CSJ - SL1745-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL1745-2023 Radicación n.° 96622 Acta 20 Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por GERMÁN ELÍAS VACA MEDINA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 18 de marzo de 2022, dentro del proceso que promovió el recurrente contra SERVICIOS DE

PILOTAJE DE BUENAVENTURA SA – SPILBUN SA.

I. ANTECEDENTES Germán Elías Vaca Medina persiguió, mediante proceso laboral ordinario (PDF 03DemandaPoder f.° 5 -26), que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con Servicios de Pilotaje de BuenaventuraSpilbun S.A., entre el 04 de agosto de 2015 y el 08 de agosto de 2018, que finalizó de manera unilateral y sin justa causa

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Radicación n.° 96622 por parte del demandado y, en consecuencia, pretende que se condene a la referida sociedad al pago de sus cesantías, intereses sobre las mismas, primas, vacaciones, al pago de tiempo suplementario laborado, seguridad social integral, indemnización moratoria del art. 65 del CST, la sanción contenida en el art. 99 de la Ley 50 de 1990, la sanción por falta de pago de los intereses sobre la cesantía, la indemnización por despido injusto, la reliquidación de las

prestaciones, la indexación y a cancelar las costas procesales. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que: i) estuvo vinculado con la sociedad demandada de manera continua e ininterrumpida entre el 04 de agosto de 2015 y el 08 de agosto de 2018; ii) suscribieron un contrato de prestación de servicios profesionales independientes para desarrollar las labores propias de la navegación de practicaje establecidas en el art. 3.° de la Ley 658 de 2001, para la ejecución de las maniobras requeridas; iii) el carné y chalecos empleados por él eran de propiedad de la empresa; iv) las funciones que se pactaron consistían en: a) cumplir en forma diligente, profesional y oportuna las maniobras y labores que ofrece a la empresa contratante, b) abstenerse de prestar sus servicios a entidades diferentes a la empresa contratante, c) mantener vigente, en todo momento, durante la duración del presente contrato la licencia de piloto práctico expedida por la autoridad competente y, además, acudir a las reuniones quincenales de operaciones denominadas ‘cambio de turno’; v) la demandada cancelaba sus aportes a la seguridad social, pero eran descontados en su totalidad de

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Radicación n.° 96622 su remuneración; vi) el servicio se ejecutó bajo instrucciones y control de la demandada, esto es, con carácter subordinado, fijándosele horarios y turnos; vii) la empresa era la que brindaba los medios de transporte terrestres y acuáticos para la embarcación de los buques; viii) la labor era

desarrollada de forma personal; ix) había permanente comunicación mediante radiofrecuencia entre el piloto práctico, el capitán y la central de la empresa de practicaje; x) la empresa finalizó unilateralmente la relación; xi) no se le cancelaron las acreencias propias del contrato de trabajo; xii) adquirió el estatus de pensionado el 10 de octubre de 2016 y, xiii) el último salario devengado ascendía a la suma de $70.352.000. Al dar respuesta a la demanda (PDF 08ContestaciónDemandaPoder f.° 116 – 143), la demandada se opuso a las pretensiones del actor y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la firma del contrato de prestación de servicios pero no sus extremos temporales; la duración del contrato por la ejecución de la respectiva maniobra; la propiedad de la empresa sobre el carné, el transporte terrestre y el acuático, para el desarrollo de las labores, en este último caso, por exigencia legal; el cumplimiento de las maniobras y labores que el demandante ofrece a la empresa, bajo el entendido de que es lo que impone y manda la Dirección General Marítima – DIMAR; la exigencia contractual de abstenerse de prestar servicios a otras entidades diferentes a la empresa demandada, bajo el entendido de que una vez terminada la maniobra ello sí era posible; la obligación, por parte del demandante, de

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Radicación n.° 96622 mantener vigente la licencia de piloto práctico; la asistencia del demandante a las reuniones quincenales de operaciones, pero aclarando que ello es obligatorio por mandato de la ley;

la contratación del demandante, dadas sus calidades profesionales y su experticia; el que el demandante no puede ceder el contrato, ni subcontratar, pero en razón a que éste inicia y termina con la debida ejecución de la maniobra; el que el demandante debía asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa y/o terceras personas, con ocasión de sus funciones; la cuenta de correo electrónico en la cual el demandante recibía comunicaciones de la empresa; la programación de horarios, pero de acuerdo con los pilotos y de conformidad con las normas legales y las disposiciones de la DIMAR; la disponibilidad del demandante para cumplir las citaciones y cambios de horario, pero por exigencia de la ley y de la DIMAR; los correos electrónicos enviados al demandante, pero con la aclaración de que previamente se concertaban los turnos entre los propios pilotos y ellos decidían a qué horas y cómo realizaban las maniobras; el no pago de prestaciones sociales, horas extras, dominicales, festivos y compensatorios, pero porque no existía ningún vínculo laboral; el pago de los dineros recibidos de la empresa por el demandante, pero a título de honorarios y no de salario y, el estatus de pensionado del demandante adquirido el 10 de octubre de 2016 y su afiliación a la EPS Coomeva, como independiente, sin que tuviese vínculo laboral con la empresa. En su defensa sostuvo que el demandante no tuvo ningún vínculo laboral con la empresa; que la profesión de

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Radicación n.° 96622 piloto práctico es liberal y está regulada por la ley; que en

este caso no se reúnen los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, según el art. 23 del CST; que el valor de la tarifa (remuneración) del piloto práctico lo paga el armador del buque o la agencia marítima, no la empresa de practicaje, de acuerdo con las regulaciones de la DIMAR; que la actividad de practicaje es un acto mercantil, inherente a los puertos y muelles; que la ley otorgó a las empresas de practicaje la condición de operador portuario y sus actos son mercantiles; que la remuneración del piloto no se denomina por la ley salario o sueldo, sino tarifa; que los pilotos deben vincularse a una empresa de practicaje, porque la ley no les permite ejercer la actividad en otra condición y que es la empresa de practicaje la que le presta un servicio al piloto, proporcionándole transporte terrestre gratuito, transporte, carné gratuito, entrenándolo generalmente en forma gratuita, recaudándole los honorarios que le corresponden por cada maniobra y entregándoselos completos, sin que la empresa le cobre absolutamente nada por dicha gestión. Propuso, como previas, las excepciones de falta de jurisdicción y competencia y habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde; y, como de fondo, las de incompetencia del juzgador, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y compensación (PDF 08ContestaciónDemandaPoder f.° 141 – 141 vto.). En desarrollo de la audiencia de que trata el art. 77 del CPTSS, la demandada desistió de las excepciones previas

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Radicación n.° 96622 propuestas, lo cual fue aceptado por el juez de conocimiento (PDF 29ActaArt77).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 24 de agosto de 2021 (PDF

32ActaArt80 y archivos digitales de audio/video), resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de fondo de inexistencia de la obligación, en consecuencia, se absolverá a la parte demandada de las pretensiones de la demanda, haciéndose innecesaria el estudio de las demás excepciones propuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Se señalan las agencias en derecho para ser incluidas en la liquidación de costas en la suma de medio salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: En el evento de no ser apelada la decisión, CONSÚLTESE al Superior por haber sido adversa al trabajador demandante.

CUARTO: La presente providencia se notifica en estados.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 18 de marzo de 2022

(PDF 12SentenciaGermanEliasVaca), resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia No. 54 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura (V), dentro del proceso promovido por GERMAN ELIAS VACA MEDINA contra La

sociedad SERVICIOS DE PILOTAJE DE BUENAVENTURASPILBUN S.A.

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Radicación n.° 96622

SEGUNDO: SIN COSTAS, por lo expuesto.

TERCERO: DEVUÉLVASE a su juzgado de origen una vez en firme el presente proveído.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión, mediante fijación en edicto por el término de un (1) día En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que los problemas jurídicos a resolver consistían en establecer si el contrato suscrito era en realidad de carácter laboral, como lo pretendía el recurrente, o si, por el contrario, era civil, como se declaró en primera instancia y, una vez establecido lo anterior y de llegar a determinarse el carácter laboral de la relación, estudiar las pretensiones prestacionales e indemnizatorias reclamadas por la parte actora en su apelación.

En esa dirección expresó que los fundamentos normativos eran el artículo 22 del CST, que define el contrato de trabajo; el artículo 53 de la Constitución Política, que establece entre los principios fundamentales de la relación de trabajo el de la primacía de la realidad sobre las formalidades y el artículo 24 del CST, que desarrolla aquel principio y prevé que una vez demostrada la prestación personal del servicio por quien alega el vínculo, ha de presumirse que estuvo regulada por un contrato de tal estirpe, no obstante lo cual esta presunción es susceptible de ser derruida por el presunto empleador que la soporta, demostrando que el vínculo fue de naturaleza diferente a la laboral. En su apoyo, citó la sentencia CSJ SL2536-2018.

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Radicación n.° 96622 Destacó que «para descartar el elemento esencial de la subordinación, incumbe a quien ha sido señalado como empleador probar que, no obstante tratarse de un servicio personal, este no fue continuado sino instantáneo, o que no fue subordinado o dependiente sino autónomo, modalidades que pueden conducir a la determinación de la existencia de una relación jurídica de contenido ajeno al derecho del trabajo», ya que la subordinación jurídica es de la esencia del contrato de trabajo; luego, de no existir, configura un contrato de naturaleza civil, donde se reflejan la autonomía y la independencia en la prestación del servicio, según lo señaló la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1439-2021, de la cual copió algunos apartes. A renglón seguido, procedió a estudiar la caracterización del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, en desarrollo de lo cual reseñó la sentencia CSJ SL2171-2019 y, además, mencionó la libertad probatoria que establece el artículo 61 del CPTSS. El Tribunal asentó que desde la contestación de la demanda estaba acreditada la prestación de servicios a la empresa por parte del demandante, lo cual abría paso a que se diera por configurada la presunción de que trata el artículo 24 del CST. A continuación, estimó necesario definir el oficio o profesión de Piloto Práctico, trayendo a colación lo estatuido en el numeral 25 del art. 2. ° de la Ley 658 de 2001, así como

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Radicación n.° 96622 los tipos de Piloto Práctico, cuya clasificación corresponde al art. 11 de la misma ley. Procedió a estudiar el caudal probatorio arrimado por la pasiva, con el fin de verificar si cumplió con la carga que le correspondía con miras a desvirtuar la presunción establecida en su contra. Así las cosas, hizo la relación de la documental aportada, para concluir que «la relación establecida fue a través del ya mentado contrato de prestación de servicios; sin embargo, lo tiene dictaminado la jurisprudencia, que el escrito que contiene el contrato civil y los documentos que le son anexos sólo demuestran la existencia del contrato, pero no son prueba de la forma, siendo entonces necesario encontrar la realidad, especialmente indagar si quedó desvirtuada la subordinación, elemento distintivo que determina la forma del vínculo». En ese orden, procedió a analizar el interrogatorio de parte practicado al demandante y los testimonios obrantes en el proceso, de donde coligió que, Revisadas las anteriores declaraciones, sumadas a las documentales allegadas por la pasiva, para la Sala se logra inferir con suficiente contundencia la desconfiguración de la presunción que había sido establecida a favor del demandante y en contrario se advierte diáfano el cumplimiento del contrato de prestación de servicios tal como fue suscrito entre las partes, así como la voluntad del demandante en suscribirlo. En efecto, recapitulando el interrogatorio de parte se advierte que el actor comentó estar sujeto a ciertas instrucciones o directrices empero eran las exigidas por la ley para su profesión, además dio

a conocer en el asunto que en la ejecución de su labor era la máxima autoridad o quien tenía mayor conocimiento de las maniobras.

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Radicación n.° 96622 Ahora, las testimoniales recibidas permiten a esta sede colegir que, en realidad, el demandante realizaba su labor sin subordinación alguna, en ejercicio de una profesión liberal, respecto de la que, como ya se indicó, existen unos protocolos de orden nacional o jurisdiccional y que la exigencia de su cumplimiento no puede ser catalogada como una orden; los testigos traídos por la pasiva merecen toda la credibilidad, en tanto son pilotos de la misma categoría que el actor, fueron compañeros suyos durante todo el tiempo que duró la vinculación y fueron claros y no titubearon en sus respuestas, los señores Molina Torrente fueron unísonos al comentar que todos los pilotos se reunían y ponían de acuerdo en cuanto los horarios y turnos que desarrollarían, con plena autonomía y libertad, informaron que nadie les imponía órdenes, o les llamaba la atención, que dentro de sus jornadas podían concurrir o no a la realización de una maniobra sin que ello les acarreara ningún tipo de sanción; fueron contestes al informar que el entrenamiento previo era una obligación impuesta por DIMAR para poder ejecutar la función en una zona desconocida para el piloto y que sin ese entrenamiento previo no se le expedía la licencia que lo habilitaba para la prestación del servicio y que la misma no era una imposición de la demandada; aseguraron que el demandante era conocedor de la forma de vinculación y que

nunca expresó inconformidad; narraron así mismo que como independientes pasaban sus facturas y que el pago en bolsa o fondo comunitario fue una decisión que tomaron los pilotos en plena libertad, sin que en ello hubiere interferido la demandada, afirmación esta última que es reforzada con los dichos de la señora Roció Rentería Arenas. En suma, para la Sala esas declaraciones de quienes fueron compañeros del demandante, en consonancia con la versión del mismo actor, se logra advertir con suficiente contundencia a libertad contractual que tenía el actor y la inexistencia de subordinación y se desvirtúa la presunción de existencia del contrato de trabajo. Recordó que en la apelación el actor insistió en que se verificara el contenido de la cláusula sexta del contrato, que señalaba que éste no podía ser cedido; y la cláusula octava, que indicaba que el demandante debía abstenerse de prestar servicios a entidad diferente a la contratante, ocurrido lo cual, expresó que «pese a lo que quedó consignado en el escrito, en la realidad y en la práctica la situación fue otra, así lo dejaron claro las personas que tuvieron la posibilidad de

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Radicación n.° 96622 apreciarlo personalmente, quienes indicaron que podían prestar sus servicios a otras empresas sin problema alguno y que además el cumplimiento del servicio no era intuito persona, sino que podía ser cubierto por cualquiera de los pilotos prácticos de la categoría maestro que estuviera cubriendo turno el mismo día». En el mismo sentido, y como se pidió en la alzada la constatación de los correos electrónicos en los cuales el

demandante advirtió la imposición de horarios, jornadas e instrucciones, dijo que, «[…] entre el folio 33 se puede leer con suficiencia que los mismos corresponden a datos de coordinación y no se advierte de ellos orden especifica, al punto que los pilotos emitían sugerencias sobre la conformación de esos turnos. Folios abajo aparecen las facturas de venta presentadas por el demandante por concepto de maniobras en el transporte y movilización marítima (fol. 49 y ss.) al folio 107 aparece la constancia de calidad de pensionado que ostenta el actor; los demás que reposan no informar nada con respecto a la vinculación». Memoró el Tribunal que se interrogó al representante legal de la demandada, de donde dijo «no logró obtenerse confesión alguna», de suerte que, «Revisado con atención la totalidad del expediente, y de cara a la integralidad de las pruebas que fueron aportadas, la realidad que emana es la existencia de un verdadero vinculo surtido mediante convenio de carácter civil, en la que el actor era autónomo en la forma en que prestaba su servicio, tal como lo expuso el a quo, quedó desvirtuada la subordinación […]», es decir, con las pruebas

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Radicación n.° 96622 obrantes en el proceso corroboró la legalidad del contrato de prestación de servicios, lo que lo condujo a la confirmación de la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante en instancias, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia

impugnada, para que, en sede de instancia, «se sirva revocar el fallo del Juzgado, que absolvió a la Demandada de las pretensiones de la demanda e impuso costas en esa instancia y, en su lugar, condenar a la demandada accediendo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando no probadas las excepciones propuestas por la demandada y condenando en costas». Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar la ley por la vía indirecta, «y en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 34, 64, 65, 127, 186, 189, 249, 253 y 306 del mismo

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Radicación n.° 96622 Código; 1° y 2° de la ley 52 de 1975 y 99 de la ley 50 de 1990, en relación con los artículos 1°, 18 y 21 del CST, la Ley 658 de 2001 y el artículo 61 del CPT y SS». Afirma que la violación indirecta de las normas sustanciales citadas se produjo por los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que entre el actor y la parte demandada existió un contrato de trabajo.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante GERMAN ELIAS VACA MEDINA, prestó su servicio a la

demandada en calidad de contratista independiente.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante GERMAN ELIAS VACA MEDINA en la realidad prestó su servicio personal subordinado a la demandada de manera continua e interrumpida durante todo el tiempo de vigencia de la vinculación.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante GERMAN ELIAS VACA MEDINA prestaba su servicio a la demandada como Piloto Práctico con las características propias de los contratos civiles o mercantiles de servicios.

5. No dar por demostrado estándolo, que el servicio personal del demandante a la demandada como “Piloto práctico maestro”, lo fue sujeto en las labores propias de la navegación de practicaje que es el objeto social de la demandada, con pacto de exclusividad, asistencia a reuniones quincenales de operaciones

(cambios de turno), fijación de horarios y bajo su control y con expresas instrucciones (acatar turnos y disponibilidad programática).

6. No dar por demostrado, siendo evidente, que debido a los requerimientos legales del servicio prestado por el demandante, ello implicaba laborar en determina das condiciones sin que tales requerimientos afectaran la naturaleza de la subordinación laboral del actor a la demandada.

Como pruebas erróneamente apreciadas denuncia: escrito de demanda (f.° 2 a 26) y de su contestación, como

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Radicación n.° 96622 piezas procesales (f.° 116 a 143); contrato de prestación de servicios profesionales independientes (f.° 31 a 32); copia de correos electrónicos aportados por el demandante (f.° 36 a

47); copia de correos electrónicos aportados por la demandada (f.° 156 a 158); organigrama de la organización (f.° 160); contratos de servicios de otros Pilotos Prácticos diferentes a mi representado (f.° 162 a 163); certificación de afiliación del demandante a la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Colombia-ANPRA (f.° 182); informes de reporte de Pilotos Prácticos (f.° 188 a 303); testimonios de Oswaldo y Nicolás Molina Torrente y de Rocío Rentería Arenas. Atribuye al sentenciador la no apreciación de los siguientes medios de prueba: certificado de existencia y representación legal de SPILBUN (f.° 27 a 31 y 112 a 115); comunicaciones de SPILBUN a la Capitanía de Puerto (f.° 178 a 180); facturas de venta (f.° 52 a 62) y certificaciones de aportes al sistema de Protección Social, expedidas por Compensar (f.° 82 y 152). En la demostración del cargo sostiene que el Tribunal no vio de manera correcta la información consignada en la prueba calificada que valoró, «por haberse limitado a citarla sin abordar su real contenido», y en haber dejado de apreciar otros elementos de juicio, dislates éstos que fueron esenciales para desatar adversamente las pretensiones del demandante. Asegura que la pasiva aceptó como ciertos hechos planteados por la parte actora en la demanda, que

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Radicación n.° 96622 contradicen la conclusión del ad quem acerca de la

inexistencia de un contrato de trabajo: 1) Que el transporte terrestre y acuático con el cual desarrollaba sus labores el demandante eran de propiedad de la empresa (respuesta a los hechos de la demanda 5.4 y 13). 2) Que mi representado debía asistir a reuniones quincenales denominadas cambios de turno (respuesta al hecho de la demanda 5.6). 3) Que, en la programación de horarios o turnos, es SPILBUN quien indica con exactitud fecha, número de turnos, los Pilotos que harían dichos turnos y los que descansarían (respuesta al hecho de la demanda 9). 4) Que el demandante debía tener disponibilidad para cumplir las citaciones y cambios de horario para los días, horas o lugares que le indicara SPILBUN (respuesta al hecho de la demanda 10). 5) Que son ciertos los correos electrónicos aportados por el actor. Previene que al no haber visto el Tribunal lo que realmente contiene esa documental, le impidió notar «su trascendencia en la configuración de que lo antes reseñado conduce a la convicción de que el acá demandante era trabajador de la demandada dentro del ámbito del contrato realidad». En la misma línea, aduce que incurrió el Colegiado en similares errores de valoración al apreciar el contrato de trabajo (f.° 31 a 32), en el que consta que la demandada le reconocía el 100% de la remuneración, previa presentación de facturas mensuales; que no podía prestar servicios a empresas diferentes a la demandada y que ésta tenía la facultad de supervisar la ejecución de sus labores, formular

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Radicación n.° 96622 observaciones y tomar conjuntamente las medidas correctivas. De lo anterior deduce que se «evidencia el cumplimiento de deberes impuestos al actor por la demandada y que son propios de una relación contractual de trabajo». Critica la valoración de los correos electrónicos obrantes a folios 156 a 158, pues se limitan a registrar, en su mayoría, comunicaciones con la radioperadora, como lo podría hacer analógicamente un piloto de aviación con la torre de control, sin que por ello tal circunstancia sea referente de que no existía vínculo contractual de trabajo con la respectiva compañía de aviación. Reprocha la desestimación de los correos electrónicos por él aportados (f.° 36 a 47), porque «en la realidad lo que estos demuestran es concordante con lo aceptado por la demandada en la contestación de la demanda, en el sentido que se trata de programaciones de turnos que emanan de la Gerencia General de SPILBUN, sin que pueda afirmarse que el hecho de que un empleador construya participativamente con el trabajador aspectos atinentes a la vida laboral, pueda significar la pérdida de la naturaleza del contrato de trabajo […]». Del organigrama de la empresa (f.° 160), asevera que el Tribunal adoptó «un criterio justificativo del hecho, como si fuera de usual ocurrencia que los contratistas independientes de las empresas aparecieran en los organigramas de estas».

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Radicación n.° 96622 De la copia del documento de afiliación del actor a la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos – ANPRA, le atribuye

al juez colectivo yerro en su valoración, porque la actitud del fallador dio «pie al equívoco según el cual un trabajador dependiente no podría ejercer el derecho de asociación». De la misma manera se expresa de los informes de los Pilotos (f.° 188 a 303), porque «no solo confirman el dislate de la sentencia del Ad Quem al resolver adversamente las pretensiones del demandante, sino también no le permiten observar que lo que estos demuestran ratifica la dinámica propia de la interacción laboral en el ámbito de un contrato de trabajo, como ocurre con los pilotos de aviación». Sobre los contratos de otros Pilotos Prácticos que figuran en el expediente (f.° 162 y ss.) sostiene que no enervan la real existencia de un vínculo contractual con la demandada y el Tribunal no tuvo en cuenta que «la existencia del contrato de trabajo es de la órbita del Derecho laboral individual y, por lo tanto, debe examinarse en cada caso, sin acudir como soporte a documentos que no resultan conducentes para el caso en estudio». De las pruebas no valoradas asevera que ellas confirman la subordinación que el Tribunal no encontró. Así, de haber observado el certificado de existencia y representación legal de la demandada, habría concluido que su objeto social «es precisamente la que solo puede realizarse

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Radicación n.° 96622 mediante el servicio de pilotos prácticos como el demandante», sin que las particulares condiciones técnicas y de regulación marítima y fluvial fueren óbice para desestimar los alcances de la subordinación laboral con tales empresas.

Menciona las comunicaciones de la empresa demandada a la Capitanía de Puerto obrantes a folios 178 a 180, referentes a la solicitud de autorización de su entrenamiento, para manifestar su disposición a efectuar tal entrenamiento; las facturas de venta (f.° 52 a 62), que permiten ratificar no solo que la remuneración era pagada por SPILBUN, sino también, en concordancia con lo que acreditan los correos electrónicos obrantes a f.° 36 a 47 del expediente, que demuestran su servicio continuo a la empresa y las certificaciones de aportes al sistema de Protección Social expedidas por Compensar (f.° 82 y 152), en las cuales claramente se lee que su condición era la de «empleado» de SPILBUN. Arguye que de haber valorado estas documentales el Tribunal hubiera advertido su contenido, trascendencia y efectos, de donde su conclusión debió ser declarar la existencia del contrato de trabajo con SPILBUN. Por considerar que demostró una ostensible equivocación en la valoración de las pruebas calificadas en casación, pasa a estudiar las pruebas no calificadas, los testimonios que dice no fueron analizados dentro del contexto que aporta la prueba calificada antes referida y, por lo tanto, con evidente errónea apreciación de la misma.

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Radicación n.° 96622 Así, de los testimonios de los hermanos Molina extrae que allí se ratifica la prestación personal del servicio a SPILBUN y el cumplimiento de horarios y procedimientos para permitir a SPILBUN desarrollar su objeto social, sin que

desvirtuaren los hechos documentalmente probados de los programas de turno finalmente fijados; los pagos realizados por la empresa; los traslados en transporte terrestre y acuático en vehículos de propiedad de la demandada y las capacitaciones y entrenamientos realizados por la demandada. Aduce que la declaración de Rocío Rentería «ratifica que SPILBUN pagaba la remuneración al demandante, así como su seguridad social y que el actor prestó su servicio a SPILBUN desde agosto de 2015 hasta agosto de 2018». Finaliza arguyendo que no queda duda de los yerros de valoración en la prueba calificada y aún en la testimonial, que llevaron al Tribunal a incurrir en los evidentes errores de hecho endilgados, por tal razón, a llegar a conclusiones equivocadas: en primer lugar, que no viera la verdad y realidad en la prestación del servicio subordinado a SPILBUN; dar por cierto que estaba desvirtuada la presunción del vínculo laboral con soporte en la aparente realidad como contratista, cuando en la vida real, según el desenvolvimiento de su actividad como Piloto Práctico, era trabajador subordinado de SPILBUN; y la denominación de “contratista’' no pasó de ser una simple