CSJ - AC950-2026

Corte Suprema de Justicia

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CSJ - AC950-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC950-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Sería del caso resolver sobre el conflicto de competencia entre la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal de Yumbo, Valle del Cauca y, la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Centro Zonal de Dosquebradas, Risaralda, de no ser porque se advierte que las mencionadas autoridades no están ejerciendo funciones jurisdiccionales, sino administrativas; por consiguiente, no es competencia de esta corporación el asunto; de acuerdo a los siguientes,

ANTECEDENTES

1. Ante el Centro Zonal de Yumbo, Valle del Cauca, la hermana de la menor, puso en conocimiento de laRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 2 autoridad administrativa una situación específica de la vida de la menor.

2. De acuerdo al reporte visible dentro del expediente1, el 18 de julio pasado, la autoridad de Yumbo solicitó Verificación de Garantía de Derechos y, dentro de las «acciones administrativas»2 desplegadas para ello, tuvo comunicación telefónica con la petente que refiere que « la progenitora de la (…)» la menor, « (…) se encuentra en España y que la beneficiaria quedo (sic) bajo el cuidado de la abuela materna la señora viviana morales » (…) « se realiza llamada telefónica (sic),

progenitora de la (…)» la menor, « (…) se encuentra en España y que la beneficiaria quedo (sic) bajo el cuidado de la abuela materna la señora viviana morales » (…) « se realiza llamada telefónica (sic), donde la abuela materna manifiesta(…)» que la menor, se encuentra aproximadamente desde hace un mes, en Pereira donde la tía (…), ya que se encuentra participando en la Liga de Pereira de Pesa Olímpica y que estará viviendo allí aproximadamente hasta el mes de noviembre o hasta que su progenitora regrese al país para llevársela a vivir a España»3

3. A raíz de la actuación puntualizada en el numeral que antecede, anota la entidad familiar en mención que «teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se sugiere de manera respetuosa la primera autoridad admisnitrativa (sic), considerar remitir la presente petición al centro zonal Dosquebradas Risaralda, por competencia territorial. Toda sugerencia esta supemeditada (sic) a la decisión que tome la primer autoridad administrativa» 1 Archivo PDF “004_ActuacionesPeticion.pdf”2 Folio 1. Ibid.3 Ibid.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00

3

4. Por ello, fue direccionada al Centro Zonal de Dosquebradas; que el 1° de octubre de 2025, devuelve la solicitud indicada en razón a «que desde la fecha de creación de la petición (17/07/2025) y el direccionamiento al Centro Zonal Yumbo el mismo día de la creación, han transcurrido más de 50 días hábiles,

solicitud indicada en razón a «que desde la fecha de creación de la petición (17/07/2025) y el direccionamiento al Centro Zonal Yumbo el mismo día de la creación, han transcurrido más de 50 días hábiles, venciéndose dicha petición el día 31 de julio de la presente anualidad»4.

5. En contraposición con la Defensoría de Familia Risaraldense, el ente Vallecaucano promovió la colisión negativa fundamentado en que no es posible conocer de la solicitud de verificación de garantía de derechos puesto que, la adolescente no está en su jurisdicción. Conforme a lo establecido en el parágrafo 3, artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, y en el numeral 16 del artículo 21 del código general del proceso; por ende, remitió al Juzgado de Familia de Dosquebradas para que dirimiera el conflicto.

6. Ahora bien, el estrado judicial mediante auto adiado 6 de octubre de 2025 declaró su incompetencia para resolver tal colisión y, ordenó remitir a esta Corporación, por cuanto el art. 139 del compendio procesal establece que cuando surjan conflictos de competencia entre autoridades administrativas que 4 Folio 3. Archivo PDF “002_AutoConflictoCompetencia.pdf”Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 4 desempeñen actuaciones jurisdiccionales, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

En ese sentido, aludió que en principio la competencia está

4 desempeñen actuaciones jurisdiccionales, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada. En ese sentido, aludió que en principio la competencia está en cabeza de los jueces de familia, pero que en el asunto las autoridades administrativas enfrentadas no pertenecen al mismo «distrito judicial»5.

CONSIDERACIONES

1. Delanteramente cabe advertir que el conflicto objeto de estudio no corresponde a los asignados en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024; y 18 de esa misma Ley.

2. El artículo 24 del Código General del Proceso establece cuales son las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales y, en lo que se refiere a los Defensores de Familia este aparte, numeral 4°, fue declarado inexequible sólo « (…) sobre los apartes de las disposiciones citadas que se refieren a la atribución de competencias jurisdiccionales al Ministerio y a los apartes normativos que dependen directamente de esa competencia (…) »6, es decir que, que cuando aquellos realizan actuaciones preliminares 5 Archivo PDF “005_AutoRemiteCompetencia.pdf”6 Sentencia C-156 de 2013. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-156-13.htmRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 5 como es la Verificación de la Garantía de Derechos

5 como es la Verificación de la Garantía de Derechos contenida en el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, no ejercen funciones jurisdiccionales. Aunado a lo anterior, el artículo 99 del Código de Infancia y Adolescencia, consagra que «cuando del estado de verificación el defensor de familia (…) tenga conocimiento de la vulneración o amenaza de alguno de los derechos que este código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, dará apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (…) » anotado en el artículo 96 de la misma Ley. Entonces, se está bajo el entendido de cuestiones que anteceden a la actuación administrativa de restablecimiento de derechos del menor y, no frente a asuntos que conciernen funciones jurisdiccionales. (Subrayado fuera del texto). Es por eso, que resulta improcedente predicar la aplicabilidad del parágrafo 3° del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018, disposición que atribuye a los Jueces de Familia la competencia para dirimir conflictos surgidos entre autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Lo anterior, por cuanto el supuesto fáctico y jurídico bajo examen no se subsume en la hipótesis normativaRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 6 prevista por el legislador, dado que: (i) no se está en

bajo examen no se subsume en la hipótesis normativaRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 6 prevista por el legislador, dado que: (i) no se está en presencia de decisiones adoptadas por autoridades administrativas investidas de funciones jurisdiccionales en los términos constitucionales y legales pertinentes; y (ii) tampoco se trata, siquiera, de un trámite administrativo susceptible de generar un conflicto de competencia en los términos contemplados por la referida disposición. Además, conforme al criterio reiterado de la Sala, la divergencia territorial derivada de la pertenencia a distintos distritos judiciales no constituye, por sí sola, presupuesto habilitante para activar el mecanismo de definición competencial previsto en la norma citada, cuando no concurren los elementos estructurales que configuran un verdadero conflicto de competencia de naturaleza jurisdiccional. En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta lo reglado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone que en el caso que se suscite un conflicto de competencia que «involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, – refiriéndose autoridades administrativas sin ejercer funciones jurisdiccionales – conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado»7

o autoridades territoriales de distintos departamentos, – refiriéndose autoridades administrativas sin ejercer funciones jurisdiccionales – conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado»7 7 Art. 39 Ley 1437 de 2011. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#39Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 7

3. Descendiendo al caso concreto, del análisis integral del expediente se colige que la actuación iniciada el 7 de julio de la anualidad inmediatamente anterior corresponde a la prevista en el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006, en tanto fue expresamente catalogada bajo dicha denominación por las dos autoridades administrativas intervinientes.

Ahora bien, desde una perspectiva jurídicosistemática, resulta necesario precisar que no toda actuación adelantada por una autoridad administrativa comporta, per se, la configuración de un proceso administrativo en sentido estricto. Este último supone la existencia de una estructura procedimental formalmente delimitada, con etapas definidas, controversia susceptible de decisión y vocación de producir efectos jurídicos definitivos dentro del marco de una función administrativa reglada. En el asunto bajo examen, la actuación referida no reúne tales presupuestos estructurales, razón por la cual no puede predicarse que se trate de un proceso administrativo propiamente dicho. Por ende, tampoco es

reglada. En el asunto bajo examen, la actuación referida no reúne tales presupuestos estructurales, razón por la cual no puede predicarse que se trate de un proceso administrativo propiamente dicho. Por ende, tampoco es posible subsumirla dentro del ámbito excepcional previstoRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 8 en el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1878 de 2018 8, cuya operatividad presupone, de manera necesaria, la existencia de un verdadero proceso administrativo susceptible de generar controversia competencial. Por otra parte, se advierte que la autoridad de familia del municipio de Dosquebradas, en el récord de actuaciones, concretamente en la registrada el 18 de julio de 2025, describió el trámite en los siguientes términos: «Mediante Auto de trámite se solicita la verificación de garantía de derechos». Posteriormente, el Defensor de Familia de Yumbo al proferir el Auto No. 620, lo intituló « Por medio del cual se remite solicitud de verificación de garantía de derechos por conflicto de competencia territorial entre autoridades administrativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar», aludiendo, en sustancia, al mismo trámite. Tal identidad descriptiva y material permite concluir que no existe ambigüedad ni mutación en la naturaleza de la actuación adelantada, pues ambas referencias recaen sobre una misma actuación preliminar de carácter administrativo, prevista en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

la actuación adelantada, pues ambas referencias recaen sobre una misma actuación preliminar de carácter administrativo, prevista en el Código de la Infancia y la Adolescencia. 8 En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 9

4. En este entendido, al no configurarse un conflicto de competencia de naturaleza jurisdiccional y tratarse de una discrepancia entre autoridades administrativas en el ejercicio de funciones propias, corresponde remitir el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, dirima la controversia y determine la autoridad competente para continuar el trámite.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Declarar que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para dirimir el conflicto de la referencia. Segundo. Ordenar la remisión del conflicto de competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 10

Segundo. Ordenar la remisión del conflicto de competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05203-00 10 Tercero. Comunicar a las autoridades administrativas, estrado judicial y partes inmiscuidas en el trámite administrativo memorado en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

Consultar sobre este documento ...