CSJ - AC1457-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC1457-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 Bogotá, D. C., once (11) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Zipaquirá y su homólogo Veintiocho de Bogotá.

I. ANTECEDENTES 1.- Enel Colombia S.A. E.S.P. demandó a la Compañía Ganadera La Milagrosa S.A.S -Comgami S.A.S.-, con el propósito de que se impusiera servidumbre legal de conducción de energía eléctrica sobre el « predio rural denominado “LA XIMENA”, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 176-2561 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Zipaquirá – Cundinamarca, ubicado en la vereda La Granja, del municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca». 2.- En el libelo se indicó que la precursora fijaba la competencia en los juzgadores civiles municipales de Zipaquirá, por «la calidad de la parte demandante », teniendo en cuenta que, «ENEL COLOMBIA S.A. ESP es una empresa de serviciosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 2 públicos de naturaleza privada de conformidad con la definición del

cuenta que, «ENEL COLOMBIA S.A. ESP es una empresa de serviciosRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 2 públicos de naturaleza privada de conformidad con la definición del artículo 14.7 de la Ley 142 de 1994 » [Folio 12, Archivo digital: 002DemandayAnexos.pdf, del expediente digital]. 3.- El Juzgado Promiscuo Municipal de Nemocón – Cundinamarca, a quien correspondió liminarmente el asunto, dispuso su rechazo y envío al estrado Civil del Circuito de Zipaquirá – Cundinamarca, en tanto, « el presente asunto es de mayor cuantía, por lo cual [ese] Despacho es el competente, aunado a que el bien inmueble sirviente está ubicado en la vereda La Granja del Municipio de Zipaquirá » (9 abr. 2025) [Derivado: 008AutoRechazaDemanda, ibídem]. 4.- El último estrado antes mencionado rechazó el pleito por auto de 29 de mayo de 2025 y remitió el expediente a los Juzgados de esa misma especialidad de Bogotá, con fundamento en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, porque a su juicio, la convocante es « una empresa de economía mixta, de carácter financiero, del orden nacional, cuyo domicilio principal está ubicado en Bogotá, D. C., esto, al advertirse que dentro de la composición accionaría de aquella, está el GRUPO

empresa de economía mixta, de carácter financiero, del orden nacional, cuyo domicilio principal está ubicado en Bogotá, D. C., esto, al advertirse que dentro de la composición accionaría de aquella, está el GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ SA ESP, la cual “es una empresa de servicios públicos, constituida como sociedad anónima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992…”, que por su origen, de economía mixta, convierte a la aquí actora en una entidad pública, por integrar la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, conforme lo señala el literal f, numeral 2, del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, resultando por ende, que la competencia para conocer del presente proceso corresponde al Juez del domicilio de la entidad pública » [Archivo digital: 012Autorechazacompetencia.pdf, ídem] . Asimismo, rechazó la solicitud de nulidad que la demandante formuló contra lo proveído porque « los hechos alegados se fundan en causal distinta a las determinadas en el artículo 133 del CGP» (26 jun.) [Derivado: 015AutoRechazanulidad.pdf].Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 3 5.- El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito capitalino igualmente se negó a impartirle trámite al litigio (28 nov.), citando para ello los numerales 7° y 10° del canon aludido, arguyendo que «[el primero] establece que la competencia para

igualmente se negó a impartirle trámite al litigio (28 nov.), citando para ello los numerales 7° y 10° del canon aludido, arguyendo que «[el primero] establece que la competencia para conocer procesos en que se ejerciten derechos reales, como lo es en servidumbres, recae de modo privativo en el juez del lugar donde estén ubicados los bienes»; y a voces del segundo, resultaba claro que, « [s]i bien la parte demandante ENEL Colombia S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios, su naturaleza jurídica corresponde a una sociedad por acciones de régimen privado, por lo que no le es aplicable el fuero subjetivo del demandante previsto en el numeral 10 del artículo 28 ibídem en favor de las personas jurídicas de derecho público» [Derivado: 020AUTOProponeConflictoCompetencia.pdf, ídem] .

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribución de competencia fijados en la ley, se observa que en el sub examine corresponde determinar el juez civil competente para conocer del juicio de

2.- Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribución de competencia fijados en la ley, se observa que en el sub examine corresponde determinar el juez civil competente para conocer del juicio de imposición de servidumbre, en el que se discute si este debe continuar ante el juzgador donde primero se radicó, en atención al numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso, o si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10° de aquel precepto, trasladandoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 4 consecuentemente el pleito a los homólogos de la capital de la República. 2.1.- Para acometer dicha definición es preciso memorar que, conforme al primero, en los procesos de imposición de servidumbre, el juez competente es el « del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» , mientras que, según el segundo, el funcionario habilitado es el «del domicilio» de la entidad pública, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. 2.2.- La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definición de criterios que

permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. 2.2.1.- Una de ellas defendió la sede correspondiente al lugar donde se sitúa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediación del juzgador en la práctica de las pruebas, amén del carácter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (CSJ, AC1172-2018;

CSJ, AC3744-2018; CSJ, AC4875-2018; CSJ, AC5051-2018;

CSJ, AC162-2019; CSJ, AC277-2019; CSJ, AC616-2019; CSJ, AC1020-2019; CSJ, AC1028-2021; CSJ, AC1838-2023, entre otras). 2.2.2.- La otra tesis, abogó por la aplicación de la regla de primacía contenida en el precepto 29 de la codificación adjetiva, conforme a la cual «[e] s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes» (CSJ,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 5

AC4272-2018; CSJ, AC4522-2018; CSJ, AC4898-2018; CSJ,

AC117-2019; CSJ, AC321-2019; CSJ, AC1167-2019; CSJ,

AC2313-2019; CSJ, AC3108-2019; CSJ, AC1772-2021; CSJ, AC1838-2023, entre otras). 2.2.3.- Por su parte, la providencia CSJ, AC140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducción de energía eléctrica que involucraba los dos foros en cuestión, resolvió la indicada discusión al unificar en ese momento la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla más consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusión se soportó « en el entendimiento sistemático de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelación que este concretamente previó en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el interés general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificación, al señalar que es en el domicilio de los entes públicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda» . La citada hermenéutica -señaló la Corterevela que se quiso «(…) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia ‘en consideración a la calidad de las partes’ prima, y ello cobija (…) la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del

C.G.P. » . La justificación de esa directriz es (…) muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesión a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo Código es más gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticipó, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribución legal privativa que merece mayor estimación legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad pública, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especialRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 6 consideración de la naturaleza jurídica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, está enlazada con una de carácter territorial. 3.- Por otro lado, referente a la naturaleza jurídica de la convocante como parámetro determinante de la competencia, se debe considerar que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder público está integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por las empresas sociales del Estado y « las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios » , mientras que el parágrafo del canon 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que por « entidad pública se entiende todo órgano, organismo o entidad

parágrafo del canon 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que por « entidad pública se entiende todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%» . 4.- Atinente a los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado de « asegurar su prestación eficiente» , éstos « podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares» ; agregando el canon 367 ídem que, igualmente « se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen» . La Ley 142 de 1994 regula lo atinente a los servicios públicos domiciliarios, ratificándose allí la posibilidad de que estos se presten directamente por los municipios, particulares o empresas mixtas, siempre y cuando seRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 7 satisfagan las exigencias dispuestas en la ley para garantizar la calidad y eficiencia en la prestación. Concordante con ello el artículo 14 la ley en cita incluye las siguientes definiciones: 14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades

Concordante con ello el artículo 14 la ley en cita incluye las siguientes definiciones: 14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes. 14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%. 14.7. Empresa de servicios públicos privada» como «aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares». Es claro entonces, que la Nación, las entidades territoriales, y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo pueden participar, a cualquier título, en la conformación del capital de las empresas de servicios públicos, de suerte que la naturaleza pública de una empresa prestataria de estos servicios devendrá indiscutiblemente como consecuencia de los sujetos que participen en la conformación de su capital. 5.- La mentada ley abre espacio para que puedan decretarse expropiaciones o imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales o remover obstáculos cuando resulte necesario para la prestación del servicio público domiciliario, pero tratándose de prestador particular para

decretarse expropiaciones o imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales o remover obstáculos cuando resulte necesario para la prestación del servicio público domiciliario, pero tratándose de prestador particular para tales efectos éste deberá promover el correspondiente juicio ante las autoridades judiciales, para que, previo agotamientoRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 8 del procedimiento legalmente previsto, dichas autoridades determinen la procedencia o no de lo pedido, así como también establezcan la indemnización a que hubiere lugar para reparar al propietario por las afectaciones o perjuicios que se le puedan ocasionar. Al respecto, la pluricitada normativa prevé lo siguiente: Artículo 33. Facultades especiales por la prestación de servicios públicos. Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos. Artículo 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por

tales derechos. Artículo 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione. (…) Artículo 117. La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981. De dichas normas emana palmario, que la ley de servicios públicos domiciliarios autoriza, expresamente, a todas las empresas encargadas de dicha prestación -seanRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 9

servicios públicos domiciliarios autoriza, expresamente, a todas las empresas encargadas de dicha prestación -seanRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 9 públicas, mixtas o particularespara promover la imposición de servidumbres cuando esto resulte indispensable para cumplir su objeto, atendiendo para ello el procedimiento establecido en la ley, sin que en las memoradas disposiciones se haga distinción o restricción alguna en atención a la naturaleza jurídica del solicitante. Ello no sufre mengua, por lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015, « por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía» y que en general realizó un proceso de compilación de las normas relacionadas con el sector minero energético y que, al ocuparse de este último, en su Título III Sección 5 en relación con la expropiación y la servidumbre incluyó el artículo 2.2.3.7.5.1. según el cual «[l]os procesos judiciales que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, serán promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, señalados en este

calidad de demandante, por la entidad de derecho público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, señalados en este Decreto» , puesto que dicha disposición compilada estaba consagrada en el artículo 1º del Decreto 2580 de 1985 que, en su momento, reglamentó parcialmente la Ley 56 de 1981 y que, en todo caso, es anterior a los postulados contenidos en la Carta Política de 1991 y la ya referida Ley 142 de 1994. 6.- En el sub judice, la acción sometida a consideración de la jurisdicción corresponde a la de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica promovida por Enel Colombia S.A. E.S.P. contra la Compañía Ganadera La Milagrosa S.A.S Comgami S.A.S., para afectar un área deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 10 6.470,35 metros cuadrados del predio rural denominado “LA XIMENA” con F.M.I. n.° 176-2561 de propiedad de esta, ubicado en la vereda La Granja, del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, de lo cual, puede deducirse que el adelantamiento del asunto corresponde a la autoridad del circuito judicial de dicha urbe, esto es, de Zipaquirá, en

aplicación del foro real privativo contemplado en el numeral 7° del canon 28 de la ley adjetiva. Es cierto que, en casos análogos, la Corte se decantó por la aplicación de las reglas contenidas en el numeral 10º del artículo 28 del estatuto adjetivo y el canon 29 de la misma codificación, atendiendo a que, para el momento en que fueron emitidas tales determinaciones la composición accionaria de la convocante, según sus estatutos societarios, estaba integrada por aportes del Estado en un « 51% del capital social» , por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 104 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, su naturaleza era pública; empero, a la fecha, esa situación varió, y las acciones están distribuidas en un 57,345% para la empresa privada y, tan solo un 42,515% corresponde al Estado, en consecuencia, en los términos de la última norma referida, la cual establece que por « entidad pública se entiende todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital ; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%» (resalta la Corte), debe descartarse que se trata de una entidad pública y, por contera, la

prelación que se predica en atención a la calidad de las partes (CSJ, AC8230-2025).Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 11 Lo anterior, fue corroborado por la entidad demandante, quien en el hecho primero de su escrito inaugural indicó que, «ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. es una empresa domiciliada en Bogotá, descentralizada del orden nacional de servicios públicos de naturaleza privada de conformidad con la definición del artículo 14.7 de la Ley 142 de 1994: “(…) aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares”, por ende, legalmente facultada para ser prestadora de servicios » [fol. 6, archivo: 002DemandayAnexos.pdf del expediente digital] y, en el acápite titulado « COMPETENCIA Y CUANTÍA»; manifestó lo mismo: «es una empresa de servicios públicos de naturaleza privada de conformidad con la definición del artículo 14.7 de la Ley 142 de 1994: “(…) aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse

íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares»; cuya composición accionaria estaba distribuida así: GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. [con un porcentaje] Total de participación 42.515%. ENEL AMERICAS S.A. [con] 57.345% [y] OTROS ACCIONISTAS MINORITARIOS [con] 0.140%» [fol. 12, ídem]. Lo mismo hizo en el recurso de reposición contra el proveído expedido por el Juzgador del Circuito de Zipaquirá el 29 de mayo de 2025 que dispuso el rechazo de su demanda, destacando que « ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., es de naturaleza privada, conforme a la COMPOSICIÓN ACCIONARIA, realizada mediante Escritura Pública No. 562 del 1 de marzo de 2022 de Notaría 11 de Bogotá D.C., así: GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. [con un porcentaje] Total de participación 42.515%. ENEL AMERICAS S.A. [con] 57.345% [y] OTROS ACCIONISTAS MINORITARIOS [con] 0.140%» (Se destaca) , pues « [p]ara que una entidad pueda considerarse «entidad estatal», en relación con las sociedades de economía mixta, debe tratarse de aquellas «en las que el Estado tenga una participación superior al cincuenta por ciento (50%)» de manera que,

considerarse «entidad estatal», en relación con las sociedades de economía mixta, debe tratarse de aquellas «en las que el Estado tenga una participación superior al cincuenta por ciento (50%)» de manera que, si una sociedad de economía mixta no cumple con dicha participaciónRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 12 mayoritaria del Estado, no es posible considerarla entidad estatal para efectos del Estatuto Contractual. Lo anterior, de conformidad con el literal a, del numeral 1, del artículo 2 de la Ley 80 de 1993» [Archivo digital: 013SolicitudNulidadAuto.pdf del expediente digital]. 7.- Así las cosas, como la impulsora tiene la « naturaleza jurídica privada» , no opera a favor de la citada entidad el privilegio reconocido por el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, por cuanto, dicho precepto aplica cuando « en el respectivo proceso contencioso ‘sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública» , características que no concurren en el sub examine, lo cual, torna inaplicable dicho precepto para determinar el juez natural llamado a conocer del pleito, en consideración del factor territorial de competencia. Sobre el tópico, esta Sala en el auto CSJ, AC892-2021 precisó: Pues bien, no queda ninguna duda que este caso, por disposición expresa del legislador, debe seguirse en el lugar donde se encuentra el predio sobre el que se pretende constituir un derecho real de servidumbre, esto es, Belalcázar, Caldas, sin que quepa

expresa del legislador, debe seguirse en el lugar donde se encuentra el predio sobre el que se pretende constituir un derecho real de servidumbre, esto es, Belalcázar, Caldas, sin que quepa aquí la posibilidad de acudir a otro foro privativo y prevalente, como el del numeral 10°del artículo 28 del Código General del Proceso, porque la accionante, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal aportado, detenta naturaleza jurídica privada. (CSJ, AC892-2021, reiterado en CSJ,

AC1188-2022; CSJ, AC864-2023 y CSJ, AC18382023).

De modo que, al ser la empresa Enel Colombia S.A. E.S.P., de naturaleza jurídica privada y al estar ubicado « el predio rural “LA XIMENA”» en la « Vereda La Granja» del municipio de Zipaquirá – Cundinamarca, la pauta llamada a gobernar la definición de la competencia por el fueroRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00694-00 13 territorial es el privativo establecido por el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso. 8.- En ese orden, lo propio es acudir a la regla contenida en el numeral 7° del canon 28 ibídem, como lo estimó el despacho de Bogotá, pues acorde con lo indicado, el juzgador competente para impulsar el presente juicio es el del circuito

en el numeral 7° del canon 28 ibídem, como lo estimó el despacho de Bogotá, pues acorde con lo indicado, el juzgador competente para impulsar el presente juicio es el del circuito del lugar de ubicación del predio objeto de la servidumbre, esto es, al de Zipaquirá, por lo que a esa autoridad se le remitirá el expediente para que adelante su tramitación, de lo cual se informará al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá es el competente para conocer la acción de servidumbre descrita en el encabezamiento.

SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que asuma el conocimiento del juicio.

TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá y a la entidad promotora.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada