CSJ - ATC2075-2025

ATC2075-2025 Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05059-00 Cali, veintidós (22) de octubre de dos mil veinticinco (2025). Desata la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre las Salas Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y la Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela instaurada por Flor Evelia Castro de Jojoa contra la Unidad de Gestión Fiscal y Parafiscal (UGPP).

ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto se tramitó la salvaguarda promovida por la actora, quien afirmó que la entidad accionada quebrantó sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. Por ello, pretendió que se ordenara «en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo» o en el plazo que el juez constitucional considerara pertinente, emitir una respuesta de «fondo, clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado, al derecho de petición con radicado No. 20250401601067352 del 03 de junio de 2025».

2. Así las cosas, el 22 de septiembre de 2025, el despacho judicial de Pasto concedió el amparo y ordenó a la Unidad de Gestión Fiscal y Parafiscal que, dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas,Rad. n° 11001-02-03-000-2025-05059-00

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Parafiscal que, dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas,Rad. n° 11001-02-03-000-2025-05059-00 2 «otorgue respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la accionante respecto a la solicitud que presentó el 3 de junio de 2025 y tiene asignado el número de registro 20250401601067352».

3. La entidad convocada impugnó la sentencia, la cual fue concedida y remitida a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Recibidas las diligencias, el magistrado ponente declaró la falta de competencia para conocer del asunto, toda vez que, conforme con el Acuerdo PSAA13-9866 —el cual indicó que continúa vigente—, en su artículo tercero « establece que la segunda instancia en asuntos de tutela y habeas corpus '"corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la sede del despacho que tramitó la primera instancia”», motivo por el cual remitió el expediente.

4. El Tribunal Superior de Pasto, al recibir el expediente, rehusó el conocimiento de la impugnación y promovió conflicto negativo de competencia, con fundamento en que, conforme con el Acuerdo PCSJA2412141, modificado por el Acuerdo PCSJA24-12142, el factor funcional de competencia establece que la autoridad judicial llamada a conocer de la impugnación de una sentencia de tutela es aquella que ostente la calidad de superior jerárquico de quien la profirió, por lo que le corresponde al

Tribunal Especializado. CONSIDERACIONES Teniendo en cuenta que la presente colisión comprende despachos

impugnación de una sentencia de tutela es aquella que ostente la calidad de superior jerárquico de quien la profirió, por lo que le corresponde al Tribunal Especializado. CONSIDERACIONES Teniendo en cuenta que la presente colisión comprende despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le atañe definirla, a través de la Magistrada Sustanciadora, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armonía con losRad. n° 11001-02-03-000-2025-05059-00 3 preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, establece que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. Una vez tramitada y decidida la primera instancia, si es impugnado el fallo, el expediente deberá ser enviado al superior jerárquico del juez del primer nivel para que lo dirima, conforme lo dispone el artículo 32 del

mismas. Una vez tramitada y decidida la primera instancia, si es impugnado el fallo, el expediente deberá ser enviado al superior jerárquico del juez del primer nivel para que lo dirima, conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. En ese sentido, en el caso en que la tutela sea resuelta en primer grado por un Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, el conocimiento de la segunda instancia, «corresponderá al Tribunal Superior que ejerza sus funciones jurisdiccionales en la Sede del despacho que tramitó la primera instancia », según lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 2º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. En este orden, en el caso objeto de revisión, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto era la competente bajo el factor funcional para estudiar la impugnación de la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de la misma ciudad.Rad. n° 11001-02-03-000-2025-05059-00 4 Lo anterior, porque, a pesar de que dicho Tribunal no es el superior funcional del Juzgado Especializado en temas relacionados con restitución de tierras, lo cierto es que sí funge en dicha calidad, debido al criterio funcional y territorial, cuando se trata de avocar conocimiento en segunda instancia de las acciones de tutela, conforme al parágrafo 1º del artículo 2º del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. En un caso de similares contornos, la Sala Plena de esta Corporación señaló: Respecto del factor funcional de competencia, la Corte Constitucional ha dicho que:

del Acuerdo PSAA13-9866 de 2013. En un caso de similares contornos, la Sala Plena de esta Corporación señaló: Respecto del factor funcional de competencia, la Corte Constitucional ha dicho que: [E]l alcance de la expresión “superior jerárquico correspondiente” contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 alude a aquella autoridad judicial que, de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenece (ordinaria o de lo contencioso administrativo) y a su especialidad, funge como superior funcional del juez que resolvió en la primera instancia del trámite de tutela, sin que ello, de manera alguna, implique un desconocimiento del factor territorial. Y, en asunto de igual característica al que aquí se trata, en auto CC A-226/18, el órgano de cierre constitucional consideró que: (…) dado que el Acuerdo PSAA13-9866 de 2013 reconoce a la Sala Civil de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, ubicados en la sede del despacho que tramitó la primera instancia, la calidad de superior jerárquico funcional de los jueces de restitución de tierras, estableciendo con ello formalmente el factor territorial en ese tipo de asuntos, la Corte considera que con fundamento en la naturaleza constitucional de la acción de tutela como procedimiento preferente y sumario tendiente a procurar la protección inmediata de derechos fundamentales, cuyo desarrollo está sometido, consecuencialmente, a los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia, la competencia por factor territorial y funcional en este caso la tiene la Sala Única

principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad y eficacia, la competencia por factor territorial y funcional en este caso la tiene la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa para decidir la impugnación de la acción de tutela decidida en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa. Así las cosas, la llamada a resolver la impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de junio de 2024, por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Neiva, dentro de la acción de tutela promovida por Rodrigo Ortiz Zea contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas -UARIV, es la Sala Civil Familia Laboral delRad. n° 11001-02-03-000-2025-05059-00 5 Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa sede territorial. (CSJ, APL60002024). En igual sentido, en reciente decisión proferida por esta Sala en una discrepancia suscitada entre la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para conocer la impugnación de un fallo dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras de Pasto, se concluyó:

4. Corolario de ello, es la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, quien debe resolver la impugnación de la sentencia de primer grado de 31 de julio de 2025 que profirió el Juzgado Segundo Civil del Circuito

4. Corolario de ello, es la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, quien debe resolver la impugnación de la sentencia de primer grado de 31 de julio de 2025 que profirió el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, en la acción de tutela instaurada por Ruth Graciela López Argoty contra Colpensiones, Nueva EPS y Clara Nidia Roldán Umaña, con vinculación de la sociedad Laboratorio

Clínico Clinimed Ltda. Por tanto, se remitirá el expediente a esa autoridad judicial, conforme además lo dispuso la Corte en el auto traído como argumento de autoridad (dispuesto además en los CSJ, APL2483-2025, CSJ, APL2482-2025 y CSJ, APL2480-2025, entre otros) (CSJ, ATC1868-2025). Lo anterior constituye razón suficiente para que la Sala asigne el estudio de esta disputa al Tribunal que recibió la remisión y promovió el conflicto negativo de competencia, disponiéndose el envío inmediato del expediente para que le imprima el trámite correspondiente. Ahora bien, se advierte que durante el curso del trámite la accionante presentó desistimiento del ruego supralegal; sin embargo, esta Corporación no se encuentra facultada para emitir pronunciamiento alguno sobre dicho aspecto, comoquiera que su determinación se circunscribe exclusivamente a resolver la colisión suscitada entre las autoridades judiciales.

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aspecto, comoquiera que su determinación se circunscribe exclusivamente a resolver la colisión suscitada entre las autoridades judiciales.

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6 En mérito a lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE Primero: Declarar que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto es el competente para conocer de la impugnación de la acción de la tutela de la referencia.

Segundo: Enviar el expediente a la citada autoridad judicial e informar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisión acá dirimida.

Tercero: Comuníquese al libelista lo aquí dispuesto, por el medio más expedito posible.

NOTÍFIQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada