CSJ - AC2248-2026

AC2248-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01246-00 Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026). Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena y el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Bello, Antioquia, si no fuera porque se advierte prematuro su planteamiento. ANTECEDENTES 1.- María Trina del Socorro Marulanda presentó demanda ejecutiva de alimentos contra su hijo Julián Alexander Cardona Marulanda, en la que solicitó librar mandamiento de pago por las cuotas correspondiente a los meses de marzo a noviembre de 2025. En el escrito, atribuyó la competencia a los jueces de familia de Cartagena, « por la naturaleza del asunto, por el domicilio de la demandante y la cuantía». 2.-El asunto fue asignado al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, el cual lo rechazó por falta de competencia territorial, al considerar que el trámite correspondía al Juzgado Primero de Familia de Bello, Antioquia, teniendo en cuenta queRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-01246-00 2 había conocido previamente de un proceso ejecutivo de alimentos entre las mismas partes. 3.- Por su parte, el Juzgado Primero de Familia de Bello, Antioquia, rehusó el conocimiento del proceso, argumentando que, si bien en esa sede judicial se tramitó el ejecutivo de

alimentos entre las mismas partes. 3.- Por su parte, el Juzgado Primero de Familia de Bello, Antioquia, rehusó el conocimiento del proceso, argumentando que, si bien en esa sede judicial se tramitó el ejecutivo de alimentos con radicado n° 2023-00020 en el que intervinieron los mismos sujetos procesales, lo cierto es que terminó con auto de 14 de enero de 2025, por pago total de la obligación. De igual forma, advirtió que, por tratarse de un proceso ejecutivo de alimentos, debía regirse por lo previsto en el numeral 7° del artículo 21 y en el numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso. En ese orden, consideró que la competencia correspondía al juez del domicilio del demandado, esto es, el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena. Con sustento en esos argumentos, planteó el conflicto de competencia y dispuso la remisión del expediente a esta corporación. CONSIDERACIONES 1.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, el numeral 1º constituye la regla general, relativa a que « [e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (…). Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-01246-00

3 domicilio o de la residencia del demandante» (subrayas fuera de texto). Sin embargo, cuando se trata de « procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. » La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (num. 3, ibidem, subraya externa). A la vez, el inciso 2º, numeral 2º del artículo 28, ibidem, señala que « [e]n los procesos de alimentos (…) custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país (…) en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel» . (Se destaca). 2.- Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente asunto lo pretendido es la ejecución del pago de una cuota de alimentos en favor de una «persona mayor»1 o «adulta mayor»2 sujeto de especial protección, la pauta llamada a determinar la competencia por factor territorial es la prevista en el inciso segundo del numeral 2° del artículo 28 del Código General del Proceso que favorece a quienes, por su edad se encuentren inmersos en una situación de indefensión que pueda dificultar u obstaculizar su derecho de acceso a la administración de justicia. (CSJ AC2810-2019, AC965-2022, reiterada en AC7789-2024).

pueda dificultar u obstaculizar su derecho de acceso a la administración de justicia. (CSJ AC2810-2019, AC965-2022, reiterada en AC7789-2024). Sobre el tema se ha explicado que « el interés superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccionándolas a facilitar la protección de los niños,

1 La Ley 2055 de 2020, en el artículo 2, define que una persona mayor es “aquella de 60 años o más (…). Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor”. 2 La Ley 1276 de 2009, en el artículo 7, establece que un adulto mayor es “Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01246-00 4 niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administración de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa índole para reparar sus necesidades, que a la postre podrían verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan» (se destaca). (CSJ AC2400-2022, reiterada en

AC3203-2022 y AC7789-2024).

Sin embargo, revisado el escrito de demanda, se observa que nada se dijo del «domicilio» de la ejecutante María Trina del Socorro Marulanda, pues únicamente se mencionó su condición de adulto mayor y lugar de notificaciones, razón

Sin embargo, revisado el escrito de demanda, se observa que nada se dijo del «domicilio» de la ejecutante María Trina del Socorro Marulanda, pues únicamente se mencionó su condición de adulto mayor y lugar de notificaciones, razón por la que, antes de rehusar el conocimiento, el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena debió solicitar a la demandante las aclaraciones pertinentes sobre su lugar de domicilio, a fin de establecer, con certeza, su competencia o, en su defecto, determinar cuál era la autoridad llamada a tramitar el asunto. En este punto, resulta oportuno destacar que no pueden confundirse los conceptos de « domicilio» y « lugar de notificaciones», pues, en reiteradas oportunidades, esta corporación ha explicado que el primero se entiende « en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella» , mientras que el lugar de notificaciones « solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran » (CSJ AC2015-2024 y AC90792025, entre otros).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01246-00 5 3.- Así las cosas, se concluye que el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena rechazó el conocimiento del proceso de manera prematura, toda vez que no contaba con toda la información requerida para aplicar el correspondiente foro de competencia -domicilio de la demandante-.

DECISIÓN

Familia de Cartagena rechazó el conocimiento del proceso de manera prematura, toda vez que no contaba con toda la información requerida para aplicar el correspondiente foro de competencia -domicilio de la demandante-. DECISIÓN Por lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE PRIMERO. Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia. SEGUNDO. Devolver las diligencias al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes, para clarificar las variables requeridas sobre la atribución de competencia territorial. TERCERO. Comuníquese lo decidido Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Bello, Antioquia, así como a la parte ejecutante. Notifíquese,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada