CSJ - SL1092-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1092-2023 Radicación n.° 77717 Acta 12 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

MARCELIANO JARAMILLO TALERO, SILVESTRE

CABALLERO GUERRERO, ALFONSO SOSA ARIAS,

CARLOS JULIO LIZARAZO MACÍAS, LUIS ALBERTO

VARGAS PACHÓN, JEREMÍAS LEÓN ARIAS, ÁLVARO

AGUIRRE PULIDO, FANNY FELISA CALLEJAS PACHECO,

CARMEN JULIA ROMERO DE ORTIZ, ANA LUCÍA

QUIROGA DE FLÓREZ, MARÍA TERESA NAVARRETE DE

GIL, MIGUEL TORRES CHACÓN, ÁLVARO DUQUE

CARRILLO, FRANCISCO ANTONIO MOLANO GUÍO,

CARLOS SAÚL CORREDOR CAMACHO, RICARDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ y JOSÉ MIGUEL PACHECO FONSECA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015) en el proceso

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Radicación n.° 77717 que le instauraron a la EMPRESA DE ENERGÍA DE

BOGOTÁ S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES Los recurrentes llamaron a juicio a la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP (EEB), para que se declarara

que: i) les fueron suspendidos los beneficios convencionales denominados «descuentos del valor del consumo de energía» y «utilización del Centro Vacacional Antonio Ricaurte», así como el «Auxilio Educativo», a partir del 1° de agosto de 2010 y el 1° de enero de 2012, respectivamente; ii) que se les desmejoró el servicio de salud; iii) que tienen derecho vitalicio a tales prerrogativas; iv) que el Acta Extraconvencional n. ° 1 del 12 de octubre de 2011, modificatoria de la CCT 2004-2007, es ineficaz y, v) que el Contrato n.° 100323, celebrado entre la demandada y «Cafesalud MP», solo se aplica en la medida que garantice la efectividad del «servicio médico» en iguales o mejores condiciones en que se disfrutaba a 31 de diciembre de 2011. Pidieron que se condenara a la reclamada a: i) cumplir con las cláusulas de la CCT vigente entre el 1° de julio de 1983 y el 30 de junio de 1985; ii) restablecer vitaliciamente y «actualizar para mejorar cualitativa y cuantitativamente» los beneficios mencionados, mientras subsistan las pensiones de jubilación; iii) devolver los mayores valores que han debido pagar por consumo de energía y por utilización del centro vacacional desde el 1° de agosto de 2010; iv) pagar las sumas que dejaron de percibir por «auxilio educativo» desde el 1° de

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Radicación n.° 77717 enero de 2012 en las que hubiesen incurrido por la negativa

de otorgar el «servicio médico», todas indexadas y con los respectivos intereses moratorios. Deprecaron en subsidio la indemnización de los daños y perjuicios, para cada uno, en cuantía de 500 SMMLV al momento del fallo. Narraron que laboraron en EEB durante el tiempo necesario para obtener la pensión de jubilación convencional; que para ese momento estaba vigente la CCT suscrita entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, hoy Sintraelecol, la cual se pactó para el periodo 1° de junio de 1983 - 30 de junio de 1985; que todos fueron beneficiarios de esos acuerdos y los derechos mensuales de tracto sucesivo que en ellos se introdujeron, los cuales integraron sus patrimonios personales y familiares, pues fueron concedidos cuando eran trabajadores activos. Relataron que se les reconocieron las pensiones de jubilación al tenor de la cláusula 39 de la CCT 1983-1985, a través de los actos administrativos relacionadas en el hecho 6.81 y, en todo caso, 21 años antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, adquiriendo así la connotación de «derechos fundamentales adquiridos»; que desde que tuvieron tal estatus, disfrutaron de los siguientes beneficios convencionales, que se mejoraron en los posteriores acuerdos: 1 F. ° 884, escrito de demanda inicial.

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Radicación n.° 77717 […] Descuento del Valor de Consumo de energía, consagrado en

los siguientes términos “…La Empresa [c]oncederá descuentos del valor de los servicios domésticos de energía que se prestan bajo contador en casas de habitación ocupadas única y exclusivamente por los trabajadores de la Empresa, sus pensionados y familiares así: a. Ochenta y cinco (85 %) de rebaja cuando el trabajador pensionado sea la única persona que tiene a su cargo el sostenimiento del hogar en que vive. El trabajador casado tendrá derecho a la misma rebaja cuando el cónyuge ayude al sostenimiento del hogar con el producto de su salario. b. Setenta por ciento (70 %) de rebaja cuando además del trabajador o pensionado haya otra (s) persona (s) que directamente contribuya al sostenimiento del hogar, fuera del cónyuge (artículo 19). […] Uso del Centro Vacacional Antonio Ricaurte, pactado convencionalmente así: […] f) Además de los trabajadores activos de la Empresa, tendrán derecho a la utilización de la Colonia Vacacional, los pensionados de la misma en la forma que lo reglamente el comité de la colonia…” (artículo 31). […] La empresa mantendrá en operación el Centro Vacacional Antonio Ricaurte con el objeto de brindar los servicios de recreación, descanso, esparcimiento, alojamiento y alimentación a los usuarios que adelante se enumeran, para lo cual podrá contratar su administración con entidades especializadas… 5. De los Pensionados. Los Pensionados de la Empresa tendrán derecho al uso Centro, en la forma que lo reglamente el Comité del Centro…” (artículo 21). Precisaron que el servicio médico se convino en la CCT 1971-1973, fue ratificado según el artículo 23 del Laudo

Arbitral del 20 de diciembre de 1973 y surgió a la vida jurídica con la Ley 4ª de 1976; que con base en tal prerrogativa, los pensionados, sus cónyuges, hijos y padres

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Radicación n.° 77717 podían acceder a consulta médica general y especializada, visita domiciliaria, consulta psiquiátrica o psicológica, consulta por nutrición, tratamiento odontológico, suministros, cirugías, tratamientos de urgencia y entrega de medicamentos. Explicaron que hasta el año 2000, la empresa brindó directamente dicha prestación y, posteriormente, a través de Colmédica mediante póliza; que Cafesalud lo hizo entre el 1° de agosto de 2003 y el 31 de diciembre de 2011 con el denominado Plan Almendra Superior. Señalaron que a partir del 1° de agosto de 2010, la demandada suspendió unilateralmente el reconocimiento de los derechos convencionales anteriores, lo que se les comunicó mediante Carta del 2 de agosto de ese año; que tal decisión se fundamentó en una interpretación y aplicación equivocada sobre la vigencia de la reforma constitucional del 2005; que desde el 1° de enero de 2012 se suspendió el «servicio médico» ante la suscripción del Acta Extraconvencional 01 del 12 de octubre de 2011. Contaron que la asociación de pensionados de la accionada, solicitó la reconsideración de la determinación, pero se le negó; que mediante Oficio del 23 de marzo de 2011 los ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección

Social se pronunciaron al respecto; que se ejercieron derechos de petición solicitando restablecer, mantener y actualizar sus prerrogativas convencionales, los cuales fueron radicados en la forma en que se explica en la tabla del

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Radicación n.° 77717 hecho 6.182 y que se despacharon desfavorablemente tal y como se relaciona en el 6.193 (f. ° 881 a 9154 y 976 a 9825, cuaderno 2 del juzgado y 1045 a 10516, cuaderno 3 ib). La Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP se opuso a las rogativas; aceptó que las pensiones se reconocieron al tenor de la cláusula 39 de la CCT 1983-1985; que los demandantes disfrutaron los beneficios convencionales demandados hasta el 11 de octubre de 2011 y radicaron peticiones que se les respondieron negativamente y que el servicio de salud se prestó a través de Colmédica y posteriormente con Cafesalud. Dijo que los demás hechos no eran ciertos o no le constaban. Aclaró que las labores se dieron con la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, hoy Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP; que las prerrogativas incorporadas en una convención colectiva no generan derechos adquiridos, porque penden de que la organización sindical no las modifique o elimine mediante una negociación formal o acta extraconvencional; que los servicios médicos para los familiares de los pensionados los sigue prestando Cafesalud Medicina Prepagada, pues solo se eliminó para los familiares

de los trabajadores sindicalizados y beneficiarios de la CCT. Propuso las excepciones dilatorias de indebida acumulación de pretensiones y las de mérito de prescripción, 2 F. ° 887, ib. 3 Ib. 4 Demanda. 5 «Adición» a la demanda. 6 Subsanación de la «adición» de la demanda.

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Radicación n.° 77717 buena fe e inexistencia de los derechos reclamados (f. ° 936 a 945, cuaderno 2 y 1094 a 104, cuaderno 3, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, el 11 de febrero de 2015, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ al pago de los mayores valores que los demandantes tuvieron que asumir en relación con el pago del servicio de energía así: daño emergente equivalente al 70 % correspondiente al descuento dejado de realizar y lucro cesante tasado por el perito y aprobado por el despacho.

1. ALVARO AGUIRRE PULIDO

Daño Emergente $2.053.422 Lucro Cesante $913.709

2. ALFONSO ARIAS SOSA

Daño Emergente $3.355.247 Lucro Cesante $997.476

3. FANNY FELISA CALLEJAS PACHECO

Daño Emergente $449.806 Lucro Cesante $184.875

4. CARLOS SAÚL CORREDOR CAMACHO

Daño Emergente $4.830.700 Lucro Cesante $2.311.297

5. MARCELIANO JARAMILLO TALERO

Daño Emergente $1.992.529 Lucro Cesante $831.089

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Radicación n.° 77717

6. GEREMÍAS LEÓN ARIAS

Daño Emergente $3.528.826 Lucro Cesante $1.442.340

7. CARLOS JULIO LIZARAZO MACÍAS

Daño Emergente $1.215.074 Lucro Cesante $528.258

8. FRANCISCO ANTONIO MOLANO GUIO

Daño Emergente $3.763.648 Lucro Cesante $1.445.025

9. MARÍA TERESA NAVARRETE DE GIL

Daño Emergente $4.603.514 Lucro Cesante $1.881.280

10. JOSÉ MIGUEL PACHECO FONSECA

Daño Emergente $3.228.204 Lucro Cesante $1.395.095

11. ANA LUCÍA QUIROGA DE FLÓREZ

Daño Emergente $1.384.107 Lucro Cesante $539.374

12. CÁRMEN JULIA ROMERO DE ORTÍZ

Daño Emergente $4.344.162 Lucro Cesante $1.761.284

13. MIGUEL TORRES CHACÓN

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Radicación n.° 77717 Daño Emergente $3.830.834 Lucro Cesante $1.245.212

14. LUIS ALBERTO VARGAS PACHÓN

Daño Emergente $3.860.752 Lucro Cesante $1.390.939

SEGUNDO: ABSOLVER a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ del pago de servicio de energía en relación con el

trabajador SILVESTRE CABALLERO GUERRERO por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSOLVER a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ de todas las demás pretensiones.

CUARTO: CONDENAR en costas al demandado a favor de cada demandante. Fíjense como agencias en derecho en un 12 % de las pretensiones reconocidas en esta sentencia para cada trabajador, Por Secretaría liquídense (acta de f. ° 1494 a 1504, en relación con el CD de f. ° 1496, cuaderno 3, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de julio de 2015, al decidir los recursos de apelación de ambos extremos procesales, revocó el numeral primero de la sentencia inicial para, en su lugar, absolver a la enjuiciada de las condenas por daño emergente y lucro cesante y la confirmó en lo demás.

Dijo que debía determinar si existía fundamento legal para que la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP no continuara otorgando los beneficios convencionales a sus pensionados; que con la constancia emitida por la empresa (f. ° 5, cuaderno anexo), se demostró que concedió a los

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Radicación n.° 77717 accionantes la pensión de jubilación convencional. Acudió a las cláusulas 16, 19 y 21 de la CCT 2004-2007 suscrita entre la empresa y Sintraelecol (f. ° 80 y ss ibidem),

las cuales se modificaron mediante acuerdo entre los mismos contrayentes y a través del Acta Extra Convencional n. ° 1 del 12 de octubre de 2011 (f. ° 966 y ss, ib), en virtud de la cual pasaron a denominarse «auxilio familiar», «auxilio para gastos generales del hogar» y «bienes económicos para vacacionar en familia», respectivamente. Resaltó que el artículo 33 de la CCT, que consagró los servicios médicos para los familiares del trabajador, también fue sustituido en ese instrumento, en cuyo parágrafo tercero se expresó que «este artículo solo será aplicable a los trabajadores a la fecha de depósito de la presente acta sean beneficiarios de esta prestación». Precisó que el Constituyente de 1991 claramente se refirió a los derechos adquiridos para garantizar su protección mediante el artículo 58; que aquellos están íntimamente relaciona dos con la aplicación de la ley en el tiempo, pues una posterior no puede tener efectos retroactivos para desconocer las situaciones jurídicas consolidadas bajo otra anterior; que la CP establece una excepción al principio de irretroactividad de la ley al consagrar la favorabilidad de las normas penales en el canon 29 superior. Explicó que la doctrina y la jurisprudencia (CC C529SCLAJPT-10 V.00 10 Radicación n.° 77717 1994 y CC C126-1995), han diferenciado los derechos adquiridos y las simples expectativas, coincidiendo en que los primeros son intangibles y, por tanto, el legislador no puede lesionarlos o desconocerlos al expedir la ley; que no

sucede lo mismo con las últimas, pues son apenas aquellas posibilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho y pueden ser modificadas discrecionalmente por aquél, sin desconocer que la CP de 1991 protege expresamente aquellos en tanto se incorporan de modo definitivo al patrimonio de su titular y quedan cubiertos de cualquier acto que pretenda desconocerlos. Coligió de los preceptos convencionales antes referidos y de los parágrafos transitorios 2° y 3° del Acto Legislativo 01 de 2005, que los beneficios que incluían las prestaciones económicas ingresaron a los patrimonios de los accionantes, pues las disfrutaban antes de la vigencia del último, traduciéndose en derechos adquiridos; que con la adición al artículo 48 superior se buscó equiparar los beneficios pensionales de la Ley 100 de 1993 a los demás otorgados a los empleadores públicos o privados, pero ello no podía desconocer los derechos pensionales causados antes de la vigencia de la reforma constitucional. Especificó que si patrono y trabajadores pactaron en una CCT que algunos beneficios pensionales se harían extensivos a los jubilados, se entendía que la empresa debía «proveer» los recursos necesarios para garantizar la materialización de esos derechos hasta que las causas que les dieron origen se extinguieran, de conformidad con el

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Radicación n.° 77717 inciso 3° del artículo 283 de la Ley 100 de 1993; que la última convención colectiva de trabajo suscrita por la demandada y Sintraelecol fue la del 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre

de 2007 que, según el precepto 478 del CST, ha de entenderse que sigue vigente a través de prórrogas sucesivas de 6 meses, por cuanto no se aportó al plenario una diferente que la sustituyera. Agregó que una vez pactados los beneficios extralegales en la CCT para los trabajadores activos, extensivos a los pensionados de la accionada y causados por parte de sus destinatarios, aquellos no se extinguían y cualquier decisión que se tomara en ese sentido se tornaría ilegal, porque ese es un acuerdo al que llegaron sindicato y empleadores, siendo estos los únicos que, a través de los mecanismos preestablecidos, podían decidir qué cláusulas convencionales continuaban vigentes, lo que hallaba sustento en decisiones de la Corte («radicado 29907 de 2008»). Destacó que, […] una cosa son los derechos adquiridos entendidos como aquellos que venían siendo reconocidos a sus beneficiarios por parte de la empresa accionada, lo que supone el previo cumplimiento de los requisitos convencionales, y otra muy diferente es que, en calidad de derechos adquiridos, se solicite su reactivación a través de acción judicial circunstancia que no permite inferir el cumplimiento de las circunstancias o requisitos para cada uno de los actores pues es norma elemental del derecho art. 177 del CPC […]. Advirtió que la cláusula 16 de la CCT 2004-2007, limitó el beneficio del auxilio para educación a los trabajadores,

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Radicación n.° 77717 extensivo a los pensionados, que cada mes de marzo

presentaran a la empresa los certificados que acreditaran la aprobación de estudios en el año lectivo inmediatamente anterior, puesto que la no radicación de dicho documento, generaba la pérdida del auxilio; que el canon 19 supeditó los descuentos del valor del consumo de energía del 85 % y del 75 % a que el pensionado fuera el único a cargo del sostenimiento de su hogar o que, además de él, otra persona contribuyera con los gastos del mismo, respectivamente. Acentuó que tales requisitos no se demostraron en juicio, por manera que la juez inicial no podía dar prosperidad a la pretensión de descuento en la facturación por concepto de energía a título de daño emergente y lucro cesante; que los funcionaros judiciales deben contar con la prueba oportuna y legalmente aportadas para conceder las pretensiones deprecadas, sin que sus decisiones puedan basarse en supuestos, creencias o simples deducciones, porque ello distorsionaría la función de impartir justicia. Decantó, frente a la reactivación del auxilio médico, que tenía fundamento en la cláusula 33 de la CCT 2004-2007 (f. ° 101, ibidem) y 1ª de la CCT 1983-1985 (f.° 62,ib), […] texto que tiene como destinatarios a los trabajadores activos de la empresa y a sus familiares, es decir, no se hizo extensivo ese beneficio a los pensionados, luego, se echa de menos el acto convencional que lo contempló y por tanto imposible para esta colegiatura acceder a lo pretendido cuando se desconoce su alcance y condiciones. Más aun cuando al responder la reforma la empresa contestó que ese beneficio nunca fue suspendido para

los familiares del pensionado […] y así mismo en las respuestas a las peticiones de folios 983 y ss. […] luego cae por su peso que no es dable ordenar la reactivación de un derecho que jamás fue

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Radicación n.° 77717 suspendido o en su defecto limitado. Razonó que la utilización del centro vacacional Antonio Ricaurte dependía de las decisiones que adoptara el «comité de relaciones laborales», que no fueron allegadas al plenario, sin que se precisara ningún otro detalle en la demanda, por lo que compartía el criterio de la primera instancia dada la orfandad probatoria en ese sentido; que, por sustracción de materia, era innecesario auscultar la pretensión subsidiaria indemnizatoria (acta de f. ° 1510 a 1512, cuaderno 3, en relación con el CD de f.° 1538, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los accionantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden la casación total de la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, se revoquen los numerales segundo y tercero de la decisión del juez inicial y se despachen favorablemente las pretensiones (f.º 9 a 10, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar conjuntamente, atendiendo a que ambos comparten similar proposición jurídica.

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Radicación n.° 77717

VI. CARGO PRIMERO Denuncian que el segundo fallo trasgrede la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467 y 469 a 480 del CST, lo que condujo al «desconocimiento» de, […] los artículos 10° y 16, en relación con los artículos 1o, 2o, 3o, 5o, 7o, 8o, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 353 a 484 del mismo estatuto; artículos 60, 61 y 66 A del

[CPTSS] - violación de medio -, dentro de los parámetros establecidos en los artículos 1°, 2°, 4° 5°, 6° 11, 13, 23, 25, 29, 38, 39, 48, 53, 55, 58, 83, 85, 95, 228 y 229 de la [CP]. Manifiestan que el yerro en la aplicación de los preceptos enunciados ocurrió a causa de, […] graves y evidentes errores en la apreciación de algunos medios de prueba que forman parte del expediente, con total desconocimiento de los derechos de los demandantes. Estos efectos, en detalle, son: considerar que los demandantes no acreditaron los requisitos exigidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, para acceder a los beneficios cuyo restablecimiento se solicita y no tener por demostrado estándolo que cada uno de ellos acreditó los requisitos para acceder a estos

derechos, en la debida oportunidad. Añaden que el Tribunal desconoció los principios de consonancia y congruencia, llevándolo a:

1. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes adquirieron los derechos convencionales reclamados, porque cumplieron en su oportunidad, todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes en el momento en que les fueron reconocidas sus pensiones convencionales y se incorporaron a su ingreso mínimo vital, como un derecho adquirido con todas las garantías legales vigentes.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que para el restablecimiento de los derechos suspendidos en virtud de la vigencia, aplicación e interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005, se debían demostrar nuevamente las

