CSJ - AC822-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC822-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC822-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00746-00 Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se rechaza la « [s]olicitud de reconocimiento de posesión material, protección reforzada del derecho a la vivienda digna y medida de no perturbación sobre el inmueble ubicado en la Carrera 1B N.º 1–26, Barrio Quinche, Municipio de Pitalito, Huila» radicada por Diego Antonio Ordóñez Casas, mediante la cual pretende que: i) Le sea reconocida «formalmente» la posesión que dice tener sobre el reseñado bien. ii) Se ordene una «medida preventiva de protección que garantice la no perturbación de la tenencia ni desalojo, mientras se adelanta el proceso de saneamiento o adjudicación del inmueble». iii) Esta Sala conozca directamente la situación que expone, «en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial, la protección de la vivienda digna y la especial condición de salud y vulnerabilidad». iv) Se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y a la Secretaría de Planeación Municipal, para que le brinden la información alusiva a la situación jurídica del predio, así como la orientación necesaria para iniciar « el proceso de saneamiento predial o prescripción adquisitiva extraordinaria».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00746-00

Se considera:

predio, así como la orientación necesaria para iniciar « el proceso de saneamiento predial o prescripción adquisitiva extraordinaria».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00746-00

Se considera:

1. Nótese que el solicitante no adujo, ni mucho menos demostró ser profesional en derecho, pasando por alto que, en los asuntos jurisdiccionales de naturaleza civil rige, por regla general, la exigencia del derecho de postulación que impone a las personas que hayan de comparecen a una actuación judicial, desde su iniciación y durante el trámite del mismo, hacerlo «por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa», (art. 73 C.G.P.).

2. Aun si se dejara de lado dicha omisión, lo cierto es que lo demandado, es un asunto ajeno a la competencia que el artículo 30 de la ley de ordenamiento civil le atribuye a esta Corporación. 2.1. Tenga en cuenta el memorialista que si lo que persigue es el reconocimiento en su favor de los derechos de posesión y la extinción de los del titular de dominio, como podría colegirse de su escrito, la codificación en cita contempla el procedimiento al que deben sujetarse pretensiones de ese talante, mediante unas formalidades que deben ser debidamente atendidas y acreditadas ante la autoridad judicial competente que, se itera, no es la Corte Suprema de Justicia. 2.2. Ahora, si a lo que aspira es la protección de sus garantías esenciales, deberá hacer uso del mecanismo de la acción de tutela, en la cual podrá exponer la « acción u omisión »

Suprema de Justicia. 2.2. Ahora, si a lo que aspira es la protección de sus garantías esenciales, deberá hacer uso del mecanismo de la acción de tutela, en la cual podrá exponer la « acción u omisión » que, a su criterio, esté quebrantando o poniendo en peligro dichas prerrogativas. 2.3. Y, en cuanto corresponde al pedimento que busca que esta Corte oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y a la Secretaría de Planeación para que le brinden información sobre la situación jurídica del inmueble y se le den orientaciónRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00746-00 para iniciar el « proceso de saneamiento predial o prescripción adquisitiva extraordinaria», basta señalar que: 2.3.1. Ha sido insistente esta Corporación en recalcar que, es deber de las partes y sus apoderados la obtención de «documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir» (núm. 10 artículo 78 C.G.P.). 2.3.2. La Ley 2113 de 2021 ha puesto a disposición de las «personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, y en general a personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión » un mecanismo de apoyo y orientación jurídica al que puede acudir con el fin aquí peticionado con observancia del límite de la cuantía (50 s.m.m.l.v.) y la

vulnerabilidad o indefensión » un mecanismo de apoyo y orientación jurídica al que puede acudir con el fin aquí peticionado con observancia del límite de la cuantía (50 s.m.m.l.v.) y la competencia atribuida por el artículo 9º de dicho compendio normativo. 2.3.3. El Código General del Proceso (arts. 151 a 158) pone al alcance de quienes, por carecer de los medios económicos suficientes, no puedan costear con recursos propios los gastos que acarrea un trámite judicial, un medio judicial de apoyo que puede ser solicitado antes o durante el proceso para gozar efectivamente del derecho de acceso a la administración de justicia (amparo de pobreza).

3. De ese modo las cosas, se itera, no queda remedio distinto que el rechazo de la solicitud referenciada al comienzo de esta providencia, sin necesidad de devolución de documentos por haberse allegado en formato digital.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

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