Jurisdicción Ordinaria (CSJ AC, 5 jul. 2013, rad. 201202433-00, reiterado en CSJ AC889-2019 y AC59292024). 4.- En un procedimiento de violencia intrafamiliar, regulado en la Ley 294 de 1996, se diferencian dos etapas, a saber, la inicial, es la fase de conocimiento, en la cual, previa audiencia del presunto victimario y práctica de pruebas, se determinará si debe o no imponerse medidas de protección aRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 9
audiencia del presunto victimario y práctica de pruebas, se determinará si debe o no imponerse medidas de protección aRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 9 favor de la víctima; y la otra, es postrera, aunque no siempre está llamada a configurarse, ya que podría ocasionarse en caso de que la víctima declare hechos novedosos en el contexto de violencia, originados en el mismo conflicto o un eventual incumplimiento de las medidas decretadas en la fase preliminar. Ahora bien, al tenor del cánon 4° de la Ley 294 en comento, « [t]oda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente». Asimismo, el precepto 17 de la Ley 294 supracitada, modificado por el 11 de la Ley 575 de 2000, indica que en aquellos supuestos en los cuales el funcionario que conoció el asunto haya expedido una orden de protección, este «mantendrá la competencia para la ejecución y el cumplimiento» de las mencionadas medidas. Es por ello, que prima facie, en tales asuntos constituye
el asunto haya expedido una orden de protección, este «mantendrá la competencia para la ejecución y el cumplimiento» de las mencionadas medidas. Es por ello, que prima facie, en tales asuntos constituye regla general, el principio de la perpetuatio jurisdictionis, siempre que, en esos conflictos de violencia intrafamiliar se hubiere dictado una medida de protección y, se encuentre en fase de ejecución o cumplimiento de esta , cuya variación de circunstancias que se presentan con posterioridad a que la primera autoridad avocó su conocimiento, no alteraría laRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 10 competencia de la autoridad que inicialmente expidió tales medidas. Sin embargo, en tratándose de asuntos de esa índole, en los que se vean involucrados los derechos de los menores de edad, el artículo 86 del Código de Infancia y Adolescencia señala en el numeral 4° que es función de los comisarios de familia «tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar». Al unísono, siguiendo la normativa constitucional de supremacía de los derechos de los menores - entendidos estos como niños, niñas y adolescentes- (art. 44 C. Pol.), esta Sala Especializada ha reconocido que la regla primigenia no es de carácter absoluto; como quiera que , en casos en los que se involucran menores, aquella debe ceder a fin de garantizar la efectiva realización de los derechos e intereses superiores de los que son titulares dichos sujetos de especial protección por el Estado; para ello, se otorgará la competencia de tales
involucran menores, aquella debe ceder a fin de garantizar la efectiva realización de los derechos e intereses superiores de los que son titulares dichos sujetos de especial protección por el Estado; para ello, se otorgará la competencia de tales asuntos, a la autoridad judicial atendiendo a la ubicación del niño, niña o adolescente que pueda estar involucrado, previo ejercicio de comprobación que ello sea lo que beneficie y garantice el interés superior que le asiste al menor. Es por ello que, al analizar un caso con contornos similares, esta Corporación puntualizó lo siguiente: Sobre esa línea argumentativa se ha establecido que el postulado de la perpetuatio jurisdictionis no es una cláusula pétrea, y que debe ceder en procura de la realización de dichas prerrogativas, permitiendo que los asuntos que involucran a dichos sujetos de especial protección sean arbitrados por la autoridad que en todoRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 11 momento se halle en mejor posibilidad de hacerlas efectivas, especialmente facilitándoles el acceso a la administración de justicia, realizando el mandato que tener en cuenta «sus opiniones» (art. 26 Ley 1098 de 2002), inmediando la práctica de las pruebas y vigilando las medidas de protección provisionales y definitivas, todo ello en el marco especial de celeridad por el que el propio ordenamiento propende. (…) Con vista en el anterior panorama, es claro que la autoridad de la capital risaraldense actuó de manera equívoca al rechazar el proceso, pues pasó por alto que al ser menor de edad la accionante tenía la condición de sujeto de especial protección, circunstancia
capital risaraldense actuó de manera equívoca al rechazar el proceso, pues pasó por alto que al ser menor de edad la accionante tenía la condición de sujeto de especial protección, circunstancia que autorizaba redireccionar el conocimiento del asunto inicialmente adelantado por la Comisaría Primera de Familia de Sabaneta a la dependencia con jurisdicción en el lugar donde actualmente tiene su domicilio, el que conforme informó vía Whatsapp a esa dependencia y a la de Pereira se localiza en esta última ciudad. (CSJ, AC5929-2024, 9 oct., rad. 202403397-00). 5.- Pues bien, con base en ese panorama normativo y jurisprudencial, descendiendo al sub lite, de los hechos narrados en la queja de medida de protección solicitada por “Juan” en su favor y en representación de la menor “Ana” en contra de la progenitora de esta, “María”, a la cual se le dio la identificación de “acción por violencia en contexto de familia n.° 364-2025, R.U.G520-2025”; se desprende que se trata de una nueva solicitud peticionada fuera del contexto que ocasionó la pasada medida de protección, n.° 144 de 2023 RUG1962023, que cursó en la Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de esta ciudad, porque esta última fue peticionada por “María” en contra “Juan”. En este tópico es importante relievar que aun cuando la Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de esta Capital, en el último proveído a través del cual, se desprendió del
“María” en contra “Juan”. En este tópico es importante relievar que aun cuando la Comisaría Once de Familia de –Suba 3 de esta Capital, en el último proveído a través del cual, se desprendió del conocimiento de la actuación remitiéndolo a su homóloga de Pacho – Cundinamarca (29 sep. 2025), confundió la queja deRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 12 “Juan” como un trámite incidental, por incumplimiento a la medida de protección primigenia dictada en contra de éste; lo cierto es que, de la lectura de los hechos y pretensiones, se observa que se trata de una petición de medida de protección nueva; máxime cuando, la primera autoridad judicial reconoció que aquél, «no cuenta con medida de protección definitiva ni provisional a su favor, por lo tanto, no puede iniciarse un incidente dentro de un expediente que no le reconoce como víctima» (29 sep. 2025). Por lo tanto, como lo peticionado por el solicitante a su favor y en representación de su menor hija, no refiere en manera alguna, a una actuación en fase de ejecución o cumplimiento de la medida provisional dictada a favor de “María” contra “Juan” (RUG196-2023), sino a hechos distintos en contexto de violencia intrafamiliar presuntamente ocasionados ahora por la otrora victima contra su victimario y su menor hija; resulta evidente que, deben analizarse cómo una queja independiente, sin que en manera alguna, deba tenerse en cuenta la regla principal de la perpetuatio
ocasionados ahora por la otrora victima contra su victimario y su menor hija; resulta evidente que, deben analizarse cómo una queja independiente, sin que en manera alguna, deba tenerse en cuenta la regla principal de la perpetuatio jurisdictionis que, en todo caso, se vería flexibilizada por encontrarse inmiscuida una infante a quien presuntamente se le podrían conculcar sus derechos fundamentales en el contexto de tal violencia intrafamiliar. 6.- Clarificado lo anterior y de una atenta lectura del cartapacio remitido para dirimir esta colisión, se tiene que, en el primer supuesto de hecho de la queja, “Juan” sostuvo que «[e]l día jueves 29 de mayo de 2025 en horas de la mañana, la Sra. “MARÍA”, me solicitó que fuera a su apartamento ubicado en MadridRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 13 Calle AAAAAAAAAAAA Conjunto residencial Boreal, torre A, apartamento AAA a recoger a mi hija “ANA” de dos (2) años de edad, indicando, que saldría y necesitaba dejar a nuestra hija bajo mi cuidado» [Folio 3, Archivo: 11001020300020250498100-0014Memorial.pdf, visible a consecutivo 10, ESAV]; y, en el tercero expuso que, «[l]a Sra. “MARÍA”, en el momento que ingresé al apartamento , comenzó una agresión de carácter psicológico en el cuál manifestaba en repetidas ocasiones que no quería ser una madre soltera, que se iba a suicidar, que ya estaba cansada de la vida que tenía, y amenazarme de
una agresión de carácter psicológico en el cuál manifestaba en repetidas ocasiones que no quería ser una madre soltera, que se iba a suicidar, que ya estaba cansada de la vida que tenía, y amenazarme de muerte, ya que, según ella, cito textual, “no tenía nada que perder”, al ver que yo no respondía a sus provocaciones, como solía pasar anteriormente, continuo y elevo el grado de su agresión pasando a ataques físicos contra mi integridad humana , intentando ahorcarme, posteriormente, empezó a lanzarme varios puños y cabezazos como bien lo indiqué en la denuncia penal que estoy adelantando en la Fiscalía (…)» [Folios 3 y 4, ibídem] -Se resalta AdredeA tono con lo anterior, emerge que la residencia de la menor de dos años de edad, “Ana”, es el municipio de Madrid Cundinamarca, lugar donde habita con su progenitora y, lugar donde, se desprende de tales supuestos, también ocurrieron los hechos de violencia derivados de un contexto de violencia intrafamiliar. 7.- Entonces, como la medida de protección que eleva “Juan” en nombre propio y en representación de su menor hija “Ana” tuvo como venero, hechos de supuestos actos de violencia en el contexto familiar que se ocasionaron en el municipio de Madrid – Cundinamarca; mismo lugar donde se deduce, reside la menor con la progenitora “María” como presunta victimaria de la queja relacionada, sería a la
municipio de Madrid – Cundinamarca; mismo lugar donde se deduce, reside la menor con la progenitora “María” como presunta victimaria de la queja relacionada, sería a la autoridad administrativa de esa circunscripción territorial aRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00 14 quien le correspondería conocer el asunto. 8.- Ergo, aunque el conflicto fue suscitado entre las Comisarias Once de Familia Suba 3 de Bogotá y la de Familia del Municipio de PachoCundinamarca, siendo que conforme las consideraciones antes expuestas a ninguno de estos puede asignársele la competencia, porque implicaría trasgredir los mandatos anteriormente enunciados, ello no constituye impedimento para que, en aplicación de los principios de economía procesal (art. 42, núm. 1° del C.G.P.) y celeridad (art. 29, Constitución Política), esta Corporación disponga la remisión del expediente a un tercer despacho judicial, no involucrado en el mismo, pero que legalmente tiene la aptitud para su tramitación. En ese orden, se dispondrá la remisión de la presente actuación a las Comisarías de Familia de Madrid – Cundinamarca (Reparto), a fin de que le impartan el trámite correspondiente y se informará de esta determinación a las otras Comisarías involucradas en el conflicto que aquí queda dirimido.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema
de Justicia, RESUELVE:
dirimido.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: DETERMINAR que, a ninguno de las autoridades involucradas en colisión de competencias, corresponde el conocimiento de la pugna.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-04981-00
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SEGUNDO: DECLARAR que las Comisarías de Familia de Madrid – Cundinamarca (reparto) son los competentes para conocer el asunto referenciado.
TERCERO: Remitir el expediente a la señalada autoridad judicial, previo reparto, para que avoque el conocimiento e imparta el trámite correspondiente.
CUARTO: Comunicar esta decisión a las Comisarias Once de Familia Suba 3 de Bogotá y la de Familia del Municipio de PachoCundinamarca y, a los interesados , para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada