CSJ - AC590-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC590-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC590-2026 Radicación n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se resuelve el recurso de queja que interpuso el demandado contra el auto de 24 de septiembre de 2025, dictado en esta causa por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo.

ANTECEDENTES

1. En la demanda se solicitó la reivindicación de un bien inmueble rural denominado «Lote Parcela 5 Río Viejo», ubicado en el municipio de Majagual (Sucre). El Tribunal, en sentencia de segunda instancia, confirmó la orden de reivindicación del predio, aunque revocó lo concerniente al reconocimiento de frutos.

2. Inconforme con dicha determinación, el demandado Ramiro José Rodelo Noya interpuso recurso de casación. Respecto al requisito de cuantía exigido por el artículo 338 del Código General del Proceso, aportó un dictamen pericial donde se estimó el valor comercial del inmueble a reivindicar en $1.447.157.714.Rad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01

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3. Mediante auto de 24 de septiembre de 2025, el ad quem negó la concesión del recurso, advirtió que el dictamen pericial aportado carece de fuerza demostrativa, toda vez que, se fundó en una muestra de mercado que no resulta homogénea con las características agrológicas y geográficas

pericial aportado carece de fuerza demostrativa, toda vez que, se fundó en una muestra de mercado que no resulta homogénea con las características agrológicas y geográficas del predio objeto de litigio. En consecuencia, concluyó que no existe evidencia que permita afirmar, con certeza, que el demérito patrimonial del recurrente supera el umbral legal exigido.

4. El demandado interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, queja. Por una parte, insistió en que la experticia técnica es una prueba idónea para acreditar el interés para recurrir. Por otra, resaltó que la decisión del Tribunal constituye una restricción indebida al derecho de acceso a la casación y vulnera el debido proceso.

5. El Tribunal mantuvo la decisión de negar la concesión del recurso extraordinario. Por lo tanto, remitió la actuación a esta Corporación para que se surta el trámite del recurso de queja interpuesto de manera subsidiaria.

CONSIDERACIONES

1. Interés económico para recurrir en casación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 del Código General del Proceso, «[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso [de casación] procede cuando elRad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 3 valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y aquellas que versen sobre el estado civil».

a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y aquellas que versen sobre el estado civil». La norma transcrita introduce tres conceptos relevantes alrededor del interés para recurrir en casación. En primer lugar, las pretensiones sobre las que versa el proceso deben ser esencialmente económicas , es decir, aquellas cuya satisfacción produce efectos patrimoniales. Este carácter no depende de cómo fueron formuladas en la demanda, sino de la naturaleza del derecho disputado. Así, se manifiesta tanto en los reclamos que directamente buscan sumas de dinero, como en aquellos que persiguen derechos o bienes susceptibles de cuantificación monetaria. En segundo lugar, debe existir una resolución desfavorable a la parte recurrente, esto es, un demérito, agravio o pérdida patrimonial causalmente atribuible al fallo del Tribunal, expresada en dinero, o estimable en esa unidad. Y, por último, el valor actual, que exige cuantificar dicho demérito según las variables económicas vigentes al momento del fallo de segunda instancia. Así, la valoración trasciende el monto nominal para incluir todas las variaciones patrimoniales devengadas hasta la fecha de la sentencia impugnada: intereses, frutos, indexación, valorizaciones, pero también depreciaciones, deterioros y demás factores que permiten capturarRad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 4

indexación, valorizaciones, pero también depreciaciones, deterioros y demás factores que permiten capturarRad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 4 cabalmente el perjuicio económico real que conlleva para el recurrente la providencia impugnada en casación.

2. Caso concreto. 2.1. En el auto recurrido en queja, el ad quem identificó dos defectos metodológicos en el avalúo comercial allegado

para acreditar el interés del casacionista: (i) De un lado, destacó la falta de homogeneidad geográfica y agrológica de la muestra, pues el dictamen se apoyó en cuatro inmuebles situados en Los Palmitos, Sincelejo, San Onofre y Galeras, mientras que el predio materia del litigio se ubica en la vereda El Joba, jurisdicción de Majagual, dentro de la subregión de La Mojana. El ad quem precisó que esa divergencia es muy relevante, pues el ecosistema de La Mojana tiene condiciones hidrogeológicas muy específicas –inundaciones estacionales prolongadas, dinámicas fluviales complejas y restricciones de conectividad–, que necesariamente inciden en la formación del precio y, por tanto, configuran un mercado inmobiliario diferenciado del propio de municipios como Sincelejo –capital departamental– o San Onofre –zona costera–. En línea con lo anterior, recordó que la aplicación del método de comparación de mercado exige que los inmuebles

Sincelejo –capital departamental– o San Onofre –zona costera–. En línea con lo anterior, recordó que la aplicación del método de comparación de mercado exige que los inmuebles de referencia sean « semejantes y comparables»» (Res. 620 de 2008, IGAC, art. 1º); esto es, que guarden proximidad enRad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 5 variables determinantes del valor –ubicación, destinación económica, calidad agrológica del suelo, accesibilidad e infraestructura disponible–. Asimismo, el Tribunal enfatizó que el perito no había fundamentado por qué resultaban aptos como referentes para estimar el valor de un inmueble rural en La Mojana predios localizados en municipios con dinámicas de mercado, dotación de servicios y condiciones agroecológicas notablemente diferentes –ni explicó los ajustes que permitirían controlar dicha heterogeneidad–. (ii) De otro lado, el ad quem señaló una incongruencia entre la clasificación agrológica y la valoración atribuida, pues el dictamen incorporó un estudio que calificó el uso del suelo del predio como «Clase V», caracterizado por limitaciones asociadas a encharcamientos prolongados e inundaciones periódicas. No obstante, asignó al lote un valor comercial sustentado en su aptitud para el cultivo comercial de arroz, sin explicar –con soporte técnico– de qué manera ponderó el efecto de esas limitaciones, propias de suelos con restricciones relevantes para el aprovechamiento intensivo. 2.2. Prima facie, las críticas del Tribunal se ajustan al

efecto de esas limitaciones, propias de suelos con restricciones relevantes para el aprovechamiento intensivo. 2.2. Prima facie, las críticas del Tribunal se ajustan al estándar de valoración racional de la prueba pericial citado por esta Corporación en la reciente sentencia CSJ SC21542025: «El peso probatorio de un dictamen no puede depender únicamente de la autoridad del perito, sino que debe determinarse por la validez científica o técnica del método empleado, la corrección de los procedimientos aplicados y la coherencia lógica del razonamiento que vincula las premisas con las conclusiones».Rad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 6 Bajo ese entendimiento, el Tribunal no objetó el incumplimiento de un requisito formal, sino que puso de presente vicios estructurales del ejercicio valuatorio: de un lado, la ausencia de demostración de comparabilidad entre el bien avaluado y los referentes seleccionados –con omisión de criterios de ajuste frente a diferencias relevantes en ubicación, accesibilidad, infraestructura y condiciones de mercado–; y, de otro, la falta de explicación técnica que conciliara el uso del suelo con una tasación construida sobre supuestos de productividad comercial. En contraste, el quejoso no desvirtuó esos reparos. Se limitó a invocar, de manera genérica, el derecho de acceso a la justicia y a sostener –sin desarrollo argumentativo– que los dictámenes «debidamente sustentados» constituyen prueba suficiente para acreditar la cuantía del interés para recurrir.

la justicia y a sostener –sin desarrollo argumentativo– que los dictámenes «debidamente sustentados» constituyen prueba suficiente para acreditar la cuantía del interés para recurrir. Es decir, guardó silencio sobre el núcleo decisorio del auto recurrido –la falta de homogeneidad entre los referentes de mercado empleados y el predio objeto de avalúo, se reitera–. En efecto, el quejoso no explicó por qué los precios de inmuebles en Sincelejo, San Onofre o Galeras serían extrapolables a un predio rural en La Mojana; tampoco precisó qué factores de ajuste aplicó el perito –si hubo alguno– para compensar diferencias de localización, conectividad, dotación de servicios e infraestructura; ni ofreció una justificación técnica que armonizara las limitaciones del suelo con una valoración fundada en la explotación agroindustrial.Rad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 7 Los fundamentos de la providencia atacada, por tanto, se mantienen: el carácter ‘técnico’ de un avalúo no obliga al juez a aceptarlo sin examen crítico. Como bien sostuvo el Tribunal, su valor probatorio depende de la idoneidad del método, la solidez de los referentes y la coherencia lógica del dictamen. Ante la ausencia de estos pilares, la simple afirmación de suficiencia del recurrente no basta para acreditar su interés para recurrir.

3. Conclusión.

dictamen. Ante la ausencia de estos pilares, la simple afirmación de suficiencia del recurrente no basta para acreditar su interés para recurrir.

3. Conclusión.

Lejos de incurrir en un rigorismo excesivo, el Tribunal ejerció su deber de valoración racional sobre el dictamen aportado por la parte demandada. Así, al constatar que la prueba técnica carecía de solidez metodológica, la negativa a conceder el recurso extraordinario de casación resulta plenamente ajustada a derecho. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso extraordinario de casación interpuesto por el demandado Ramiro José Rodelo Noya contra el fallo de 30 de abril deRad. n.° 70708-31-89-002-2018-00008-01 8 2025, emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. SEGUNDO. SIN COSTAS, por no aparecer justificadas. TERCERO. DEVUÉLVASE la actuación a la corporación de origen. Notifíquese,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada

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