CSJ - AC899-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC899-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC899-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00624-00 Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá y Segundo Civil Municipal de Soacha.
I. ANTECEDENTES 1.- El Fondo Nacional del Ahorro presentó proceso de restitución de tenencia contra Sandra Milena León Santafé, con el fin de que sea declarado el incumplimiento del Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing No. 201908437-3 debido a la mora en el pago de los cánones mensuales pactados y, en consecuencia, sea terminado el mismo y, sea ordenado entregarle el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 051-232099 localizado en el municipio de Soacha. Justificó la competencia territorial «por la ubicación de los bienes, cuantía y domicilio de las personas demandadas»1. 1 Folio 3. Archivo PDF “002_002AnexosDemanda”.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 2 2.- Inicialmente, le correspondió el conocimiento al Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha, quien rehusó el conocimiento del caso y lo envió al homólogo de Bogotá, por cuanto estimó que la entidad demandante tenía la calidad de «empresa industrial y comercial del Estado» y, que, si bien si «existe una sucursal del Fondo Nacional, dicha oficina está fijada solamente para efectos de trámites, sin que tenga establecido acá una extensión de
«empresa industrial y comercial del Estado» y, que, si bien si «existe una sucursal del Fondo Nacional, dicha oficina está fijada solamente para efectos de trámites, sin que tenga establecido acá una extensión de su domicilio para fines procesales »2. Entonces, remitió a los Juzgados adscritos al distrito judicial del domicilio principal del ente público. Decisión que soportó en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso y en CSJ AC0452024 3.- Por su parte, e l juzgador que recibió las diligencias3 también las declinó y suscitó la colisión negativa de esta especie, a cuyo efecto advirtió que, como la entidad ejecutante « tiene su domicilio en la sucursal o agencia SoachaCundinamarca, puesto que es la circunscripción territorial de esta, la cual se vincula el asunto por el lugar de ubicación del inmueble objeto de restitución»4, debía aplicarse el fuero privativo establecido en el numeral 7, artículo 28 del Código General del Proceso.
II. CONSIDERACIONES 1.- Comoquiera que el conflicto que se estudia se trabó entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común, por conducto del suscrito Magistrado 2 Folios 278-279. Archivo PDF “002_002AnexosDemanda”.
3 Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá. 4 Archivo PDF: “006_006AutoConflictoNegativoCompetenciaSucursal”Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 3 Sustanciador, como establecen los artículos 35 y 139 del estatuto adjetivo vigente y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024. 2.- En palabras del tratadista Hernando Morales Molina, la jurisdicción « es una parte del poder del Estado, la soberanía con referencia a la función pública de administrar justicia», en cuanto «constituye el ejercicio de una de las tres funciones del Estado democrático, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, por regla general, aunque en un principio, antes de la organización jurídica, aquel emanó de verdaderos convenios en que las partes llevaban la decisión de sus conflictos a terceros, extraños a ellos»5. El orden jurídico patrio consagra la jurisdicción como el poder de que está investido toda autoridad encargada de administrar justicia, y la distribución de la competencia de los casos concretos es la forma de materializarla 6, para ese efecto la ley ha previsto diversos factores determinantes de competencia, a saber, el objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad.
El factor objetivo: Se refiere al objeto del litigio, bien sea por (i) la naturaleza del asunto (la relación jurídica material de la pretensión), o por (ii) la cuantía de la aspiración.
El factor objetivo: Se refiere al objeto del litigio, bien sea por (i) la naturaleza del asunto (la relación jurídica material de la pretensión), o por (ii) la cuantía de la aspiración.
Ejemplo de ello es que el juicio de expropiación que corresponde adelantarlo en primera instancia a los jueces civiles del circuito (art. 20 [núm. 5] C.G.P.), y a los civiles municipales atañe gestionar por la vía del verbal sumario los 5 Hernando Morales Molina, Curso de derecho procesal civil, parte general, Edit. ABC-Bogotá, 1991, págs. 19 y 20. 6 Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil, t. I, Madrid, Edit. Reus, 1930, pág. 3.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 4 asuntos contenciosos de mínima cuantía (art. 17 [núm. 1] ídem).
El factor subjetivo: Se funda en la calidad de las partes involucradas en la litis. En el proceso civil se aplica a los asuntos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, y el caso será conocido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia (arts. 27 [inc. 1] y 30
[núm. 6] ibidem).
Factor funcional : Atiende la distribución de las funciones específicas de los órganos judiciales en las instancias. Así, determina el juez encargado de conocer el
[núm. 6] ibidem).
Factor funcional : Atiende la distribución de las funciones específicas de los órganos judiciales en las instancias. Así, determina el juez encargado de conocer el recurso de apelación (art. 33 ib.).
Factor de conexidad : Permite la acumulación de pretensiones, demandas o procesos con elementos comunes, las partes (litisconsorcios), clase de proceso y los hechos que respaldan los pedimentos.
Como quedó dicho tales factores atienden diversas circunstancias que la ley prevé para determinar la autoridad judicial a la que corresponde conocer un proceso; sin embargo, para concretar el juzgador de la misma especialidad y categoría de las existentes en la división geográfica nacional al que atañe adelantar el caso particular, es menester echar mano del factor territorial (art. 28 ejusdem) que está integrado por varios fueros o foros (personal, real y contractual) acotándolo a los elementos delRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 5 litigio, como son el domicilio de las personas, la localización de las cosas, o el lugar de ocurrencia de los hechos.
El foro personal: Se sujeta al domicilio de las partes. La regla general es el asiento del demandado (núm. 1), salvo pauta que disponga algo diferente, como las normas especiales, algunas privativas, como la que asigna la
regla general es el asiento del demandado (núm. 1), salvo pauta que disponga algo diferente, como las normas especiales, algunas privativas, como la que asigna la competencia al funcionario del domicilio de los niños, niñas o adolescentes (inc. 2, núm. 2), al del arraigo del concursado (núm. 8), y al del domicilio de la entidad territorial, o entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública (núm. 10); otras concurrentes, como el domicilio común anterior, si lo conserva el demandante (inc. 1, núm. 2), el domicilio principal de la persona jurídica o el de la sucursal o agencia, si el caso está vinculado con estas (núm. 5).
El foro real: se sujeta en unos casos privativamente al lugar de ubicación de los bienes materia de derechos reales y de los procesos de deslinde y amojonamiento, expropiación, restitución de tenencia, posesorio de cualquier naturaleza, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos (núm. 7); y en otros concurrentes con el personal, como sucede en los eventos de responsabilidad aquiliana (núm. 6); o el del sitio donde se haya violado el derecho de propiedad intelectual, o realizado el acto, o donde este surta sus efectos, si se ha realizado en el exterior, o en el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento de comercio (núm. 11).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00
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este surta sus efectos, si se ha realizado en el exterior, o en el lugar donde funciona la empresa, local o establecimiento de comercio (núm. 11).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 6
El foro contractual: alude al sitio señalado en el contrato o en el título ejecutivo donde debe honrarse la obligación.
De lo anterior se destaca que algunos de esos fueros pueden ser concurrentes y otros privativos. En el primer caso, el demandante está facultado para elegir promover su causa ante cualquiera de los jueces competentes, lo que implica que el que inicialmente aprehende el conocimiento inhibe a los demás de hacerlo; mientras que, en el segundo, la atribución territorial radica exclusivamente en un solo funcionario. Acerca del carácter « privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la Corte en CSJ AC3744-2018, reiterado, entre otros, en AC2429-2019 y AC4079-2019 dijo: « (…) que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole.»
organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole.» 3.- De acuerdo con lo anterior, el fuero privativo implica que solo a una autoridad judicial corresponde adelantar el trámite del asunto, ya sea la del lugar donde se ubica el bien raíz sobre el que recae el gravamen o se quiere constituir, o la del domicilio de la entidad pública. Pero ¿quéRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 7 ocurre cuando esos foros privativos convergen en el mismo caso, dado que no hay una regla que prefiera un fuero sobre el otro porque ambos poseen la misma jerarquía normativa? Ese interrogante, en principio, fue resuelto con el pronunciamiento CSJ AC140-2020, en cuanto acogió el criterio de prevalencia del « factor subjetivo » contenido en el artículo 29 ídem, pues estimó que de ese modo realizaba una interpretación sistemática de las pautas de competencia adoptadas por el legislador del 2012, y atendía el interés general que predominaba al fijar el conocimiento de los litigios en el funcionario del domicilio del ente público que fuera parte. Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una
fuera parte. Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. No obstante, esa postura se ha venido matizando, así: 3.1.- Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal oRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 8 agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal7. 3.2.- Ante la concurrencia de fueros privativos como el real y el personal de los entes públicos, ha dado prelación al primero como resultado de realizar una interpretación sistemática de principios constitucionales y generales del proceso, como el acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la presencia del factor subjetivo en la regla décima del artículo 28 adjetivo8. 3.3.- Y, recientemente en CSJ AC041-2026 se dijo que era necesario destacar que los fueros real y personal de la entidad pública contenidos, respectivamente, en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del código de los ritos ostentan carácter privativo, lo que impide resolver ese
entidad pública contenidos, respectivamente, en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del código de los ritos ostentan carácter privativo, lo que impide resolver ese enfrentamiento con auxilio del canon 29 ídem, conforme al cual prevalece la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes, en la medida en que la regla décima del citado precepto 28 no consagra un factor subjetivo sino «un foro de atribución en función del territorio », por lo que recuerda que únicamente los artículos 27, inc. 19, y 30, núm. 610, de la misma obra consagran las hipótesis fácticas concebidas dentro de aquel factor. 7 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024, AC4338-2024, AC4433-2024, AC6356-2024, AC6366-2024, AC3663-2025, AC3908-2025, AC39402025, AC3955-2025, AC3956-2025 y AC4044-2025. 8 CSJ AC3037-2025, AC422-2025 y AC3953-2025.9 «La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia» (negrita fuera de texto).10 « De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático
diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia» (negrita fuera de texto).10 « De los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional».Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 9 En ese entendido es posible aplicar el principio perpetuatio jurisdictionis cuando el funcionario aprehenda el conocimiento del proceso y, luego, motu proprio quiera desdecir de su actuar, so pretexto de la aplicación de la citada pauta 29, ya que como fuera dicho, el foro personal del artículo 28, núm. 10, adjetivo no entraña un factor subjetivo sino una asignación de causas en función del territorio, por ende, es conducente predicar en ese caso que se prorrogó la competencia por el silencio del convocado (Cfr. CSJ AC85732025). Y, concluye que ante la anomia que dirima el enfrentamiento normativo: «[D]e esos foros privativos de atribución dentro del factor de competencia territorial, es menester acudir a los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270
C.P.), debido proceso, defensa y contradicción de las partes (art. 29 ídem); así como a los principios generales del derecho procesal de igualdad de las partes (art. 4, C.G.P., en Conc. art. 2, Ley 270 de 1996, reform. artículo 2, Ley 2430 de 2024), inmediación (art. 6, C.G.P.) y concentración (art. 5 ídem), con miras a garantizar la efectividad del derecho sustancial como disciplinan los artículos 8 de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del ordenamiento procesal. La aplicación de estos principios hace que el conocimiento de la controversia sea asignado al juzgador del fuero real o del lugar donde se localiza el bien sobre el cual recae el gravamen o busca imponerse . Esto, porque así puede tramitarse de forma más eficiente el pleito en atención a la cercanía con el bien raíz materia del proceso evitando un desgaste mayor del aparato judicial y la dilación en la definición del asunto al no tener que comisionar a otro funcionario para evacuar las actuaciones que deban adelantarse in situ y poder inmediar la práctica de las pruebas, amén de que permite a las partes acudir al juicio en pie de igualdad ejerciendo la defensa de sus intereses de forma efectiva y sin incurrir en más erogaciones económicasRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 10 pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz privado para cumplir con el interés general
10 pues, generalmente coincide con el asiento del accionado; y si bien el ente estatal puede no tener domicilio en esa zona, si busca hacerse de un bien raíz privado para cumplir con el interés general es factible suponer que tiene presencia en el área de ubicación del predio y, por contera, donde se surtirá la causa» (negrita fuera de texto). Postura que, si bien fue emitida para dirimir un conflicto de similar naturaleza originado en una expropiación judicial, resulta aplicable a los casos en que estén involucrados derechos reales o los demás juicios señalados en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso. 4.- Las disquisiciones del numeral que antecede aplicadas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el proceso de restitución de tenencia de los bienes entregados en leasing promovido por el Fondo Nacional del Ahorro11 contra Sandra Milena León Santafé será deferida al juez del lugar donde se encuentra localizado el bien materia de entrega, el cual como se advierte del contrato de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar12 se ubica en el municipio de Soacha. Lo anterior, en atención a que, en esa clase de proceso al declararse el incumplimiento del convenio, la consecuencia inmediata es la entrega del inmueble objeto del 11 Sociedad creada en virtud del Decreto Ley 3118 de 1968 y transformada por el Decreto Ley 1962 de 2023 es una sociedad de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional organizada como
consecuencia inmediata es la entrega del inmueble objeto del 11 Sociedad creada en virtud del Decreto Ley 3118 de 1968 y transformada por el Decreto Ley 1962 de 2023 es una sociedad de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional organizada como establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se deprende del Certificado de Existencia y Representación Legal obrante en los folios 259 a 263 del archivo pdf: “002_002AnexosDemanda”.12 Folios 5 al 27 del mismo archivo.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00 11 leasing habitacional, cuestión que implica que el trámite deba adelantarse ante la autoridad judicial de esa población para evitar un desgaste mayor de la administración de justicia y erogaciones adicionales a la parte convocada al tener que comisionar a otro estrado para realizar dichas diligencias. 5.- En consecuencia, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha debe adelantar la causa, para lo cual se le remitirá el expediente digital y se informará de ello al despacho de la capital de la República involucrado en el conflicto que acá queda dirimido.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE Primero: Declarar que el Juzgado Civil Municipal de Soacha es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Devolver virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo
Soacha es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Devolver virtualmente el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión que acá queda dirimida.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-00624-00
12
Tercero: Librar los oficios correspondientes por
Secretaría.
NOTIFÍQUESE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado