CSJ - AC678-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC678-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC678-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey – Casanare y Setenta y Cinco Civil Municipal, transitoriamente transformado en Cincuenta y Siete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.
I. ANTECEDENTES 1.- El Banco Agrario de Colombia S.A. instauró proceso ejecutivo singular en contra de Diana Catherine Garzon Ramos, ante los Juzgados Promiscuos Municipales de Monterrey – Casanare, con el propósito de que se declare libre mandamiento de pago por las sumas adeudadas en el pagaré n.° 086206100006333, con sus respectivos intereses, corrientes y moratorios.
Fijó la competencia por el lugar de domicilio principal de la demandada y el valor total de las pretensiones, las cuales estimó por $ 25’132.738.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 2
2. Por reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey, Casanare, el cual, mediante auto del 7 de julio de 2025, se declaró incompetente para conocer del proceso, con fundamento en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, que establece que los procesos promovidos por entidades públicas deben tramitarse ante el juez del domicilio principal
incompetente para conocer del proceso, con fundamento en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, que establece que los procesos promovidos por entidades públicas deben tramitarse ante el juez del domicilio principal de la entidad, en este caso Bogotá. Dicha regla se aplica incluso cuando la acción se dirige contra particulares o se tramite desde sucursales, garantizando así la aplicación del fuero privativo, conforme a lo señalado por esta Sala en el AC3506-2025. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil Municipal de Bogotá para su conocimiento y trámite correspondiente.
3. El Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal, transitoriamente transformado en Cincuenta y Siete de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., mediante auto del 20 de enero de 2026, planteó conflicto negativo de competencia y señaló que, conforme al numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso, la competencia para conocer los procesos contenciosos en los que participe una entidad pública corresponde de manera privativa al juez del domicilio de la entidad, pero que en este caso, la accionante tiene una sucursal en Monterrey, Casanare y que, por lo tanto, el asunto debe ser diligenciado en este lugar y no en Bogotá D.C.
II. CONSIDERACIONESRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00
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1. Dado que el presente asunto se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, corresponde a esta Corporación conocerlo como superior funcional común de los
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1. Dado que el presente asunto se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, corresponde a esta Corporación conocerlo como superior funcional común de los mismos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y el artículo 16 de la Ley 270 de 1996
2. Para la asignación de competencia entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal recurre a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.
3. En este evento, la controversia se presenta en torno al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el factor subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante, dado que al aplicar cada uno de esos criterios se asigna la competencia a un juez diferente.
Respecto del fuero real por la ubicación del bien, aplicable a procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, que regula la competencia territorial, contempla una «competencia privativa», mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10 ° de la norma procesal en cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 4
parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 4 forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione.
4. En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una sociedad de economía mixta, del tipo de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la rama ejecutiva del poder público de orden
nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10° del artículo 28 referido. Al aplicarse este fuero privativo al Banco Agrario de Colombia S.A. , podría inferirse que el conocimiento de la demanda corresponde al juez del domicilio principal de dicha entidad y/o al de las sucursales o agencias que tengan relación directa con el asunto.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 29 del Código General del Proceso «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». De hecho, esta Corporación acogió en su oportunidad la tesis conforme a la cual la colisión entre estos dos fueros privativos se resuelve a partir de la aplicación de la
calidad de las partes». De hecho, esta Corporación acogió en su oportunidad la tesis conforme a la cual la colisión entre estos dos fueros privativos se resuelve a partir de la aplicación de la disposición antes citada, en el siguiente sentido:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 5 «[E]s dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, la disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.» (CSJ AC140-2020) Por lo anterior, concluyó que: «[L]a colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7º (real) y 10º (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados.» (CSJ AC140-2020) La principal justificación del auto citado para descartar la competencia a prevención en aplicación de los dos fueros se basó en que, por ser las normas de competencia de orden público, eran irrenunciables, por lo que la demandante en estos casos no podía renunciar a la prerrogativa conferida y demandar en foro distinto del previsto en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso.
público, eran irrenunciables, por lo que la demandante en estos casos no podía renunciar a la prerrogativa conferida y demandar en foro distinto del previsto en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso. «Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto.» (CSJ AC140-2020) En esta oportunidad, la Sala se aparta de esta posición, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 6 En primer lugar, si bien las normas procesales son de orden público, conforme lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso, ello no implica que, de manera categórica, deban considerarse irrenunciables, pues las prerrogativas procesales consagradas en la ley pueden ser objeto de renuncia por la parte en cuyo beneficio han sido establecidas. Muestra clara de ello es lo previsto en el artículo
prerrogativas procesales consagradas en la ley pueden ser objeto de renuncia por la parte en cuyo beneficio han sido establecidas. Muestra clara de ello es lo previsto en el artículo 119 del mismo estatuto, el cual dispone: «ARTÍCULO 119. RENUNCIA DE TÉRMINOS. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.» Con respecto al fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, el mismo es un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019). Ello implica su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Sala: «A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019).» En segundo lugar, porque emerge la aplicación en cambio de principios procesales tales como el establecido en
de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019).» En segundo lugar, porque emerge la aplicación en cambio de principios procesales tales como el establecido en el artículo 11 de la Ley 1564 de 2012, que dispone que elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00 7 objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Al optar la entidad por demandar conforme al foro real, consagrado en el numeral 7º del artículo 28, o según el fuero personal previsto en su numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar de ubicación de los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de inmediación al permitir que los jueces tengan un contacto directo con las partes, los hechos y las pruebas. En ese sentido, atendiendo a la conducta de la entidad estatal, quien radicó su demanda en lugar diferente al de su asiento, se desprende que el Banco Agrario de Colombia S.A. renunció al fuero que lo cobija, previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código, y optó por tramitar el asunto en Monterrey, Casanare, lugar donde tiene una sucursal, lo cual no parece caprichoso, dado que el asunto está vinculado a
artículo 28 del Código, y optó por tramitar el asunto en Monterrey, Casanare, lugar donde tiene una sucursal, lo cual no parece caprichoso, dado que el asunto está vinculado a esta, pues las partes pactaron que la obligación sería pagadera en esa municipalidad, según se desprende del cartular aportado como báculo de la ejecución.
5. En ese orden de ideas, se declarará que el competente para conocer de este asunto es el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey, Casanare ; en consecuencia, se ordenará a la Secretaría remitir el expediente a dicho despacho, para que se surta el trámite legal correspondiente.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00651-00
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III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey, Casanare es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada