CSJ - AC553-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC553-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC553-2026
Expediente: 11001-02-03-000-2026-00447-00
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de Duitama - Boyacá- y Catorce de Familia de Oralidad de Medellín -Antioquia-.
I. ANTECEDENTES
1. Dentro del proceso con radicado n.° 15238-31-84001-2018-00328 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama dictó sentencia del 27 de marzo de 2019 en la que declaró la « interdicción definitiva» de Cristóbal Camargo Zabala, por lo que designó a su hermano Luis Camargo Zabala como curador principal y a su hija Zulay Camargo Reyes como curadora suplente.
Posteriormente, el 28 de julio de 2025, Cristóbal Camargo Zabala presentó ante el juzgado de conocimiento solicitud de «levantamiento de la interdicción », con el propósito de revisar la sentencia que la declaró y de que se sustituya dicha medida por un sistema de apoyos que le permita contraer matrimonio.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00447-00 2
2. El 12 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama requirió al interesado, previo a resolver su solicitud, para que informara su domicilio y residencia actuales. Por lo tanto, el 17 de octubre
Promiscuo de Familia de Duitama requirió al interesado, previo a resolver su solicitud, para que informara su domicilio y residencia actuales. Por lo tanto, el 17 de octubre de 2025, tras advertir que el domicilio y residencia de Cristóbal Camargo Zabala se encuentra en la ciudad de Medellín, dispuso la remisión a este lugar de su solicitud « y del proceso de INTERDICCION JUDICIAL, radicado con el N° 2018-00328, a los Juzgados de Familia de Medellín (Reparto)».
3. El 18 de diciembre de 2025, el Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medellín rehusó conocer del asunto y planteó colisión negativa de competencia, al estimar que la revisión de la sentencia de interdicción y la eventual adjudicación judicial de apoyos debían tramitarse ante el mismo despacho que profirió la decisión que declaró la interdicción. Lo anterior, al considerar que el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019 asigna dicha competencia al juez que adelantó el proceso original, quien debe evaluar la situación jurídica de la persona sujeta a la medida.
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. De manera preliminar, se advierte que en el presente asunto lo solicitado por Cristóbal Camargo Zabala, entreRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00447-00 3 otras cosas, se dirige a la revisión de la sentencia de 27 de marzo de 2019 que declaró su interdicción.
En ese orden, para dilucidar el conflicto de competencia suscitado, debe precisarse que la Ley 1996 de 2019 -vigente desde el 21 de agosto de 2021establece medidas dirigidas a garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas mayores de edad con discapacidad y su acceso a los apoyos requeridos para ejercerla. En ese marco, en su artículo 32 autoriza al propio interesado, o a un tercero en su nombre, para promover la designación de apoyos, cuyo conocimiento corresponde, por el factor territorial, al juez del domicilio de la persona titular del acto1. No obstante, el artículo 56 de la citada normativa, frente a la legislación anterior que contemplaba la declaratoria de interdicción judicial, estableció la revisión, de oficio o a solicitud de parte, de las sentencias proferidas por los jueces de familia bajo esa figura. Al respecto, dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 56. Proceso de revisión de interdicción o inhabilitación. En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a
de familia bajo esa figura. Al respecto, dispone lo siguiente: «ARTÍCULO 56. Proceso de revisión de interdicción o inhabilitación. En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley , al igual que a las personas 1 ARTÍCULO 32. Adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos. (...) La adjudicación judicial de apoyos se adelantará por medio del procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jurídico, de acuerdo con las reglas señaladas en el artículo 37 de la presente ley, ante el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto. Excepcionalmente, la adjudicación judicial de apoyos se tramitará por medio de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por persona distinta al titular del acto jurídico, conforme a los requisitos señalados en el artículo 38 de la presente ley.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00447-00 4 designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a
En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos.». (Subrayas propias) De ahí que dicho precepto regula de manera explícita las situaciones relacionadas con la revisión de la situación jurídica de las personas respecto de quienes se hubiere proferido sentencia en la cual se haya declarado su interdicción, atribuyendo esa verificación al juez de familia que adelantó el proceso correspondiente. Ahora bien, lo anterior debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 43 ibídem, que otorga especial relevancia a la continuidad en el conocimiento del asunto por parte del funcionario que inicialmente lo tramitó, como lo ha señalado esta Sala en pronunciamientos anteriores: La novísima codificación, otorgó especial relevancia a la continuidad del funcionario inicialmente cognoscente, al establecer, en su regla 43, que «[c]ualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyos», parámetro que, como ha
relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyos», parámetro que, como ha tenido oportunidad de decantarlo esta Corporación al dirimir decursos semejantes, se justifica por la necesidad de garantizar que el despacho judicial donde reposa la historia clínica, jurídica, familiar y social del beneficiario de las medidas en estudio, mantenga su competencia para adoptar las determinaciones a que haya lugar, en pro de su bienestar y la seguridad jurídica de los asuntos a ella concernientes. Así lo puntualizó la Sala en pasado pronunciamiento: (…) [V]ale resaltar que la continuidad en el conocimiento de las diligencias por parte del primero de los juzgadores enfrentados en este asunto, viene dada en función de un fuero de atracción que previó el legislador en su especial empeño de procurar que todasRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00447-00 5 las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicción o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las ordenó, en atención a que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección (CSJ, AC1507-2022, criterio reiterado en CSJ, AC2383-2022). Deviene de lo indicado que dicho cuerpo normativo asigna la competencia para conocer del trámite de designación de apoyos al
criterio reiterado en CSJ, AC2383-2022). Deviene de lo indicado que dicho cuerpo normativo asigna la competencia para conocer del trámite de designación de apoyos al juez del domicilio de la persona titular del acto, pero en materia de revisión de los fallos de interdicción y de «cualquier actuación judicial relacionada» que, a posteriori, se deba surtir respecto de quienes se les hubiere designado apoyos, la fijó en el iudex que conoció del proceso previo.» (CSJ AC256-2025) Así las cosas, se colige que las actuaciones judiciales relacionadas con personas respecto de quienes exista sentencia de interdicción deben ser conocidas por el juez que emitió la respectiva determinación, sin que el cambio de domicilio de las partes tenga la virtualidad de modificar la competencia sobre el asunto.
3. Conforme a lo expuesto, y frente al asunto de estudio, resulta claro que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama -Boyacá- no podía apartarse del conocimiento de la solicitud de levantamiento presentada por Cristóbal Camargo Zabala, comoquiera que dicha petición se encaminaba a la revisión de la sentencia proferida por ese despacho, mediante la cual se declaró la interdicción del interesado.
4. En consecuencia, se declara que la competencia del asunto en cuestión corresponde al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama -Boyacá- , por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
asunto en cuestión corresponde al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama -Boyacá- , por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
III. DECISIÓNRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00447-00
6 En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama -Boyacá- es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para lo pertinente y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Ofíciese.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada