CSJ - AC919-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC919-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada Ponente AC919-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00111-00 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por María Paulina Torres Rodríguez.

I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló solicitud de homologación, a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia del fallo proferido el 29 de julio de 2024 por el Juzgado Oficial de Bremen, Alemania, mediante el cual «anul[ó] el matrimonio celebrado por las partes el 16 de marzo de 2023 ante el funcionario de Registro Civil de Bremen-Mitte con el número de inscripción E 251/2023». 2.- Según se indicó en el libelo de apertura, María Paulina Torres Rodríguez, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio con Gerd Ernst Georg Guttchen, deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00111-00 2 origen alemán, el 16 de marzo de 2023 en Bremen – Mitte, Alemania, unión en la que no se procrearon hijos, ni se adquirieron bienes.

Además, el iudex extranjero declaró la nulidad de ese vínculo, en razón a que la pareja «nunca tuv[o] intención de convivir en matrimonio». Asimismo, se adujo que el veredicto en cuestión se encuentra ejecutoriado «desde el 10 de septiembre de 2024 », no

convivir en matrimonio». Asimismo, se adujo que el veredicto en cuestión se encuentra ejecutoriado «desde el 10 de septiembre de 2024 », no vulnera el orden público colombiano y en la República no se impulsa proceso alguno por los mismos hechos; aunado a que el asunto no es de competencia exclusiva de los falladores nacionales, ni versa sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encuentren en territorio patrio. Y se aludió a la existencia de reciprocidad legislativa. [Folios 2 y 3, Archivo digital: DEMANDA DE EXEQUATUR.pdf].

II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial local competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte

Suprema de Justicia. En ese orden, para que una sentencia judicial foránea surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en elRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00111-00 3 Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso. El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los

forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606. Entre las citadas exigencias se impone que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, «no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y, que «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem). 2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la libelista no aportó la constancia de ejecutoria de la decisión judicial extranjera o prueba de la que se pueda colegir que aquel pronunciamiento cobró firmeza. Y es que, si bien en el pliego introductor se indicó que la decisión quedó ejecutoriada el 10 de septiembre de 2024, ninguna constancia en tal sentido obra en el plenario. Sobre el punto, es necesario recordar que (…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es ‘final’, lo cual resulta inviable cuando ‘no hay mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de

demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es ‘final’, lo cual resulta inviable cuando ‘no hay mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impideRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-00111-00 4 igualmente definir el carácter definitivo’ (CSJ, AC2970-2021; reiterado en CSJ, AC995-2022; CSJ, AC3426-2023; CSJ, AC2435-2024; CSJ, AC1770-2025 y CSJ, AC1732026). 3.- Tampoco cumplió la impulsora con la carga de adjuntar evidencia de la legislación foránea que regula el thema decidendum, elemento que, según el inciso segundo del artículo 173 de la codificación procesal, el juzgador debe abstenerse de decretar la práctica de las pruebas que pudo haber recaudado el interesado a través del derecho de petición, máxime cuando es deber de las partes y de sus apoderados la obtención de «documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir » (num. 10 art. 78 C.G.P.). 4.- A lo anotado se suma que se desatendió el contenido del canon 251 de la codificación en comento, según el cual, «[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones

«[p]ara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez». Lo anterior, porque de un lado para efecto de la legalización documentos extranjeros que deban surtir efectos en Colombia es indispensable la traducción oficial de estos cuando no obren en español realizada por un traductor oficial, debiéndose acreditar esta condición con el documento que expidan las Universidades en que conste la idoneidad para el ejercicio del oficio (art. 33 ley 962 de 2005 1), pero 1 Ley 962 de 2005 Artículo 33. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así:Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00111-00 5 además, se deberá «efectuar el reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario Público » (Resol. 1959/2020 art. 6°), sin que tales formalidades se hubieran acatado, omisión que impediría tener por adecuadamente legalizada la copia del veredicto reseñado. En tal sentido, en situaciones con alguna simetría, esta Corporación ha reflexionado que: La desatención de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte: [S]e observa que la

La desatención de esta carga revela la ausencia del documento a reconocer y conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial, como lo ha dicho esta Corte: [S]e observa que la interesada no aportó la sentencia foránea materia de homologación con la traducción idónea, esto es, según lo determina el artículo 251 ibidem, la efectuada por ‘el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez’ [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducción realizada por…, respecto de esta no se demostró su condición de ‘intérprete oficial’. En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso, el Despacho resuelve… rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n° 2016-00111-00). (AC1678-2018, 26 abr. 2018, rad. n.º 201800897-00, AC, 18 ene. 2018, rad. n.º 2017-03479-00 y AC3757, 4 sep. 2018, rad. n.º 2018-02230-00). (CSJ, AC2396-2023, CSJ AC4112025). 5.- En vista de lo anterior, no queda alternativa diferente al rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

2025). 5.- En vista de lo anterior, no queda alternativa diferente al rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN "Artículo 4°. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial….Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00111-00

6 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital. TERCERO. Se reconoce personería a la abogada Paola Andrea Vásquez Henao, para actuar en representación de la demandante, en los términos y para los fines del mandato conferido.

NOTIFÍQUESE,

HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada

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