CSJ - AC412-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC412-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC412-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Montería y el Promiscuo Municipal de Ariguaní, Magdalena.

I. ANTECEDENTES 1.- Ronny Hans Hernández Bermúdez formuló demanda ejecutiva de menor cuantía contra el Restaurante Hotel Casino Los Ranchos S.A.S. y Leonardo Javier Ricardo Pumarejo, para obtener el recaudo de la suma de dinero incorporada en el pagaré n.° 0001, junto con los intereses remuneratorios y moratorios causados [Folios 1 y 2; Archivo digital:

01Demanda.pdf]. En el acápite pertinente, indicó que la competencia venía dada por «el lugar de cumplimiento de las obligaciones (Montería)» [Folio 7, ídem].Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 2 2.- El primer estrado relacionado, al que fue repartida la causa, tras aludir el contenido de la regla 5ª del canon 28 del Código General del Proceso, rehusó el conocimiento y dispuso el envío del caso a los despachos de Ariguaní, Magdalena, porque «la sociedad RESTAURANTE HOTEL CASINO LOS RANCHOS S.A.S. (…) [tiene] domicilio principal en el municipio de Ariguaní en el departamento del Magdalena, por lo que (…) al ser esta

Magdalena, porque «la sociedad RESTAURANTE HOTEL CASINO LOS RANCHOS S.A.S. (…) [tiene] domicilio principal en el municipio de Ariguaní en el departamento del Magdalena, por lo que (…) al ser esta una persona jurídica el Juez competente es el de su domicilio principal, sin existencia de sucursal en la ciudad de Montería ». (16 oct. 2025) [Archivo digital: 04AutoRechazaPlano.pdf]. Además, en proveído de 22 de octubre último, negó la alzada propuesta por el demandante contra lo decidido [Archivo digital: 12AutoNiegaRecursoDeApelacion.pdf]. 3.- El estrado receptor, esto es, el Promiscuo Municipal de dicho territorio también se negó a asumir el asunto, comoquiera que «la parte actora en cuanto a la competencia» la fijó por «el lugar de cumplimiento de las obligaciones (Montería)», por lo que «no puede ignorar lo manifestado por el interesado», pese a que en ese municipio se encuentre « el domicilio de uno de los demandados», pues de la pauta 5ª aludida «no es posible extraer (…) un efecto jurídico no contemplado, como es establecer la limitación de que siempre que una persona jurídica sea demandada, será competente el juez de su domicilio principal o el de la sucursal, excluyendo lo dispuesto por el numeral 3 ejusdem », para lo cual se apoyó en los interlocutorios AC4412-2016 y AC5781-2021. Con esos fundamentos, planteó la colisión y ordenó el traslado del legajo a esta Corporación (18 nov.) [Archivo digital:

interlocutorios AC4412-2016 y AC5781-2021. Con esos fundamentos, planteó la colisión y ordenó el traslado del legajo a esta Corporación (18 nov.) [Archivo digital: 16AutoConflictoNegativoCompetencia20250027000.pdf].Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 3

II. CONSIDERACIONES 1.- Corresponde a la Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional común de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. Así lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Al tenor de lo estipulado en el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».

Asimismo, el numeral 3º ídem, prevé que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita». Por su parte, el numeral 5º de aquella disposición legal establece que «[e] n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se

tendrá por no escrita». Por su parte, el numeral 5º de aquella disposición legal establece que «[e] n los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta». 3.- Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que en punto al ejercicio de las acciones originadas en un negocioRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 4 jurídico o un instrumento cambiario, el legislador estableció una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo de controversias, circunstancia que, en principio, permite al actor elegir entre las varias opciones prestablecidas en la ley.

Ciertamente, para tales fines, se contempla el fuero general correspondiente al domicilio del demandado, pero siendo varios o  si este tiene distintos domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante; tratándose de una persona jurídica será el asiento principal de sus negocios; no obstante, si la contienda está vinculada a alguna de sus sucursales o agencias, también lo podría ser el del lugar donde se halle ésta, y si la  lid se origina en un negocio jurídico, converge, adicionalmente, el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Así lo ha adverado esta Corte, señalando que:

negocio jurídico, converge, adicionalmente, el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Así lo ha adverado esta Corte, señalando que:

«(…) para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum  domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).

Por eso doctrinó la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de ‘alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor’ (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-0185800)» (CSJ, AC1439-2020; criterio reiterado en  CSJ, AC2692023; CSJ, AC1956-2023; CSJ, AC4436-2024 y en CSJ,Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 5 AC1959-2025). De modo que, ejercida la elección por el convocante, la misma no puede ser alterada motu proprio por el iudex, en tanto, «la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario

5 AC1959-2025). De modo que, ejercida la elección por el convocante, la misma no puede ser alterada motu proprio por el iudex, en tanto, «la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes» (CSJ AC2475-2021, reiterado, entre otros, en AC2481-2024 y AC1562-2025). Empero, esa escogencia no puede ser caprichosa, pues debe existir pleno convencimiento de que, si se inclinó el interesado por la regla general, el lugar indicado en verdad corresponda al del domicilio de su contendiente; si se decantó por la pauta del numeral 3º, sea evidente el acuerdo de los contratantes sobre el sitio de cumplimiento de sus cargas convencionales; y, al tratarse de una persona jurídica, el de su asiento principal o de la sucursal o agencia de ésta, que estuviere vinculada a ese convenio. 4.- Dicho lo anterior, en el sub lite es incontestable que la contienda planteada por Ronny Hans Hernández Bermúdez va dirigida a obtener el cobro forzado de la obligación dineraria representada en un pagaré que fue otorgado por los demandados, por manera que para la fijación del juez natural - se insiste-, concurrían tres fueros, esto es, el general que prevé el numeral 1° del canon 28 del estatuto procesal, así como los especiales contemplados en

fijación del juez natural - se insiste-, concurrían tres fueros, esto es, el general que prevé el numeral 1° del canon 28 del estatuto procesal, así como los especiales contemplados en los puntos 3 y 5 ídem.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 6 5.- Como se sabe los títulos valores están regidos, entre otros principios, por el de literalidad, en virtud del cual «el contenido, la extensión, la modalidad de ejercicio y cualquier otro posible elemento, principal o accesorio del derecho cartular, son solo aquellos que resultan del tenor literal del título, vale decir, en otros términos, que el acreedor no puede tener pretensiones y el deudor no puede oponer excepciones contra el poseedor de buena fe que no se basen, a la exclusiva, en el contenido literal del documento»1. 5.1.- En este caso se advierte que el promotor para la determinación del funcionario competente por el factor territorial para impulsar la acción ejecutiva optó, expresamente, por fijar la competencia por «el lugar de cumplimiento de las obligaciones (Montería) », privilegiando de este modo la pauta especial de atribución del numeral 3° del canon 28 del Código General del Proceso [Folio 7, Archivo digital: 01Demanda.pdf]. 5.2.- Dicha selección encuentra respaldo en la literalidad del instrumento objeto de cobro del cual emerge con contundencia que el deudor cambiario se obligó a honrar la prestación debida en la ciudad de Montería [Folio 13, ídem], lo cual, permite afirmar que el convenio entre las partes se

literalidad del instrumento objeto de cobro del cual emerge con contundencia que el deudor cambiario se obligó a honrar la prestación debida en la ciudad de Montería [Folio 13, ídem], lo cual, permite afirmar que el convenio entre las partes se direccionó a que la satisfacción de la acreencia debía hacerse en esa urbe, amen que aquella estipulación deviene vinculante no solo para el tenedor del título, quien tiene la obligación de acatarlas, sino también para el deudor. Entonces, la opción escogida por el acreedor de acudir a la pauta especial de atribución se encuentra debidamente 1 MUÑOZ Luis, Derecho Comercial Títulos Valores. Tipografía editora Argentina, 1927, pág. 99.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06253-00 7 respaldada con los documentos que soportan el cobro judicial. 6.- En consecuencia, como la elección del impulsor esta basada en la 3ª pauta del artículo 28 mencionado en el pliego inaugural y además, tiene soporte en el titulo báculo de la acción de cobro, atañe al servidor primigenio impartir la tramitación correspondiente, por lo que se dispondrá la devolución del plenario a ésta, para que proceda de conformidad.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

de Justicia, RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema

de Justicia, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería es el competente para asumir el conocimiento del proceso aludido.

SEGUNDO: Remitir el expediente a la mencionada dependencia judicial para que le imparta trámite al asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión al otro estrado involucrado y a la parte demandante.

Notifíquese,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

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