CSJ - SC10-12-1953

PARA QUE QUIEN HA ADQUIRIDO UN BIEN POR MEDIO DE LA

USUCAPIÓN PUEDA EJERCER LA ACCIÓN REIVINDICATORÍA, NO ES

INDISPENSABLE QUE PREVIAMENTÉ HAYA ALCANZADO SENTENCIA JUDICIAL DECLARATIVA DE PERTENENCIA 1—En sentencia de 25 de junio de 1923 dijo la Corte: "Siendo la prescripción adquisitiva título constitutivo de dominio (artículo 765 del C. C.) y además .un modo de adquirir las cosas ajenas, bajo ciertas condiciones determinadas por la ley, por la sola circunstancia de cumplirse esas condiciones se adquiere el dominio de las cosas, y el favorecido por la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad, de la misma suerte que puede alegarse cualquier otro título de dominio. En la prescripción extraordinaria, conforme al artículo 2.531 del C. C., si el que la alega ha poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción, por espacio de treinta años, la cosa comerciable objeto de la prescripción, ha adquirido por ello el dominio de era cosa, y puede alegar, ya sea demandando o defendiéndose, su carácter de dueño, fundado en la prescripción. "El Tribunal, al exigir que previamente se declare por sentencia judicial la prescripción, para que pueda ser alegada como título adquisitivo de dominio, interpretó erróneamente los artículos 758 y 2.534 del C. C., porque del hecho de que esas disposiciones le den el carácter de título y de escritura pública a la sentencia registrada que declara una prescripción

adquisitiva, no se desprende que no pueda alegarse en juicio la prescripción fundada en los hechos que la generan, ya que es la posesión pacífica, pú- blica y no interrumpida por determinado número de años, el fenómeno que engendra el título, y no la decisión judicial. Además dejó de aplicar al líbelo los artículos 2.518 y 2.531 del expresado Código". 2. —Es injurídico sostener que la prueba del dominio del prescribiente dimana exclusivamente de la sentencia declarativa registrada a que se refieren los artículos 758 y 2.534 del C. C., es decir, que ella es fundamento de una tradición. Si la prescripción adquisitiva es título constitutivo y a la vez 'modo de adquirir el dominio resulta exótico pretender que la Ley exige dos modos de adquisición de la misma cosa: la prescripción y el registro de la sentencia declarativa. Esta tan sólo está llamada a producir la segunda de las finalidades del registro, una vez inscrita; esto es, a dar publicidad a la propiedad declarada, de modo que produzca efectos contra terceros, como lo estatuye el artículo 2.534 citado. Además, con el registro, se incorpora la finca prescrita a la historia de la propiedad raíz en la oficina apta para llevarla y para dar fe pública de su exactitud. La situación socialmente desventajosa en que se hallaban muchos dueños de fincas raíces que las habían usucapido en las condiciones legales, fue precisamente la causa de la Ley 129 de 1928, que, al consagrar la acción de pertenencia, les facilitó el movimiento comercial de sus inmuebles. Obtenida

la sentencia declarativa allí prevista, el crédito hipotecario y las enajenaciones de los inmuebles no tuvieron tropiezos, porque mediante el registro del correspondiente fallo, se dio publicidad a una situación jurídica perfecta, anterior a él, pero que, por lo ante terceros, no infundía ninguna confianza a quienes tuvieran interés en adquirir los bienes o en tomarlos como caución de préstamos que se les solicitaran. 3—No hay precepto legal alguno que exija, para la prosperidad de la acción declarativa de dominio por prescripción, que quien la promueva deba estar poseyendo la cosa al momento de ejercitaría. La persona que haya poseído por el término y en las condiciones previstas por la ley para adquirir por prescripción tiene título constitutivo de dominio. De esta manera ha hecho entrar en su patrimonio un verdadero derecho, del cual nace la consiguiente acción para hacerlo valer (artículo 665 ibídem). Tan derecho es que el artículo 2.514 permite renunciarlo expresa o tácitamente "después" de cumplido el lapso prescriptivo; lo que está en armonía con el artículo 15 ibidem, según el cual "podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia". De la simple expectativa no puede decirse lo mismo, porque la mera expectativa es ajena a la voluntad de quien confía en el nacimiento del derecho respectivo; y porque principios fundamentales de derecho enseñan' que las meras expectativas no dan acción ni excepción, y, por consiguiente, no constituyen interés jurídico. Más, como según el

artículo 2.535 del C. C., en armonía con el 2.512 ibídem, la prescripción que extingue las acciones exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, sigúese que mientras no se haya agotado ese lapso, el titular del derecho puede válidamente alegarlas ante la justicia. Para el caso de la acción en referencia, y de hacer valer el dominio del prescribiente en frente de otro que a su vez esté ganando la cosa por el mismo medio, la doble acción no se extingue sino por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (artículo 2.538 del C. C.). Nótese que precisamente el artículo 4° de la Ley 120 de 1928 estatuye que "para obtener la declaración de pertenencia, se seguirá un juicio ordinario con la persona o personas contra quienes se pretenda hacer valer la prescripción". Ni el artículo 790 ni el 2.523, numeral 21?, del C. C. son aplicables al caso en que se haya consumado la prescripción adquisitiva. El primero está colocado en el Título 7o, Libro 2o, de dicha obra, que trata de "La Posesión" y, más concretamente, viene incorporado en el capítulo 2o, que versa sobre los modos de adquirirla y perderla. De tal manera, al estatuir dicha norma que "si alguien pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde", está refiriéndose al simple poseedor, que aún no tiene título constitutivo, como sí lo tiene quien ha poseído por el término de la

prescripción que se alegue. Y cuando el artículo 2.523, numeral 2?, ibídem — comprendido en el Título dedicado a la Prescripción— establece que la posesión útil para alcanzarla se interrumpe naturalmente "cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona", está contemplando también al mismo poseedor que aún no era dueño pero que estaba en vía de serlo, de no haberse presentado esta forma específica de interrupción. De ahí que los autores hayan dicho con notable claridad qué la interrupción no es concebible sino mientras corre la prescripción, IN TEMPORE MEDIO, pues mal puede interrumpirse un proceso ya recorrido en sucesión continua. De aplicarse, sin razón alguna, el artículo 790 del C. C. a quien ya tiene título constitutivo de dominio, en caso de pérdida de la posesión después de adquirido el derecho, tendríase que aquél no podría ejercitar la acción de pertenencia sino una vez que hubiera recobrado la cosa, en ejercicio de la correspondiente acción posesoria, a efecto de cumplir la condición, no indispensable, de estar en contacto material y con ánimo de señorío, con la cosa misma. Pero para intentar la acción reivindicatoria, requeriría siempre la sentencia judicial como título de dominio, pues de no ser así, se le rechazaría con el argumento equivocad/) de haber perdido la posesión trienaria o más que trienaria, que en verdad ya lo había hecho pasar de la calidad de simple poseedor a la respetable de presunto dueño. Se llegaría, pues, aplicando dicho artículo, a que la acción de dominio estaría fatalmente

determinada por el previo ejercicio de la acción posesoria; y, por ende, a la misma conclusión, de .que, para reivindicar, en ausencia de título inscrito, se impone al actor alcanzar previamente la sentencia declarativa de pertenencia. Lo que va contra sanos principios jurídicos. Corte Suprema de Justicia. —Sala Plena de Casación Civil. —Bogotá, diciembre diez de mil novecientos cincuenta y tres. (Magistrado Ponente: Doctor Alfonso Márquez Páez) Benigno Camacho Bohórquez demandó ante el Juez Civil del Circuito de Guateque, por medio de apoderado, a Tomás Garzón y a Filomena Hernández, ejercitando las acciones de declaratoria de dominio y de reivindicación del fundo que determina en el hecho d) del libelo, las que propuso en nombre de la sucesión ilíquida de Benigno Camacho A. y de Rosa Bohórquez, a quienes dijo representar. Como hechos fundamentales de la demanda expuso, a más de los que configuran su capacidad para comparecer en juicio, estos otros: que los cónyuges Benigno Camacho y Rosa Bohórquez poseyeron el aludido terreno por más de treinta años con ánimo de señores o dueños, de manera quieta y pacífica, ejercitando actos materiales de dominio, lo cual ocurrió hasta "hace unos nueve años" (la demanda fue presentada el 30 de mayo de 1.945 en la Secretaría del Juzgado); que la señora Rosa B. de Camacho fue despojada en esta última época de dicho fundo, violenta y clandestinamente, por Mercedes Rodríguez y sus hijos Camacho

Rodríguez, quienes de hecho ocuparon el terreno; que luego los despojadores "se lo entregaron a Tomás Garzón y a su esposa Filomena Hernández", que ni Mercedes Rodríguez ni sus hijos tenían título adquisitivo de dominio, ni estuvieron en posesión de la tinca antes del apoderamiento realizado por ellos en la época y de la manera relatados; que Garzón y la Hernández eran a la sazón los actuales poseedores del inmueble, a sabiendas de que quienes se lo entregaron no tenían títulos en el predio, y que la doble sucesión de Benigno Camacho A. y de Rosa Bohórquez hallábase ilíquida. Los demandados contestaron el libelo por separado, oponiéndose a lo pedido, después de haber sido vencidos en excepciones dilatorias y también después de que el Juez declaró haber cesado la suspensión del proceso, la que habíase originado en la denuncia del pleito hecha por Filomena Hernández a Mercedes R. de Barrete y a otros, con base en el contrato de compraventa que recoge la escritura 169 de fecha quince de julio de mil novecientos treinta y seis, otorgada ante el Notario de Guayatá. Al contestar la demanda, entre otras manifestaciones dijo el apoderado de Garzón: "g). Le vendieron (Mercedes Rodríguez y sus hijos Camacho Rodríguez, el predio) a mi demandado (sic) porque tenían pleno derecho como herederos legítimos de su padre Epaminondas Camacho"; "h). Mi demandado (sic) está en posesión por haber comprado a unos herederos legítimos dueños a ciencia de que eran herederos de su muerto padre y dueño Epaminondas Camacho". Iguales

respuestas a tales hechos dio, como suyas, la demandada Filomena Hernández (C. 1o folios 27 y 29). El Juez de la causa, por sentencia de 11 de febrero de 1.949 desató el litigio con la declaración y condenas que pasan a extractarse: 19 Que la sucesión ilíquida de Benigno Camacho Acosta" y de su esposa Rosa Bohórquez_ es dueña de inmueble ubicado en la vereda de "Rincón Arriba", de la jurisdicción municipal de Guayatá, tal como se alindera en el hecho d) de la demanda; 29 Que los demandados deben restituir dicho inmueble a la sucesión ilíquida en referencia, re-, presentada por el demandante; 39 Que Garzón y Hernández pagarán a la sucesión -"ilíquida "los frutos civiles y naturales del terreno a que se alude en los puntos anteriores, los cuales se liquidarán en la forma indicada en el artículo 553 del C. J., considerando lo expresado-- en la parte motiva de este fallo" (es decir, que son poseedores de mala fe). Ambas partes recurrieron contra este fallo: la demandante tan sólo porque no hubo condenación en costas. Por sentencia de 15 de mayo de 1950, el Tribunal Superior de Tunja revocó la de primera instancia y, como consecuencia, absolvió a los demandados. Los litigantes quedaron exonerados, por esta resolución, de costas en ambas instancias. Para el sentenciador de Tunja el motivo de su decisión hállase en que la parte actora no impetró expresamente la declaratoria de pertenencia a falta de título

traslaticio.; ni, examinadas las declaraciones sobre posesión treintenaria, halló que con éstas se acreditara la propiedad alegada, porque no establecen los extremos del lapso necesario para usucapir extraordinariamente, ni la continuidad de la posesión en ese lapso.

Al efecto dice: "En la reivindicación o acción de dominio el actor no puede alegar su simple posesión aunque sea anterior, porque para triunfar no le basta presentarse como poseedor sino como dueño. Podrá ocurrir que esa posesión haya consumado el fenómeno de la prescripción, pero entonces lo que el demandante invocará como título en el juicio no será aquella posesión ejercitada sino la prescripción cumplida", que no, puede demostrarse sino por medio de la sentencia declarativa de que tratan los artículos 758 y 2.534 del C. C. y no es susceptible de declaratoria judicial oficiosa (artículo 2.513 del C. C.).

Contra este fallo interpuso la parte demandante recurso de casación, que le fue concedido y cuyo transite se halla agotado. El recurrente ataca la sentencia con fundamento en el numeral 1o del artículo 520 del C. J., considerándola violatoria de la ley sustantiva por distintos aspectos. Al efecto, formula cuatro cargos así: I. Error de hecho en la interpretación de la demanda y falta de aplicación de aquella ley; 2? Infracción directa, por interpretación errónea de la misma; 3o y 4o Error manifiesto de hecho y error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial, con el consiguiente quebranto de determinadas normas del Código Civil. Debiéndose decidir ya el recurso, a ello se procede, por lo cual la Sala comienza

por el estudio del segundo cargo.

Segundo cargo: Transcribe el recurrente este pasaje de la sentencia acusada: "La Sala acepta la tesis de que la prescripción se opera por ministerio de la ley una vez cumplido el hecho de la posesión con los requisitos legales y haya transcurrido el tiempo señalado, pero insiste en que para reivindicar con base en ella debe existir la declaración judicial que sirva de título en derecho".

Con este concepto halla el recurrente queel sentenciador quebrantó los artículos 669, 673, 946, 947, 950, 951, 952, 961, 964,2.518, 2.531 —1º y 2º , 2.532 del C. C., 4? de la Ley 120 de 1928", por interpretación errónea. Y también los artículos 758 y 2.534 del C. C. por indebida aplicación.

Se considera: • El artículo 673 del C. C. estima la prescripción como uno de los modos de adquirir el dominio, y el artículo 765 la cataloga entre los títulos constitutivos del mismo. Quien posea en las condiciones legales un bien corporal, raíz o mueble, que esté en el comercio, gana el dominio por prescripción, según lo enseña el artículo 2.518 del mismo Código. El lapso de la prescripción adquisitiva extraordinaria es el de treinta años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2.530, relativo a la prescripción ordinaria (artículo 2.532). Para adquirir por prescripción extraordinaria no se necesita título alguno y se presume en ella la buena fe sin embargo de la falta de un título traslaticio de

dominio. Basta que la posesión sea continua, pública, tranquila y no interrumpida (artículo 2.531). Llenados estos requisitos, el prescribiente es dueño, y ésta es la única condición exigida por los artículos 946 y 950 del C. C. para que quien pretende serlo tenga la acción reivindicatoría, o sea la concedida al propietario de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla (artículos 946 y 952 del C. C.). Al reconocer el Tribunal que la prescripción' se opera por ministerio de la ley una vez cumplido él hecho de la posesión con los requisitos legales, y subordinar, sin embargo, el reconocimiento consecuencial del dominio a la sentencia judicial declarativa de pertenencia, interpretó erróneamente las mencionadas, disposiciones legales, atinentes unas a la prescripción adquisitiva, y las otras relativas a la reivindicación que pueda intentar el prescribiente que haya adquirido según las condiciones' legales. Para uno y otro fenómeno exige el sentenciador de Tunja un requisito que está fuera de lugar, como en seguida se verá. En sentencia de 22 de octubre de 1917, el mismo Tribunal Superior de Tunja había sustentado idéntica tesis a la que propugna en el fallo sometido hoy a casación. Esta Corte tuvo oportunidad de rebatirle a cabalidad la argumentación aducida, en fallo de 25 de junio de 1923, del que se copian las consideraciones siguientes: "La Corte considera que siendo la prescripción adquisitiva título constitutivo de

dominio (artículo 765 del C. C.) y además un modo de adquirir las cosas ajenas, bajo ciertas condiciones determinadas por la ley, por la sola circunstancia de cumplirse esas condiciones se adquiere el dominio de las cosas, y el favorecido por la prescripción puede alegarla, ya como defensa o como fundamento de una acción de propiedad (Subraya la Sala), de la misma manera que puede alegarse cualquier otro título de dominio. "En la prescripción extraordinaria conforme al artículo 2.531 del C. C. si el que la alega ha poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción, por espacio de treinta años la cosa comerciable objeto de la prescripción, ha adquirido por ello el dominio de esa cosa, y puede alegar, ya sea demandando o defendiéndose, su carácter de dueño, fundado en la prescripción. "El Tribuna] al exigir que previamente se declare por sentencia judicial la prescripción, para que pueda ser alegada como título adquisitivo de dominio, interpretó erróneamente los artículos 758 y 2.534 del C. C., porque del hecho de que esas disposiciones le den el carácter de título y de escritura pública a la sentencia registrada que declara una prescripción adquisitiva, no se desprende que no pueda alegarse en juicio la prescripción fundada en los hechos que la generan, ya que es la posesión pacífica, pública y no interrumpida por determinado número de años, el fenómeno que engendra el título, y no la decisión judicial; Además, /dejó de aplicar al pleito los artículos 2.518 y 2.531 del expresado

Código" (G. J. No 1549, página 72). Es injurídico, por otra parte, sostener que la prueba del dominio del prescribiente dimana exclusivamente de la sentencia declarativa registrada a que se refieren los artículos 758 y 2,534 del C. C., es decir, que ella es fundamento de una tradición. Si la prescripción adquisitiva es título constitutivo y a la vez modo de adquirir el dominio, resulta exótico pretender que la ley exige dos modos de adquisición de la misma cosa: la prescripción y el registro de la sentencia declarativa. Esta tan sólo está llamada a producir la segunda de las finalidades del registro, una vez inscrita; esto es, a dar publicidad a la propiedad declarada, de modo que produzca efectos contra terceros, como lo estatuye el artículo 2.534 citado. Además, con el registro, se incorpora la finca prescrita a la historia de la propiedad raíz en la oficina apta para llevarla y para dar fe pública de su exactitud. La situación socialmente desventajosa en que se hallaban muchos dueños de fincas raíces que las habían usucapido en las condiciones legales, fue precisamente la causa de la ley 120 de 1.928 que, al consagrar la acción de pertenencia, les facilitó el movimiento comercial de sus inmuebles. Obtenida la sentencia declarativa allí prevista, el crédito hipotecario y las enajenaciones de los inmuebles no tuvieron tropiezos, porque mediante el registro del correspondiente fallo, se dio publicidad a una situación jurídica perfecta, anterior a él, pero que, por lo incierta ante terceros., no infundía ninguna confianza a quienes tuvieran .interés

en adquirir los bienes o en tomarlos; como caución de préstamos que se les solicitaran. En sentencia de casación de 24 de marzo de 1947, se sentaron algunos principios que por modo indirecto pueden llevar a la rebatida tesis del Tribunal de Tunja, o sea a que el prescribiente de un fundo no puede reivindicar sin exhibir como título la sentencia declarativa de usucapión. Este el motivo por el cual el presente fallo aparezca autorizado por los Magistrados que integran la Sala Plena de Casación Civil, ya que él entraña una aclaración doctrinaria a puntos de vista expuestos en el primeramente citado. En aquella sentencia, se dijo en efecto: "Está fuera de toda duda que quien ejerce la acción destinada a que se declare dueño de un bien por haberlo ganado por prescripción, debe estar poseyéndolo en el momento mismo en que hace valer ante la justicia los hechos en que se funda para suplicar la declaración de pertenencia; lo contrario implicaría desnaturalizar la institución posesoria, porque resulta en principio absurdo que quien haya perdido la posesión pueda obtener un fallo cuyo cumplimiento ponga fin a la posterior de otro que esté ganando" la propiedad acogiéndose al mismo medio. Por ello exige la ley posesión ininterrumpida, tanto para la prescripción ordinaria reservada al poseedor regular (artículo 2.528 del C. C.), como para la extraordinaria (artículo 2.531 ordinal 29 del numeral 3?), a la cual no es menester título alguno, y por ello también, el artículo 2.523 del mismo estatuto, en su numeral 2º, dispone que cuando la interrupción de la posesión tiene lugar, "por haber entrado en ella otra persona, salvo que se haya

