CSJ - SC09-02-1889 (GJIII, 83-84)

SENTENCIAS DEFINITIVAS NEGOCIOS CIVILES Corte Suprema de Justicia - Bogotá, Febrero nueve (09) de mil ochocientos ochenta y nueve (1889).

Vistos: - Antonio A. Llach se presentó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reclamando las que le hicieron las fuerzas revolucionarias en Calamar, el año de mil ochocientos ochenta y cinco, y presentó en apoyo de su demanda una información de nudo hecho, levantada ante el Juez del expresado Distrito Municipal, y una certificación expedida por el señor Gobernador del Departamento de Bolívar, de la cual aparece que el reclamante fue partidario del Gobierno legítimo, en cuyo ejército sirvió como adjunto del Estado Mayor General.

Objetada por el Fiscal la comprobación presentada por no haber sido hecha por el Juez del Circuito, la Comisión dispuso, por auto para mejor proveer, que se ratificaran las declaraciones ante el Juez respectivo, y con asistencia del representante del Ministerio Público. Así se verificó, y devuelto el expediente, la Comisión, haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 6.° dé la ley 44 de 1886, redujo á tres mil pesos ($ 3,000) el derecho del reclamante, y absolvió al Tesoro por los mil doscientos ($ 1,200) que Sentencia de 09 de febrero de 1889 faltaban para completar la suma de cuatro mil doscientos pesos ($ 4,200) á que ascendía el reclamo. El Ministerio del Tesoro improbó esta resolución, fundado en que, “la autenticación de las firmas que, como

requisito indispensable exige el ordinal 3.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886, no puede considerarse como debidamente practicada, mientras no se haya procedido en el orden jerárquico de los destinos hasta obtener la última, que corresponde hacerla á uno de los Ministros de Estado.” El reclamante apeló para ante esta, Superioridad, y habiéndosele dado al asunto la tramitación del caso, es tiempo de fallar en definitiva, y para ello se hacen las siguientes consideraciones: La ley que cita el Ministerio del Tesoro se expresa de esta manera: “Art. 1.° La República reconoce á cargo del Tesoro Nacional todos los créditos procedentes de suministros etc. “Art. 2.° Los créditos de que trata el artículo anterior se dividirán en las siguientes clases … “3.° Los créditos que no constando en recibos ó atestaciones, sean comprobados por declaraciones de nudo hecho, recibidas ante el respectivo Juez de Circuito ó de 2 Sentencia de 09 de febrero de 1889 Provincia, con intervención del Agente del Ministerio Público, debidamente autenticadas, etc.” Ni esta ley ni ninguna otra dicen cómo debe hacerse la autenticación, y sólo por similitud con los documentos que deben tener efecto en Naciones extranjeras, se adoptó la práctica, bajo el régimen federal, de llevar la autenticación de firmas por rigurosa escala de empleados hasta llegar á los Secretarios de Estado. Pero bajo el régimen central, en el cual todos los empleados son nacionales, no se encuentra el motivo de que se declare sin valor una autenticación sólo por haberse omitido la de un empleado intermedio. En el expediente que se examina, las firmas del Juez, del

Secretario y del Fiscal fueron autenticadas por el Prefecto de la Provincia, y la de éste y la de su Secretario, por el Gobernador del Departamento, siendo de advertir, que todos los funcionarios mencionados residen en una misma ciudad (Cartagena), circunstancia que aleja la sospecha de suplantación de firmas. Cierto es que la firma del Gobernador no ha sido autenticada; pero la Corte ha resuelto yá repetidas veces que las certificaciones de los Gobernadores de Departamento son documentos auténticos, y que la autenticación de firmas debe tener algún límite (GACETA JUDICIAL número 105); por todo lo cual, en el presente caso, no halla fundada la resolución de S. S.a1 el Ministro del Tesoro, que se ha mencionado. 1 Hace referencia a Su Señoría. 3 Sentencia de 09 de febrero de 1889 Entrando ahora á examinar el reclamo, se advierte que está comprobado con el dicho de tres testigos presenciales, dignos de crédito, según certifican el Juez y el Fiscal que intervinieron en sus declaraciones, y que, aun cuando no están en un todo acordes, las divergencias son favorables al reclamante, puesto que exceden en el número de los objetos expropiados y en el valor que les dan, á los que figuran en el reclamo. Y finalmente, que por estas imperfecciones, y por figurar entre las cosas expropiadas unas damajuanas vacías, la Comisión tuvo por conveniente reducir la cantidad que debe pagar el Tesoro Nacional, sobre lo cual no hizo objeción el apoderado del reclamante. Por todo lo cual, la Corte Suprema de la Nación,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la resolución del Ministerio del Tesoro y confirma la de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones de diez y siete de Septiembre pasado, número 730, en la cual se condenó al Tesoro Nacional á pagar tres mil pesos ($ 3,000) á Antonio A. Llach, y se le absolvió por los mil doscientos pesos (1,200) restantes. Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA JUDICIAL y remítase el expediente á S. S.a el Ministro del Tesoro. Manuel A. Sanclemente. —Manuel J. Angarita. — Salomón Forero. —Ramón. Guerra A.—Luis M. Isaza. — 4 Sentencia de 09 de febrero de 1889 Froilán Largacha. —Antonio Morales. —El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O. En la audiencia del nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve se publicó esta sentencia. El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O. En catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al señor Fiscal de la Comisión. MARCELIANO VARGAS.—E1 Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Joaquín Esguerra O. En diez y nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve notifiqué la sentencia anterior al Sr. Manuel José Dueñas. Manuel J. Dueñas. — El Oficial Mayor, encargado de la Secretaría, Esguerra O. 5