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Radicación n.° 77717 condiciones exigidas para su disfrute, acreditadas previamente por cada uno de los demandantes (negrillas y cursivas del recurrente). Plantean que tales equivocaciones fueron consecuencia de, […] la indebida valoración de los medios de prueba que forman parte del expediente, especialmente: las diversas comunicaciones con las cuales los demandantes a través de la Asociación de Pensionados de la Empresa de Energía de Bogotá -Codensa y Emgesa y de manera individual, solicitaron a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P., el restablecimiento de los beneficios reclamados, incluidos los escritos en ejercicio del derecho de petición y para agotar la vía gubernativa de reclamo presentados y las respuestas que en cada caso fueron proferidas

por la misma, negando dichas solicitudes; así mismo, las comunicaciones del 02 de agosto de 2010 por medio de las cuales se les comunicó a los demandantes la decisión de suspender los beneficios convencionales de que eran beneficiaros; la demanda y su contestación y las Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas entre SINTRAELECOL y la Empresa de Energía de Bogotá, vigentes entre el 01 de julio de 1983 y el 30 de junio de 1985 y entre el 01 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 […] (negrillas y cursivas del recurrente). Aseguran que de acuerdo con el artículo 55 de la CP, el derecho a la negociación colectiva es la máxima expresión del derecho de asociación sindical, pues regula las relaciones entre trabajadores y empleadores; que según el 467 del CST, la convención colectiva se constituye en el instrumento a través del cual las partes fijan las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia y se crean derechos extralegales con vocación futura y de permanencia. Tienen por acertada la conclusión del colegiado relativa a que los beneficios reclamados no solo se constituyeron en derechos adquiridos, sino que la norma convencional que los contiene continua vigente para ellos en su integridad, según

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Radicación n.° 77717 el artículo 478 del CST, pero por contradictorio que se les exigiera la acreditación de unos requisitos no previstos e imposibles de cumplir. Alegan que con las pruebas indebidamente apreciadas por el juez de la apelación, se demostró que la opositora dejó

de reconocer los beneficios convencionales solicitados, argumentando exclusivamente la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, pero sin poner en duda la acreditación de los requisitos exigidos para su reconocimiento antes de que se produjera la suspensión; que con posterioridad a este hecho, era imposible que los pensionados acreditaran requisito alguno, porque la empresa se negó al restablecimiento solicitado. Resaltan que el objeto de la demanda es que se disponga el restablecimiento de los derechos extralegales que disfrutaban, adquiridos antes del vigor de la mencionada reforma constitucional, que deben garantizarse por la sola circunstancia de ser pensionados de la reclamada y, por tanto, beneficiarios de las convenciones colectivas de trabajo; que cosa distinta es la exigibilidad de su reconocimiento, para la cual si es posible que se requiera acreditar las condiciones convencionales, que en todo caso satisficieron cuando se les reconocieron las pensiones de jubilación, como lo reconoció la empresa en el proceso. Precisan que las normas convencionales que crearon los beneficios cuyo restablecimiento se reclama, están contenidas en la CCT 1983-1985 suscrita entre Sintraelecol

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Radicación n.° 77717 y la Empresa de Energía de Bogotá S. A. ESP, específicamente en las cláusulas 19, 22, 31 y 33, correspondiendo la última a los servicios médicos quirúrgicos, clínicos, hospitalarios, así como exámenes de laboratorio, radiografías, anteojos, válvulas de hakim, lentes

infraoculares, marcapasos, tratamientos médicos y consultas de especialistas ordenadas por los médicos de la empresa, haciéndose extensivo a los pensionados en aplicación del artículo 7° de la Ley 4a de 1976. Señalan que dichos servicios se incorporaron en sus patrimonios y su reconocimiento se debe mantener, con independencia de la vigencia del instrumento que los creó, siempre que se acrediten los requisitos para su exigibilidad, situación que, en el presente asunto, no se puso en duda por parte de la ex empleadora (f.° 6 a 22, ib).

VII. RÉPLICA Sostiene que la acusación no debe prosperar, pues no cumple con los requisitos formales y con el planteamiento lógico propio de la casación, acorde con lo orientado en la sentencia CSJ SL, 10 abr. 2002, rad. 17083.

Endilga la existencia de un error de técnica, en tanto la convención colectiva de trabajo es una prueba ad sustamtiam actus, por lo que debe impugnarse a través de la senda jurídica; que no se individualizaron las pruebas mal apreciadas; que el instrumento colectivo es fuente formal de derechos para los trabajadores y no para los pensionados

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Radicación n.° 77717 (CSJ SL15605-2016), pues respecto de estos últimos fue el artículo 7° de la Ley 4ª de 1976 la que hizo extensivos los beneficios, sin embargo, tal precepto no se integró en la proposición jurídica (f.° 26 a 28, ibidem).

VIII. SEGUNDO CARGO

Acusan la sentencia del Tribunal por violación directa de la ley sustancial de orden nacional, en la modalidad de «falta de aplicación» del artículo 10° del CST, modificado por el 2° de la Ley 1496 de 2011, lo que […] condujo al desconocimiento de los artículos 1o, 2o, 3o, 5o, 7o, 8o, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 353 a 484 del mismo estatuto, artículos 60 y 61 del [CPTSS] - violación de medio — dentro de los parámetros establecidos en los artículos 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 11, 13, 23, 25, 29, 38, 39, 48, 53, 55, 58, 83, 85, 95, 228 y 229 de la [CP] Apuntan que el precepto 10° del CST debía interpretarse y aplicarse en armonía con las disposiciones 13, 228 y 230 de la CP que delimitan el ejercicio de la función pública de administrar justicia y garantizan el acceso a la misma para todos los colombianos en igualdad de condiciones; que el juzgador plural los discriminó al […] impartirles un tratamiento flagrantemente contrario al que han recibido (mediante sentencias judiciales, debidamente ejecutoriadas en más de 400 casos), de parte de la misma Corporación, otros pensionados que como ellos, acudieron a la Administración de Justicia en procura del restablecimiento de sus derechos como Pensionados de la Empresa de Energía de

Bogotá S. A. E.S.P. y obtuvieron fallos favorables a sus pretensiones; en consecuencia, desconoce el derecho a la igualdad de los demandantes, por dos vías: la primera, porque avala el proceder arbitrario, ilegal e injusto de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S. A. E.S.P., al suspender los derechos convencionales a todos sus pensionados, ahora, con

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Radicación n.° 77717 interpretaciones como la que se efectuó en este caso por parte de los honorables Magistrados del Tribunal Superior de Bogotá - Sala Laboral, tiene la posibilidad de restablecer los beneficios sólo a aquellos que obtengan fallos favorables a sus pretensiones, lo que de plano evidencia una nueva discriminación (negrillas del texto). Indican que la trasgresión tuvo lugar ante el desconocimiento del precedente jurisprudencial del mismo Tribunal de Bogotá y de las Cortes Suprema y Constitucional, en relación con los beneficios convencionales y su vigencia tras la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, según el cual, priman los derechos adquiridos, que no pueden ser desconocidos, afectados o desmejorados por normas posteriores; que aunque se encontraban en las mismas condiciones de hecho y de derecho que otros pensionados que reclamaron judicialmente, a través de 17 procesos enlistados a manera de ejemplo, la decisión fue negativa, configurándose una discriminación sin respaldo constitucional ni legal (f. ° 18 a 22, ib).

IX. RÉPLICA Recalca que el cargo incurre en un «craso error de

técnica», porque el argumento en torno al derecho a la igualdad, basado en que a la empresa se le ha condenado a continuar pagando los beneficios convencionales a los pensionados, es un hecho nuevo e inadmisible en casación (f. ° 28 a 29, ibidem).

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X. CONSIDERACIONES Las deficiencias argumentativas enrostradas por la oposición no comprometen la estimación de la acusación, ya que al excluir del control de legalidad los cuestionamientos indebidamente introducidos7 por no resultar acordes con el sendero escogido (CSJ SL3155-2022) y al abordar conjuntamente