recobrado mediante el ejercicio de los interdictos". En otra parte agrega el mismo fallo: "El precepto del artículo 790 del C. C. está acorde con las normas de la prescripción adquisitiva ya citadas, por medio de las cuales se manifiesta en nuestro derecho la protección posesoria en orden a consolidar el señorío de hecho con la propiedad misma. Pero como la misma ley señala jerarquías entre los poseedores según tengan o no título, y según el lapso de tiempo que hayan poseído, consecuente con el propósito de hacer dueño a quien ha poseído ininterrumpidamente instituye el interdicto reraperandae possessionis en el artículo 982 del C. C." acorde con el 973 ibídem. Es justamente esa vía la que el C. C. señala al poseedor para que por su medio recupere la posesión y, si tiene éxito, darla por mantenida continuamente no obstante la perturbación debelada por ese procedimiento especial. Así provee el legislador (artículo 2.523 del C. C.) que quien pretenda la declaración de pertenencia puede presentarse a pedirla ostentando, en primer lugar, la relación de espacio ininterrumpida que haya podido configurar ante la conciencia pública la manifestación de un verdadero dominio" (G. J. Tomo LXII, página 77). Un examen más detenido de la cuestión planteada en la trascrita sentencia convence a la Corte de que en realidad no hay precepto legal alguno que exija, para la prosperidad de la acción declarativa de dominio por prescripción, que quien la promueva deba estar poseyendo la cosa al momento de ejercitarla. La persona que haya poseído por el término y en las condiciones previstas por la ley

para adquirir por prescripción tiene título constitutivo de dominio, se repite. De esta manera ha hecho entrar en su patrimonio un verdadero derecho, del cual nace la consiguiente acción para hacerlo valer (artículo 665 ibídem). Tan derecho es que el artículo 2.514 'permite renunciarlo expresa o tácitamente "después" de cumplido el lapso prescriptivo lo que está en armonía con el artículo 15 ibídem, según el, cual "podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia". De la simple expectativa no puede decirse lo mismo porque, como lo ha expresado esta Sala refiriéndose al artículo 17 de la ley 153 de 1887, "la mera expectativa es ajena a la voluntad de quien confía en el nacimiento del derecho respectivo" (G J. T. XXXV, página 123); y porque 'principios fundamentales de derecho enseñan que las meras expectativas no dan ni excepción, y por consiguiente no dan acción, ni excepción, y por consiguiente no constituyen interés jurídico' (G. J. XLIX, página 774). Mas, que según el artículo 2.535 del C. C., en armonía con el 2.512 ibídem, la prescripción que extingue las acciones exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, sigúese que mientras no se haya agotado ese lapso, el titular del derecho puede válidamente alegarlas ante la justicia. Para el caso de la acción en referencia, y de hacer valer el dominio del

prescribiente en frente de otro que a su vez esté ganando la cosa por el mismo medio, la doble acción no se extingue sino por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (articulo 2.538 del C. C.). Nótese que precisamente el artículo 4o de la Ley 120 de 1.928 estatuye que "para obtener .la declaración de pertenencia, se seguirá un juicio ordinario con la persona o personas contra quienes se pretenda hacer valer la prescripción". Ni el artículo 790 ni el 2523, numeral 20 del C. C. son aplicables al caso en que se haya consumado la prescripción adquisitiva. El primero está colocado en el Título 7o, Libro 2o de dicha obra, que trata de "La Posesión" y, más concretamente, viene incorporado en el capítulo 2o, que versa sobre los modos de adquirirla y perderla. De tal manera, al estatuir dicha norma que "si alguien pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde", está refiriéndose al simple poseedor, que aún no tiene título constitutivo, como sí lo tiene quien ha poseído por el término de la prescripción que se alegue. Y cuando el artículo 2523, numeral 2? ibídem, —comprendido en el Título dedicado a la Prescripción— establece que la posesión útil para alcanzarla se interrumpe naturalmente "cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona", está contemplando también al mismo poseedor que aún no es dueño pero que estaba en vía de serlo a no haberse presentado esta forma

