CSJ - SL1227-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1227-2023 Radicación n.° 95739 Acta 16 Sincelejo, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOAQUÍN ALONSO MAURICIO VÁSQUEZ GIORGI contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2022 por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le sigue a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra Colpensiones, para procurar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, a partir del 20 de marzo de 2017, más los intereses moratorios.

En sustento de sus pretensiones, manifestó que contrajo matrimonio católico con Beatriz Jiménez el 8 de

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Radicación n.° 95739 abril de 1972; que mediante escritura pública n.° 5.620 del 18 de diciembre de 1995 se autorizó la liquidación y disolución de la sociedad conyugal; que nunca se divorciaron, manteniendo incólume el vínculo matrimonial; que compartieron techo, lecho y habitación desde que contrajeron nupcias hasta el 30 de junio de 1998, es decir, por un lapso superior a 5 años. Dijo que la causante falleció el 18 de febrero de 2012, cuando ostentaba la calidad de pensionada por vejez; que la

demandada le otorgó la sustitución pensional a su madre, señora Beatriz Jiménez Castro y; que esta última murió el 17 de marzo de 2017. Aseguró que el 27 de junio de 2019 solicitó a la pasiva la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite, y le fue negada a través de las Resoluciones SUB 185866 del 16 de julio de 2019 y DPE 8362 del 23 de agosto del mismo año. Colpensiones, al responder la demanda, se opuso a las pretensiones. Respecto a los hechos, dijo que no le constaba lo relativo a la preservación del vínculo matrimonial y el tiempo de convivencia. Aceptó todo lo demás. Propuso las excepciones de prescripción, caducidad, cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve de Oralidad Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo pronunciado el 26 de enero de 2021, absolvió a la pasiva de todas las pretensiones.

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Radicación n.° 95739

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de proveído del 28 de febrero de 2022, confirmó la del a quo.

Precisó que, dada la fecha del fallecimiento del causante, la norma que regula el caso es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual fue examinado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-515-2019, así: «[…] en

aquellos casos en que no existe convivencia simultánea, para que el cónyuge separado de hecho tenga la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe tener sociedad conyugal vigente». Seguidamente, basado en la citada jurisprudencia de la Corte Constitucional, concluyó: Revisadas las pruebas aportadas al expediente, concluye la Sala, que bajo la aplicación del lineamiento referido en precedencia, el demandante no tiene la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes que reclama, pues si bien BEATRIZ JIMÉNEZ y el demandante contrajeron matrimonio el 8 de abril de 1972, lo cierto es que mediante Escritura Pública N° 05620 del 18 de diciembre de 1995, se disolvió y liquidó la sociedad conyugal (fls. 6 a 10) y con ello perdió la eventual condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada con el fallecimiento de BEATRIZ JIMÉNEZ, en calidad de cónyuge supérstite. En los términos de la jurisprudencia referida, una vez se disuelve y se liquida la sociedad conyugal, los haberes del pensionado dejan de formar parte de la masa patrimonial y por ello se extingue el derecho a sustituir la prestación, al ser tan clara la posición asumida por la Corte Constitucional, a juicio de la Sala, no hay lugar a realizar interpretaciones diferentes a las que la misma norma define, para la solución de asuntos como el que aquí se estudia. No desconoce la Sala, que la apoderada de la parte demandante solicita en su recurso, la aplicación del criterio definido por la

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según

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Radicación n.° 95739 el cual, el cónyuge separado de hecho, para tener la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, solo debe acreditar el vínculo matrimonial vigente y 5 años de convivencia en cualquier tiempo, sin que resulte relevante si la sociedad conyugal se encuentra vigente o no, o si se trata de casos en que existe convivencia simultanea (sic) o no. No obstante, esta Sala de decisión acoge el criterio definido por la Corte Constitucional, sobre la materia, pues las decisiones que profiere dicha Corporación como intérprete de la Constitución, son de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales, según lo dispone el artículo 48 de la Ley 270 de 1996.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case el fallo del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el del a quo, y en su lugar, se accedan a sus pretensiones.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, replicado oportunamente.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 47 de la Ley 100 de 1993, «lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 48 y 53 de

la Constitución Política de 1991, 27 y 31 del Código Civil, 13, 14, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo». Aduce que el tema aquí debatido ya fue estudiado por esta Corte en las sentencias CSJ SL1399-2018 y SL3592021. Seguidamente sostuvo que los lazos de afectividad,

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Radicación n.° 95739 socorro y ayuda mutua, hasta la fecha del fallecimiento de la causante, no implican el cumplimiento de las obligaciones maritales en los términos del artículo 176 del Código Civil, pues la separación de hecho suspende la vida en común, por lo tanto, sería irrazonable pretender que las obligaciones maritales deben permanecer incólumes y, que la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en la adquisición del derecho pensional. Precisa que el Tribunal le dio un entendimiento errado al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues al resolver que la condición de beneficiario de la pensión se extinguió al presentarse la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, fijó un requisito adicional que no contiene la norma, y, por consiguiente, fue en contravía del precepto 53 de la Constitución Política. Arguye que, pese a que existió disolución y liquidación de la sociedad conyugal, esa situación no puede obstaculizar el derecho a la prestación reclamada, ya que no existió el rompimiento del vínculo matrimonial por divorcio, o nulidad del mismo, por consiguiente, «el vínculo jurídico entre los cónyuges siempre estuvo vigente hasta la fecha de

fallecimiento de la causante». Concluye que cumple a cabalidad, […] no solo con los requisitos establecidos por la Ley 797 de 2003 para ser Beneficiario de la Pensión de Sobrevivientes, pues convivió con la causante BEATRIZ JIMÉNEZ (Q.E.P.D.) de manera exclusiva y permanente, compartiendo techo, lecho y habitación por más de cinco (5) años en CUALQUIER TIEMPO, sino que además, no se puede desmeritar que entre ellos existió una verdadera unión jurídica y/o pacto conyugal consolidado con el Rito del Matrimonio desde el año de mil novecientos

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Radicación n.° 95739 setenta y dos (1972) sin que estos se hubieren DIVORCIADO, manteniendo el vínculo matrimonial incólume hasta la fecha de deceso de la causante.

VII. RÉPLICA Colpensiones aduce que este asunto «no se trata de una cónyuge con sociedad matrimonial vigente, sino con una con sociedad matrimonial liquidada, bien hizo el sentenciador en advertir que los 5 años de convivencia, no podían ser acreditados en cualquier tiempo, como sí acontecería con una cónyuge separada de hecho, pero con sociedad conyugal sin liquidar», y apunta que en reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha avalado que esos cinco años de convivencia que exige la norma, son acreditables en cualquier tiempo, pero eso sucede cuando el cónyuge, pese a estar separado, mantiene sociedad conyugal vigente, situación que no es la que acontece en este asunto.

Esgrime que el censor pretende que se le extiendan los

requisitos otorgados al cónyuge con sociedad conyugal vigente, para con ello, poder acreditar el requisito de los 5 años en cualquier tiempo, sin embargo, «queda demostrado que contrario a lo dicho, la interpretación que le dio el Tribunal a las disposiciones corresponde al precedente de su superior jerárquico, al real alcance de la norma y al estudio de constitucionalidad de la disposición».

VIII. CONSIDERACIONES Dado que el cargo se formuló por la senda del puro derecho, se observa que en las instancias quedaron definidos los siguientes aspectos fácticos: (i) que Joaquín Alonso

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Radicación n.° 95739 Mauricio Vásquez Giorgi y Beatriz Jiménez contrajeron matrimonio el 8 de abril de 1972; (ii) que mediante escritura pública n.° 5.620 del 18 de diciembre de 1995 se autorizó la liquidación y disolución de la sociedad conyugal; y (iii) que la mencionada señora falleció el 18 de febrero de 2012, fecha para la cual no convivía con su cónyuge. Le corresponde a la Corte en el presente asunto, determinar si el Tribunal incurrió en la denunciada violación de la ley, al considerar que el cónyuge supérstite de la causante, no divorciado, no tenía derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, debido a que la sociedad conyugal fue disuelta y liquidada. Desde ya advierte la Sala que la razón está del lado del recurrente, puesto que la decisión del Tribunal no se acompasa con la jurisprudencia de esta Corporación en torno

a la interpretación del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, según la cual, la vigencia de la sociedad conyugal no resulta necesaria para que el cónyuge separado de hecho tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, sino que para tales efectos basta la existencia de la unión matrimonial acompañada de la real y efectiva convivencia en los último 5 años. La norma citada reza: ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […] b) […] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el

