CSJ - SL23658(21-02-05)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO

Radicación No.23658 Acta No.16 Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil cinco (2005). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso promovido por el recurrente contra el

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.

ANTECEDENTES Solicitó el demandante que se declare que fue unilateral e injusta la terminación del contrato suscrito con el INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA (sustituido por el ente accionado), “..por incumplimiento de la parte demandada de prorrogar sucesivamente el mismo mientras subsistieran las causas que lo originaron y el trabajador cumpliera con sus obligaciones..; que, en consecuencia se ordene la reinstalación al cargo de Obrero Vigilante, República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. con el pago de salarios y prestaciones, y, se resuelva sobre la continuidad de la relación laboral. En subsidio, que se declare que la accionada omitió “..preavisar oportunamente la terminación del contrato..”, y por lo tanto debe cancelar el lucro cesante, o sea la indemnización

prevista en el artículo 64 del C. S. del T., correspondiente al tiempo faltante para cumplir el plazo, equivalente al valor de 11 meses y 15 días, más el daño emergente, que asciende a la suma de $5.000.000,oo; adicionalmente, por la falta de pago de la indemnización, pide que “se declare la ficción subsistencial del contrato” y se condene al pago de los salarios causados desde el 15 de marzo de 2001; finalmente reclama la pensión sanción. Adujo el accionante su vinculación al INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA, el 16 de marzo de 1982, en el cargo de Obrero Vigilante del Parque Arqueológico de San Agustín Huila; que el ente accionado sustituyó al inicial empleador; laboró efectivamente hasta el 15 de marzo de 2001; que en el contrato suscrito se estableció su prórroga por un año, en el evento de no avisarse su vencimiento, con antelación de 30 días; que también se estipuló el pago de los salarios por el tiempo faltante para completar el plazo pactado, más la indemnización 2 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. de perjuicios; que la representante del Instituto demandado comunicó al accionante la decisión de no prorrogar el contrato, el 5 de febrero de 2001, pero que sólo fue ratificada, por el Comité de Conciliación, el día 26 siguiente; que así, resulta extemporáneo el aviso, dada la fecha de

la aludida ratificación, y que, por lo tanto, el contrato se prorrogó por un año más, de conformidad con el artículo 46 del C. S. del T.; que, en todo caso, subsisten las causas que dieron origen al convenio puesto que la entidad contrató nuevo personal para ejecutar las funciones. En la respuesta a la demanda (folios 61 a 64), la entidad admitió los hechos referentes a la sustitución patronal, la vinculación del accionante durante el período señalado, el empleo desarrollado, y la estipulación del plazo contractual, así como la terminación por su vencimiento; explicó que el actor tenía la calidad de trabajador oficial y por ello le eran aplicables las normas del Decreto 2127 de 1945, que consagran la finalización de las relaciones laborales por expiración del plazo pactado, tal cual lo decidió el empleador en este caso, con fecha 5 de febrero de 2001, sin que el término se suspendiera por el hecho de que el señor MENDIETA solicitara, al Comité de Conciliación, que se reconsiderara aquella definición; agregó que el principio de estabilidad 3 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. laboral no impide el fenecimiento de los contratos de trabajo por causa legal y que el reintegro de los trabajadores oficiales no es de estirpe legal. El Juzgado Único de Pitalito (Huila), mediante sentencia del 16 de mayo de 2003, absolvió a la demandada e impuso costas al actor (fol. 311 a

316). SENTENCIA ACUSADA El ad quem, al estudiar la apelación interpuesta por el accionante, confirmó la decisión de primera instancia, con costas para esa parte (folios 25 a 44 C. Tribunal). El sentenciador determinó la calidad de trabajador oficial del accionante, desconocida por el a quo; después estudió el tema de la terminación del contrato de trabajo y anotó que a folio 21 aparece la comunicación del 5 de febrero de 2001, enviada al demandante por la Directora General del Instituto demandado, en la cual le anuncia que “..‘Atendiendo el plazo señalado en la cláusula octava del Contrato..” la 4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. administración “..no se encuentra interesada en prorrogar el contrato en mención. Por lo tanto, nos acogemos a lo estipulado en el numeral 1 de la cláusula decimosegunda, relativa a la terminación del contrato, "por expiración del plazo fijo pactado cuando se ha manifestado la no prorroga..". El juzgador señaló que la causal alegada se estableció en el contrato de trabajo (folios 13 a 17), celebrado a término fijo de un año, a partir del 16 de marzo de 1982, el cual se prorrogó sucesivamente hasta el año 2001, y concluyó que así se comunicó, con la debida antelación, la intención de no prorrogar el convenio, sin que resulte una decisión injusta del demandado, que amerite indemnización alguna. Luego explicó que:

“..A los trabajadores oficiales les es aplicable la normatividad contenida en el Decreto 2127 de 1945, que regula los contratos de trabajo del orden nacional, pero referida también a los trabajadores oficiales de cualquier orden, acorde con lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Este Estatuto regula las causas o modos de terminación de los contratos de trabajo (artículo 47); las justas causas sin previo aviso (artículo 48); y, las justas causas con previo aviso (artículo 49). “Es decir, que nuestra legislación de manera rígida y taxativa señala cuáles pueden ser los motivos legítimos de la terminación del contrato, siendo si exigente en cuanto a su alegación oportuna y formal de la tipificación precisa y a la plena prueba de esas justas causas. “Lo anterior indica que el despido tiene configuración propia y únicamente se le sanciona cuando se produce sin justa causa o sin la observancia del procedimiento establecido en el contrato, reglamento, convención colectiva o fallo arbitral. (..) 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. “..La jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de justicia, sobre los contratos a término fijo, ha puntualizado que: ‘...la circunstancia de que el objeto de una empresa determinada subsista más allá de la fecha en que un trabajador se desvinculó de ella, no es razón suficiente para sostener que el contrato debió entenderse celebrado a término indefinido, en razón a la continuidad de las causas

que le dieron origen, ya que la misma ley faculta a las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, a que celebren contratos de duración definida...’. “Más adelante agregó: ‘...Ahora, si bien la estabilidad en el empleo ha sido un anhelo de conquista por los trabajadores, a través de largos años de luchas sindicales, ello no puede operar de manera absoluta como una camisa de fuerza, por lo que de entenderlo así, aunque la constitución garantiza el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (C.N. Art. 25), ello, no quiere decir, que el empleador estaría obligado a conservar indefinidamente el puesto de trabajo, o independientemente de sus necesidades y de los cambios surgidos en la globalización de los mercados y los nuevos desarrollos tecnológicos que tienen como meta suprimir mano de obra para reemplazarla por maquinaria con tecnología de punta, a efecto de ofrecer una aceptable competencia...’ (Sent, mayo 11 de 2000 y febrero 7 de 2003)”. RECURSO EXTRAORDINARIO Fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Formula 4 cargos, que no tuvieron réplica de la demandada y se estudian conjuntamente los 2 primeros dirigidos por la vía directa de casación; y, luego, también simultáneamente los restantes que se encauzaron por la vía indirecta. Persigue el quebranto total de la sentencia de segundo grado, y, en instancia, la revocatoria de la emitida por el a quo, para que, en su lugar, se atiendan favorablemente las peticiones de la demanda inicial. 6 República de Colombia

Corte Suprema de Justicia Rad.23658

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PRIMER CARGO Acusa, por la vía directa, una “..falta de aplicación las normas sustantivas contenidas en las disposiciones del artículo 8° de la Ley 6a de 1945 modificado por la ley 64 de 1946 en su artículo 2°, los artículos 43, 40 y 19 del Decreto 2127 de 1945, artículos 3° y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 17 y 53 de la Constitución Nacional; todas por haberse dejado de aplicar cuando era forzoso hacerla por el Tribunal..”. Al respecto explica que: “..La falta de aplicación consiste en que, existiendo la disposición legal consagrada en el artículo 43 del decreto 2127 de 1945 que indica claramente que cuando en los contratos pactados a plazo fijo se extingue el plazo inicialmente estipulado y el trabajador continúa prestando sus servicios al patrono, ‘EI contrato vencido se considerará, por ese solo hecho, prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por periodos de seis meses’, el fallador dejó de observarla..”; agrega que como en este caso no se discute que el contrato se pactó por un término fijo de un año, se prorrogó a partir del 16 de marzo de 1983, “..obviamente, encontramos reunidos los requisitos para que se entienda que el contrato que regía las partes en conflicto no se guiaba para el momento de la terminación por las normas que rigen el contrato a término fijo, sino, a contrario sensu por la

normatividad aplicable al contrato a término indefinido, con un término presuntivo de un año habida consideración que este fue el inicialmente acordado entre las partes. “Por tratarse de un trabajador oficial se debe tener en cuenta que le correspondía al Instituto Colombiano de Antropología e Historia mantener en su cargo al demandante, ya que las normas que se le aplicaban al contrato tenían la facultad de darle estabilidad al empleo, imponiendo dicha obligación a la demandada mientras existiera la necesidad del servicio, y el trabajador cumpla las funciones encomendadas como cristalización del derecho del trabajador a conservar el empleo salvo que exista una justa causa para retirarlo del mismo. 7 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. “No obstante lo anterior, el Tribunal, en ningún momento tuvo en cuenta dicha disposición legal, ya que solamente se limitó a tomar como normatividad aplicable los artículos 47 a 49 de la norma en cita, los cuales regulan las causas o modos de terminación de los contratos de trabajo; las justas causas sin previo aviso, y las justas causas con previo aviso, respectivamente..”. SEGUNDO CARGO En este cargo se denuncia una interpretación errónea de las mismas normas citadas en el primero, a las cuales adiciona los artículos 8 de la Ley 171 de 1961, 25, 54 y 122 de la Constitución Nacional; explica que la violación se dio “..por la equivocada interpretación que el Tribunal efectuó de las jurisprudencias proferidas por la H. Corte Suprema de Justicia en mayo 11 de

2000 y febrero 7 de 2003 radicación 13561 y 19343, respectivamente, violando de contera el principio de la estabilidad laboral del demandante..”, ya que “..la jurisprudencia citada resolvió definitivamente un caso ventilado entre un trabajador particular con una empresa privada, aplicándosele en consecuencia a dicha relación laboral las normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo; pero en el caso que nos ocupa, dicha jurisprudencia no es de aplicación por cuanto la relación laboral dentro de la que se enmarcan las pretensiones de la demanda es la de un trabajador oficial con un establecimiento público, en razón de lo cual se rige por unas normas especiales, según lo preceptuado en el articulo 492 del 8 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658

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C.S.T..”. Finaliza, con la argumentación referente a que: “..Además, debió tener en cuenta el Ad Quem, que el principio de la estabilidad en el empleo tiene plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico y está taxativamente señalado a favor de los empleados oficiales en el artículo 23 del decreto 2127 de 1945, norma que no existe para el caso de las relaciones laborales entre particulares, máxime en el régimen que gobierna los empleados oficiales en donde la permanencia en el cargo no depende simplemente de la voluntad de un patrono, sino del Estado y de las normas que específicamente protegen al trabajador ejerciendo la competencia establecida en el artículo 54

constitucional. “Sobre este punto resulta crucial recordar que el Estado empleador, por expresa disposición constitucional (art. 122) debe contar con una planta de personal, en razón de lo cual el ingreso y permanencia en el cargo se supedita a la existencia del puesto de trabajo y a la disponibilidad presupuestal para la cancelación del mismo; así las cosas, correspondía a la parte demandada, respetar la estabilidad en el empleo al demandante, mientras existiera el cargo y el trabajador cumpliera con sus obligaciones, como único medio para salvaguardar el derecho al trabajo consagrado como derecho fundamental en el articulo 25 de la Carta Magna..”. SE CONSIDERA Acusa el recurrente al Tribunal por no tener en cuenta que, de acuerdo con las preceptivas denunciadas en los dos cargos analizados, el vencimiento del plazo inicialmente pactado en los contratos de trabajo a término fijo del sector oficial, conduce a que se conviertan a término indefinido, por períodos de 6 meses y que se debe dar aplicación al principio de estabilidad laboral, mientras subsista la necesidad del servicio. 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658

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Al respecto se observa que el ad quem en principio y, de modo general, advirtió que “..A los trabajadores oficiales les es aplicable la normatividad contenida en el Decreto 2127 de 1945, que regula los contratos de trabajo del orden nacional, pero referida también a los trabajadores oficiales de cualquier orden, acorde con lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia..”.

Luego, estrictamente no podría atribuirse una “falta de aplicación”, como lo dice el recurso, de las preceptivas contenidas en el mencionado Decreto 2127, porque el fallador lo estimó de recibo para el caso del

señor MENDIETA CASTRO.

Pero, adicionalmente, encuentra la Sala que el Juzgador dio validez a la estipulación contractual del plazo determinado de un año y, frente al punto, no se observa que incurriera en trasgresión legal alguna, toda vez que: 1) El artículo 37 del citado Decreto 2127, prevé las distintas modalidades del contrato de trabajo, entre ellas la de duración definida. 2) El artículo 38 de la misma normatividad prevé la duración del contrato a término fijo y la exigencia de ser escrito. 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. 3) En desarrollo de esas preceptivas, el artículo 17 establece, entre las estipulaciones que debe contener el contrato escrito de trabajo, la referente a la “..Duración del contrato, y las causas y modalidades de su prórroga..” (ver literal h). De este modo, es claro que las partes pueden estipular el término fijo del contrato de trabajo, bajo las condiciones y con el cumplimiento de las exigencias reseñadas y, sólo a falta de acuerdo, la ley se ocupa del tema de la duración del convenio. Ello se explica aún más, si se tiene en cuenta que, como lo ha señalado la jurisprudencia, desde el Tribunal Supremo del Trabajo, el plazo presuntivo garantiza un mínimo de

estabilidad en el empleo, de forma que, los períodos de mayor duración al presuntivo, son totalmente de recibo en aquellas condiciones. En consecuencia, aunque el artículo 43 de esa misma normatividad señala, en la parte pertinente, que “..si extinguido el plazo estipulado el trabajador continuare prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento expreso o tácito, el contrato vencido se considerará por ese sólo hecho, prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por períodos de seis meses..”, esa disposición debe aplicarse sólo a falta de la estipulación de los contratantes. Caso 11 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. distinto al que se analiza, en el cual las partes convinieron, según lo señaló el juzgador, y se impone aceptar en las acusaciones por la vía directa, las prórrogas por el mismo período inicial de un año, si no se avisarse, con anticipación mínima de 30 días, la voluntad contraria de alguna de las partes. En esos términos, las prórrogas se establecieron por escrito, en el mismo texto del contrato inicial, acto válido, de acuerdo con las disposiciones legales mencionadas, resultando además, cumplido el requisito del precitado artículo 17. En todo caso, en este evento las consecuencias serían las mismas, puesto que si se contabilizaran períodos de un año (como lo hizo el sentenciador, con sustento en el convenio suscrito) o de 6 meses (según lo señala la censura), igualmente el contrato, celebrado el 16 de

marzo de 1982, podría darse por terminado en la misma fecha en la que la demandada avisó al trabajador su intención de no prorrogarlo, el 5 de febrero de 2001, tal cual lo indicó el juzgador, toda vez que una de las causas para extinguir la relación laboral, según lo previsto en el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, es la “expiración del plazo pactado o 12 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. presuntivo”, conclusión a la cual llegó el ad quem. De allí que tampoco podría quebrantarse la decisión acusada. Frente al otro aspecto que toca la impugnación, el de la estabilidad del empleo, por la subsistencia de las causas que le dieron origen y por el cumplimiento de las funciones por parte del actor, es conveniente anotar que no incurrió el juzgador en la interpretación errónea de la ley, por apoyar su decisión en unas sentencias de la Corte, dictadas en procesos en los que la relación laboral no era de tipo oficial, puesto que las argumentaciones contenidas en ellas, reproducidas parcialmente por el sentenciador (fls. 42 y 43 C. del Tribunal), bien pueden aducirse frente al caso analizado, por tratarse de elucubraciones jurídicas, aducidas por la Sala, sin consideración a una determinada legislación. Los dos cargos examinados no prosperan. TERCER CARGO Por aplicación indebida, denuncia, en la vía indirecta de casación, los artículos 11, 19, 38, 40, 43 y 47 a 49 del Decreto 2127 de 1945, 8 y

13 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. 49 de la Ley 6a de 1945; 3° y 492 del Código Sustantivo del Trabajo; 61 del C. P. T. S. S.; y, 17, 25 y 53 de la Constitución Nacional. Los errores de hecho que atribuye al sentenciador son: “3.2.1 Tener por probado, no estándolo, que la relación laboral que regía al momento del retiro entre el demandante Luis Alvaro Mendieta Castro, y el demandado, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, era guiada por las normas que rigen el contrato laboral a término fijo. “3.2.2. Tener por probado, no estándolo, que la parte demandada terminó el contrato amparada en una causa legal. “3.2.3. Tener por probado, no estándolo, que la comunicación efectuada por la demandada de no prorrogar el contrato al demandante, de manera alguna determina decisión unilateral e injusta por parte del empleador, susceptible de ser indemnizada. “3.2.4. No tener por probado, estándolo, que el motivo real de la terminación del contrato laboral del señor Luis Alvaro Mendieta fueron motivadas en aspectos eminentemente subjetivos de los directivos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia por haber expresado inconformidades y denuncias.” Como pruebas equivocadamente estimadas cita el contrato de trabajo obrante a folios 13 a 17, el “Otro sí No. 002, 023, 029,056,027,069,041 y

044 al contrato No. 003 de 1985” (folios 83 a 95); también la demanda (folio 2 a 12) y su respuesta (folio 61 a 64); como pruebas dejadas de apreciar menciona la carta de folios 71 y 72; las recomendaciones de folios 195 y 196 y el cuestionario efectuado por la apoderada de la demandada al testigo Arnulfo Bolaños, “con el cual se formuló la tacha de sospecha que jamás se resolvió” (folio 257); “la prueba no calificada, pero ligada a la documental enunciada anteriormente, consistente en la prueba trasladada del proceso judicial instaurado por el señor Augusto Erazo contra el Instituto (folios 14 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. 293 a 299); las declaraciones de Arnulfo Bolaños Patiño (folios 235 a 241); Alvaro Muñoz (folios 242 a 246); Segundo Euclides Ordóñez Guzmán (folios 267 a 269); Isidro Ortega Toro (folios 270 a 273) y Augusto Erazo Solarte (folio 273 a 281); también el interrogatorio absuelto por el demandante (folio 247 a 253). Anota que se equivocó el juzgador al establecer las normas que rigen el contrato a término fijo, “..circunstancia que no era viable efectuar simplemente con la lectura gramatical del contrato, que aparentemente fue lo que sucedió; en este punto se encuentra la primera equivocación del Tribunal cuando da por

probado que el contrato que existía entre las partes era a término fijo y que se había prorrogado hasta el año 2001, desconociendo por ende el articulo 53 de la Carta Magna, según el cual en materia laboral prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. “No es que desconozcamos el hecho de que los contratos a término fijo se puedan prorrogar automática y sucesivamente, sin que se altere la esencia del contrato, esto es que continúen siendo contratos a término fijo; sencillamente el asunto deviene en el hecho que para los trabajadores oficiales existe una normatividad propia, según la cual la prórroga del contrato pactado a término fijo hace que hacia el futuro, dicho contrato, en cuanto a la permanencia del trabajador se refiere, transite por las vías propias del contrato a término indefinido, y en consecuencia, su terminación se supedita a las normas que gobiernan esta última modalidad contractual, normatividad que difiere de las relaciones laborales gobernadas por el Código Sustantivo del Trabajo, en las cuales sí tiene plena aplicabilidad la prórroga sucesiva del contrato laboral a término fijo sin que altere su duración determinada en el tiempo, y la consecuente estabilidad del trabajador, como se enunció al iniciar el párrafo. “Así mismo encontramos que la autonomía con que contaba la demandada para dar por terminado el contrato, no podía ser absoluta ni arbitraria, ya que la autonomía de la voluntad de las partes en materia laboral administrativa no es igual a la aplicable a la materia civil, por cuanto la relación laboral está intervenida 15 República de Colombia

Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. por el Estado, y en todo caso la legislación laboral protege durante la celebración, el desarrollo y la terminación de la relación laboral al trabajador por ser la parte más débil .(..) “..se equivocó por desconocer la importancia que revestía para el proceso el hecho de que el contrato inicialmente establecido entre las partes se hubiere prorrogado en varias ocasiones, y que las partes expresamente pactaran modificaciones al mismo en cuanto a la remuneración, mas no en lo demás, lo anterior se pone en evidencia en las siguientes pruebas: “i) El contrato de trabajo establece que su duración es de un año (cláusula sexta), lo cual significa que efectivamente el contrato inicialmente celebrado entre las partes fue a término fijo. “ii) Que si ninguna de las parte avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, éste se entendería prorrogado por un (1) año más y así sucesivamente (cláusula octava), lo cual significa, que el contrato efectivamente se podía prorrogar pero no como erróneamente lo ha entendido el Tribunal, es decir que el contrato seguiría siendo a término fijo por un año más, sino como lo establece la norma (art. 43 D. R. 2127 de 1945), es decir que el contrato se consideraría prorrogado por tiempo indefinido. “iii) Que cualquiera de las partes podría dar por terminado unilateralmente el contrato por las justas causas enumeradas en los artículos 48 y 49 del Decreto

2127 de 1945. (cláusula décima); y que fuera de los casos a que se refiere la cláusula décima, la terminación unilateral por parte del Instituto, daría derecho al trabajador para reclamar los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado, además de la indemnización de perjuicios a que haya lugar (cláusula décima primera), que es precisamente lo que persigue mi representado, esto es la indemnización por la ruptura unilateral del contrato sin justa causa atribuible al empleador. “iv) Y que el contrato de trabajo terminaría 1) Por la expiración del plazo fijo pactado cuando se ha manifestado la no prórroga (cláusula décima segunda, numeral primero), lo cual era válido para el primer año en el cual tuvo vigencia el contrato laboral, ya que para las prórrogas, dicha cláusula no tenía validez, ya que la misma quedaría reemplazada por la disposición legal consagrada en el articulo 43 de la norma en cita. “v) Los otrosí que obran a folios 83 a 95 del cuaderno principal, que modificaron el contrato en cuanto a su remuneración y en donde se establece expresamente que "Las demás cláusulas del contrato continuarán en la forma en que inicialmente fueron pactadas" , las cuales por disposición de la ley habían alterado la duración del mismo, hicieron nacer a favor del demandante el derecho a permanecer en el cargo mientras se requirieran sus servicios, o en su defecto, a que se le indemnizara al momento del retiro. 16 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658

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“El error de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar la prueba consistió, en consecuencia, en no haberle dado al contrato y a los anexos al mismo el alcance legal deprecado en la norma, al haber pretermitido, sin fundamento válido darle las consecuencias jurídicas propias a la renovación que en forma sucesiva se produjo durante dieciocho (18) oportunidades, aplicando una norma que no correspondía o concediéndole efectos no consagrados en la misma. Luego se ocupa de la “Prueba no calificada que se debió examinar a través de la prueba documental auténtica y la confesión judicial..”; se refiere en especial a la testimonial y a la prueba trasladada, que dice, “..tuvieron como esencia, probar los hechos enunciados con la demanda y la respuesta a la misma”, y que por esos medios “..dejaron claramente establecido que la demandada no tenía una causa razonable que le permitiera dar por terminado el contrato..”, puesto que la causa real, esto es, que como “..trabajador oficial al servicio de la demandada, reclamó a los directivos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia por la entrega de la dotación a que tenía derecho..”, tal cual se deduce del documento de folios 71 y 72 del expediente en el cual se solicita a la Ministra de Cultura que "Se averigüe y se investigue a la directora del ICAN y directivos de esta institución sobre la dotación correspondiente de años anteriores hasta el 2000 que por ley nos corresponde, en razón que se nos entregó incompleta"; que la documental de folios 57 y 58, “..es clara en establecer el altercado que el demandante, y otros

empleados tuvieron..” por ese mismo motivo “..situación que es corroborada por los testimonios..” Aduce que la demandada señaló que la finalización del contrato es necesaria “..para alcanzar los fines del Estado bajo principios de eficacia, eficiencia, moralidad, entre otros pues se han perdido los méritos y las calidades morales que justifican su permanencia en el cargo", .. debió haber estado precedido de un proceso claro en el cual se le hubieran demostrados sus faltas, y no como en el presente caso, cuando se ha acreditado que no existe un solo memorando, después de diecinueve años de prestación del servicio, que demuestre que haya tenido un solo llamado de atención, y a contrario sensu, aparecen recomendaciones escritas en la hoja de vida del demandante, expedidas por sus superiores, que dan cuenta de sus excelentes calidades como trabajador. 17 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad.23658 LUIS ALVARO MENDIETA CASTRO VS. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA. “El error de hecho del Tribunal radica en consecuen