específica de interrupción. De ahí que los autores hayan dicho con notable claridad que "la interrupción no es concebible sino mientras corre a la prescripción, in tempere medio", (Josserand, Cours de Droit Positif Francais, Tomo 1º, No 1579), pues mal puede interrumpirse un proceso ya recurrido en sucesión continua. De aplicarse, sin razón alguna, el artículo 790 del C. C. a quien ya tiene título constitutivo de dominio, en caso de pérdida de la posesión después de adquirido el derecho, tendríase que aquél no podría ejercitar la acción de pertenencia, sino una vez que hubiera recobrado la cosa en ejercicio de la correspondiente acción posesoria, a efecto de cumplir la condición, no indispensable, de estar en contacto material, y con ánimo de señorío, con la cosa misma. Pero para intentar la acción reivindicatoria, requeriría siempre la sentencia judicial como título de dominio, pues de no ser así, se le rechazaría con el argumento equivocado de haber perdido la posesión treintenaria o más que treiníenaria, que en verdad ya lo había hecho de pasar de la calidad de simple poseedor a la respetable de presunto dueño. Se llegaría, pues, aplicando dicho artículo, a que la acción de dominio estaría fatalmente determinada por el previoejercicio, de la acción posesoria; y, por ende, a la misma conclusión que reiteradamente ha venido sustentando el Tribunal Superior de Tunja, de que para reivindicar, en ausencia de título inscrito, se impone al actor alcanzar previamente la sentencia declarativa de pertenencia. Lo que va contra los sanos principios jurídicos, consagrados en el presente fallo.

Como argumento de autoridad que robustece su tesis, la Sala transcribe el siguiente concepto de Josserand sobre la prueba de la propiedad inmobiliaria en la reivindicación. Después de exponer el autor que ella resulta, en primer término, del título del demandante agrega: "B—La Prescripción. El demandante, a quien suponemos actualmente desprovisto de título, tiene otro medio de derribar la presunción de propiedad que va ligada a la posesión útil del demandado: le corresponde demostrar que ha poseído en otra época durante el tiempo suficiente para beneficiarse de la prescripción llamada • adquisitiva, o sea durante 30 años. Si lo logra, la presunción que favorece la posesión actual del demandado se aniquila por una presunción más vigorosa con la cual beneficia su propia posesión que se prolongó por tiempo bastante para que terminara en la usucapión: la propiedad que comienza cede el paso ante la propiedad realizada, adquirida definitivamente " (obra citada, tomo 1, página 866). Prospera, pues este cargo.

Cargo primero: Por tener la sentencia recurrida "una interpretación que no se ajusta a los términos de la demanda, el sentenciador ha incurrido en un error manifiesto de hecho, que lo condujo a quebrantar" las mismas disposiciones citadas en el segundo cargo, excepción hecha de los artículos 758 y 2.534 del C. C., se dice en el recurso.

En apoyo de su tesis, se remite el señor apoderado recurrente a la confrontación de los hechos e) y f) de la demanda y a lo expuesto en los fundamentos de derecho de la misma, con los siguientes pasajes de la sentencia:

"En el caso de autos —dice el Tribunal— el demandante no exhibe título inscrito de la propiedad que alega; tampoco invoca en forma expresa y categórica como título el fenómeno de la prescripción; sólo ocasionalmente se refiere a ella al citar en derecho los preceptos que considera pertinentes, y en la enumeración dé los hechos incluye el de haber poseído por espacio de treinta años. Tampoco en las peticiones se impetran las declaraciones de prescripción, ni siquiera se invoca ésta como la fuente del dominio que alega el demandante".... "En tales condiciones, no estando invocada la prescripción en forma expresa ni pedida su declaración, se incide en violación del artículo 2.513 del C. C. al reconocerla de oficio como título para el reivindicante”. Lo expuesto en los aludidos hechos de la demanda y en los fundamentos de derecho fue lo sigu