CSJ - AC886-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC886-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC886-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 Medellín, diecinueve (19) febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Once Civil Municipal de Oralidad de Cali y Quinto Civil Municipal de Valledupar.

I. ANTECEDENTES 1.- Ante el Centro de Conciliación, arbitraje y amigable composición, Fundación Paz Pacifico de la ciudad de Cali, Kayson Marulanda González solicitó el inicio y tramite de negociación de deudas de persona natural no comerciante. 2.- La operadora no observó condiciones objetivas para llegar a un acuerdo, por lo que mediante certificación del 25 de junio de 2025 1 declaró el fracaso de la negociación de deudas y ordenó la remisión del expediente al Juez Civil de Reparto de la ciudad de Cali, a fin de que aperturara el proceso de liquidación patrimonial en los términos del Artículo 563 del C.G.P. 1 Archivo 002 Principal Folios 74 - 79 Pdf.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 3.- El despacho receptor de la certificación de fracaso, se declaró sin competencia para conocer el asunto manifestando que: “..al revisar el expediente, se observa que en la solicitud de negociación el deudor no manifestó de forma expresa su domicilio.

Sin embargo, del estudio del expediente se advierte que su lugar de residencia está fijado en el municipio de Valledupar:” , y en consecuencia remite el expediente a dicha ciudad.

solicitud de negociación el deudor no manifestó de forma expresa su domicilio. Sin embargo, del estudio del expediente se advierte que su lugar de residencia está fijado en el municipio de Valledupar:” , y en consecuencia remite el expediente a dicha ciudad. 4.- El segundo despacho rechaza igualmente la competencia y propone conflicto negativo y sustenta su posición al manifestar que: “…si el operador de insolvencia remitió lo actuado a los jueces civiles de Cali en esa data [folio 81], es allí donde debe tramitarse el asunto, porque allí se surtió el procedimiento de negociación de deudas, y, según consta en el expediente, al interior de esta no se suscitó controversia alguna que hiciera privativa la competencia de un juez distinto, por tanto, se debía respetar la escogencia de la autoridad administrativa que surtió la fase de negociación, y no podía el despacho cognoscente de la etapa liquidataria repeler su asignación de forma voluntaria sin que medie causal legal para ello.”

II. CONSIDERACIONES 1.- Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común de ambos es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por conducto del suscrito Magistrado Ponente, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.

2Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 2.- El proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, consagrado en la sección tercera del título IV

de la ley 1285 de 2009. 2Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 2.- El proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante, consagrado en la sección tercera del título IV del Código General del Proceso, se instituyó como un instrumento destinado a facilitar la superación ordenada de la cesación de pagos, mediante la promoción de fórmulas de arreglo entre el deudor y sus acreedores respecto de obligaciones dinerarias insolutas. En desarrollo de dicho procedimiento, el deudor puede: (i) adelantar la negociación de sus obligaciones a través de un acuerdo con sus acreedores, orientado a la normalización de sus relaciones crediticias; (ii) obtener la convalidación de los acuerdos privados celebrados con estos; o (iii) acudir a la liquidación de su patrimonio, en los términos previstos en el artículo 531 del Código General del Proceso. La ley asignó el conocimiento del trámite de negociación de deudas y de la convalidación de acuerdos a los centros de conciliación y a las notarías del domicilio del deudor, erigiendo dicho criterio territorial como regla general de competencia. Sin embargo, cuando en ese lugar no exista centro de conciliación legalmente autorizado ni notaría, se habilita al deudor para que, a su elección, presente la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que funcione dentro del mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente, de conformidad con el

notaría, se habilita al deudor para que, a su elección, presente la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que funcione dentro del mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente, de conformidad con el artículo 533 del Código General del Proceso. De no prosperar la negociación, el conciliador deberá declarar su fracaso y, de manera inmediata, remitir las diligencias al 3Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 juez civil de conocimiento, a fin de que este decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial. Conforme con lo anterior el artículo 534 ibídem atribuye la competencia para conocer de este tipo de trámites al «juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo». 3.- Por otro lado, al tenor de lo estipulado por el numeral 8º del artículo 28 del estatuto adjetivo vigente «[e]n los procesos concursales y de insolvencia, será competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor », frente a lo cual, esta Corporación ha decantado que «es una pauta privativa de la competencia por el factor territorial» (AC503-2021, AC1954-2021, reiterado en el AC1706-2022). En relación con las mentadas pautas de asignación de competencia esta Sala ha predicado que: El legislador apuntó que las controversias previstas en el título concerniente a ‘insolvencia de persona natural no comerciante’

reiterado en el AC1706-2022). En relación con las mentadas pautas de asignación de competencia esta Sala ha predicado que: El legislador apuntó que las controversias previstas en el título concerniente a ‘insolvencia de persona natural no comerciante’ (…), se atribuyen al ‘juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo’, agregando que ese funcionario ‘también será competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial’. Conviene anotar que dicha liquidación tiene lugar, entre otros eventos, cuando se supera el término de sesenta días contados a partir de la aceptación de la solicitud, sin que se logre acuerdo de pago, momento en el cual y en concordancia con el artículo 559 del CGP ‘el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de 4Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial’ (destacado de la Corte). A partir de las anteriores pautas, es pertinente señalar que para determinar quién es el competente para conocer de las peticiones de liquidación surgidas del fracaso del procedimiento de negociación de deudas de persona natural no comerciante, la ley señala al juez del domicilio del deudor, o al del lugar donde se siguió el trámite previo de negociación. (AC874-2019, reiterado en el AC1706-2022).

señala al juez del domicilio del deudor, o al del lugar donde se siguió el trámite previo de negociación. (AC874-2019, reiterado en el AC1706-2022). 4.- De cara a las anteriores disposiciones surge, sin mayor dificultad, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos de insolvencia de persona no comerciante está asignada al juez del domicilio del insolvente o el domicilio donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo que como se vio por regla de principio será igualmente el del domicilio del solicitante y excepcionalmente cuando en ese lugar no existiera centro de conciliación avalado por el por el Ministerio de Justicia y del Derecho o Notaría lo sería cualquiera de estos ubicado «en el mismo circuito judicial o círculo notarial». Por consiguiente, dichas pautas devienen de aplicación obligada, ya que el numeral 8º del canon 28 de la codificación procedimental civil, al estipular que «[e]n los procesos concursales y de insolvencia, será competente, de manera privativa, el juez del domicilio del deudor». 5.- En el sub examine, el juzgador de Cali se desprendió de asumir la competencia de la «liquidación patrimonial de persona natural no comerciante», tras considerar que, “..al revisar el 5Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00

de asumir la competencia de la «liquidación patrimonial de persona natural no comerciante», tras considerar que, “..al revisar el 5Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 expediente, se observa que en la solicitud de negociación el deudor no manifestó de forma expresa su domicilio. Sin embargo, del estudio del expediente se advierte que su lugar de residencia está fijado en el municipio de Valledupar:” En la controversia puesta a conocimiento de esta Corporación, se advierte que en el expediente remitido por el centro de conciliación el solicitante no manifestó de manera expresa su domicilio, limitándose a indicar una dirección física sin especificar la ciudad a la cual correspondía. Tal omisión incide directamente en la determinación del factor territorial de competencia, pues el domicilio constituye el punto de conexión normativamente relevante en los términos de los artículos 28 y 534 del Código General del Proceso. 6.- Entonces, en este punto y con sustento en lo expresado hasta acá, es necesario advertir que el primer estrado judicial al repeler la competencia para conocer de la solicitud de liquidación patrimonial realizó una inferencia subjetiva para establecer el domicilio del deudor, a pesar de admitir que en la solicitud de negociación este no manifestó expresamente su domicilio. Cabe señalar además que la negociación de deudas es un trámite de naturaleza negocial, de carácter autocompositivo y extrajudicial, aun cuando produzca

expresamente su domicilio. Cabe señalar además que la negociación de deudas es un trámite de naturaleza negocial, de carácter autocompositivo y extrajudicial, aun cuando produzca efectos jurídicos relevantes. 6Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 La liquidación patrimonial, en cambio, constituye un proceso jurisdiccional pleno, de carácter universal y coercitivo, que implica la realización ordenada del patrimonio del deudor para la satisfacción de sus acreedores. No se trata, entonces, de fases de un mismo proceso jurisdiccional continuo, sino de mecanismos sucesivos pero autónomos. La Corte ha señalado (CSJ, AC6727-2016), que la liquidación patrimonial no es una simple prolongación funcional del trámite conciliatorio, sino un proceso judicial independiente, cuya competencia debe definirse conforme a las reglas expresamente previstas en el artículo 534 del Código General del Proceso. En ese orden, si el primer despacho receptor de la solicitud no ha emitido providencia motivada en la que, luego de examinar el expediente y, de ser del caso, requerir la precisión del domicilio, asuma o rechace expresamente el conocimiento del proceso de liquidación patrimonial, no puede entenderse estructurado un conflicto actual y trabado. La eventual discrepancia surge, en realidad, de una insuficiencia informativa que debe ser superada en sede del juez natural. Así las cosas, al no concurrir decisiones contrapuestas

puede entenderse estructurado un conflicto actual y trabado. La eventual discrepancia surge, en realidad, de una insuficiencia informativa que debe ser superada en sede del juez natural. Así las cosas, al no concurrir decisiones contrapuestas que revelen una verdadera colisión competencial y no haberse agotado el deber funcional del juez receptor de 7Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-05248-00 definir su propia competencia con base en los artículos 28, 531 y 534 del CGP, el planteamiento resulta prematuro.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, RESUELVE: Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia.

Segundo: Remitir virtualmente el expediente al Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Cali para que proceda de conformidad con lo expresado en esta providencia, y comunicar la decisión a la otra autoridad inmersa en la disparidad de criterios, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado 8

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