CSJ - AC828-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC828-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC828-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00037-00 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026). De conformidad con el Acuerdo n° 034 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia paralela , los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Anotado lo anterior, se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por “María” en representación de su menor hijo “Daniel”.
I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló petición de homologación, a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en laRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00
2 República de Colombia, de la providencia emitida por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional (Venezuela), el 14 de marzo de 2023. 2.- Señaló la gestora que ella y “Pablo” procrearon al menor “Daniel”, quien actualmente tiene 13 años de edad.
Internacional (Venezuela), el 14 de marzo de 2023. 2.- Señaló la gestora que ella y “Pablo” procrearon al menor “Daniel”, quien actualmente tiene 13 años de edad. 3.- Sostuvo que, en la determinación prenombrada (14 mar. 2023) que se pretende convalidar, se decretó la homologación del convenio de ejercicio unilateral de la patria potestad a favor de la madre y, por contera, se suspendió la que ejercía su progenitor “Pablo” por larga ausencia en la vida del adolescente. 4.- Aseguró que esa decisión no se opone a las leyes u otras disposiciones de orden público y, tampoco « versa sobre derechos reales en bienes que estuvieren en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso, (…) no existiendo en Colombia proceso en curso, ni sentencia exclusiva de los jueces colombianos sobre el mismo asunto (…)» [archivo digital: 11001020300020260003700-0005Demanda.pdf].
II. CONSIDERACIONES 1.- Ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivoRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 3 es la Corte Suprema de Justicia.
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los
extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso. 1.1.- El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 eiusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606. Entre los exigidos figura el de que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, « no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y el de que «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem). Esta última exigencia, se acompasa con el contenido del inciso segundo del precepto 607 de la normativa en comento, en cuanto previene que « [c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no esté en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma », y de dicha traducción se requiere que sea realizada por «el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial oRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 4
dicha traducción se requiere que sea realizada por «el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial oRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 4 por traductor designado por el juez », todo para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del compendio instrumental, tales documentos puedan apreciarse como prueba. 2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que, en primer lugar, la libelista no aportó la constancia de ejecutoria de esa decisión judicial extranjera o prueba de la que se pueda colegir que aquél pronunciamiento cobró firmeza conforme a la ley del país de origen, es decir, no acercó la constancia de ejecutoria en los términos del numeral 3° del precepto 606 ibídem, porque esa información no se desprende de los legajos aludidos. Afirmase así, por cuanto, el sello visible en folio 22 del escrito introductorio, solamente certifica que esa providencia es copia fotostática fiel y extracto de su original; más no acredita que la directriz a homologar haya cobrado ejecutoria conforme a la Ley de Venezuela, ni tampoco se mencionó que hayan o no sido formulados recursos que fueren procedentes contra esa determinación, o que la misma no era susceptible de estos y, por ende, que hubiere quedado en firme. Sobre el punto, es necesario recordar que: (…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para
contra esa determinación, o que la misma no era susceptible de estos y, por ende, que hubiere quedado en firme. Sobre el punto, es necesario recordar que: (…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es “final”, lo cual resulta inviable cuando «no hayRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 5 mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el carácter definitivo (CSJ, AC2970-2021; reiterado en CSJ, AC995-2022; CSJ, AC3426-2023; CSJ, AC2435-2024; CSJ, AC3568-2024; CSJ, AC4490-2024 y CSJ, AC8959-2025). 3.- A lo anotado se suma que se desatendió el contenido del canon 251 de la codificación en comento, según el cual, «[l]os documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia»; toda vez que, no se aportó la apostilla de la providencia a homologar de 14 de marzo de 2023; dado que, si bien se aportó certificado en dicho sentido a folio 25 del libelo, avalando la firma de Abel Ernesto Durán Gómez en su calidad de Director
de 14 de marzo de 2023; dado que, si bien se aportó certificado en dicho sentido a folio 25 del libelo, avalando la firma de Abel Ernesto Durán Gómez en su calidad de Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, también lo es que difiere del Juez, Axcel A. González Bompart, abogado que rubricó la providencia objeto de exequátur. 4.- Si no resultaran suficientes las referidas falencias para proceder al rechazo que se anuncia, debe destacarse que en la postulación de apertura se pasaron por alto algunos de los requisitos formales, indispensables para impulsar esta tramitación. 4.1.- En efecto, la solicitante dejó de cumplir con la carga de adjuntar medios de convicción relacionados con la reciprocidad diplomática o legislativa, esto es, si existeRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 6 tratado entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela sobre reconocimiento de fallos judiciales, o, en la legislación de este último país se otorgan efectos a las sentencias foráneas; como quiera que, brillan por su ausencia legajos en tal sentido, desconociéndose por la impulsora que, es deber de las partes y sus apoderados la obtención de « documentos que directamente o por medio del
ausencia legajos en tal sentido, desconociéndose por la impulsora que, es deber de las partes y sus apoderados la obtención de « documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir » (núm. 10 art. 78 C.G.P.), recordándose, además, que según el inciso segundo del artículo 173 eiusdem, al juez le está vedado ordenar la práctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante el derecho de petición. Sobre el particular esta Sala ha dicho que: (…) la reciprocidad es un presupuesto neurálgico del exequátur, su demostración constituye carga del interesado 1, por lo que el fundamento fáctico y jurídico de la demanda debe contener alusión sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jurídica de orden diplomático o la subsidiaria de carácter legislativo. Tratándose de la reciprocidad legislativa, se deberá allegar la prueba idónea de la ley extranjera en los términos del artículo 177 del Código General del Proceso (CSJ, AC2822-2021, criterio reiterado en CSJ, AC996-2022 y CSJ, AC1944-2024). 4.2.- Asimismo, como ya se enunció, tampoco se adosó el texto de las disposiciones que le sirvieron de soporte al proveído extranjero, en aras de acreditar el presupuesto del orden público. Para tal fin, el precepto 177 del Código
el texto de las disposiciones que le sirvieron de soporte al proveído extranjero, en aras de acreditar el presupuesto del orden público. Para tal fin, el precepto 177 del Código General del Proceso, faculta su aportación «en copia al 1 CSJ, SC 15495 de 11 de noviembre de 2015.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 7 proceso, de oficio o a solicitud de parte» , bien, previa expedición de «(…) la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país»; también, mediante un «dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», o a través del «testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente». Bajo ese horizonte, la interesada no identificó las normas que le sirvieron de sustento al proveimiento extranjero que regulan la suspensión de la patria potestad en el país de procedencia, menos aún las acompañó en los anexos de su libelo, esto es, aquellas que contemplen las causas y los efectos de dicha figura jurídica, para proveer el cumplimiento de dicho requisito.
el país de procedencia, menos aún las acompañó en los anexos de su libelo, esto es, aquellas que contemplen las causas y los efectos de dicha figura jurídica, para proveer el cumplimiento de dicho requisito. 5.- Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del compendio adjetivo.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de laRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-05534-00 8 referencia.
SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada