CSJ - AC774-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC774-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC774-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 Bogotá D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n.º 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela , los nombres de las partes involucradas en el asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto de Familia de Bogotá y Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco.

I. ANTECEDENTES 1.- El 16 de abril de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá – Centro Zonal UsaquénRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 2 emitió auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos en favor de la menor Sofía y ordenó su ubicación en cabeza de su abuelo materno en la misma ciudad [folios 86 a 88, archivo digital 001]. 2.- El 11 de septiembre del mismo año, dicha dependencia ordenó el traslado de las diligencias administrativas al Centro Zonal del departamento de Bolívar, dado que, para ese momento, la menor y su madre residían

dependencia ordenó el traslado de las diligencias administrativas al Centro Zonal del departamento de Bolívar, dado que, para ese momento, la menor y su madre residían en el municipio de Arjona [folio 96, ib.]. 3.- La Comisaría de Familia de esa locación avocó el conocimiento de dicho trámite (26 sep. 2025); empero, como la progenitora de la menor involucrada en el diligenciamiento informó que «el día 4 de octubre (…) viajó junto a su hija [Sofía] a la ciudad de Bogotá y se encuentra conviviendo nuevamente con su pareja y padre de la niña (…) », remitió el asunto a los juzgados de familia capitalinos [folio 104, ib.]. 4.- Recibido el asunto por el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, rehusó su conocimiento y dispuso el envío a sus homólogos del municipio de Turbaco, Bolívar «por ser la cabecera a la cual pertenece el municipio antes relacionado (Arjona)», dado que «el domicilio de la menor de edad madre de la también menor de edad la (sic) titular del PARD se ubica en el municipio de Arjona (…)» [archivo digital 002]. 5.- El Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco también se negó a conocer la causa, fundado en que « la COMISARÍA DE FAMILIA DE ARJONA, en auto de fecha 14 de octubre de 2025 (folio 103-104 del archivo digital 001), resolvió desprenderse de laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 3

COMISARÍA DE FAMILIA DE ARJONA, en auto de fecha 14 de octubre de 2025 (folio 103-104 del archivo digital 001), resolvió desprenderse de laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 3 competencia para seguir conociendo del PARD de la referencia y ordenó la remisión de este a los JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, por ser en aquella ciudad donde se encontraba el menor objeto de restablecimiento de derechos », de ahí que debe aplicarse el artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia. Con esos argumentos suscitó conflicto negativo de competencia y envió las actuaciones a esta Corporación para dirimirlo [archivo digital 006].

II. CONSIDERACIONES 1.- Como la colisión planteada involucra a dos juzgados de diferentes distritos judiciales, corresponde a esta Sala, a través de la magistrada sustanciadora, dirimir el conflicto.

Así se desprende de los artículos 139 del Código General del Proceso (inciso quinto) y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 7º de la Ley 1285 de 2009. 2.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, será competente para conocer el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos «la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional» (subrayado fuera del texto). 3.- Confrontado el asunto que se examina con el aparte

el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional» (subrayado fuera del texto). 3.- Confrontado el asunto que se examina con el aparte normativo que acaba de referirse, deviene que no existe duda en cuanto a que la competencia para conocer de este tipo deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 4 controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar « donde se encuentre » el niño, niña o adolescente objeto de las medidas que se adopten para su protección y el restablecimiento de sus derechos. Así lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos destacando que: La claridad de la referida disposición no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se «encuentre» el menor, aludiendo así simple y llanamente a su ubicación física y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicación en concreto pudieran generar duda. Predicamento que se acopla plenamente a los principios de inmediación, economía procesal y acceso real y efectivo a la administración de justicia, compendiados en el concepto de «mínimo esfuerzo de la jurisdicción», acorde con el cual se aspira a que el trámite se desarrolle lo más cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportación, práctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protección del menor. Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede

en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportación, práctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protección del menor. Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que, en aras de la prevalencia del interés superior del niño, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclinándose por la localización de éste, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado (CSJ, AC1828-2019, reiterada en CSJ, AC1664-2021; CSJ, AC4136-2022; CSJ, AC086-2023; CSJ, AC3397-2024 y CSJ, AC6461-2025). 4.- El prenombrado precepto también busca atender la finalidad del artículo 96 ibidem, que ordena el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas, por cuanto deviene apenas lógico que la autoridad a cuyo cargo está el cumplimiento de dicha tarea sea la que tengaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 5 mayor facilidad para ello, y esta no puede ser otra distinta a la del lugar de habitación del menor, quien, de acuerdo con el artículo 26 de la normativa en cita, tiene derecho a ser escuchado «y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta». 5.- Y no se diga, como afirmó el funcionario que trabó la colisión que, por el hecho de haber estado la menor en Arjona - Bolívar, debe ser el juez de la circunscripción territorial que remitió las diligencias quien continúe con las actuaciones

5.- Y no se diga, como afirmó el funcionario que trabó la colisión que, por el hecho de haber estado la menor en Arjona - Bolívar, debe ser el juez de la circunscripción territorial que remitió las diligencias quien continúe con las actuaciones subsiguientes sin importar el cambio de habitación de aquella, pues ha dicho esta Corte que «el domicilio de los sujetos de especial protección es fuero especial de atribución de competencia territorial, aun cuando varíe en el curso del proceso; amén de que el inciso 2° del artículo 139 del Código General del Proceso prevé que: “[e]l juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional”» (CSJ, AC3122-2020, reiterado en CSJ, AC16642021; CSJ, AC5459-2022; CSJ, AC086-2023 y CSJ, AC6461-2025). 6.- En el caso bajo estudio, es claro que la ubicación de la niña varió en el curso de las actuaciones, pues tanto ella como su progenitora retornaron al lugar donde reside el padre y el abuelo materno [folio 102, archivo digital 001] en favor de quien se concedió la medida de protección al iniciar el trámite administrativo [folio 88, archivo digital 001], circunstancia que, de cara a las premisas jurisprudenciales y normativas antes referidas, impone a la autoridad de este lugar la competencia para continuar con el trámite de restablecimiento de sus derechos.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 6

normativas antes referidas, impone a la autoridad de este lugar la competencia para continuar con el trámite de restablecimiento de sus derechos.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00 6 Sobre el punto se pronunció el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, y esta Corte acogió tal criterio, según el cual: (...) El cambio del domicilio del menor hace que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos pase a la autoridad del lugar a donde se encuentre (...) Siguiendo la regla establecida en el artículo 97 ley 1098 de 2006, el cambio del domicilio de la niña traería entonces dos consecuencias implícitas: la primera, que la competencia para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe pasar a la autoridad del lugar a donde se encuentre y la segunda, que la autoridad que inició el proceso no puede mantener la competencia para seguir conociendo del asunto (CE 2 mar. 2012, rad. 2012-00010-00 y CSJ, AC44422019, criterio reiterado en CSJ, AC5679-2022 y CSJ, AC3397-2024). 7.- Así las cosas, se asignará la competencia para seguir conociendo del trámite de restablecimiento de derechos de la menor al Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, decisión de la cual se dará aviso al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco, a las comisarías involucradas y a los demás interesados.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la

cual se dará aviso al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco, a las comisarías involucradas y a los demás interesados.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00332-00

7 PRIMERO. Declarar que el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. SEGUNDO. Remitir el expediente a esa autoridad para que continúe con el trámite del asunto.

TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Turbaco, a las comisarías de familia involucradas y a los interesados.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

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