CSJ - SC30-10-1935- [058]

Sentencia C – SC - 058 de 1935 PRUEBA TESTIMONIAL “Considera la Corte que evidentemente, en los casos en que conforme a la ley es admisible la prueba testimonial, un hecho puede demostrarse por medio de la declaración de dos testigos hábiles que concuerden en el hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, y esa prueba, la más simple de todas, es un modo directo de llevar al juez la convicción legal sobre el hecho debatido en el juicio; y que a falta de esa demostración directa, el testimonio humano también sirve para probar indirectamente, y formar indicios y presunciones, caso en el cual el hecho indiciario es un modo de llegar al conocimiento del otro más remoto que se trate de probar, siempre que el hecho indiciario esté plenamente probado, pues si no lo está entonces la presunción legal o la presunción de hombre que el juez ha de deducir no tendría fundamento y la convicción que deduce adolecería de falta de realidad”. INDICIOS/ Necesidad de ser estudiados de manera conjunta por el juez. “La Corte considera que es tesis aceptable la de que si el sentenciador estudia separadamente varios indicios y los rechaza porque aisladamente son insuficientes, pero sin examinar si con una debida coordinación y análisis todos juntos suministran una suficiente convicción, no sólo incurre en una apreciación errónea, sino en error de derecho atacable en casación, porque los indicios deben ser avaluados en conjunto y sólo su conexión, siendo graves y precisos, inducen a una estimación final sobre el hecho que indican o presumen”. INDICIOS/ Indicios no necesarios/ Plena prueba.

“Por regla general, dice el art. 665 del C J., los indicios no necesarios forman plena prueba cuando son en números plurales, graves, precisos y conexos entre sí, de modo que concurran todos a demostrar, sin lugar a duda, la verdad del hecho controvertido. La apreciación de estas cualidades de gravedad, precisión y conexión las confía la ley al Juez de la causa, quien se mueve a darles el valor de prueba legal cuando primeramente tales indicios han producido en su ánimo un valor más moral que jurídico, de manera que su juicio ponderativo es intocable en casación”.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 1907 y 1908

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ

PETICIONARIO:

Francisco Forero Aguilera

MAGISTRADO PONENTE:

ANTONIO ROCHA

ACCIÓN PRINCIPAL DE REIVINDICACIÓN Y

CONTRADEMANDA DE NULIDAD DE UN TITULO Y DE

PARTICIPACIÓN EN UN NEGOCIO. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA INDICIARÍA El cargo que hace el demandado, consistente en que su posesión es anterior a la de los actores no es conducente ni aceptable cuando aquél trae su posesión y la explica y legitima como una derivación del dominio que les reconoce a los actores. En esas condiciones no es aceptable que el demandado pretenda legitimar su posesión por la tradición que ellos le hicieron y que al mismo tiempo ataque el derecho de aquéllos. Es tesis aceptable la de que si el sentenciador estudia separadamente varios indicios y los rechaza porque aisladamente son insuficientes, pero sin examinar si con una

debida coordinación y análisis todos juntos suministran una suficiente convicción, no sólo incurre en una apreciación errónea, sino en error de derecho atacable en casación, porque los indicios deben ser avaluados en conjunto y sólo su conexión, siendo graves y precisos, induce a una estimación final sobre el hecho que indican o presumen. No incurrió en ese error el sentenciador. La apreciación de las cualidades de gravedad, precisión y conexión que deben tener los indicios las confía la ley al Juez de la causa, quien se mueve a darles el valor de prueba legal cuando primeramente tales indicios han producido en su ánimo un valor más moral que jurídico, de manera que su juicio ponderativo es intocable en casación. Como indicio o conjetura no puede tomarse el hecho mismo que se trata de demostrar, sino otro que, o lo indica, o suministra la conjetura. Corte Suprema de Justicia. —Sala de Casación Civil. Bogotá, octubre treinta de mil novecientos treinta y cinco. El señor Arturo González Ponce y la señora Carolina Uribe de González Ponce, casados entre sí, demandaron al doctor Francisco Forero Aguilera, todos vecinos de Bogotá y mayores de edad, ante el Juzgado 2° Civil de este Circuito, para que con audiencia del doctor Forero Aguilera se hicieran las siguientes declaraciones: Que el lote Nº 548 de la manzana "U" de la urbanización denominada Barrio Ricaurte, es de propiedad de los demandantes González Ponce; que dicho lote, ocupado de hecho y sin título de ninguna naturaleza por el doctor Forero Aguilera, hace parte de la

comunidad conocida antiguamente con el nombre de "El Ejido"; que se condene al doctor Forero Aguilera, ocupante del lote, a entregarlo a los demandantes, y a pagarles los frutos producidos por el lote desde que lo goza materialmente, y a la cancelación de cualquier registro con que el doctor Forero Aguilera haya afectado el lote. Dicen los demandantes González Ponce que ellos son dueños de la comunidad de "El Ejido", y por tanto del lote situado dentro de ella, materia de la acción, en virtud de títulos registrados, que son las escrituras números 569 de 21 de septiembre de 1910, 512 de 31 de julio de 1914, y 1965 de 9 de diciembre de 1927, todas otorgadas ante el notario 59 de Bogotá; que por ser ellos los únicos que tienen a su favor un justo título adquisitivo de dominio, sólo ellos pudieron disponer legalmente de zonas o parcelas en que se dividió la comunidad y consumar, como consumaron, su urbanización; pero que el doctor Forero Aguilera, sin título ni causa jurídica, aprovechando solamente la versación que tenía sobre la forma y procedimiento de urbanización del Barrio Ricaurte, se apoderó del lote distinguido con el número 548 de la manzana "U", de mil trescientas veinticuatro varas cuadradas de extensión; lo califican de ocupante de facto, que lo ha usufructuado, sin hacer a los demandantes partícipes de las utilidades derivadas de la ocupación y que no ha sido posible que se lo devuelva a los demandantes. Fundan su acción en los artículos 946, 947, 950, 952, 961 y

964 del C. C.; 929 y siguientes del C, J. entonces vigente, y en los concordantes de la ley 105 de 1890. Al contestar el libelo el doctor Forero Aguilera, manifiesta que se opone en absoluto a que se hagan las declaraciones que solicitan los señores González Ponce, a saber: En cuanto a la primera, porque el lote no les pertenece por ser del pleno dominio y posesión del demandado, como que se lo dieron y entregaron hace años los señores González Ponce, que entonces eran dueños de él, en pago de parte de una partición del 20% que le correspondía al doctor Forero Aguilera sobre el producto de la urbanización una vez cubierto el Banco Hipotecario de Colombia de un crédito de 3,800£ y en virtud de un contrato celebrado por el doctor Forero Aguilera con los señores González Ponce; en cuanto a la segunda, tercera y cuarta, por no ser cierto que el doctor Forero Aguilera hubiera ocupado de hecho y sin ningún título el referido lote, por haberlo recibido material y formalmente de los señores González Ponce, admitiendo que el lote hace parte de la comunidad de "El Ejido" y consiguientemente de la urbanización; que la entrega formal que del lote le hicieron los demandantes, a cuenta de su participación en la urbanización de "El Ejido", le permitió ocuparlo con ánimo de señor y dueño, poseerlo desde entonces con justo título y buena fe, levantar a sus expensas y a ciencia y paciencia de los González Ponce una casita que actualmente existe allí, por lo cual su ocupación es legítima y tanto el lote como sus frutos le pertenecen moral y legalmente.

Como antecedentes del negocio en virtud del cual el doctor Forero Aguilera reclama una participación en el negocio de la urbanización, hace los que se resumen en la siguiente relación: Que en el año de 1912 los señores Jorge y Arturo González Ponce, en su nombre y con autorización, según le manifestaron, de la señorita Luisa González B., lo comisionaron para arreglar con el Banco Hipotecario de Colombia la situación que a aquéllos se les presentaba con motivo del vencimiento del crédito hipotecario por 3,800£ sobre el terreno de "El Ejido", cuestión que no pudo arreglar con el Banco porque éste exigía no sólo la entrega del terreno, que era lo que los señores González Ponce autorizaban, sino también el pago de $ 4,000 en dinero. Que esas circunstancias le sugirieron al doctor Forero Aguilera la idea y el plan de urbanización del terreno hipotecado, para irle pagando al Banco con el producto de la venta de los lotes y obtener así una espera del Banco; aceptado lo cual los señores González Ponce se obligaron solidariamente a darle una participación al doctor Forero Aguilera del 20% del saldo que restara después de cubrir al Banco su crédito; que fue así como obtuvo la autorización municipal, concretada en el Acuerdo número 46 de 1912, que gestionó obteniendo solicitudes en tal sentido de Marco Fidel Suárez, José Vicente Concha, González Valencia y otros; el levantamiento y aprobación del plano del terreno y la compra de una zona para continuar la calle 10, diligencias en que los González Ponce obraron de acuerdo con el demandado y dirigidos por él. Que atendidos los primeros compromisos con el Banco y

consumada la urbanización, los González Ponce le señalaron al doctor Forero Aguilera varios lotes del barrio para dárselos en pago de su participación y recibió de ellos, por medio de su empleado Eduardo Ferreira, el lote número 548 de la manzana "U", en el cual construyó después la casita que allí existe, y en diferentes partidas y fechas recibió de ellos más o menos $600, para cubrirle los desembolsos que había hecho para el levantamiento del plano y los primeros gastos de la urbanización. Dice que con motivo del matrimonio de don Arturo González Ponce con la señorita Carolina Uribe Mayne, se otorgaron la serie de escrituras simuladas de que ya se habló, y don Arturo aseguró sus derechos en el barrio y se puso en insolvencia de pagarle esa participación. Que para liquidarle la participación del 20% al doctor Forero Aguilera, don Vicente Huertas practicó una liquidación del saldo de las ventas, que se halla en poder de los señores González Ponce. Que posteriormente solicitó de éstos la entrega legal del lote 548 y ellos le manifestaron que junto con otros lotes estaba hipotecado y le pidieron una espera mientras cancelaban la hipoteca. Que don Jorge González Ponce, antes de partir para el exterior, le manifestó que dejaba poder a su hermano Arturo para que le arreglara la cuenta, pero que como éste esquivaba el arreglo, el Dr. Forero Aguilera le escribió a don Jorge, quien desde Nueva York le respondió que respecto al asunto de su parte de lotes en el barrio lo había tratado ya con don Arturo, que se lo arreglaría, y no se lo arregló con el pretexto de estar hipotecados.

Finalmente, relata el demandado doctor Forero Aguilera, que teniendo en proyecto la venta del lote 548, fue a la oficina de don Arturo en compañía del doctor Farfán José Domingo, a requerirlo, y que en presencia del doctor Farfán confesó don Arturo ser cierto que él y su hermano don Jorge se habían comprometido a pagarle la referida participación del 20%, y que además, no tenía inconveniente en hacerle la escritura del lote cuando don Jorge lo autorizara por carta, pues aun cuando don Arturo le había comprado los derechos en el barrio a don Jorge, le debía todavía dinero. Y que al salir los doctores Forero Aguilera y Farfán de la oficina, entró don Joaquín González, cuñado de don Arturo, quien oyó parte de la conversación. Con estos antecedentes se opone el doctor Forero Aguilera a que se hagan judicialmente las declaraciones solicitadas en el libelo por don Arturo González Ponce y su señora esposa, y en derecho invoca los arts.1494, 1495, 1502 y otros varios del C. C. (folio 36 vto., cuaderno N" 1). Por su parte, el doctor Forero Aguilera contrademandó a aquéllos para que se declaren nulos por simulación de causa, por no haber mediado precio real y efectivo y haber tenido por objeto defraudarlo a él y a terceros en sus intereses, los contratos de compraventa que rezan las escrituras números 612 de 30 de octubre de 1909, 569 de 21 de septiembre de 1910, 512 de 31 de julio de 1914, contratos que tuvieron por objeto hacer pasar los derechos de Arturo González Ponce, por interpuestas personas, a

las que seis días después iba a ser y fue su esposa, doña Carolina Uribe de González Ponce, los bienes que don Arturo había adquirido de José Antonio Rivas Niño, y no haber tenido, otro objeto que evadirse don Arturo de satisfacer las obligaciones a su cargo; 2º Para que se condene mancomunada y solidariamente a los demandados a rendirle cuentas de las ventas de lotes de la urbanización de "El Ejido", así como de los lotes que hubieran cedido gratuitamente y de los que resten por vender; 3º A pagarle y a entregarle, mediante escrituras de dación en pago, la participación a que tiene derecho en lotes del barrio, hasta concurrencia de la quinta parte del saldo que resulte después de cubierto el Banco Hipotecario de Colombia del crédito que grava el terreno, y cotizándolos según el precio que tenia la vara de tierra en esa época, siendo uno de esos lotes el 548 que los señores González Ponce le entregaron por medio de su empleado Eduardo Ferreira, del cual está en posesión el contrademandante doctor Forero Aguilera; y en defecto de la entrega, que se les obligue a pagarle en dinero el saldo de su participación, previa deducción de lo que ha recibido a buena cuenta, pero siempre otorgándole la escritura del lote 548; 4º Que se les condene al pago de los frutos de los lotes de terreno que les correspondan por cuenta de la participación; y 5º Al pago de perjuicios por la demora en la entrega de los lotes escriturados. Funda su derecho en los mismos artículos que citó para oponerse a la demanda principal y en otros numerosos que corren

a folios 11 vto. y 12 del cuaderno número 1; y como hechos aduce o relata los mismos que ya se han resumido como fundamento de su oposición, y además, algunos antecedentes de las compraventas de derechos sobre el terreno de "El Ejido" entre miembros de la familia González Ponce, historia que hace para ligarla a la súplica de que se anulen por simulación y fraude en contra suya y de terceros. Pide, además, en subsidio el doctor Forero Aguilera que se resuelva que los demandados González Ponce están en la obligación de rendirle cuentas de la venta de los lotes sobre que versó la urbanización, de los cedidos gratuitamente sin su consentimiento, y de los que queden por vender, y estimándolos por medio de peritos al precio del lote 548, sobre el cual alega derecho de retención, "siendo suficiente título de dominio, dice, la sentencia que así lo decretare, obligándolos a la vez a otorgarles la respectiva escritura"; para que se les condene a pagarle el 20% del tantas veces referido saldo del negocio de urbanización en que intervino, con las bases ya anotadas para una liquidación, y los intereses del saldo que les corresponda, y en su defecto los perjuicios por la demora. Los esposos González Ponce contestan la contrademanda oponiéndose a estas solicitudes y protestando por la afirmación de que los contratos son simulados y por no deberle nada al contrademandante. Niegan rotundamente los hechos en que se apoya o la manera como los relata.

El Juez de la causa desata la controversia en primera instancia, declarando que el lote 548 es de propiedad de los demandantes González Ponce y que de él está en posesión el doctor Forero Aguilera. En consecuencia, condena a éste a entregárselo a los señores González Ponce, en el término de tres días, a pagarles los frutos naturales y civiles desde cuando lo ocupó, y no sólo los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, frutos que se estimarán al ejecutarse el fallo. Absuelve a los González Ponce de los cargos formulados en la demanda de reconvención y no condena en costas a ninguna de las partes. Sentencia de segunda instancia. El 14 de febrero del presente año de 1935 sentencia el Tribunal Superior de Bogotá y estima, en síntesis: En cuanto a la acción principal: Que con las escrituras, registradas que los esposos González Ponce acompañaron a su demanda, se demuestra plenamente su dominio en la comunidad de "El Ejido"; que con la inspección ocular se vio que el lote 548 está ubicado dentro de la comunidad, y que sus terrenos fueron la materia de la urbanización; y que como el demandado doctor Forero Aguilera no opone a dichos títulos otros de mejor derecho, pero ni siquiera una posesión anterior que le diera derecho a prescribir, y estando por lo demás demostrado su carácter jurídico de poseedor, prospera irremediablemente la acción reivindicatoria que se ejercita. En las anteriores consideraciones el Tribunal acoge el razonamiento del Juez, pero en cuanto a la calidad de poseedor

de mala fe que el Juez le da al doctor Forero Aguilera, se aparta el Tribunal, y lo considera, en cambio, de buena fe, porque no encuentra prueba de que la retención del lote provenga de medios ilegítimos y que la Corte Suprema ha dicho que la falta de título de dominio jamás significa mala fe en el poseedor. En eso reforma la sentencia del inferior. La acción ejercitada en reconvención la estudia el Tribunal petición por petición. La de nulidad de los tres contratos de compraventas de derechos en la comunidad entre la familia González Ponce, que el contrademandante pide por simulación de causa, la niega el Tribunal, como acción, porque siendo partes en ellos las señoritas Georgina y Luisa González, no han sido demandadas, y las acciones de nulidad de un contrato se debaten con quienes intervinieron como partes. Y como excepción, que restringe el alcance del fallo a las partes que intervinieron en el pleito, tampoco prospera por falta absoluta de prueba, pues la confesión que se buscó fue siempre negativa. En cuanto a la acción de rendición de cuentas y a la de otorgamiento de las escrituras de lotes como dación en pago de la participación del doctor Forero Aguilera en las resultas de negocio de urbanización, el Tribunal se acoge también, para negarlas, a las razones del inferior, que transcribe entre comillas, y que en síntesis son: No está obligado a rendir cuentas sino el administrador de bienes ajenos, y no lo era Arturo González Ponce, que explotaba un negocio propio. El doctor Forero Aguilera alega su derecho al pago de honorarios en razón de negocios de diferente orden hechos por él en beneficio de los González Ponce, pero esta

condición de presunto acreedor, no le confiere derecho de pedir cuentas sino de cobrar directamente el valor de su trabajo. De esto y por cuanto no es tampoco socio, considera el Tribunal improcedente la acción sobre rendición de cuentas, y la tercera de la contrademanda. En cuanto a la solicitud para que se condene a los González Ponce al pago en efectivo de la cantidad a que asciende su participación en la venta de lotes, después de cubierto al Banco y con la obligación de otorgarle al doctor Forero Aguilera la escritura del lote 548, el sentenciador después de analizar las declaraciones de los señores José Domingo Farfán, César Julio Rodríguez, Eduardo Ferreira, José Alejandro Navas, José Joaquín González y de referirse a las de Georgina de González, Luisa González B. y Roberto González Torres, a las posiciones absueltas por Arturo González Ponce y por su señora, a la carta de Jorge A, González Ponce, de fecha 12 de diciembre de 1927, a la declaración del mismo señor rendida ante el Cónsul de Colombia en Montreal, a un certificado del Registrador de Bogotá sobre ventas de lotes verificadas por los señores González Ponce a distintas personas, a uno del archivero municipal sobre la solicitud del contrademandante y de otras personas para que el Cabildo autorizara la urbanización del Barrio de Ricaurte, a uno del Gerente del Banco Hipotecario de Colombia sobre cancelación de la obligación hipotecaria verificada el 22 de marzo de 1928 por razón de la deuda de 3,800£ sobre la comunidad de "El Ejido"; a otro del Tesorero Municipal de Bogotá sobre que es el doctor Forero

Aguilera quien figura como dueño del lote 548, y no los González Ponce; concluye el Tribunal que la mencionada solicitud no prospera, porque las pruebas aludidas no alcanzan a demostrarla. Pero aun suponiendo que efectivamente se hubiera probado la celebración del contrato de participación, "quedaría sin embargo por averiguar cuál fue el saldo de la venta de lotes, después de cancelar la hipoteca bancaria, comoquiera que de ese saldo, que se ignora, es de donde debe sacarse la participación del 20% correspondiente al doctor Forero, como valor de sus intervenciones en el negocio de la urbanización". Por considerar no probada la obligación de los González Ponce de pagar un porcentaje sobre el negocio en cuestión a favor del doctor Forero Aguilera, niega también la petición que éste hace de frutos naturales y civiles de los lotes que le correspondan; y los perjuicios por la demora en la entrega de los mismos lotes. En consecuencia, el Tribunal sentenciador confirma la sentencia del Juez, con la única modificación de considerar al demandado como poseedor de buena fe del lote 548, para el pago de los frutos naturales y civiles y para reconocerle derecho al abono de expensas y mejoras, de acuerdo con los artículos 964, 965 y 966 del C. C., Tampoco hubo condenación en costas en esta segunda instancia. Contra esta sentencia ha recurrido en casación el doctor Forero Aguilera. Motivos alegados en casación Considera el recurrente demandado que hubo error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba resultante de las escrituras números 512 de 31 de julio de 1914 y 410 de 4 de

marzo de 1929, en las cuales se apoya el Tribunal para concluir que el dominio de la comunidad de "El Ejido" radica en los actores, porque en la escritura 512 no se venden "los derechos proindivisos equivalentes a la mitad de la comunidad" como lo cree el Tribunal, sino la mitad de los derechos que tenia la vendedora en esa fecha en la comunidad de "El Ejido", y esa apreciación del Tribunal sobre la extensión de lo vendido por la escritura 512 es un error que conduce a hacer inexplicable el que el otro condueño de "El Ejido" hubiera comprado, mediante la escritura 1945 de 9 de diciembre de 1927, un derecho de las tres cuartas partes sobre los mismos terrenos, y entonces sobraría una parte excedente del total; esto en el supuesto de que el Tribunal hubiera citado la escritura pertinente, que era la número 1945, pero erróneamente citó la número 410, y consideró que ésta y la 512 probaban el dominio de los actores, cuando la 410 apenas contiene un poder para fines judiciales. Como consecuencia de esos errores de apreciación, dice el recurrente que el Tribunal violó los artículos 946 y 950 del C. C., que confieren la acción reivindicatoria al dueño, siendo así que al tenor de las escrituras en que se apoya el Tribunal, los demandantes no han acreditado serlo; que no habiéndolo demostrado, ante su falta de dominio, surge la posición del poseedor que el demandado tiene y se le ha reconocido sobre el lote en reivindicación, y entonces lo ampara una presunción de dominio, consagrada por el art. 762 del C. C., quebrantada

también por el Tribunal; y, finalmente, que el único título a favor del reivindicante es la escritura N' 1945 de 9 de diciembre de 1927, que es posterior a la posesión que el demandado tiene del lote, por lo cual también se ha violado la presunción de dominio que lo ampara, de conformidad con el mismo art. 762, porque entre un poseedor y un titular del dominio, de fecha posterior a la posesión, debe ser amparado aquél.

La Corte considera: Es cierto que el Tribunal citó la escritura N' 410, otorgada en la Notaría 5ª de Bogotá el 4 de marzo de 1929, contentiva de un poder que confiere Arturo González Ponce y su señora al doctor Belisario Nieto, en lugar de citar la escritura Nº 1945, otorgada en la misma Notaría el 9 de diciembre de 1927, que es la que expresa la venta que Jorge A. González Ponce le hace a Arturo González Ponce de la posesión y del derecho de dominio sobre las tres cuartas partes de la comunidad de "El Ejido" que el vendedor Jorge A. tenía sobre esos terrenos, escritura que el actor acompañó a la demanda que dio origen al presente litigio, junto con la número 512 de 31 de julio de 1914, por la cual la señorita Carolina Uribe Mayne adquirió otros derechos territoriales sobre la comunidad de "El Ejido", para fundar su derecho de propiedad y por tanto de reivindicantes.

Pero la referencia equivocada que el Tribunal hace a una escritura por citar la otra, no destruye el mérito de los títulos a los cuales quiso realmente referirse, y que el Tribunal estimó

suficientes para demostrar el derecho de los actores. En efecto, la escritura 512 ya citada está complementada por la Nº 569 de 21 de septiembre de 1910, también otorgada en la Notaría 5ª y por la cual Georgina González Ponce le vendió los derechos en cuestión a Luisa González B., tradente de la señorita Uribe Mayne, título no objetado por el recurrente, y que explica el alcance de la venta de los derechos cuya extensión censura el recurrente. La objeción del recurrente a la extensión de los derechos comprendidos en la escritura 512 no basta para desvirtuar la aceptación que de ellos hizo el Tribunal como suficientes para demostrar el dominio de los actores, porque los derechos proindivisos que Luisa González B, tenía en "El Ejido", y que le vendió a Carolina Uribe Mayne, bien pueden tener la extensión o comprensión suficiente para completar con las tres cuartas partes territoriales de Arturo González Ponce, la totalidad del dominio sobre "El Ejido", y si así no fuere, habría sido necesario que el recurrente, como demandado en el juicio, hubiera demostrado la insuficiencia que ahora alega en casación, y que no alegó en las instancias del juicio. El cargo consistente en que la posesión que dice tener el demandado sobre el lote no 548, es anterior al título de dominio de los demandantes, no es conducente ni aceptable en este caso, ya que el demandado trae su posesión y la explica y legitima como una derivación del dominio que les reconoce a los actores sobre "El Ejido", quienes, según el mismo demandado, fueron sus tradentes.

En esas condiciones, no es aceptable que el demandado pretenda legitimar su posesión por la tradición que le hicieron los González Ponce y al mismo tiempo ataque el derecho de éstos, único que dio lugar y origen a la posesión del lote. No ha habido, pues, violación de ninguno de los tres artículos en que el recurrente apoya el cargo. Cargos relacionados con la reconvención Respecto de la súplica sobre rendición de cuentas de las ventas de lotes del barrio urbanizado, cuya obligación de rendirlas negó el Tribunal, dice el recurrente que habiendo quedado convenido con los urbanizadores en que éstos le darían una participación del 20% de las utilidades líquidas como pago de sus servicios, es incuestionable que tiene derecho a que aquéllos, le rindan cuentas del negocio, único medio de que dispone para hacer efectiva su participación, ya que, teniendo el derecho, tiene también el medio de ejercerlo, y porque desde el momento en que se pactó la participación, el negocio dejó de ser exclusivo de los urbanizadores para ser de ambos. En cuanto al convenio mismo de participación, dice el recurrente que se deduce de una cadena de pruebas que, si aisladamente ninguna constituye plena prueba, en conjunto sí forman un haz que lleva al ánimo la convicción de haber existido aquel convenio. Enumera dichas pruebas, que deben ser juzgadas de conformidad, dice, con el art. 606 del código judicial abolido, según el cual "un testigo no puede formar por sí solo plena prueba, pero sí gran presunción cuando es hábil". Considera que de dichas pruebas, las declaraciones de los doctores César Julio Rodríguez y José Domingo Farfán, confirmada

esta última en parte por la de Joaquín González, constituyen graves presunciones e indicios de haber hecho Arturo González Ponce en presencia del doctor Forero Aguilera la confesión que narra el testigo doctor Farfán, confesión que, por haberla hecho en su presencia, puede llegar hasta asumir el carácter de plena prueba de la obligación, según el art. 562 del antiguo código judicial. Dice el recurrente que a pesar de ser tan precisas y razonadas las declaraciones de los doctores Rodríguez y Farfán, y tan graves por lo mismo las presunciones o indicios que crean a su favor, bien puede admitirse que ellas no suministren por sí solas una plena prueba de aquel hecho, pero que hallándose corroboradas por las declaraciones de José Joaquín González, de Eduardo Ferreira, de Jorge A. González Ponce y de José Alejandro Navas, más la posesión del lote en que se halla el recurrente, todas ellas, sumadas a las de los doctores Rodríguez y Farfán, forman una cadena de indicios vehementes y diversos, enlazados entre sí y concurrentes a demostrar el hecho controvertido, que forman plena prueba, al tenor del art. 590 del anterior código judicial. Reunidos, pues, varios testimonios concurrentes a demostrar un hecho, aunque no expresen unas mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, habrá otras tantas presunciones de hombre o indicios graves, que según la calidad de los testigos y la naturaleza y precisión de sus afirmaciones, pueden producir una plena convicción. El art. 607 del código abolido y el 679 del actual (debió citarse el 697) no pueden entenderse, dice el recurrente, en

el sentido de que para acreditar con testigos la ocurrencia de un hecho sea absolutamente indispensable que haya dos testigos que concuerden en el hecho y en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar; lo que la disposición reza es que cuando concuerden dos testimonios que reúnen los indicados requisit