CSJ - SL630-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL630-2023 Radicación n.° 92066 Acta 10 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JUAN ANTONIO VALVERDE PORTOCARRERO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 31 de mayo de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

Se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de la demandada Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a la sociedad Soluciones Jurídicas de la Costa S. A. S. identificada con el NIT 900.616.392-1 en los términos y para los efectos del poder general que le fue conferido a través de la escritura pública 3371 del 2 de septiembre de 2019 de la Notaría

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Radicación n.° 92066 Novena del Círculo de Bogotá, representada en la actuación por su gerente Carlos Rafael Plata Mendoza identificado con la cédula de ciudadanía 84.104.546 y portador de la tarjeta profesional de abogado 107.775 del C. S. de la J. Por otro lado se advierte que a través de correo electrónico allegado a esta corporación el 19 de septiembre de 2022 el demandante solicita, bajo la gravedad de juramento, que le sea concedido el amparo de pobreza previsto en el artículo 151 del CGP, en tanto no se encuentra

en capacidad económica de sufragar los costos del proceso como «cauciones, pólizas, copias, requerimientos, costos, costas del proceso y agencias en derecho, traslados, envíos por correo certificado, entre otros gastos que se puedan generar en el proceso», súplica a la que se referirá la Sala más adelante.

I. ANTECEDENTES Juan Antonio Valverde Portocarrero demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 1 de diciembre de 2011 bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad; así mismo a las mesadas atrasadas, las adicionales de junio y diciembre de cada año con sus reajustes, y a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 92066 De igual forma solicitó que a título de perjuicio moral se le cancelen $60.000.000 «por el sufrimiento que ha padecido debido a la deficiente información, negativa y dilación de la demandada» para corregir su historia laboral y, por consiguiente, conceder su derecho pensional; las costas del proceso y lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se afilió al RPM el 15 de enero de 1976 administrado por el entonces Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, con el fin de amparar los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que

el 3 de enero de 2012 pidió el reconocimiento y pago de la pensión de vejez «con el absoluto convencimiento de que contaba con los requisitos de edad (60 años) y semanas cotizadas (mas (sic) de 1000 semanas)»; sin embargo, a través de Resolución 101338 del 27 de febrero de 2012 se le negó tras considerar que no tenía la densidad de cotizaciones requerida para el efecto, pues solo acumulaba 1017 de ellas. Indicó que «insistió» en su reclamación, no obstante, mediante la Resolución GNR 234376 del 16 de septiembre de 2013 no se accedió a su concesión por acreditar 1025 semanas, no siendo suficientes al tenor de la Ley 797 de 2003. Sostuvo que el 25 de julio de 2017 pidió su historia laboral tradicional y la corrección de esta a efecto de que se tuviera en cuenta que laboró para el IDEMA desde el 15 de enero de 1976 al 27 de noviembre de 1981, que estuvo

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Radicación n.° 92066 vinculado a la empresa Seguridad Orión Ltda., del 20 de enero de 1982 a abril de 1984; que prestó sus servicios para NCC Internacional ABV del 20 de diciembre de 1985 al 10 de octubre de 1989; y que igualmente trabajó para Seguridad de Colombia CAL del 20 de septiembre de 1993 al 28 de enero de 1994; lapsos que corresponden a 624,87 semanas, de las cuales solo 605,71 figuraban en su historia laboral.

Manifestó que las 19,16 semanas que no se encontraban incluidas en su reporte de semanas cotizadas se acreditaban con las tarjetas de comprobación de derechos correspondientes a los meses de septiembre de 1983 y abril de 1984 del empleador Seguridad Orión en un total de 8,58; por otro lado con la liquidación de prestaciones sociales y carta laboral que indicaban que estuvo vinculado a la empresa NCC Internacional ABV, del 20 de diciembre de 1985 al 10 de septiembre de 1989, y no como figuraba en su historia laboral desde el 3 de enero de 1986, con lo que hacían falta 14 días. Por último, con las tarjetas de comprobación de derechos de septiembre y octubre de 1989 con el número patronal 04014002327 para un total de 4,29 semanas. Puso de presente que como cotizante independiente en el régimen subsidiado aportó a través del Consorcio Prosperar, hoy Colombia Mayor, durante los meses de julio a noviembre de 2000, sin que se vieran reflejados en su historia laboral de aportes, lo que con las semanas previamente referidas arrojaba un faltante de 27,74 semanas.

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Radicación n.° 92066 Arguyó que luego de solicitar en varias oportunidades a la demandada la corrección de su historia laboral, así como el adelantamiento de las acciones de cobro a que hubiera lugar a los empleadores morosos, no ha logrado una respuesta favorable, lo que de paso ha retardado de manera injustificada el otorgamiento de su derecho pensional. Afirmó que nació el 16 de junio de 1950, por lo que

arribó a los 60 años el mismo día y mes del año 2010, de manera que es beneficiario del régimen de transición por haber cumplido 40 años antes de entrar en vigor el sistema general de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, momento para cual logró acumular 605,71 semanas. Insistió en que según la historia laboral cotizó 448,31 semanas por medio del régimen subsidiado entre el 1 de marzo de 2000 y el 30 de noviembre de 2011, no obstante, al solicitar mediante derecho de petición ante el Consorcio Colombia Mayor el reporte de las semanas cotizadas evidenció que figuraba la cantidad de 488,57 semanas giradas por el referido consorcio, previo pago efectuado por él, en el lapso que va del 1 de diciembre de 1999 y el 30 de noviembre de 2011, de manera que Colpensiones omitió reportar 40,26 semanas en la aludida historia laboral. Dijo que el 7 de mayo de 2018 le pidió a Colpensiones ejercer las acciones de cobro contra el Consorcio Colombia Mayor, bajo el radicado 2018_5133190, por las 40,26 semanas que no se registraban, a lo que se le respondió que revisadas las bases de datos correspondientes, no se

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Radicación n.° 92066 observaba registro de los pagos a su nombre por los ciclos «2000-06, 2000-11, 2001-04, 2001-09 y 2002-01» y que, frente a los periodos «2001-10 y 2001-12» frente a los que él

realizó el pago y no así el Consorcio Colombia Mayor, procedería requerir su pago. De manera que cotizó un total de 1145,7 semanas entre el 15 de enero de 1976 y el 30 de noviembre de 2011. Por lo anterior indicó que a 31 de julio de 2010 contaba con 1077,09 semanas y 60 años de edad, motivo por el que estaban satisfechos los requisitos dispuestos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en concordancia con el parágrafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005. Destacó que con «las resoluciones en cuestión y las innumerables peticiones de corrección de historia laboral que de manera innecesaria y desgastante ha requerido COLPENSIONES» incluyendo las solicitudes de acciones de cobro de las cuales no se ha obtenido respuesta positiva, se le ha causado un perjuicio irreparable, al negarle la prestación pensional sin hacer un estudio exhaustivo del tiempo cotizado tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado y no aplicar el «principio de favorabilidad» previsto en el artículo 53 de la CP y con ello aplicar el Acuerdo 049 de 1990. Resaltó que se encuentra imposibilitado para seguir cotizando por su avanzada edad y por cuanto no tiene capacidad de pago y que, al proferirse las Resoluciones

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Radicación n.° 92066 101338 del 27 de febrero de 2012 y GNR 234376 del 16 de septiembre de 2013 agotó la correspondiente reclamación

administrativa. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que el actor se afilió el 15 de enero de 1976; que el 3 de enero de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez la cual se le negó mediante Resoluciones 101338 del 27 de febrero de ese año y GNR 234376 del 16 de septiembre de 2013; que solicitó la historia laboral junto con su corrección; la fecha de su nacimiento, aquella en que arribó a los 60 años de edad; y que el 7 de mayo de 2018 le solicitó ejercer acciones de cobro en contra del Consorcio Colombia Mayor. Frente a los restantes supuestos fácticos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa argumentó que, si bien el demandante pretendía que el reconocimiento de su prestación se hiciera con fundamento en el Decreto 758 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición por razón de la edad, este no cumplía con las exigencias para acceder a la pensión de vejez al amparo de «dichos mandatos», de manera que debía analizarse a la luz de la Ley 797 de 2003 los que tampoco satisfizo. Formuló como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica de cumplir lo pretendido y la innominada.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de

Buenaventura, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 18 de febrero de 2020 resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – representada legalmente por JUAN MIGUEL VILLA LORA o por quien haga sus veces, a CORREGIR la Historia Laboral del señor JUAN ANTONIO VALVERDE PORTOCARRERO, de condiciones civiles conocidas en autos, así: 30 días por el periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre de 1983, laborado en la empresa SEGURIDAD ORION con No. Patronal 04-318205907; 30 días por el periodo comprendido ente el 1° y el 31 de abril de 1984, laborado en la empresa SEGURIDAD ORION LTDA. con No. Patronal 04328204372; 13 días por el periodo comprendido del 20 de diciembre de 1985 al 02 de enero de 1986, laborado en la empresa NCC INTERNACIONAL ABV con No. Patronal 4014002327 y; 60 días del periodo comprendido entre el 1° y el 31 de julio de 2000 y el 1° al 30 de noviembre de 2000, los cuales cotizó de manera independiente con ayuda del CONSORCIO COLOMBIA MAYOR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES – representada legalmente por JUAN MIGUEL VILLA LORA o por quien haga sus veces, de las demás pretensiones invocadas por JUAN ANTONIO

VALVERDE PORTOCARRERO, de condiciones civiles conocidas en autos.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: En caso de no ser apelado este proveído, REMITASE al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Laboral, en cumplimiento del grado jurisdiccional de la consulta a favor del demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al desatar el recurso de apelación

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Radicación n.° 92066 interpuesto por la parte demandante, así como el grado jurisdiccional a favor de la demandada, a través de sentencia del 31 de mayo de 2021 resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADA OFICIOSAMENTE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, y en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de primera instancia No. 007, proferida el 18 de febrero de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, Valle del Cauca.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Previamente a definir el asunto, el sentenciador en uso de las facultades previstas en el artículo 83 del CPTSS requirió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura para que allegara, de forma digital, el expediente radicado 76-109-31-05-001-2014-00129-01 adelantado por Juan Antonio Valverde Portocarrero contra Colpensiones, con el fin de determinar las pretensiones que se debatieron en su trámite, las pruebas que sirvieron de

base para tomar la decisión de fondo, la sustentación del recurso de alzada si lo hubo y todas las piezas procesales que fueran necesarias para su comparación con el expediente del proceso sometido a su escrutinio. Atendiendo al requerimiento efectuado el Juzgado allegó el expediente solicitado, con el que se conformó el archivo PDF denominado «Primera Instancia_CuadernoPruebaAnexo_ Expediente Primera Instancia_2022011857703». Como fundamento de su decisión el colegiado indicó

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Radicación n.° 92066 que en aplicación de los artículos 66 A y 69 del CPTSS debía establecer si el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago la pensión de vejez que deprecaba como beneficiario del régimen de transición a partir del 1 de diciembre de 2011, pero que de acuerdo con las pruebas allegadas en esa instancia se evidenciaba la materialización de la cosa juzgada, la cual debía declararse de manera oficiosa. Sobre el particular acotó que si bien la demandada al momento de dar contestación al escrito inaugural no había propuesto dicha excepción, en un gesto de lealtad procesal, la apoderada del actor había anunciado que «a último momento observó en el aplicativo de consulta de procesos de la página web de la Rama Judicial que existió otro trámite judicial adelantado por su mandante contra la misma demandada, del cual ella como abogada no tenía conocimiento» que resaltó, había originado el decreto de la prueba oficiosa en cuyo estudio incursionaría. Adujo que de conformidad con la documental allegada

por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, el promotor de la contienda ya había adelantado ante dicho estrado judicial un proceso ordinario laboral en contra de Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión de vejez a la que no se accedió en las instancias; por ello, al tratarse de un proceso previo, le correspondía analizar la configuración o no de la cosa juzgada. Con el objeto trazado refirió que al revisar la demanda

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Radicación n.° 92066 correspondiente al primer proceso el cual se identificó con el número 76109310500120140012900, observaba con claridad que la pretensión incoada estuvo encaminada a que se declarara que el aquí demandante era beneficiario del régimen de transición y por ello la pensión de vejez implorada debía definirse con el Acuerdo 049 de 1990 por haber cotizado al entonces ISS desde el 15 de enero de 1976. Destacó que con fundamento en dicha petición el actor también solicitó el incremento por persona a cargo en cuantía del 14% sobre la mesada que le correspondiera, las mesadas dejadas de percibir a partir del 16 de junio de 2010, fecha en que cumplió los requisitos para acceder al derecho; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; las agencias en derecho; lo que resultara probado en uso de las facultades ultra y extra petita y la indexación de las condenas. Puso de presente que dicha demanda se admitió el 15 de septiembre de 2014, ordenándose su notificación y

traslado, el cual se surtió en debida forma; que la demandada se pronunció oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones bajo el argumento de que el promotor de la contienda no reunía los requisitos para acceder al derecho pensional pretendido; actuación que concluyó en primera instancia con sentencia en la que se tuvo como cierto que el actor nació el 16 de junio de 1950, que presentó solicitud de pensión de vejez el 16 de septiembre de 2013 la que fue negada a través de Resolución GNR 234376 de la misma fecha y fijó como problema jurídico determinar si era

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Radicación n.° 92066 beneficiario del régimen de transición y si le asistía derecho a percibir pensión de vejez y recibir el incremento por personas a cargo. Sostuvo que en dicha decisión se manifestó que el demandante era beneficiario del régimen de transición en tanto a 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, que no obstante no logró extenderlo hasta el año 2014 dado que para el «22» de julio de 2005 no reunió 750 semanas de aportes. Que en esa oportunidad se analizó los periodos que el actor adujo cotizó y no se contabilizó a su favor y refirió que no se allegaron documentos que respaldaran las aseveraciones del promotor de la litis, en tanto se limitó a indicar los periodos faltantes, sin determinar para qué o cuál empleador laboró y sin allegar recibos de pago o planillas de los que se desprendieran, sin que reunieran los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión

de vejez. Señaló que la anterior providencia había sido confirmada por el Tribunal mediante sentencia del 2 de marzo de 2016 al desatar el recurso de apelación. Precisado lo anterior el juez colectivo se adentró en el análisis comparativo de las dos demandas presentadas a través de diferentes apoderados judiciales y aseveró que «con mediana pero suficiente claridad» en los dos procesos «el mismo demandante enjuició a la misma entidad de seguridad

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Radicación n.° 92066 social, con idéntico propósito, presentándose de esta forma la institución de cosa juzgada». Destacó que la cosa juzgada ha sido definida no solo por la doctrina sino por la jurisprudencia, y que atendiendo a lo previsto en el artículo 303 del CGP operaba cuando se presentaba un nuevo proceso entre las mismas partes, con idéntica causa y por igual objeto, por manera que sus características eran:

I. Impedir que se vuelvan a plantear ante una autoridad judicial las mismas pretensiones, evitando así un doble pronunciamiento en relación con un mismo asunto.

II. Que lo decidido en la sentencia se torne inmutable o inalterable, esto es, que no pueda ser modificado ni aún por quien profirió la sentencia y, así, darles seguridad jurídica a las decisiones judiciales.

III. Y se estructura una vez la sentencia se encuentre ejecutoriada, y la providencia hace tránsito a cosa juzgada formal, esto es, cuando ya no procede recursos contra la sentencia o habiéndolo propuesto, ya fueron resueltos.

Refirió lo adoctrinado en las sentencias CSJ SL, 18 ag. 1998, rad. 10819 y CSJ SL1686-2017 frente a los requisitos o elementos que se encuentran presentes en la norma que consagra el fenómeno de cosa juzgada y la CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366 respecto a la posibilidad de declarar su configuración de oficio, por el juez, en cualquiera de las instancias, para afirmar que en el caso en concreto era viable declararla de manera oficiosa en tanto: […] ya se discutió que el actor sí tuviera más de 750 semanas, pero el punto se falló como no demostrado en proceso que precede, y si bien se presenta una nueva historia laboral actualizada para éste asunto (en fecha posterior a la sentencia

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Radicación n.° 92066 anterior), dicho documento sigue reflejando para el señor VALVERDE PORTOCARRERO, menos de 750 semanas sufragadas al 29 de julio de 2005 y menos de 1000 semanas antes del 31 de julio de 2010.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo de primer grado y en su lugar se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo el régimen de transición, «para así garantizarle la

efectividad de sus derechos ciertos e indiscutibles en aras de la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, principio de favorabilidad, buena fe y confianza legítima». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica, los cuales se resolverán a continuación de manera conjunta al incurrir en graves deficiencias técnicas que impiden su decisión de fondo.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 48 de la CP, el parágrafo transitorio 4 de artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Indica que el fallador de la alzada le dio un entendimiento incorrecto a las normas acusadas cuando consideró que una persona es beneficiaria del régimen de transición únicamente si al 29 de julio de 2005 tiene cotizadas 750 semanas, cuando el espíritu del parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 establece claramente que el régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen además tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigor de la enmienda constitucional, a los que se les mantendría hasta el año 2014. Por lo anterior, afirma, que si al 31 de julio de 2010,

fecha en que inicialmente termina el régimen de transición el demandante cumplió con los requisitos para pensionarse, en cuanto a la edad y semanas de cotización, sin necesidad de que se extendiera el beneficio hasta 2014 el juzgador de la apelación «no debió hacer una escisión de la norma, debió apreciar la norma de forma integral» y por ello no le debió exigir acreditar 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

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VII. RÉPLICA La demandada se opone a la prosperidad del cargo manifestando que el fallador de segundo grado no incurrió en la violación enrostrada por la censura, en tanto expresó la real inteligencia del precepto legal y tuvo en cuenta su espíritu y finalidad para dar solución al caso en concreto; por ello, de prosperar el pedimento al actor se le obligaría al reconocimiento de una pensión sin el cumplimiento de los requisitos legales y de paso se incurriría en la defraudación del sistema y en la afectación de su sostenibilidad financiera.

VIII. CARGO SEGUNDO Impugna la decisión de segunda instancia por: […] apreciación errónea de las historias laborales, tanto la que expidió el Instituto de Seguro Social de fecha 29 de octubre de 2009, obrante a folios 48 a 54 del Cuaderno Principal Tomo 1 expediente digital de primera instancia 2022011052951, en la que se visualiza claramente el pago del aporte a pensión de régimen subsidiado correspondiente al mes de octubre de 2007, aporte que sin justificación no figura en las subsiguientes

historias laborales que han sido modificadas como consecuencia de las innumerables solicitudes de corrección; la historia laboral que allegó COLPENSIONES en el proceso con radicación 76109310500120140012900, como también, las agregadas al proceso actual entre las que se encuentran relacionadas en la certificación expedida por el Consorcio Colombia Mayor que reposa en el expediente y la historia laboral expedida recientemente por la entidad demandada el día 24 de mayo de 2022, en la que se evidencia otro aumento de semanas, concluyendo, que esa defectuosa valoración es producto de la negligencia de la demandada al no corregir la historia laboral del demandante e incluir las semanas omitidas por culpa de la entidad, conduciendo al fallador plural a cometer el yerro fáctico señalado, el cual tuvo incidencia en la declaración de la excepción de cosa juzgada.

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Radicación n.° 92066 Señala que en el asunto no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada en tanto «si bien es cierto, en los dos procesos son las mismas partes, son el mismo objeto, es decir, la misma petición respecto a la solicitud de pensión de sobrevivientes (sic)» no había identidad en cuanto «a la cuantía de las semanas cotizadas, de conformidad a las dos historias laborales que expidió el ISS y COLPENSIONES y la que se adjunta en esta demanda de casación». Asevera que el documento auténtico expedido por Colpensiones, obrante en los folios 48 a 54, contiene una historia laboral relacionada con los aportes a pensión del régimen subsidiado, en la que se observa periodos de

verificación y se visualiza claramente el pago del aporte correspondiente al mes de octubre de 2007, el que sin justificación no figura en las subsiguientes historias laborales que han sido modificadas como consecuencia de las innumerables solicitudes de corrección; luego a folios 78 a 82 reposa una historia laboral contentiva de 1049,71 semanas, después la obrante a folios 185 a 192 en la que se da cuenta de 1054 semanas y, actualmente, la historia laboral expedida por la entidad demandada el día 24 de mayo de 2022 en la que se registra que tiene 1066,86, de las cuales, al 31 de julio de 2010 tiene 1002,57 semanas incluyendo el mes de octubre de 2007 y 60 años y un mes de edad. Agrega que el juez de la alzada pasó por alto valorar el reporte de las semanas cotizadas por el demandante al régimen subsidiado, suministrado por el Consorcio Colombia

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Radicación n.° 92066 Mayor y que se ve en los folios 198 a 203 y 300 a 305 del «Cuaderno Principal Tomo 1 del expediente digital de primera instancia 2022011052951», del cual se presume su veracidad, así como la historia laboral que expidió el Instituto de Seguros Sociales de fecha 29 de octubre de 2009, obrante a folios 48 a 54 del mismo cuaderno, en la que se visualiza el pago del aporte a pensión de régimen subsidiado correspondiente al mes de octubre de 2007, el que se realizó de manera anticipada el día 6 de marzo de 2007 «a través de

la referencia de pago 130563S0000375 por valor de completo del aporte de $67.256». Pone de presente que el Tribunal no apreció el reporte de las semanas cotizadas por el demandante al régimen subsidiado, suministrado por el Consorcio Colombia Mayor, (fos. 198 a 203 y 300 a 305 del Cuaderno Principal Tomo 1 expediente digital de primera instancia 2022011052951), del que se deriva que cotizó un total de 488,57 semanas entre el 1 de diciembre de 1999 y el 20 de junio de 2002 y del 1 de abril de 2004 al 20 de junio de 2012 de las cuales un total de 419,93 semanas se aportó hasta el 31 de julio de 2010 y no obstante ello la demandada no ha procedido a la corrección de la historia laboral, continuando con la vulneración de sus derechos fundamentales y los de su familia. Indica que al analizar de manera integral las «innumerables pruebas aportadas» se constata que al hacer la sumatoria entre las semanas cotizadas antes del 1 de enero de 1995 y las aportadas a través del régimen subsidiado, las

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Radicación n.° 92066 cuales fueron certificadas por el Consorcio Colombia Mayor, se demuestra que reúne 1025,64 semanas antes del 31 de julio de 2010 y como quiera que arribó a los 60 años de edad antes de la fecha en mención, le asiste el derecho a que se reconozca la pensión de vejez establecida en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.

Plantea que «el simple señalamiento de inconsistencias por no pago o pago tardío en la historia laboral resultaba insuficiente para la demandada», la que ha debido, en forma diligente, activar los mecanismos legales previstos para obtener el recaudo de los aportes correspondientes y en manera alguna imputar tal omisión en perjuicio del derecho del afiliado. Para finalizar enlista como errores evidentes de hecho:

A. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante cumplió los 60 años de edad, el día 16 de junio de 2010, es decir, antes de finalizar el régimen de transición. (31 de julio de 2.010).

B. No dar por demostrado, estándolo que el reporte de las semanas cotizadas por el demandante al régimen subsidiado, suministrado por el Consorcio Colombia Mayor, suscrito por su Gerente Regional Suroccidente, del día 22 de marzo de 2018 (fls 198 a 203 y 300 a 305 del Cuaderno Principal Tomo 1 expediente digital de primera instancia 2022011052951), del cual se presume su veracidad, sin que obre prueba de haber sido cuestionados o tachados de falsos, como también la historia laboral que expidió el Instituto de Seguro Social de fecha 29 de octubre de 2009, obrante a folios 48 a 54 del Cuaderno Principal Tomo 1 expediente digital de primera instancia 2022011052951 en la que se visualiza claramente el pago del aporte a pensión de régimen subsidiado correspondiente al mes de octubre de 2007, aporte que sin justificación no figura en las subsiguientes historias laborales

que han sido modificadas como consecuencia de las innumerables solicitudes de corrección; señalan que el aporte

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Radicación n.° 92066 a pensión del mes de octubre de 2007 fue reflejado el pago por el demandante el día 25 de octubre de 2007 y realizado de manera anticipada el día 06 de marzo de 2007 a través de la referencia de pago 130563S0000375 por valor de completo del aporte de $67.256, según historia laboral del ISS ya referida el día.

C. No dar por demostrado, estándolo que el reporte de semanas reportados por el Consorcio Colombia Mayor, suscrito por su Gerente Regional Suroccidente, del día 22 de marzo de 2018

(fls 198 a 203 y 300 a 305 del Cuaderno Principal Tomo 1 expediente digital de primera instancia 2022011052951), del cual se presume su veracidad, sin que obre prueba de haber sido cuestionados o tachados de falsos, acredita que el demandante cotizó un total de 488,57 semanas entre el 01 de diciembre de 1999 a 20 de junio de 2002 y entre el 01 de abril de 2004 a 20 de junio de 2012; lo que concluye que el d