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Radicación n.° 95739 esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; […]. Al respecto, en la sentencia CSJ SL1180-2022, la Sala explicó: Pues bien, la Corte en diferentes oportunidades ha señalado que si bien la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial

del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial, como equivocadamente lo entiende la recurrente, pues aquel continúa vigente hasta tanto se declare su nulidad o se presente una de las causas de disolución previstas en el artículo 152 del Código Civil, norma que establece que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado, mientras que el religioso por el decreto de la cesación de sus efectos civiles y, además, por los cánones y normas correspondientes al ordenamiento religioso (CSJ SL3251-2021). Bajo este contexto, es evidente que la disposición con la que se resuelve el presente caso es la contenida en el inciso 3º del literal b) de la Ley 797 de 2003, como acertadamente lo hizo el Tribunal, y de cuya interpretación no se advierte ningún yerro, en tanto se acompasa con el criterio fijado por esta Corporación en el sentido de que la cónyuge separada de hecho pero con vínculo matrimonial vigente, aun hallándose disuelta la sociedad conyugal, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes si acredita una convivencia mínima de 5 años con el causante en cualquier tiempo, en vigencia del vínculo matrimonial. Precisamente esa es la intelección que la Sala le ha dado a dicha preceptiva, entre otras, en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ

SL1869-2020, CSJ SL2232-2019, CSJ SL5141-2019 y CSJ

SL1399-2018, última en la que señaló:

En efecto, a partir de la sentencia SL, 24 en. 2012, rad. 41637, esta Sala planteó que el cónyuge con unión matrimonial vigente, independientemente de si se encuentra separado de hecho o no de su consorte, puede reclamar legítimamente la pensión de sobrevivientes por su fallecimiento, siempre que hubiese convivido con el (la) causante durante un interregno no inferior a 5 años, en cualquier tiempo. En específico, en esa oportunidad señaló: (…) El anterior criterio se reivindicó en las sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017, SL6519-2017, entre otras.

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Radicación n.° 95739 Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor

económico o relevancia social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a) permanente. Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial. Por lo tanto, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho. Fluye de lo plasmado en precedencia que el Tribunal incurrió en la transgresión normativa que se le endilga, pues a pesar de que la sociedad conyugal que existió entre el actor y la causante fue disuelta y liquidada, lo cierto es que la unión conyugal persistió hasta la muerte de esta, en la medida en que no medió divorcio que así lo dispusiera. No escapa a la Sala que, mediante sentencia CC C-5152019 –citada por el juez de alzada–, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad pura y simple de la expresión «con la cual existe la sociedad conyugal vigente», contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En las consideraciones de esa providencia sostuvo que el requisito de existencia del vínculo patrimonial (sociedad

conyugal vigente) hasta el fallecimiento del causante, es el

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Radicación n.° 95739 criterio relevante en el contexto de convivencia no simultánea. Con todo, tal criterio ubica a la pensión de sobrevivientes, sin más, dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio. En cambio, la actual tesis de esta Corporación, entiende que el fundamento de la prestación por muerte, en estos casos, es la vigencia de la unión conyugal, precisamente porque la pensión se sitúa dentro de los efectos personales del vínculo matrimonial. Ello viene corroborado con el hecho que lo que da lugar a la prestación es la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, «la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva (…)», tal como se dijo en las sentencias CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245, SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, SL7299-2015 y SL1399-2018). Y es que el matrimonio genera unos derechos y obligaciones que no se extinguen con la separación de hecho ni con la disolución de la sociedad conyugal, sino solo con su nulidad, el divorcio, o la muerte de uno de los consortes. Por ejemplo, el deber de socorro y ayuda mutua «en todas las circunstancias de la vida» no desaparece cuando los cónyuges se separan de hecho, como tampoco cuando liquidan la

sociedad conyugal, por manera que el matrimonio sigue produciendo efectos personales, independientemente de las

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Radicación n.° 95739 decisiones de los cónyuges acerca de la sociedad patrimonial que se genera con su unión. En suma, el cargo está llamado a prosperar, y por esa misma razón, no habrá lugar a costas en casación.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA En instancia, debe la Corte verificar si el actor debía demostrar 5 años de convivencia inmediatamente anteriores al fallecimiento de la causante, pues así lo dispuso la juez primaria, cuando argumentó que tal interregno se puede acreditar en cualquier tiempo, solo cuando existen situaciones excepcionales. Así lo explicó la a quo: La Corte ha hecho énfasis en diferentes aspectos, por ejemplo, ese estado de debilidad manifiesta de alguno de los cónyuges, puede ser porque no han laborado, porque siempre dependían económicamente del causante. Generalmente la Corte se ha referido en los casos de las mujeres, y esto porque históricamente se ha demostrado de la mujer se ha dedicado al hogar, que ha tenido menos oportunidades laborales, y que la mayoría de los casos dependía económicamente de su esposo.

También la Corte ha hecho referencia a aspectos en los cuales los esposos se han separado, pero no porque ellos hayan decidido separarse de hecho, sino, por situaciones ajenas a su voluntad, como por ejemplo, una enfermedad grave que impide que convivan, asimismo situaciones laborales, y por eso, pues, ha omitido que en estos casos se aplique la norma tal y como está

consagrada, es decir durante los 5 últimos años anteriores a su fallecimiento; y también la Corte en otros casos ha hecho referencia a esa solidaridad y esa ayuda mutua entre los cónyuges, y también a ese apoyo que el cónyuge sobreviviente ha manifestado respecto del causante, y esa ayuda a la consolidación de su derecho pensional. En este caso en particular, el despacho, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, pues, no encuentra que se dé ninguna que de estas situaciones para dejar de aplicar la norma tal y como se establece en la ley, y por el contrario, aplicar lo dicho por la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, y es que en este caso quedó demostrado en primer lugar que para la época en que convivía la pareja, pues, quien respondía por los gastos del hogar era el señor demandante, es

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Radicación n.° 95739 decir este no dependía de la causante ni dependió con posterioridad a la separación de la misma. En segundo lugar, pues, quedó demostrado que se separaron de hecho desde el año 1998, y que a partir de este momento el señor demandante, pues, únicamente respondía por los gastos de sus hijos, es decir, cumplía con sus obligaciones legales y morales como padre de familia. Y en tercer lugar, y esto es bien importante para el juzgado y lo resalta, y es que el demandante no contribuyó de ninguna forma con la consolidación del derecho pensional de que gozaba la causante. Esto es bien importante, porque recordemos que la jurisprudencia cuando hace todos estos análisis sociológicos

para determinar que no importa el tiempo de convivencia que haya sido al final de la vida del causante, sino que se puede reconocer el tiempo anterior, también analiza este punto bien importante y es esa ayuda y esa solidaridad de cónyuge sobreviviente respecto de la consolidación del derecho pensional del causante. En este caso, fijémonos que de acuerdo con lo dicho por el mismo demandante y por los testigos, pues, una de las causas de la separación de hecho entre la pareja fue precisamente el ingreso de la esposa del demandante al mercado laboral, es decir que este no estuvo presente durante la etapa productiva de la causante que a la final le permitió consolidar su derecho pensional, por demás el causante únicamente se acerca a reclamar la pensión cuando fallece la progenitora de su esposa, a quien se le había reconocido el derecho pensional. Así entonces considera el juzgado que, en este caso, y no siendo de aplicación automática la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, por lo ya expuesto, y a sabiendas que la ley exige que los 5 años de convivencia se demuestren con anterioridad al fallecimiento de la causante, el despacho deberá negar las pretensiones de la demanda. De lo transcrito, salta a la vista la equivocación del a quo al resolver el pleito, pues ya esta Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, explicando que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, resguarda el derecho pensional del cónyuge separado de hecho, con vínculo matrimonial vigente, que demuestre el desarrollo de una convivencia no inferior a cinco (5) años, en

cualquier tiempo, sin necesidad de más aditamentos o requisitos no previstos en la norma. Así se dijo en sentencia

CSJ SL5169-2019:

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Radicación n.° 95739 Claro lo anterior, la Sala debe determinar, según lo previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, si para acceder a una pensión de sobrevivientes, quien alega la calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separación de hecho, debe demostrar, además de la convivencia efectiva durante 5 años en cualquier tiempo, que los lazos afectivos permanecieron inalterables hasta el momento de deceso del causante. Sobre el particular, es preciso señalar que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 establece: […] Pues bien, de la normativa trascrita se colige que, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Nótese que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

Por lo demás, ese es el alcance que al precepto en comento le ha dado esta Corporación, pues su jurisprudencia de manera reiterada ha adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado o afiliado en un periodo de 5 años», puede ser acreditado en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015, CSJ SL65192017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL50462018, , CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL40472019). Justamente, esa es la teleología y alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se reitera, no dejar desamparado(a) al(la) cónyuge supérstite separado(a) de hecho que mantiene el vínculo marital vigente, quien en su momento aportó a la construcción del derecho pensional del causante; pero, además, su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos. En efecto, no es ajeno al conocimiento colectivo que la decisión

de separarse de hecho del cónyuge, comúnmente proviene de problemas estructurales que aquejan la relación de pareja, que, debido al impacto emocional que aquellos generan en los

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Radicación n.° 95739 consortes, terminan por convertirse en causas de distanciamiento. Cada una de esas situaciones, por supuesto, no pueden ser previstas por el legislador; y es precisamente, en ese contexto, en el que el juez entra a jugar su rol de intérprete de la norma a efectos de zanjar la necesidad de que el ordenamiento jurídico cubra esos escenarios. Así lo reconoció, por ejemplo, esta Corporación en un reciente pronunciamiento en el que explicó que la convivencia no se puede descartar por la pura y simple separación de cuerpos de la pareja y, en dicho caso, otorgó la pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite del causante pese a no convivir con él, ni mantener lazos de afecto, pues determinó que la renuncia a la cohabitación estaba justificada por los malos tratos a que era sometida y obedecía al ejercicio legítimo de protección de sus derechos a la vida e integridad personal (CSJ SL2010-2019). Por ello, es totalmente desafortunado entender que el derecho no ampare a la cónyuge separada de hecho que concluyó su relación de convivencia de tal forma, que no tiene en su perspectiva continuar manteniendo lazos de afecto con su esposo. De hecho, aun cuando el artículo 176 del Código Civil establece obligaciones a los cónyuges, entre aquellas no están las de

mantener los «lazos afectivos», la «comunicación solidaria» y los «lazos familiares» hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos. Precisamente, la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, no puede convertirse en una causal para negar un derecho, máxime cuando la ley a cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma. Así las cosas, a juicio de la Sala, el Tribunal restringió la norma analizada al concluir que la demandante no acreditó que para el momento de la muerte del causante existía algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes», luego de la separación de hecho, en razón a que tal requisito no lo contempla la disposición en referencia. Por tanto, el ad quem incurrió en el error que se le endilga, pues el correcto alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 corresponde a que el consorte con vínculo conyugal vigente, aun separado de hecho, puede reclamar válidamente una pensión de

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Radicación n.° 95739 sobrevivientes siempre que haya convivido por lo menos 5 años en cualquier época con el causante afiliado o pensionado, tal como lo ha reiterado esta Sala en múltiples fallos, entre otras, en las sentencias CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015,

CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ

SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ

SL4047-2019. Y es que al analizar lo expuesto por el juzgado, se puede entender que su interpretación respecto a los 5 años de convivencia en cualquier tiempo, es que ello se aplicaría de forma excepcional, situación que no va acorde con lo explicado por la jurisprudencia citada. De todas formas, no es válido para la Sala el argumento de que la fallecida inició a trabajar prácticamente de manera concomitante con la separación, por consiguiente, el actor no contribuyó de ninguna forma con la consolidación del derecho pensional del que gozaba la causante, pues en la vigencia de la relación el demandante tuvo un rol importante en la conformación de la familia como tal, pues, siempre fue el soporte económico de la misma, y si la esposa inició su vida laboral con posterioridad, ello no desconoce la estructura que en su momento diseñaron en el hogar. Dicho todo lo anterior, pasa la Sala ahora a verificar si el señor Vásquez Giorgi acreditó los 5 años de convivencia en cualquier tiempo. No existe duda, como ya se dijo anteriormente, que la

pareja contrajo nupcias el 8 de abril de 1972 y, que mediante escritura pública n.° 5.620 del 18 de diciembre de 1995 se autorizó la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, es decir, de esta prueba documental se extrae sin lugar a

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Radicación n.° 95739 equívocos, que el vínculo matrimonial perduró por más de 13 años. Asimismo, a folio 24 del expediente aparece la