CSJ - AC747-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC747-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC747-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00544-00 Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá (transitoriamente Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C) y Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Itagüí – Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Ante los Juzgados de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá D.C., Smart Training Society S.A.S. promovió demanda ejecutiva contra Ana Sofía López Quintero para obtener el pago de la obligación consignada en el pagaré n.° IT-2024062358. Para esto, fijó la competencia por la cuantía y el lugar de cumplimiento de la obligación.
2. El Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá
(transitoriamente Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.), a quien le fue asignado el asunto por reparto, en auto del 14 de noviembre de 2025, rechazó la demanda por falta de competencia. Lo anterior, tras advertir que «el domicilio del demandado es ciudad de Medellín, según lo refirió el acreedor en la demanda,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00544-00 2
anterior, tras advertir que «el domicilio del demandado es ciudad de Medellín, según lo refirió el acreedor en la demanda,Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00544-00 2 aunado al hecho de que, en el pagaré allegado como soporte del recaudo, no se estipuló de forma concreta el lugar del cumplimiento de la obligación, lo cual permite concluir, a las voces de los numerales 1° y 3º del artículo 28 del C.G.P., que este Despacho judicial no es competente para conocer del presente asunto. En rigor, se debe precisar que quien debe asumir el conocimiento de este ejecutivo es el Juez Civil Municipal de Itagüí».
3. El 16 de enero de 2026, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Itagüí también rehusó conocer del asunto y planteó colisión negativa de competencia, al estimar que del título valor reseñado se advierte que la obligación debe ser cumplida en Bogotá y que, por tratarse de un proceso ejecutivo, el actor podía acudir a los jueces de esa ciudad, conforme al fuero concurrente previsto en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las
Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00544-00
3 En este caso, la discusión se centra en el factor territorial. Al respecto, el artículo 28 del Código General del Proceso consagra como pauta general que «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado». No obstante, esta regla no es absoluta, pues en algunos casos concurren fueros adicionales señalados en la misma disposición , como sucede en este caso. En efecto, el numeral 3º de la citada norma establece que en «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (Se resalta). Por lo anterior, para fijar la competencia en las demandas originadas en un negocio jurídico o que comprendan títulos ejecutivos, existen dos fueros concurrentes: el del domicilio del convocado y el del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Como ninguno de ellos prevalece sobre el otro, la parte actora puede elegir libremente uno u otro y tal decisión no puede ser
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Como ninguno de ellos prevalece sobre el otro, la parte actora puede elegir libremente uno u otro y tal decisión no puede ser desconocida por el servidor judicial ante quien se promueva la acción1.
3. Conforme a lo atrás expuesto, y frente al asunto, se evidencia que la ejecutante dirigió la demanda ante los juzgados de Bogotá, bajo la consideración de que la competencia territorial debía definirse «en consideración al lugar señalado en el pagaré base de la presente ejecución 1 CSJ AC7315-2025; AC6683-2025; AC4412– 2016; CSJ AC5781-2021; CSJ AC5253-2024; CSJ AC6144-2024; entre muchas.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00544-00 4 para el cumplimiento de la obligación», con fundamento en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso.
Revisado el pagaré base de recaudo, se evidencia que el cumplimiento de la obligación sí se encuentra radicado en esta ciudad, pues así se consignó en el título valor al indicar que: «En la ciudad de Bogotá D.C. , yo (nosotros) ANA SOFIA OPEZ QUINTERO Identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma(s), declaro (amos): Primera. Objeto. Que por virtud del presente título valor pagaré (amos) incondicionalmente, a la orden de SMART TRAINING SOCIETY S.A.S. o a quien represente sus derechos, en la cuidad y dirección indicados la suma de (...)» (subrayas propias).
incondicionalmente, a la orden de SMART TRAINING SOCIETY S.A.S. o a quien represente sus derechos, en la cuidad y dirección indicados la suma de (...)» (subrayas propias). Por lo tanto, resulta claro que la escogencia del fuero territorial obedeció al lugar del cumplimiento de la obligación, según lo afirmó expresamente la ejecutante al atribuir la competencia, lo que tiene pleno respaldo en el título ejecutivo que sustenta la cobranza. En ese sentido, al ser Bogotá el lugar del cumplimiento de la obligación, tal circunstancia pone de presente que la voluntad de la ejecutante fue asignar el conocimiento a los despachos judiciales de esta capital, determinación que no luce desacertada por hallarse en consonancia con lo previsto en el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso. Desde esta perspectiva, se concluye que, tratándose de fueros concurrentes entre juzgados de distintos distritos judiciales, debía respetarse la elección de la parte interesada al momento de presentar la demanda, por cuanto dicha selección se ajusta a las alternativas previstas en la ley.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00544-00 5
4. En consecuencia, se declara que la competencia del ejecutivo en cuestión corresponde al Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá (transitoriamente Juzgado 64 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.), por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
III. DECISIÓN
Civil Municipal de Bogotá (transitoriamente Juzgado 64 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.), por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para lo pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Ochenta y Dos Civil Municipal de Bogotá (transitoriamente Juzgado 64 de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.) es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para lo pertinente y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Ofíciese.
NOTIFÍQUESE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada