CSJ - SC08-11-1950 - [041]

Sentencia C – SC – 041 de 1950

ACCIÓN ORDINARIA SOBRE OBJECIONES A UNAS CUENTAS

RENDIDAS EN UN JUICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. —

PARA LA JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN DE LAS

PARTIDAS DE CARGO Y DESCARGO DE UNA CUENTA NO

EXIGE LA LEY PRUEBA ESPECIAL. —NO REQUIERE LA LEY

PRUEBA PLENA RESPECTO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS

DE UNA CUENTA—CUENTA DOCUMENTADA O JUSTIFICADA

NO ES LO MISMO QUE CUENTA PLENAMENTE COMPROBADA.

—EN EL JUICIO ORDINARIO A QUE DAN LUGAR LAS

OBJECIONES A LAS CUENTAS, NO PUEDE DEBATIRSE LA OBLIGACIÓN DE RENDIRLAS 1. —Quienes administran bienes ajenos deben rendir cuentas. Así lo dispone el Código Civil para los guardadores, con la natural excepción de los especiales, a quienes no se les hace entrega de bienes algunos del pupilo (artículo 504 del C. C.); para el heredero con beneficio de inventario (artículo 1319 ibídem); para el albacea con tenencia de bienes (artículo 1366 del C. C.); para los mandatarios (artículo 2181 del C. C.); los secuestres de bienes (artículo 2279 del C. C.), y los gestores de negocios ajenos (artículos 2305 y 2312 del C. C.), etc., etc. Luego que el ejecutor testamentario cese en el ejercicio de su cargo, debe dar cuenta justificada de su gestión a los herederos, sin que el testador pueda eximirlo de esta obligación

(artículo 1366 citado). Para la justificación o comprobación de las partidas de cargo y descargo de una cuenta, la ley no ha señalado prueba especial, como sucede, por ejemplo, para acreditar el atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de una persona, en las causas sobre indignidad para suceder (artículo 1025 del C. C.), etc. La justificación de las cuentas, es decir, la demostración de su efectividad, con la necesaria comprobación de las partidas de cargo y descargo, se puede realizar por los medios generales de prueba que sean pertinentes al caso. No debe perderse de vista que la ley no exige que respecto de cada una de las partidas de una cuenta se aduzca una prueba plena, requisito que, por otra parte, no sería dable llevar en la mayor parte de los casos, dado que las pequeñas operaciones que se ejecutan en el curso ordinario de una administración, tales como los pagos de jornales, las compras al por menor, etc., no son susceptibles, por su misma naturaleza, de una demostración en tales condiciones. Así el artículo 2181 del C.

C. tan sólo impone al mandatario la obligación de presentar documentada su cuenta, y eso únicamente en lo que concierne a las partidas importantes. Cuenta documentada no puede considerarse, pues, como cuenta plenamente comprobada. Una cuenta es documentada cuando a ella se acompañan elementos que la justifiquen, como recibos expedidos por terceros, aun cuando no estén legalmente reconocidos y no constituyan por lo mismo plena prueba.

La justificación de las cuentas debe hacerse, pues, presentando al Juez los respectivos comprobantes, o por cualquiera otro medio idóneo de prueba. Tal pudiera ser, por

ejemplo, el reconocimiento o aceptación de la respectiva operación por quien tiene derecho a exigir la rendición de la cuenta. Hay que recordar que teniendo por objeto la instrucción del juicio dar a conocer la verdad jurídica de la controversia a la autoridad judicial, es ante ella ante quien debe demostrarse y definirse el hecho asunto del litigio, para aplicar luego la regla de derecho correspondiente. 2.—Se puede en orden a establecer la correspondencia de una cuenta con los libros que se han llevado, solicitar el examen de expertos para la demostración de su conformidad, para establecer que los asientos se han hecho de acuerdo con la técnica contable, o que éstos mismos reúnen los requisitos de ley. Mas, si las pruebas son los medios de conocer y dar a conocer la verdad, si las pruebas judiciales son los medios legales con los cuales las partes litigantes demuestran a la autoridad judicial la verdad de un hecho, es ante el Juez ante quien se han de presentar para su apreciación y valoración; de ahí que no es jurídico para demostrar la justificación de una cuenta o su comprobación, para establecer que ella está debidamente documentada, pedir el simple examen de expertos para tal efecto. O lo que es lo mismo, se podría buscar con el dictamen pericial levantar una prueba, observar cosas que directamente sirvan de elementos de convicción al Juez, mas no examinar por peritos únicamente las que las contienen. Es bien sabido que, en caso de necesidad, cuando no sea posible presentar la prueba al Juez, se podría pedir una inspección del sentenciador, con peritos o testigos para su

examen. Esta hipótesis se refiere en particular a pruebas reales, e incluso documentales, cuando no puedan ser transportadas a la sede del Juez. Imagínese un documento constituido por una inscripción mural, o al menos, que por el número o el volumen, no se preste a ser incluido o agregado a los legajos y, por tanto, a ser inspeccionado por el Juez en el momento del pronunciamiento. El ejemplo más frecuente es el de la inspección de los libros de comerciantes, o bien, de cuentas, escrituras, registros. En estos últimos casos, como ya se anotó, se observa la particularidad de que las cosas sometidas a la inspección, no tanto sirven directamente de pruebas, cuanto contienen las pruebas, las cuales mediante la atenta inspección, separando lo que tiene importancia de lo que no la tiene, deben ser extraídas de aquéllos. Se tiene en este caso una prueba documental, que se inspecciona en la forma de la llamada instrucción real. Carnelutti, Tomo IV, pág. 258). Como se ve, es el Juez quien realiza con los peritos o con simples testigos actuarios, el examen de las pruebas que por determinadas circunstancias no puedan llevarse o presentarse a la oficina del Juez, más no los simples peritos. 3. —No podría admitirse como demostración o justificación de una partida del debe o del haber de una cuenta, el mero examen que peritos pudieran realizar en la oficina del obligado, de sus libros de contabilidad y en que éstos dictaminaran, por haber visto y examinado los documentos, que las referidas cuentas están justificadas, pues tal opinión se

sale de su órbita. El perito no es Juez, ha dicho Mattirolo citando a Pufendorf: "El perito no ocupa el lugar del juez, sino que debe ilustrarlo con su ciencia; por tanto, el juez ha de ser capacitado de tal manera que no sea movido por el juicio, sino por las razones". El examen de si una cuenta está comprobada, es materia de fondo que debe apreciar el sentenciador; es el estudio y peso de la prueba que ha de llevarlo a dilucidar si las cuentas han sido justificadas en lo posible. El Juez tiene al respecto, por otra parte, libertad de apreciación, pues, según su criterio y las circunstancias del medio, puede determinar en un momento dado qué partidas requieren comprobación, y cuáles, por las especiales circunstancias, pudieran estar exentas de ello. 4.—En el juicio ordinario a que dan lugar las objeciones a las cuentas, no puede de nuevo abrirse el debate sobre la obligación de rendirlas en su totalidad o en alguna parte de ellas; en este juicio se ventila lo relacionado con la cuenta que se ordenó rendir y los reparos presentados por quien tuvo derecho para hacerlo.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 2089, 2090 y 2091

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

PETICIONARIO:

Clara Sierra de Reyes

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL JOSÉ VARGAS

Corte Suprema de Justicia. -- Sala de Casación Civil. Bogotá, noviembre ocho de mil novecientos cincuenta. Se decide el recurso de casación propuesto por la señora

Clara Sierra de Reyes, en el ordinario sobre rendición de cuentas, seguido por ella contra el general Juan B. Castaño. Antecedentes El demandado fue, en unión del doctor Santiago Ospina, albacea con tenencia de bienes en la causa mortuoria de la señora Zoraida Cadavid de Sierra; y la señora Mercedes Sierra de Pérez, lo fue en la de don José María Sierra. Acumulados los juicios de sucesión de don José María Sierra y de la señora Zoraida, las respectivas diligencias se siguieron bajo una misma cuerda y la administración de los bienes la tuvo el albacea general Castaño, quien durante muchos años había sido el empleado principal de la oficina en que don José María manejaba su cuantiosa fortuna. Entre los herederos de los esposos Sierra-Cadavid, se cuenta doña Clara Sierra de Reyes, quien en la misma época en que se ventilaban las mortuorias de sus padres, propuso juicio de divorcio y separación de bienes contra su marido, lo cual dio origen a que el general Castaño fuera nombrado también secuestre en tal litigio. Terminadas las mortuorias Cadavid-Sierra, el general Castaño siguió administrando, por cuenta de doña Clara, los haberes que a ésta le fueron adjudicados en el Departamento del Valle del Cauca, y el propio general, como albacea, o como agente oficioso recibió, al decir de la demandante, la cantidad de $ 28.928.57, procedente de unos bonos del Ferrocarril de Antioquia, que le correspondieron en la liquidación sucesoral de que se ha hablado. Fundada en estos hechos y en la razón de derecho de que el referido señor, ya como albacea, ya como secuestre, ora como

agente oficioso, estaba obligado a rendir cuenta de su administración, la nombrada señora propuso el respectivo juicio especial ante el Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, con fundamento en el artículo 1120 del Código de Procedimiento Judicial, para que se le condene a rendirle cuentas sobre lo siguiente: "Primero. —De los frutos de los bienes que a ella le correspondieron en las sucesiones de los señores José María Sierra S. y Zoraida Cadavid de Sierra mientras duró la indivisión y de las erogaciones hechas por los albaceas por cuenta de la demandante. "Segundo. —De los frutos de los bienes que le fueron adjudicados a la misma señora, desde que cesó la indivisión, hasta el día en que los albaceas entregaron tales bienes a los herederos. "Tercero.—De los frutos de los bienes situados en el Departamento del Valle del Cauca, que le fueron adjudicados a la demandante en los juicios de sucesión acumulados ya mencionados, y que el demandado siguió administrando hasta el día en que los entregó al señor doctor Jesús M. Marulanda. "Cuarto. — De la administración de los bienes que el demandado tuvo como secuestre de la demandante en el juicio de separación de bienes contra su esposo. "Quinto.—Del producto de los bonos del Ferrocarril de Antioquia que correspondieron a la demandante como parte en -el crédito contra-dicho Ferrocarril por doscientos setenta mil pesos ($ 270.000), que poseían las sucesiones de los expresados señores José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, bonos o pagarés que

el demandado confesó haber recibido, y por cuya cuenta dice haber hecho varias erogaciones por un total de veintitrés mil pesos ($ 23.000.00) y de cuya suma dio al señor doctor Fabio Hernández en mutuo una suma que éste le devolvió". La demanda se funda en los artículos 1338, 1340, 1366 del

C. C., que establecen las responsabilidades solidarias de los albaceas y su obligación de rendir cuentas y en lo atañedero a la rendición de las debidas como secuestre, en los artículos 2274, 2224 y 2181 y sus concordantes del mismo Código, y en los artículos 2305 y 2306, en lo allí relacionado con la agencia oficiosa.

Corrido el traslado correspondiente, el demandado contestó negando que tuviera la obligación solidaria de rendir cuentas, y alega que la solidaridad se refiere al caso de mala administración, dolo u otra causal semejante, no pesando, en consecuencia, la responsabilidad sobre uno solo de los administradores, sino sobre todos. Agrega que las cuentas estaban rendidas en su totalidad, en lo referente a los frutos de ambas sucesiones, como se desprende de las constancias dejadas al final del respectivo trabajo de liquidación y partición de la herencia. Que en lo tocante a los frutos producidos por los bienes sucesorales, desde la fecha en que se aprobó la partición hasta el momento en que vencidas algunas oposiciones, se pudo efectuar la entrega, los herederos y entre ellos la señora Clara, fueron recibiendo extractos de su movimiento y la correspondiente participación en los productos, sin que ocurriera reclamo alguno.

Que en lo relativo a los bonos del Ferrocarril de Antioquia, la oficina a su cargo fue una simple intermediaria para entregárselos a su dueña y que ese hecho no implicaba administración, tenencia, o posesión de los referidos títulos. Confiesa haber hecho un préstamo al doctor Fabio Hernández, de cierta cantidad suministrada por la señora Sierra, y que al devolver el prestatario la suma, la misma señora dispuso del dinero, lo mismo que de otros valores. Que no hay constancia o prueba de que la señora le entregara los bonos del Ferrocarril de Antioquia para la administración de que se habla. Confiesa haber sido secuestre de bienes en el juicio de separación de patrimonios, de la demandante contra su marido, y que la cantidad de $41.311.60, procedentes de tales gestiones, la entregó al Juez Segundo del Circuito de Bogotá, en cumplimiento de orden del Tribunal. Que, si en realidad administró por mandato de la señora Sierra, las propiedades que a ésta le fueron adjudicadas en el Departamento del Valle, de ello rindieron cuenta a su apoderado con fecha cinco de diciembre de mil novecientos treinta y dos. Sentencias de primero y segundo grado en el juicio especial Tramitada la primera instancia del juicio especial de cuentas, el Juzgado del conocimiento, si bien decretó la rendición de algunas de las exigidas, en lo tocante a las mortuorias de los esposos SierraCadavid, consideró que existían varios obligados, y desconociendo la solidaridad para él efecto, se abstuvo de ordenarlas. Apelada tal providencia, el Tribunal rechazó la tesis, y

reformando la sentencia recurrida, decidió la alzada en los siguientes términos: "1º Condénase al demandado señor general Juan B. Castaño a que rinda a la demandante, señora Clara Sierra de Reyes, dentro del término de sesenta días contados desde la ejecutoria del presente fallo, las cuentas generales de frutos producidos durante la indivisión, por los bienes, pertenecientes a la doble sucesión de José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, que en ella le fueron adjudicados a la demandante, y de las correspondientes erogaciones. "De esta cuenta general quedarán excluidos los bienes de que debe dar cuenta especial y separada en los términos de esta sentencia. "2º Condénase al mismo demandado a rendir a la demandante, dentro del mismo término de sesenta días las cuentas generales de frutos de los mismos bienes y de las correspondientes erogaciones, desde que cesó la indivisión hasta cuando fueron entregados a la demandante, exclusive los bienes de que debe dar cuenta especial y separada, según el presente fallo. "3º Condénase al demandado a rendir a la demandante, dentro del mencionado término de sesenta días, las cuentas especiales de los frutos de los bienes situados en el Departamento del Valle del Cauca, que le fueron adjudicados en el doble juicio de sucesión de José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, cuentas especiales que comprenderán desde el mes de abril de mil novecientos treinta y uno, inclusive, hasta el mes de septiembre de mil novecientos treinta y dos, también inclusive. "4º Condénase al demandado a rendir a la demandante,

dentro del mismo término de sesenta días, las cuentas de los bienes que recibió como secuestre en las diligencias sobre medidas preventivas de seguridad promovidas por Clara Sierra de Reyes contra su marido Enrique Reyes Ángulo, ante el Juzgado 2º Civil del Circuito de Bogotá, según entrega hecha el dos de octubre de mil novecientos veinticinco. Esta cuenta, comprenderá únicamente la renta secuestrada perteneciente a la demandante y se extenderá hasta cuando haya terminado el secuestro. "Parágrafo. —Los bienes a que se refiere esta cuenta especial quedan excluidos de la cuenta general mientras duró el secuestro. "5º Condenase al demandado a rendir a la demandante, dentro del precitado término de sesenta días, cuenta especial del producto de los bonos del Ferrocarril de Antioquia que correspondieron a la demandante como su parte en el crédito contra el Ferrocarril por doscientos setenta mil pesos ($270.000.00) que tenían las sucesiones de los señores José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, a que se refiere la quinta petición de la demanda. "6º Absuélvese al demandado de las demás peticiones de la demanda. "No se hace condenación en costas en ninguna de las instancias". Las cuentas rendidas Dentro del término señalado, el obligado presentó varias, a saber: Primera cuenta. —Extracto de la relativa a los frutos que correspondieron a la señora Clara Sierra desde el ocho de marzo de mil novecientos veintiuno, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos veintiséis, tomado de los libros de contabilidad de

las sucesiones acumuladas de José María Sierra y Zoraida Cadavid dé Sierra. Esta cuenta, sin determinar partidas especiales, engloba productos obtenidos en diversos períodos y en los respectivos cargos presenta, según el número de los asientos del diario, las partidas entregadas por concepto de frutos a los herederos. Así, por ejemplo, inició su labor en la siguiente forma: "1923. Junio 30 (artículo 971 del Diario) valor total de lo que han recibido por cuenta de utilidades liquidadas provisionalmente del 9 de marzo de 1921 hasta la fecha...........................$ 51.605.67" Como ejemplo de cargo a la misma, figura entre otras partidas, la siguiente: "Frutos liquidados hasta el 31 de octubre de 1923.....................................................$ 73.833.42 69.955.62 143.789.04"

Se presentan de esta manera una serie de partidas, tanto del Debe como del Haber, deduciéndose al final un saldo debito a cargo del general Castaño, de la suma de doce mil setecientos siete pesos con cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57) y se afirma que es el mismo que se obtuvo en la cuenta de partición, al terminar los respectivos juicios mortuorios acumulados. Esta primera "cuenta", que el recurrente llama "relación número 1", comprende el movimiento de los frutos de los bienes y las sumas entregadas a los herederos durante el período de indivisión sucesoral, o sea, hasta el primero de enero de mil novecientos veintisiete, fecha en que se presentó al Juzgado la partición de bienes en las referidas mortuorias. Segunda cuenta. —Se inicia con la anterior partida al debe

del albacea, de doce mil setecientos siete pesos con cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57). Se contabilizan abonos de frutos y cargos por sumas que le fueron entregadas a la peticionaria. Tercera cuenta. —Comprende las partidas percibidas por frutos de la administración en el Valle del Cauca, desde abril de mil novecientos treinta y uno hasta septiembre de mil novecientos treinta y dos. Cuarta cuenta. — Comprende las sumas recibidas por el general Castaño por concepto del secuestro de los bienes de doña Clara, en el juicio de separación de bienes aludido y la entrega efectuada de su producido al Juzgado Segundo del Circuito de Bogotá. En ella aparece que el general Castaño, con nota de cuatro de febrero de mil novecientos veintisiete, en obedecimiento de providencia del Tribunal Superior de Cundinamarca y despacho del Juzgado Segundo del Circuito de Bogotá, de veintinueve de enero de mil novecientos veintisiete, para Castaño, éste envió al Juzgado el total de las sumas percibidas por tal concepto, que le habían sido depositadas en su carácter dicho y que montaban a la suma de cuarenta y un mil trescientos once pesos con sesenta centavos ($ 41.311.60). Quinta cuenta. — Comprende lo relativo a los bonos del Ferrocarril de Antioquia, en la parte que proporcionalmente le correspondió a la demandante en tal bien. La suma o monto total del valor de tales títulos, es la cantidad de doscientos setenta mil ($

270.000.00), de los cuales se le adjudicaron a la señora efectos por un valor de veintiocho mil novecientos veintiocho pesos con cincuenta y siete centavos ($ 28.928.57), que Castaño afirma le fueron entregados a la demandante, rindiendo la cuenta exclusivamente sobre el manejo de los bonos y no de su valor obtenido. Objeciones a las cuentas Corrido el traslado de las presentadas a quien las pidió, su mandatario, en tesis general, hizo dos observaciones: "Primera. — Su falta de comprobantes, sin los cuales —dice— yo no puedo aceptarlas, ni usted podrá aprobarlas...”. "Segunda. —En el punto 5º de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal se declaró esto: "Condénase al demandado a rendir a la demandante dentro del precitado término de sesenta días cuenta especial del producto de los bonos del Ferrocarril de Antioquia que correspondieron a la demandante; como su parte en el crédito contra el Ferrocarril por doscientos setenta mil pesos ($ 270.000.00) que tenían las sucesiones de los señores José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, a que se refiere la quinta petición de la demanda. "El demandado, creyendo cumplir con su deber a este respecto, presenta una cuenta (C. 4º, página 20) en la cual da como entregadas por él a mi cliente 1.350 acciones del Ferrocarril de Antioquia de un valor de $ 28.928.57, desconociendo hechos sucedidos de que hay testimonio en el expediente. "La sucesión Sierra-Cadavid de Sierra tenía un crédito contra

el Ferrocarril de Antioquia por $ 270.000.00. Ese crédito se cubrió por el deudor en bonos, no en acciones, por ese valor, correspondiéndole a la señora Clara la indicada suma de $ 28.928.57. Esos bonos se convirtieron en dinero, no se sabe si por venta o por pago, pero, sea ello lo que fuere, es evidente que ese dinero pasó por las manos del general. Así lo demuestran la correspondencia que corre en autos las respuestas dadas por éste a las posiciones que mi cliente le planteó (C. 19, páginas 80 a 82, 91 a 104)". Sostiene, pues, el recurrente que no se rindió tampoco la cuenta por tal concepto. En el respectivo término de prueba se presentaron algunos comprobantes, las partes se pidieron recíprocamente posiciones y se practicaron algunas otras pruebas como declaraciones de los abogados de la señora Sierra en los varios juicios de que se ha hecho referencia. La sentencia de primera instancia El juez a quo decidió las objeciones presentadas, con fecha veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenta, declarando en síntesis, que el general Castaño no cumplió con la obligación de rendir las cuentas ordenadas en los puntos 1º, 2º, 4º y 5º de los señalados en la sentencia de fecha diez y ocho de diciembre de mil novecientos treinta y siete, proferida por el Tribunal Supe rior de l Distrito Judicial de Bogotá, en el espe cia l de cuentas de que se viene hablando. Aprobó las relativas a la administración de los bienes

situados en el Departamento del Valle del Cauca (numeral 3º), que le fueron adjudicados a la demandante en la sucesión de sus padres y que estuvieron a cargo del mismo obligado. Sin costas. La sentencia recurrida Apelada por el demandado la providencia anterior, los autos fueron enviados al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Allí, el general Castaño, para demostrar la legalidad de las cuentas rendidas pidió la práctica de un examen pericial, a fin de que por expertos en el ramo de contabilidad, se confrontaran las rendidas con las llevadas por la oficina de la administración y comprobantes en su poder que las respaldan, y como resultado del estudio que debían verificar los expertos, dictaminaran sobre los siguientes puntos: “Primero. —Si la cuenta que rendí como secuestre —dice el pedimento— en el juicio de separación de bienes entre la señora Clara Sierra y el señor Enrique Reyes, tramitado en el Juzgado Segundo del Circuito, es exacta, de acuerdo con las constancias existentes en la contabilidad de las sucesiones acumuladas de los señores José María Sierra y doña Zoraida Cadavid de Sierra. Es decir, si los dineros que recibí como tal, provenientes de los frutos que correspondían a la señora Clara Sierra, fueron los mismos, sin merma alguna, que entregué al Juzgado Segundo, según consta en el recibo que dicho Juzgado otorgó. "Segundo.—Si existe la constancia, tanto en la contabilidad como en la partición de los bienes de dichas sucesiones que a la señora Clara Sierra y a su esposo señor Enrique Reyes se les

entregó, por los albaceas de esas sucesiones, una cuota por valor de veintiocho mil novecientos veintiocho pesos y cincuenta y siete centavos que les correspondió en el reparto que se hizo de doscientos setenta mil pesos ($ 270.000.00) en bonos del Ferrocarril de Antioquia y si ese reparto y esa entrega figuran verificados desde el treinta de junio de 1923. "Tercero. — Si el saldo de frutos de doce mil setecientos siete pesos y cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57) que figuran en el corte de cuentas del 31 de diciembre de 1926, a favor de la señora Clara Sierra, que fue presentado conjuntamente con la partición de los bienes de las sucesiones Sierra y Cadavid de Sierra y aprobado por los interesados sin observación alguna, es el mismo de la contabilidad y está respaldado por ésta y por sus comprobantes. "Cuarto. —Si, así mismo, la cuenta de la señora Clara Sierra iniciada el 1º de enero de 1927 con el saldo a su favor de doce mil setecientos siete pesos y cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57) y comprensiva de todo el movimiento de caudales hasta el final, es la que le correspondió y está respaldada por los mismos comprobantes del conjunto de la contabilidad. "Sexto. — Los peritos dirán, además, si en su concepto están cumplidas por mí las obligaciones que me impuso el Tribunal en su sentencia de 18 de diciembre de 1937 (C. 7, fs. 1 v. y 2)". Fueron designados peritos por la demandante, el señor

Carlos J. Vargas, y por el demandado, el señor Enrique Marroquín, y perito tercero, el doctor Leopoldo Lascarro. Terminada la actuación correspondiente de segundo grado, el Tribunal, por providencia de fecha trece de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, acogiéndose al dictamen de la mayoría de los expertos y revocando el fallo apelado, dispuso lo siguiente: "Primero. —Se revoca el ordinal primero de la resolución sentencia de fecha veintinueve de marzo de mil novecientos cuarenta. En su lugar se declara que el demandado Juan B. Castaño cumplió con las obligaciones de rendir cuentas que se le impusieron por medio de las condenas de los puntos primero, segundo, cuarto y quinto de la sentencia de fecha diez y ocho de diciembre de mil novecientos treinta y siete. "Segundo. — Se aprueban las cuentas de que tratan esas mismas condenas, reconociendo a favor del demandado Castaño y a cargo de la demandante señora Clara Sierra de Reyes un saldo por valor de un mil ochocientos veintisiete pesos con trece centavos ($ 1.827.13). "Tercero. —Se condena a la demandante señora Clara Sierra de Reyes a pagar al demandado Juan B. Castaño, una vez ejecutoriado este fallo, la suma que se determina en el punto anterior. "Cuarto. —Sin costas en ninguna de las dos instancias. "En los términos anteriores se reforma la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de la apelación". Los fundamentos de la sentencia recurrida El Tribunal hace un estudio pormenorizado de cada uno de

los cinco capítulos o motivos por los cuales se piden cuentas al general Castaño, por consecuencia de los diversos actos de administración de que fue gestor, ya como albacea en las sucesiones acumuladas Sierra-Cadavid de Sierra; ya como secuestre en los haberes del matrimonio Sierra-Reyes por razón del juicio de separación de bienes propuesto por la demandante contra su marido; ora por consecuencia de las actividades del mismo Castaño en relación con ciertos bonos del Ferrocarril de Antioquia y ya, en fin, en lo que atañe a la administración de lo adjudicado a la señora Sierra, con ubicación en el Departamento del Valle, y que por comisión especial de su propietaria, estuvo durante cierto tiempo al cuidado del mismo, como ya se vio. El sentenciador, apoyado en el dictamen de los peritos expertos en el ramo contable, y en el concepto de los mismos, de que "las cuentas están respaldadas por los comprobantes del conjunto de la contabilidad", dado el examen que dicen haber practicado de los documentos o comprobantes que la justifican y respaldan, declaró que el obligado había cumplido con lo ordenado en el fallo, en los términos señalados y, en consecuencia, aprobó las rendidas con saldo de un mil ochocientos veintisiete pesos y trece centavos ($ 1.827.13), a cargo de la demandante. En el concepto pericial en cuestión, estuvieron acordes los expertos Marroquín y Lascarro. El juzgador incluye como base fundamental de su providencia, gran parte de las exposiciones periciales, dando la siguiente razón para atenerse a ellas, en cuanto a la demostración de las operaciones relativas al movimiento de

fondos: "Se estima —dice el Tribunal— indispensable la precedente inserción literal de esa parte explicativa del informe pericial del señor Marroquín, porque ni el señor Juez del conocimiento, ni esta Sala de Decisión han tenido oportunidad, ni posibilidad física para inspeccionar directamente la contabilidad de las sucesiones acumuladas de los causantes José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra y menos para examinar los comprobantes de los respectivos asientos (subraya la Corte), labor que a los peritos técnicos en la materia, demandó varios meses de constante y fatigoso examen, dado el ingente y desordenado acervo de documentos que respaldan esos asientos, de un lado, y de otra parte, a la circunstancia de referirse tales papeles, en conjunto, al movimiento global de bienes y productos de las dos sucesiones y no simplemente a los que cupieron en la hijuela de la demandante señora Clara Sierra de Reyes". Para mejor comprensión de la providencia que se revisa, se incluye un resumen de los puntos de discusión en cada una de las cinco materias, objeto del pleito, primera cuenta. La correspondiente a la general de frutos y erogaciones durante la in