CSJ - AC714-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC714-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC714-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00 Bogotá D.C., doce (12) febrero de dos mil veintiséis (2026). | La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Tres de Familia de Bogotá D.C., y Primero de Familia de Pereira, Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados de Familia de Bogotá, María Teresa Gallego Palacio, presentó demanda de adjudicación judicial de apoyos en favor de su hermana, la señora María Socorro Gallego Palacios, adulta mayor de 63 años. Para el efecto, fijó la competencia en atención de la naturaleza del proceso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 33 y subsiguientes de la Ley 1996 de 2019.
2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado
Treinta y Tres de Familia de Bogotá D.C., el cual, en auto del 17 de octubre de 2025, rechazó la demanda por falta de competencia y remitió las diligencias al Juzgado Primero de Familia de Pereira, Risaralda. Sustentó tal determinación en el artículo 56 de la Ley 1999 de 2019, así como en lo señalado por esta Sala enRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00 2 AC2737-2024, toda vez que advirtió que ante el precitado despacho judicial se adelantó proceso de revisión de interdicción y que, mediante sentencia del 22 de mayo de 2025, se dejó sin efectos la sentencia del 1 de marzo de 2010
despacho judicial se adelantó proceso de revisión de interdicción y que, mediante sentencia del 22 de mayo de 2025, se dejó sin efectos la sentencia del 1 de marzo de 2010 por medio de la cual se declaró en interdicción a María del Socorro Gallego Palacio.
3. El segundo receptor, Juzgado Primero de Familia de Pereira, mediante proveído del 16 de diciembre de 2025, suscitó conflicto negativo de competencia. Para el efecto manifestó que, en el marco del proceso de revisión de interdicción que fue impulsado de oficio por tal juzgado no se designaron apoyos judiciales, por cuanto el 26 de marzo de 2025, por medio de la secretaría de dicho despacho, se remitió citación a las partes a través del correo electrónico reportado de la guardadora sin que se hubiese obtenido respuesta.
En tal sentido, indicó que, en el presente caso, el trámite del proceso de adjudicación de apoyos judiciales ya fue tramitado y finalizado. Por ese motivo, concluyó que el asunto debía tramitarse de acuerdo con la regla general de competencia territorial comprendida en el artículo 28 del Código General del Proceso, por lo que, ateniendo el lugar de domicilio tanto de la solicitante como del titular de los actos jurídicos, el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado Treinta y Tres de Familia de Bogotá.
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta CorporaciónRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta CorporaciónRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00 3 le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. Mediante el tercero de ellos indica cuál es el juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio y para concretarlo establece los « foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado o en el de su residencia.
Sin embargo, frente a los asuntos en los que se persigue adjudicación judicial de apoyos, el artículo 32 de la Ley 1996 de 2019 -vigente desde el 21 de agosto de 2021-, la cual establece medidas dirigidas a garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas mayores de edad con discapacidad y su acceso a los apoyos requeridos para ejercerla, consagra una regla especial de competencia al determinar que su conocimiento corresponderá al «juez de familia del domicilio de la persona titular del acto».
ejercerla, consagra una regla especial de competencia al determinar que su conocimiento corresponderá al «juez de familia del domicilio de la persona titular del acto». Por su parte, el artículo 56 ibídem determina que: «En un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Capítulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personasRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00 4 designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos. En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de Interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos». (se resalta). Tal disposición regula de manera explícita las situaciones relacionadas con la determinación sobre la adjudicación judicial de apoyos para las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación,
situaciones relacionadas con la determinación sobre la adjudicación judicial de apoyos para las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación, atribuyendo esa verificación al juez de familia que adelantó el proceso correspondiente, quien, para el efecto, deberá citarlas de oficio. Con fundamento en las pautas transcritas, esta Sala ha concluido que, si bien, por regla general, la competencia para conocer del trámite de adjudicación judicial de apoyos corresponderá al juez del domicilio de la persona titular del acto, «en materia de revisión de los fallos de interdicción y de “cualquier actuación judicial relacionada” que a posteriori se deban surtir respecto de quienes se les hubiere designado apoyos», la competencia es asignada por el precitado cuerpo normativo en cabeza del «juez que conoció del proceso previo » (CSJ AC3734-2024, reiterado en CSJ AC5246-2024). El propósito de tal determinación, como fue expresado en CSJ AC1507-2022 (reiterado en AC5990-2024 y AC5532026), es el de favorecer:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00 5 « [Q]ue todas las cuestiones concernientes a personas en cuyo favor se ha decretado la interdicción o se han concedido apoyos, sean tramitadas por el mismo despacho que las ordenó, en atención a que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección».
que, al conocer los antecedentes médicos y jurídicos que rodean el asunto, ese estrado está en mejor condición de velar por los intereses del sujeto de especial protección».
3. De acuerdo con lo expuesto, y aplicando los parámetros definidos por esta Corporación, resulta evidente que es el Juzgado Primero de Familia de Pereira quien deberá conocer del presente asunto, ya que fue ante dicho despacho que se adelantó el proceso de revisión de interdicción mediante el cual dejó sin efectos la sentencia del 1 de marzo de 2010 con la cual se declaró en interdicción a la señora
María del Socorro Gallego Palacio. Tal asignación de competencia no se ve alterada por el hecho de que en el marco del trámite del proceso de revisión de interdicción que adelantó el mencionado juzgado, se le haya advertido a la señora María Socorro Gallego que, una vez se encontrase en firme la decisión que dejó sin efectos la sentencia que declaró la interdicción, quedaría habilitada para acceder a los mecanismos de apoyo contemplados en la Ley 1996 de 2019, sin que se hubiese obtenido respuesta frente a ese particular. Tal circunstancia no altera el propósito que, como se expuso, persigue el artículo 56 de la Ley 1996 de 2019, el cual consiste en que sea el mismo despacho judicial en el que reposa la historia clínica, jurídica, familiar y social del titular de las medidas de protección, quien continúe conociendo del asunto, ya que será este el que se encontrará en la mejor
consiste en que sea el mismo despacho judicial en el que reposa la historia clínica, jurídica, familiar y social del titular de las medidas de protección, quien continúe conociendo del asunto, ya que será este el que se encontrará en la mejor condición para velar por tutelar los intereses del sujeto que esRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00411-00 6 titular de una particular protección, por los motivos expuestos.
4. En consecuencia, se declara que la competencia del asunto en revisión corresponde al Juzgado Primero de Familia de Pereira, Risaralda, por lo que se ordenará por Secretaría remitir a este Despacho para que imprima el trámite pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Primero de Familia de Pereira, Risaralda, es el competente para conocer el asunto.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada