CSJ - SC6600131030052006-00026-01

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010). Discutida y aprobada en Sala de nueve (9) de junio de dos mil diez (2010).

Ref: Exp. N° 6600131030052006-00026-01 1.- En orden a resolver lo que corresponda sobre la precedente demanda de casación, resulta preciso hacer las siguientes observaciones: 2.- Se trata de un proceso ordinario agrario en el que la accionante Inés Molina Echeverri pide frente a la contradictora María Eugenia López Vargas la reivindicación del predio rural situado en el paraje La Bodega de la jurisdicción territorial del municipio de Pereira, debidamente identificado por sus características y linderos; consecuentemente, se ordene la restitución del mismo y se impongan las costas respectivas. 3.- El Juzgado de conocimiento le puso fin a la primera instancia mediante sentencia en la declaró absolutamente simulado “el contrato de compraventa celebrado entre Luis

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Fernando e Inés Molina Echeverri contenido en la escritura pública 260 del 28 de febrero de 1995 corrido en la Notaría Sexta de Pereira, mediante la cual el primero dijo vender a la segunda el bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 290-19764”; negó las súplicas de la actora; ordenó oficiar a la Notaría Sexta y a la Oficina de

Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad para que procedieran a tomar nota de la decisión; levantó la “inscripción” del libelo; dispuso “la cancelación de los registros de las transferencias del derecho de propiedad, gravámenes, derechos reales y limitación del dominio, efectuados con posterioridad a la inscripción de la demanda (artículo 690 del CPC)”. 4.- El superior al desatar la alzada interpuesta por la parte perdedora, confirmó el fallo recurrido en cuanto desestimó las pretensiones, canceló la “inscripción de la demanda” y condenó en “costas”; revocó los restantes pronunciamientos en los que declaró “absolutamente simulado el contrato de compraventa celebrado entre Luis Fernado e Inés Molina Echeverri”, ofició a la notaría y a la oficina de registro para que “se tome copia de la presente decisión en la escritura matriz del contrato anterior y para que se produzca la cancelación del registro de la misma” y eliminó las transacciones posteriores a la “inscripción de la demanda“, y en su lugar, reconoció como “fundada la excepción de simulación propuesta”; así como también denegó “la tacha propuesta contra el testimonio de José Lubín López Vargas”.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil 5.- Los fundamentos que le sirvieron al Tribunal para proferir la decisión que es motivo del cuestionamiento aquí examinado, se pueden sintetizar de la manera que pasa a exponerse: I.- De entrada el ad quem da por reunidos los

presupuestos procesales; la inexistencia de nulidades que impusieran retrotraer lo rituado a etapa anterior; la legitimación en la causa por trabarse la contienda entre la propietaria Inés Molina Echeverri, según E. P. 260 de 28 de febrero de 1995 de la Notaría Sexta de Pereira, inscrita bajo la matrícula inmobiliaria n° 290-00019764, y la poseedora María Eugenia López Vargas, calidad esta que “no se discute, pues la demandante dijo que es ella quien detenta el bien con ánimo de señora y dueña, así lo reconoció expresamente la demanda y cada uno de los testimonios escuchados lo reiteran”; igualmente da por establecidos los dos restantes presupuestos de la acción reivindicatoria” porque se trata de un bien inmueble plenamente identificado, es decir que es una cosa singular reivindicable, y que “entre este y el que posee la demanda hay identidad en un hecho que admiten las partes”. II.- Afirma a continuación el sentenciador, que si bien estaría allanado el camino para el buen suceso de la acción de dominio, la misma está llamada a fracasar como secuela del estudio de las excepciones propuestas por la opositora centradas en que “el contrato de compraventa por medio del cual la demandante adquirió la propiedad, fue simulado. No R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 3 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil obstante que la denominación que se le dio a la excepción fue la de falsedad ideológica del título, es claro que sus

fundamentos fácticos aluden todos a una simulación del contrato que fue el tratamiento que se le dio y que no ha sido replicado por las partes, lo que resulta válido si se tiene en cuenta que en lo que toca con excepciones de mérito poco importa su nominación, como sí los hechos en que se soporta y su prueba”. III.- El juzgador consignó al estudiar el medio específico de defensa propuesto consistente en que el acuerdo de voluntades plasmado en la E. P. 260 de 28 de febrero de 1995 de la Notaría Sexta de Pereira no correspondía a la realidad porque las partes fingieron su realización sin querer ningún otro convenio, las siguientes precisiones: 1°) De acuerdo a lo reglado en el artículo 1602 del Código Civil todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, de lo cual se desprende que en principio, la negociación aparece como real y cierta y está llamada a producir los efectos jurídicos que le son propios, por lo que excepcionalmente, por autorizarlo el artículo 1766 ibídem se puede demostrar que el acto no existió o que encubre una convención diferente, lo que puede ser develado dentro de un litigio judicial por la persona que tenga interés legítimo para obtener su declaratoria por haber padecido perjuicio, “como serían los mismos contratantes, los herederos de algunos de ellos, el cónyuge o los acreedores, debe incluirse también a un poseedor de quien se pretende la restitución por vía de la R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil acción de dominio de un inmueble, pues contrario a lo que se

aduce en la sustentación de la alzada, la simulación cobra vida siempre que se invoque un agravio a quien la invoca. El perjuicio, pues, es determinante para legitimar, ya por acción, ora por excepción, el reclamo de una simulación, siempre claro está, que sea cierto y apreciable, como sin duda lo es frente al poseedor que deba resistir la petición de devolución de un bien por la acción de quien él considera que se vale de un derecho real de dominio que en realidad no tiene, porque su título disfraza la verdadera realidad”. 2°) El poseedor, el que por mandato del artículo 762 del Código Civil, “es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”, se encuentra en una situación privilegiada de poder consolidar en su patrimonio con el transcurso del tiempo la propiedad del bien a través de la prescripción adquisitiva, y consecuentemente, es el más interesado en “desvirtuar los elementos de la acción reivindicatoria, y entre ellos el primero que, ya se dijo, es la propiedad en cabeza del demandante, que se vendría a menos si logra establecer que la adquirió ficticiamente”. 3°) Según la jurisprudencia están legitimadas para alegar la simulación no solo las parte que intervinieron en la negociación que se ataca sino también los terceros a quienes dicho acto les acarrea un menoscabo cierto y actual; igualmente, lo pueden hacer, bien como acción o simplemente por medio de la formulación de la respectiva excepción y además, invocar la absoluta cuando la intención R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

de los convencionistas no está dirigida a perfeccionar ningún acuerdo de voluntades y relativa cuando el fingimiento se encauza a esconder otro contrato diferente al nominalmente expresado. 4°) En el expediente se hallan varios indicios que conducen a inferir que “el contrato de compraventa que hubo entre Luis Fernando e Inés Molina Echeverri fue simulado”, como pasa a destacarse: a.-) El parentesco de hermanos entre compradora y vendedor, “relación que sirve de abrevadero a la intención de los contratantes de ocultar su verdadera intención en el convenio que celebren”. b.-) La remisión de la deuda y cancelación del gravamen hipotecario que pesaba sobre el predio, “de manera que si el inmueble era ya de propiedad de Inés Molina, nada justificaría que la condonación de la deuda se le hiciera a la demandada y a ella se le otorgara el poder para la cancelación respectiva del gravamen”. c.-) La falta de claridad en cuanto el precio realmente pagado, ya que en el instrumento se dejó constancia expresa de ser la suma de diecinueve millones ochocientos ochenta y nueve mil pesos ($19889.000), ó ciento cincuenta ($150 000.000) ó “tal vez $500.000.000”; no hay certeza de cuál pudo ser su monto, salvo que se tome partido por el primero, R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 6 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil pero de hacerlo resultaría exiguo, “que al decir de la propia demandante, superaba los mil millones de pesos”.

d.-) No están demostradas las aseveraciones de la actora en el sentido de que la compradora asumió unas letras y pagares junto con la cancelación al vendedor de ciento cincuenta millones ($150000.000) y que éste se los devolviera; en síntesis, no satisfizo la carga probatoria que le correspondía dirigida a desconceptuar lo consignado en el instrumento público. e.-) La compradora no ha sido poseedora del inmueble como lo admitió al absolver interrogatorio, lo que “indica que ni su hermano, antes de morir, ni la demandada, se despojaron nunca de la tenencia material del bien con ánimo de señores y dueños”. f.-) El móvil que tuvo Luis Fernando para transferir el bien a su hermana, según lo manifiestan los declarantes José Lubín y Elvia Lucía López Vargas, fue la protección del patrimonio familiar debido a la crisis económica que padeció el vendedor. g.-) En el plenario no hay prueba de la capacidad económica de la adquirente, fuera de que la existencia de la misma no descarta de por sí la simulación; ni mucho menos del supuesto pacto de retroventa, que como mínimo tendría que haberse incorporado en el texto del contrato.

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República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil IV.- Concluye el ad quem de la valoración conjunta de los hechos descritos y las probanzas que la venta celebrada entre Luis Fernando e Inés Molina Echeverri respecto del predio disputado fue simulada ya que su intención no fue más allá de disfrazar la verdadera situación económica que tenía

el vendedor “para la protección del único patrimonio que le quedaba en beneficio de sus más alegados” y que como así lo dedujo la primera instancia tal pronunciamiento debe mantenerse, pero no es legal acoger la solución que le dio en cuanto dispuso declarar la operancia y existencia de dicho fenómeno jurídico sin ninguna clase de restricciones, por los motivos que a continuación se relaciona: 1°) El artículo 306 del Código de Procedimiento Civil prescribe que “cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras siempre que en el proceso sean parte quienes los fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción”. 2°) No hay duda, tal como quedó analizado en su momento, que la poseedora demandada está legitimada para aducir en su defensa la excepción de simulación, pero como en este caso la negociación inmobiliaria que resulta afectada con ésta figura jurídica involucra a terceras personas que no fueron parte en el pleito, como son los herederos del vendedor Luis Fernando Molina Echeverri, no le era dable al R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil a quo, como equivocadamente lo hizo, “declarar con todos sus efectos la simulación demostrada, porque la norma exige con precisión que para que ello ocurra deben concurrir todos quienes fueron parte en el acto o contrato requisitos que no

se satisface en esta cusa”. 3°) En este evento debió darse aplicación a la alternativa subsidiaria del precepto trascrito, o sea, declarar simplemente probada la excepción de simulación, y con fundamento en la misma “negar las pretensiones aducidas por la demandante; eso y nada más”. 6.- El fallo de segundo grado fue objeto de impugnación extraordinaria, sustentada a través de demanda de casación en la cual se aprecia que ninguno de los dos cargos propuestos en el respectivo escrito cumple con los requisitos formales de que trata el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, según pasa a verse a continuación. 7.- Dispone el numeral tercero del precepto citado lo siguiente: “La demanda de casación deberá contener (…) 3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas (…) cuando se alegue la R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se

consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”. 8.- Dos cargos se formulan contra la sentencia del Tribunal; ambos con fundamento en la causal primera, el “inicial” por violación directa de los artículos 1602, 1603, 1766 del Código Civil; 9 de la Ley 153 de 1887 y 306, inciso 3°, del “Código” de Procedimiento Civil, y el segundo por la indirecta “como consecuencia de error esencial de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba –interrogatorio de parte que absolvió la demandante y la prueba testimonial-, sobre la cual edificó indicios y que arrojó como resultado que se declarara fundada la excepción de simulación”, a causa de quebrantamiento “de una norma de derecho sustancial”, que omite individualizar y precisar. En la sustentación de los ataques se exponen los hechos que seguidamente se compendian: I.- Para el inicial: 1°) Afirma la censora que el fallo ignoró que el contrato es una ley para las partes y que produce plenos efectos R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil mientras no haya sido invalidado por consentimiento mutuo o por causas legales. En este caso la simulación se dedujo sin la comparecencia de uno de los contratantes, “el tradente del inmueble que se pretende reivindicar”, el que fue vencido en juicio sin habérsele oído, esto es, Luis Fernando Molina Echeverri o sus herederos. 2°) Continúa indicando la recurrente que la providencia

no debió pronunciarse sobre la excepción de simulación y fue “osada la posición del fallador al definir como simulado un contrato de compraventa sin que una de las partes, la vendedora, fuera citada al proceso. Con análisis del interrogatorio de parte y algunos testimonios optó por concluir que el contrato de compraventa era simulado y la poseedora, con esta excepción podía continuar con la posesión”. 3°) La norma en la que se sustentó el pronunciamiento por el sentenciador, aunque existe, no debió ser aplicada en este evento específico, mucho más tratándose de una acción reivindicatoria en la que termina premiándose al poseedor en desmedro del titular del derecho de propiedad, “casos como el presente obliga al demandado a proponer como acción la simulación y no como excepción, habida cuenta de que los efectos procesales y sustanciales que acarrea la posibilidad de salir avante. El camino no era otro que la reconvención contra la demandante inicial y contra el tradente de ésta, a pesar de no haber demandado, situación subsanable mediante la aplicación del litisconsorcio necesario R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil contemplado en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil”. 4°) La sentencia como quedó podría calificarse como inhibitoria, claro que sin serlo, pero por sus secuelas, “el título de dominio sigue incólume y la poseedora continúa con el bien; si el tradente o sus sucesores no promueven la acción respectiva, en el evento de ser cierta la simulación absoluta o

relativa, la situación fáctica que se presentaba antes de la demanda sin modificaciones o alteraciones”. 5°) Agrega por último, “incluso, en detrimento de los intereses del potencial prescribiente quien ante la decisión de declarar fundada la excepción de simulación, calificada como tal por ambos juzgadores, no va encontrar eco para su proceso de declaración de pertenencia. Si demanda al titular del derecho real de dominio inscrito se alegaría que hubo una determinación judicial que declaró su titulo de simulado; si opta por demandar al tradente, se sustentaría que no figura como titular de derecho real principal alguno en el certificado sobre la situación jurídica del inmueble”.

II.- En el final: 1°) Comienza la impugnante achacando a la decisión de fondo la violación “de una norma de derecho sustancial”, como secuela de error manifiesto en la valoración del interrogatorio de parte de la accionante y la prueba testimonial de la cual extrajo los indicios en los cuales R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 12

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil sustentó la declaratoria de la excepción de simulación, se “incurrió en errores esenciales en la apreciación de las pruebas y consignó análisis que no se compadecen con lo probado”, como pasa a verse: a.-) El parentesco de hermanos entre el vendedor y la compradora, fue entendido como si bastara su presencia en los autos “para definir que los contratos celebrados están impregnados de una situación ficticia o no ajustada a la realidad”. b.-) La condonación del monto de la acreencia

hipotecaria no es de la gravedad “indiciaria” que le atribuye el sentenciador, puesto que éste omite tener en cuenta que fue un acto personal mediante el cual se “liberó tanto al deudor inicial como a la propietaria inscrita del bien; en el primer evento el riesgo era mayor”. c.-) El precio pagado fue real y corresponde a las negociaciones que sostenían el vendedor y la compradora desde época anterior “y que permitió un estimativo del mismo”, porque no puede desconocerse que el mismo existió y que quizás fue determinable, pero las circunstancias que rodean su cancelación no puede ser fuente de inferencias para erigir sobre ellos una supuesta “simulación” y por el contrario “confirman la real intención de las partes en realizar un negocio verdadero. Entre ellas que el tradente quedará con la tenencia del bien; la posibilidad de recuperarlo, en una tácita estipulación de retroventa; el asumir otras obligaciones R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 13 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil que así no hayan quedado escritas, como la de cubrir la obligación garantizada con hipoteca”. d.-) La seriedad del contrato cuestionado se encuentra en las respuestas dadas por la actora al absolver interrogatorio de parte, las que ponen en evidencia “la mentalidad comercial de la adquirente del inmueble, a lo que se le añade el salvar su patrimonio ante el riesgo de ser cobradas las obligaciones en las que estampó su firma junto con la de su hermano, fueron motivos suficientes para celebrar el contrato de compraventa de que trata la escritura

pública número 260, ya señalada”. e.-) Concluir que el móvil de la venta no fue otro que la crisis económica basado en dos testimonios de oídas, los de los hermanos de la compradora José Lubín y Elvia Lucía López Vargas, desestimando lo expuesto por aquélla al responder el referido cuestionario, no es correcto, como tampoco la “conducta que ha guardado la demandada a partir de la muerte de su cónyuge de no demandar la supuesta simulación o de impulsarla a través de sus hijos comunes con el señor Luis Fernando Molina Echeverri”. 9.- Como ya se adelantó, ninguno de los dos cargos satisface los requisitos mínimos exigidos por la técnica propia de este recurso extraordinario, por las razones que seguidamente se exponen: I.- En cuanto al primero: R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 14 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil a.-) Del compendio de la sentencia de segundo grado fácil es concluir que el fallador en ningún momento declaró la simulación del contrato de compraventa de Luis Fernando Molina Echeverri a su hermana Inés Molina Echeverri obrante en escritura pública 260 del 28 de febrero de 1995 corrido en la Notaría Sexta de Pereira con la matrícula inmobiliaria número 290-19764, instrumento a través del cual la adquirente pretendía acreditar el requisito de su derecho de dominio para dar vía libre a la acción reivindicatoria deprecada. El juzgador, luego de reproducir el artículo 306 del

Código de Procedimiento Civil, y explicar que a la controversia no habían comparecido todas las partes intervinientes en su celebración, concretamente el vendedor Luis Fernando Molina Echeverri o sus herederos, concluyó que no podía resolver expresamente sobre la validez de dicha convención para dejarla sin efecto y disponer consecuentemente la cancelación tanto del título como la inscripción en la oficina de registro respectivo. Por el contrario, consecuentemente con lo aseverado y después de de rectificar al a quo y revocar su decisión equivocada en ese sentido, procedió a aplicar el inciso final del precepto citado, limitándose a acoger como fundada la excepción de simulación del aludido acuerdo de voluntades. Por el contrario, la recurrente centra el ataque por la vía directa alegando que el ad quem no podía “declarar la simulación” porque no fue aducida como acción, ya que “una R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 15 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil de las partes, la vendedora, fuera citada al proceso”, esto es Luis Fernando Molina Echeverri o sus sucesores, circunstancia que le impediría, inclusive al eventual prescribiente, obtener el reconocimiento de la pertenencia porque dentro del proceso respectivo “si demanda al titular del derecho real de dominio inscrito se alegaría que hubo una determinación judicial que declaró su título de simulado; si opta por demandar al tradente, se sustentaría que no figura como titular de derecho real principal alguno en el certificado sobre la situación jurídica del inmueble”.

Es evidente, entonces, que el ataque se aparta por completo de lo realmente decidido en el fallo de segundo grado, pues, se repite, nunca el sentenciador “declaró la simulación absoluta”, como si a la contienda hubiesen comparecido todos los contratantes, sino que por el contrario circunscribió y expresamente limitó su proceder a reconocer como debidamente acreditada la “excepción de simulación”. Esta actuación procesal es reveladora de que se abstuvo, como correspondía en autos, de extender los efectos de su pronunciamiento más allá del escenario relativo del presente proceso y de las partes en él involucradas, lo que necesariamente implica que la aludida convención quedó vigente, así como también el título que lo contiene junto con la respectiva inscripción. En efecto, la acusación no critica la conclusión relativa a que no era procedente acceder al pedimento atinente a la declaratoria de la “excepción de simulación” propuesta por la R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 16 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil parte accionada. La ausencia de reparo concreto y específico frente al aludido aspecto conduce de modo inevitable a que la misma permanezcan inamovibles con la suficiencia e idoneidad necesarias para conservar invulnerable la providencia del ad quem, quedando por lo tanto incólume la presunción de acierto que la ampara y con la que llega protegida a la Corte. De nada le serviría a la impugnante demostrar la violación directa de la ley que le imputa al juzgador de

segundo grado, en cuanto, según el desarrollo de la acusación, no podía declarar la simulación del contrato mencionado sin la intervención procesal del vendedor o de sus herederos, porque de todas maneras el aspecto acabado de resaltar pone de manifiesto el desenfoque o desvío que aparece en la sustentación del recurso, puesto que los cuestionamientos se formularon por fuera del contenido del pronunciamiento recurrido, analizando motivaciones que nunca fueron hechas por el sentenciador. Es claro, entonces, en armonía con lo acabado de anotar, que la recurrente no ajustó su accionar a las exigencias mínimas establecidas por el ordenamiento jurídico imperante en relación con la vía extraordinaria de impugnación examinada, comportamiento que arroja como secuela obvia que el reproche así planteado no se abra paso, ya que según lo tiene doctrinado la Corporación, la única crítica admisible frente a lo resuelto es aquélla que guarda R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 17 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil adecuada “consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente”(G. J., t. CCLVIII, Pág.294).

b.-) También en este caso específico la recurrente incurre en serias deficiencias que impiden la admisión del mismo a trámite. Ciertamente, la censura se limita a enunciar una serie de normas que en su sentir son de naturaleza sustancial y seguidamente le atribuye al Tribunal su quebrantamiento directo pero no desarrolla ninguno de dichos textos ni explica de qué manera se transgredieron, esto es, no expresa ni identifica cuáles en concreto no se aplicaron, o lo fueron de modo desacertado o se interpretaron erróneamente. La recta violación de la ley es necesario demostrarla y ello se hace cuando se precisan estos aspectos, puesto que no se puede dejar dicha labor al sentenciador por obvia o evidente que sea, dado el carácter dispositivo del recurso. No basta afirmar de modo vago e impreciso que se desconocieron determinados preceptos, es menester e insustituible que se manifieste en qué consistió tal conducta y R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 18 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil qué incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte. c.-) Adicionalmente, en la eventualidad que pudiera superarse la anterior falencia, se observa que el ataque desciende al escrutinio y valoración que el Tribunal hizo de las pruebas, tal como se infiere del pasaje que se reproduce del texto del libelo sustentatorio del recurso: “osada la posición del fallador al definir como simulado un contrato de compraventa sin que una de las partes, la vencedora, fuera citada al proceso. Con análisis del interrogatorio de parte y

algunos testimonios optó por concluir que el contrato de compraventa era simulado y la poseedora, con esta excepción podía continuar con la posesión”. Es incontrovertible que en la sustentación se presenta apartamiento o discrepancia relacionado con la forma en que el sentenciador analizó la relación fáctica y las pruebas atinentes al interrogatorio de parte de la demandante y ciertas declaraciones de terceros, comportamiento que está vedado radicalmente cuando el reparo se formula por la denominada recta vía o directa. La Sala sobre el deber que tiene la censura cuando el ataque es por este mecanismo ha puntualizado desde antaño y de manera pacífica que “la dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales…que considera no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo R.M.D.R. Exp. 6600131030052006-00026-01 19 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas” (Cas. Civ., sentencia del 20 de marzo de 1973. G.J. CXLVI, pág. 60). Y en sentencia de casación N° 285 de 17 de noviembre de 2005, exp. 7567, precisó la “violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición

sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace”, y que,“por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta”.

II.- En relación con el segundo: En la sustentación del cargo, tal como emerge de la sínt