CSJ - AC3040-2024 [2024-00287-00]

AC3040-2024 Radicación n. 11001-02-03-000-2024-00287-00 Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequátur promovida por Silvia Sulli Arroyo Betancur -a través de apoderadorespecto de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 2 de Torrox, Málaga (España) el 17 de noviembre de 2011, que decretó el divorcio entre Herbert Hansson Dag y la solicitante.

CONSIDERACIONES.

1. Las providencias dictadas en un país extranjero, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tienen efectos vinculantes en Colombia siempre y cuando cumplan los requisitos que reclama la legislación patria en el Título I

del Libro V del Código General del Proceso. Los numerales 1° al 4° del artículo 606 de esa codificación señalan aquellas exigencias que deben ser analizadas ab initio por la Sala, pues el canon 607 ejusdem, al reglamentar el trámite del exequátur de una sentencia o laudo extranjero, sujeta la admisión de la demanda al cumplimiento de tales requerimientos, previniendo que, si Radicación n. 11001-02-03-000-2024-00287-00 faltare alguno de ellos, se rechazará de plano la petición. Justamente, el numeral 3º del mencionado artículo 606 exige que la sentencia a homologar debe contener la constancia de ejecutoria y acreditarse conforme a las leyes

del país de origen.

2. Bajo esos lineamientos, el suscrito Magistrado advierte el incumplimiento del numeral 3° del canon 606 ibídem. Ello pues, analizados los documentos arrimados, se observa que el fallo fue emitido en España, país con el que Colombia, en el año 1908 suscribió un tratado bilateral relativo a la ejecución de sentencias civiles. En efecto, en ese pacto se convino que la firmeza de las providencias cuya homologación se pretendiera, «se comprobara por un certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirección General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España], siendo la firma de estos legalizadas por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores […]». Sin embargo, a pesar de la claridad regulada en dicha disposición, el procedimiento previsto no fue acatado por la parte actora, toda vez que la ejecutoria de la decisión foránea no se certificó de acuerdo con lo reseñado en el trasuntado acuerdo internacional. Precisamente, la Corte ha sostenido que Total, resulta preciso recordar que, para demostrar la definitividad de las sentencias provenientes del Reino de España, el marco regulatorio aplicable es el Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito entre dicho país y Colombia, Sobre

2 Radicación n. 11001-02-03-000-2024-00287-00 Ejecución de Sentencias Civiles, el cual prescribe que la ejecutoria «se comprobará por un certificado expedido por el

Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirección General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia], siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el agente Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización» (artículo 2)» (AC1961-2023).

3. Ahora, si bien el solicitante adjuntó documento que refiere a que la sentencia objeto de homologación es «FIRME», lo cierto es que dicha atestación se realizó por el juzgado extranjero. Autoridad que, en estos casos, no le corresponde acreditar la firmeza del fallo foráneo, pues ello, debe certificarse -para las decisiones judiciales provenientes de Españapor la Subdirección General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España. De conformidad con lo reglado en el artículo 2° del tratado suscrito entre Colombia y España. Al respecto, esta Corporación ha señalado que Se trata de un caso de tarifa legal, por imponer una única probanza para acreditar el carácter final de un proveído emitido por un juez español, de allí que su omisión no puede ser suplida de ninguna forma, como ha sido puesto de presente por esta Corte en multiplicidad de casos, entre otros: A efectos de acreditar la ejecutoria de la decisión judicial, el señalado instrumento [se refiere al tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908 entre Colombia y el Reino de España]

reclama que es necesario aportar un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el Agente 3 Radicación n. 11001-02-03-000-2024-00287-00 Diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización. (SC661, 3 mar. 2020, rad. n.° 2017-00852-00). Tesis que también está contenida en los fallos SC5194 del 18 de diciembre de 2020 (rad. n.° 2020-00368-00) y SC 2918 del 1º de agosto de 2019 (rad. n.° 2019-00928-00), entre otros, los cuales ratifican la doctrina probable sobre la materia (AC1961-2023). Así las cosas, según lo establece el numeral 2° del artículo 607 ibídem, se rechazará la demanda.

4. Finalmente, no se reconocerá personería jurídica a Jorge Alberto Muñoz Alfonso pues, el asunto para el cual se confirió la representación no se encuentra especialmente determinado según lo establece el artículo 74 del Código General del Proceso1. Esto, por cuanto en el poder solo se indica: «representar a la poderdante para presentar demanda de exequátur para el reconocimiento...». Sin puntualizar la sentencia a homologar y la designación especial del mandato. En armonía con lo expuesto, el Despacho RESUELVE PRIMERO. Rechazar la demanda de exequátur a que se alude en la parte inicial de esta providencia.

SEGUNDO. No reconocer personería al abogado Jorge Alberto Muñoz Alfonso, conforme a lo expresado en precedencia. NOTIFÍQUESE. 1 «[…] en los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados». 4 Radicación n. 11001-02-03-000-2024-00287-00

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado 5