CSJ - SL873-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL873-2023 Radicación n.° 90166 Acta 13 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en calidad de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARIO FORERO VARGAS contra ASESORES EN DERECHO SAS, mandataria con representación de PANFLOTA de la COMPAÑÍA DE

INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S. A.; COLFONDOS S. A. PENSIONES Y CESANTÍAS; la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. como vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA;

la NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO; la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA

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Radicación n.° 90166 DEL ESTADO y en contra de la entidad recurrente, trámite al que fueron citados como litisconsortes la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Mario Forero Vargas demandó a las entidades referidas, con el fin de que se declare que fue trabajador de la Flota

Mercante Grancolombiana, hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., empleador que no efectuó los aportes a seguridad social. En consecuencia, pidió condenar a Asesores en Derecho SAS a expedir la «resolución del cálculo actuarial» por el tiempo laborado en dicha compañía; a la Fiduciaria La Previsora S. A. a cancelar su monto a la AFP Colfondos S. A.; y a ésta última para que tenga en cuenta todos los tiempos para «la pensión de vejez o la devolución de ahorros». Así mismo, deprecó condenar a la entidad administradora mencionada al pago de la «pensión de vejez» por cumplir con los requisitos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, a partir del 20 de junio de 2017, junto con los perjuicios morales y materiales, al igual que los intereses de mora, y las costas del proceso. Asimismo, pidió se condene a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cancelar a Colfondos S. A. el cálculo actuarial que le corresponda por el tiempo laborado

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Radicación n.° 90166 en el Hospital Militar, entidad incorporada al Ministerio de Defensa Nacional; y que le imponga a la AFP la obligación de tener en cuenta ese lapso para efectos de «la pensión de vejez o la devolución de ahorros». En subsidio, de no llegar a prosperar la petición contra la Fiduciaria la Previsora S. A., impetró que el cálculo actuarial quede a cargo de la Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café o a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fundamentó sus pretensiones, después de hacer un recuento acerca de la creación de la marina mercante, y destacar el papel de la Federación Nacional de Cafeteros y de los recursos del Fondo Nacional del Café, en que, inicialmente la Flota Mercante Grancolombiana tuvo bajo su responsabilidad las pensiones de jubilación de sus trabajadores y debía aprovisionar los fondos necesarios para financiar el aporte previo al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 171 de 1961 hasta cuando el ISS asumiera dicha obligación. Manifestó que la empleadora no fue sustituida ni subrogada en sus obligaciones pensionales por el ISS, ni por otra entidad que administrara tales prestaciones; que en el año de 1967 se llamó a inscripción obligatoria a todas las empresas, entre ellas, la entonces Flota Mercante Grancolombiana, que cambió su nombre por Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., filial de la Federación

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Radicación n.° 90166 de Cafeteros de Colombia, administradora del Fondo Nacional del Café. Afirmó que según concepto emitido el 15 de febrero de 2001, por el Consejo de Estado, la Nación debía responder por las prestaciones insolutas de la extinta Flota Mercante Grancolombiana S. A. y que la Corte Constitucional en sentencia CC SU1023-2001 ordenó que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del

Fondo Nacional del Café, suministrara los recursos para el pago de las pensiones. Acotó que no hubo conmutación pensional respecto de la citada Flota; y que desde entonces, los recursos para el pago de las pensiones a cargo de la referida entidad los suministra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café. Expuso que en diferentes decisiones algunos extrabajadores de la Flota Mercante han obtenido el pago del cálculo actuarial por el tiempo laborado a ese empleador; que a la fecha de la presentación de la demanda inaugural tenía 62 años de edad; que trabajó para la Flota Mercante Grancolombiana del 28 de diciembre de 1981 hasta el 20 de enero de 1992, durante un total de 3645 días; que su empleadora no efectuó aportes a la seguridad social para pensión desde que inició el vínculo laboral hasta el 28 de agosto de 1990; que era beneficiario de los acuerdos extralegales y laudos arbitrales celebrados; y que el último salario promedio correspondió a la suma de USD 1471,64

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Radicación n.° 90166 dólares. Añadió que también prestó servicios al Hospital Militar desde el 1 de julio de 1979 hasta el 10 de diciembre de 1981, lapso equivalente a 894 días Precisó que estaba vinculado a Colfondos S. A. para el momento de radicación de la demanda; que se afilió a ISS, hoy Colpensiones, desde el 29 de agosto de 1990; que trabajó en otras entidades, por lo que en la AFP «tiene 86,29

semanas»; y que presentó reclamación administrativa a todas las accionadas. La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al contestar la demanda (f.° 718) se opuso a las pretensiones incoadas en su contra. Frente a los hechos, aceptó únicamente la radicación de la reclamación administrativa. Con relación a los demás expresó que no le constaban. Como argumentos de defensa negó la responsabilidad en el pago de las obligaciones pensionales, por tornarse improcedente desde el punto de vista legal y constitucional «la responsabilidad subsidiaria que se le pretende desvirtuar a la Nación», respecto del pasivo pensional de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante. Asimismo, indicó que la condena respecto del cálculo actuarial por el tiempo en que el demandante prestó servicios al Hospital Militar resultaba totalmente inviable, dado que el Ministerio de Defensa Nacional es una entidad exceptuada del Sistema General de Pensiones y, por tanto, a éste correspondía reconocer sus propias prestaciones.

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Radicación n.° 90166 Formuló la excepción previa que denominó «NO COMPRENDER A TODOS LOS LITIS CONSORTES NECESARIOS O FALTA DE INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO». De mérito propuso las de indebida vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inexistencia de obligación alguna el Ministerio por las pretensiones de la demanda, falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva, prescripción y la genérica. Por su parte, la Fiduprevisora S. A., al contestar la

demanda (f.° 751) se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, expuso que no le constaban y debían probarse o que no tenían tal calidad. A su favor explicó las características del contrato de fiducia mercantil suscrito con la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. e insistió en que el pago de obligaciones pensionales con cargo a dicho patrimonio estaba supeditado a la existencia de recursos. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil, inexistencia de la obligación y la innominada. Por su parte Colfondos S. A. al responder el escrito inaugural (f.° 846) se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los supuestos fácticos, aceptó que el demandante presentó solicitud de traslado de régimen el 29 de septiembre de 1995, el cual se hizo efectivo el 1 de octubre siguiente; que no ha reclamado cálculo actuarial por el tiempo laborado por el

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Radicación n.° 90166 actor en la Flota Mercante Grancolombiana S. A.; y la radicación de la reclamación administrativa. Frente a los demás hechos dijo que no le constaban. En su defensa manifestó que para obtener la pensión de vejez en el RAIS es necesario contar con el capital necesario para financiarla, supuesto que, de acuerdo con la información registrada, el señor Forero Vargas no cumplía. Al respecto, impetró las excepciones de incumplimiento

de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, incumplimiento de los presupuestos para acceder a la garantía de pensión mínima, buena fe y la innominada o genérica. A su vez, la sociedad Asesores en Derecho SAS, quien actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo de Panflota, al contestar la demanda (f.° 886) se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra, excepto a que se declarara que el actor fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. Con relación a los supuestos fácticos aceptó que la Federación Nacional de Cafeteros es la administradora del Fondo Nacional del Café; que esta entidad provee los recursos para el pago de las pensiones de jubilados de la Flota Mercante; la edad del accionante al presentar la acción inicial; que este laboró para la Flota desde el 28 de diciembre de 1981 hasta el 20 de enero de 1992; que el actor fue afiliado al ISS, hoy Colpensiones, el 29 de agosto de 1990; y la presentación de la reclamación administrativa. Respecto

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Radicación n.° 90166 de los restantes hechos indicó que no le constaban o que no eran ciertos. Manifestó en su defensa que la obligación legal de afiliar a los trabajadores del mar, solo se generó con la expedición de la Resolución «03296» de 1990; que la sociedad liquidada no dejó activos para satisfacer obligaciones; y que no debía responder por el cálculo actuarial demandado. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, pues durante casi toda la existencia el ISS no

había asumido los riesgos de IVM; imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional; ausencia del supuesto fáctico para la procedencia del cálculo actuarial; no procedencia del reconocimiento y pago de intereses moratorios; prescripción; buena fe; inexistencia de la obligación y la innominada o genérica. La Federación Nacional de Cafeteros, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, dio respuesta a la demanda inicial (f.° 1 del cuad. 3) oponiéndose a las súplicas. Respecto a los hechos, admitió los antecedentes históricos de la Flota Mercante Grancolombiana y de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., así como su participación del Fondo Nacional del Café. En relación con los demás supuestos fácticos indicó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa aseveró que, según el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la responsabilidad subsidiaria no se

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Radicación n.° 90166 presumía; que esa entidad no fue la causante de la situación de insolvencia de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. y que todas las decisiones fueron tomadas para «aliviar la situación económica» generada por hechos externos a la empresa; y que el accionante no laboró para la Federación Nacional de Cafeteros, por lo que no adeudaba suma alguna al demandante por ningún concepto. Al efecto, impetró las excepciones de mérito que denominó ausencia de responsabilidad subsidiaria en cabeza

de la Federación Nacional de Cafeteros, inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa, prescripción, pago y compensación y la genérica. El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, a quien correspondió el trámite de la primera instancia, mediante providencia del 14 de diciembre 2018, precisó que a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado simplemente «se le comunicó la existencia del proceso». Así mismo, en decisión adoptada el 30 de enero de 1019, ordenó vincular en calidad de litisconsortes a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (f.° 1132). Colpensiones, al responder la demanda inicial (f.° 1135) manifestó «ni me opongo ni me allano» teniendo en cuenta que las pretensiones estaban dirigidas a terceros. En lo que hace a los supuestos fácticos, aceptó la edad del demandante, la afiliación al ISS el 29 de agosto 1990 y el traslado a Colfondos

S. A. En cuanto a los demás hechos dijo que no eran ciertos,

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Radicación n.° 90166 no le constaban o no ostentaban tal calidad. A su favor propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, inexistencia del derecho reclamado, inexistencia de intereses moratorios e indexación, compensación, prescripción y la innominada o genérica. Finalmente, mediante providencia del 13 de junio de 2019, el sentenciador de primer grado tuvo por no contestada

la demanda por parte de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional (f.° 1157)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 11 de septiembre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor MARIO FORERO VARGAS y la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. existió un contrato de trabajo entre el 28 de diciembre de 1981 y el 20 de enero de 1992.

SEGUNDO: ORDENAR a la demandada ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A., a la cual se encuentra afiliado el actor, a realizar el respectivo cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión del demandante, para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 1981 y el 28 de agosto de 1990, teniendo como salario devengado para el año 1990 $551.880, e incluyendo las consecuencias por la mora; y una vez elaborado, dar traslado a las demandadas ASESORES EN DERECHO SA en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de administradora del Patrimonio

Autónomo PANFLOTA.

TERCERO: ORDENAR a la demandada ASESORES EN DERECHO SA, en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, emitir la respectiva Resolución, a través de la cual

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Radicación n.° 90166 se ordene transferir a Colfondos S.A. el valor correspondiente al

cálculo actuarial a favor de MARIO FORERO VARGAS.

CUARTO: CONDENAR a la demandada FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en su condición de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA a pagar el valor del cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 1981 y el 28 de agosto de 1990, a satisfacción de la Administradora de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A. y conforme al cálculo por esta entidad realizado, para efectos de convalidar los tiempos de aportes en los que no se detectaron cotizaciones, considerando como salario devengado para el año 1990 $551.880, e incluyendo las consecuencias por la mora a favor de la administradora de pensiones.

QUINTO: DECLARAR que la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS es responsable subsidiariamente de la obligación pensional por concepto del pago del cálculo actuarial por aportes a pensión a favor del actor aquí ordenado, en su calidad de matriz o controlante de la extinta COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA, y en consecuencia, CONDENAR a esta demandada a reconocer y pagar el cálculo actuarial por los aportes pensionales por el tiempo comprendido entre el 28 de diciembre de 1981 y el 28 de agosto de 1990, a favor de MARIO FORERO VARGAS, siempre que FIDUCIARIA LA PREVISORA

S. A. en su condición de administradora del patrimonio A autónomo de PANFLOTA, cuente con los recursos económicos para asumir tales obligaciones, las cuales serán cubiertas

entonces, con los recursos del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.

SEXTO: ABSOLVER a la demandada ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS SA de las pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: ABSOLVER a las demandadas NACIÓN MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas por el demandante.

OCTAVO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

NOVENO PRIMERO: CONDENAR en costas a las demandadas FIDUPREVISORA como administradora y vocera de PANFLOTA; FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, y ASESORES EN DERECHO como mandataria con representación.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 29 de enero de 2020, con ocasión de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, la Fiduciaria la Previsora S. A. y la Federación Nacional de Cafeteros, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida en primera instancia en el sentido de CONDENAR en forma principal a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota para que

previo cálculo actuarial que efectúe COLFONDOS S A. pagué el cálculo actuarial con cargo al patrimonio autónomo Panflota y a ASESORES EN DERECHO SAS como mandataria que la Previsora como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA a expedir el acto administrativo correspondiente al reconocimiento de la suma liquidada por dicho concepto. De forma subsidiaria, en caso de que en el patrimonio autónomo no obren los dineros suficientes para el cumplimiento de la condena a la Federación Nacional de Cafeteros como administradora y con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café a efectuar el pago de la suma liquidada por concepto de cálculo actuarial que determine COLFONDOS S.

A. con arreglo al decreto 1887 de 1994, por el período comprendido entre el 28 diciembre de 1981 al 28 de agosto de 1990, descontando los 31 días de licencia otorgada al actor.

SEGUNDO: MODIFICAR parcialmente el numeral segundo del fallo de primer grado en sentido de CONDENAR a COLFONDOS S.A a realizar el cálculo actuarial correspondiente al tiempo laborado por el demandante y condenar a las demandadas FIDUPREVISORA y ASESORES EN DERECHO en calidad de mandataria con representación del patrimonio autónomo PANFLOTA o quien haga sus veces, a remitir a COLFONDOS S.

A. la información necesaria para la elaboración del cálculo actuarial, señalando mes a mes los salarios devengados por el demandante y los factores salariales que lo constituían TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo de instancia CUARTO: sin costas en esta instancia

El Tribunal, después de aludir al principio de consonancia, delimitó los problemas jurídicos a resolver de

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Radicación n.° 90166 la siguiente manera: Determinar: i) si existió una relación laboral entre el demandante y la extinta Flota Mercante para los periodos comprendidos entre el 28 de diciembre de 1981 y el 20 de enero de 1992; ii) si hay lugar a efectuar el cálculo actuarial y a quién le corresponde realizarlo; iii) si las primas extralegales que devengaba el actor durante la vigencia de la relación laboral tenían incidencia salarial a efectos de ser incluidas en el salario declarado por el juez de primera instancia; iv) responsabilidad de las demandadas; y v) las costas procesales En lo que ataña estrictamente al recurso extraordinario, de entrada, advirtió que no había inconformidad de las partes respecto de la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la extinta Flota Mercante Grancolombiana S. A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., con vigencia del 28 de diciembre de 1981 al 20 enero de 1992, descontando 31 días de licencia sin sueldo (f.º 597). En cuanto a la responsabilidad de las demandadas, afirmó que resultaba pertinente determinar cuál fue la relación jurídica entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la extinta Compañía se Inversiones de la Flota Mercante S. A., cuya liquidación obligatoria se declaró terminada por la Superintendencia de Sociedades mediante autos del 28 de agosto, 22 de noviembre y 18 de diciembre

de 2012 (f.os 368 y sigs.). Dijo que la finalización del proceso liquidatorio de la Compañía «marca el momento en que se puede reclamar la declaración de la responsabilidad subsidiaria». Resaltó la «condición de sociedad matriz y subordinada» establecida en los artículos 260 y 261 del CCo, subrogados por los artículos

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Radicación n.° 90166 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, circunstancia que fue asentida de antaño por la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., quien a través de la comunicación del 29 abril de 1998 informó a la Cámara de Comercio de Bogotá que por documento privado el 29 abril de 1998, inscrito el 9 de junio del mismo año, bajo el número 637602 del libro 9, «la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia comunicó que en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de éste como matriz, se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia» ( f.os 16 y 17). Acerca de la estructuración de la responsabilidad subsidiaria a cargo de la sociedad matriz, indicó que el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, vigente para el año 2000, cuando se ordenó la liquidación obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. establecía dos postulados importantes para el caso, a saber: […] de un lado, se consigna la posibilidad de indicarle responsabilidad solidaria a la matriz sobre la obligaciones

adquiridas por la empresa subordinada y, de otro, se establece presunción legal de que la situación concursal se ha originado en actuaciones propias del control de la entidad matriz sobre su filial, constituyéndose aquí la fuente normativa de la predicha responsabilidad subsidiaria, frente a lo cual se pronunció la Corte Constitucional al declarar exequible el parágrafo del artículo 148 en la sentencia C510 de 1997. Así pues, la presunción iuris tantum legal o provisional está regulada por el artículo 66 del Código Civil, estableciendo que se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume. Valga decir, se trata de una presunción que admite prueba en contrario, la cual está por supuesto a cargo de quién contradice la asistencia del supuesto normativo en el caso concreto. El precepto en cita presume que el estado concursal de la sociedad subordinada obedece a las actuaciones de la matriz o controlante o sus vinculadas, salvo que estas muestren que se

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Radicación n.° 90166 generó por causas distintas; por tanto, resulta claro que la presunción contenida en la norma admite prueba en contrario de parte de la sociedad matriz o sus vinculadas, por lo que se requiere verificar si la Federación acompañó prueba que le permita desvirtuar suficientemente la presunción que obra en su contra, respecto a las actuaciones que condujeron a la liquidación obligatoria de la Compañía Inversiones de la Flota Mercante (subrayado de la Sala). Al respecto, dijo que la Federación alegaba que el infortunio empresarial de la Flota Mercante obedeció a las

decisiones asumidas por el Estado, mediante la Ley 7 de 1991 y los Decretos 501 de 1990 y 2327 de 1991, normas que dispusieron la supresión de la reserva de carga que la benefició hasta ese momento, consistente en tener la exclusividad para transportar el 50% de la carga entrante y saliente del territorio nacional. Agregó que «el referido estudio indica» que la eliminación de la reserva de carga fue apenas uno de los tantos factores que antes de la adquisición por la Federación Nacional de Cafeteros incidió en el decrecimiento económico de la entonces Flota Mercante, pues también hubo otros como la revaluación del peso frente al dólar, la reducción de las tarifas de los fletes internacionales y el auge del transporte multimodal frente a la precariedad de su flota. Expuso que estaba evidenciado que «la eliminación por mandato legal de la reserva de carga, además de ser un hecho anterior al ingreso de la Federación Nacional de Cafeteros como socio mayoritario en la Compañía Inversiones de la Flota Mercante, ni siquiera es la causa que generó descalabro económico de esta última». En consecuencia, aseguró, no

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Radicación n.° 90166 estaba desvirtuada la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, esto es, «la responsabilidad subsidiaria asignada por el a quo de la Federación Nacional de Cafeteros». Por consiguiente, las llamadas a responder por las eventuales condenas proferidas en la decisión eran las demandadas: Fiduciaria la Previsora como administradora y

vocera del patrimonio autónomo Planflota; Asesores en Derecho SAS como mandataria con representación a cargo del Patrimonio Autónomo Panflota, conforme al contrato de mandato 926401 2014 suscrito entre la Fiduciaria la Previsora S. A. y está y, de manera subsidiaria, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como matriz o controlante de la Compañía Inversiones de la Flota Mercante S.A., por lo que revocaba parcialmente el numeral 6 de la sentencia de primera instancia. En cuanto al cálculo actuarial, expuso que este debía hacerse con base en las previsiones del Decreto 1887 de 1994, esto es, calculado en los términos previstos en sus artículos 2 al 5, los que resultaban aplicables a la situación particular del demandante, para lo que se apoyó en las sentencias SL2138-2016, SL3892-2016. Enfatizó en que mediante la Resolución 3296 se fijó el 15 de agosto de 1990 como fecha de iniciación de la inscripción en el régimen de los seguros sociales obligatorios para el personal del mar que laboraba en las empresas y agencias de transporte marítimo, razón por la cual sus empleadores solo estuvieron obligados a afiliarlos a partir de tal data.

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Radicación n.° 90166 Acotó que aunque la empleadora demandada solamente se vio obligada a realizar la afiliación de sus trabajadores al ISS a partir del 15 agosto de 1990, y que al 23 de diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de ese

año, la relación laboral no estaba vigente, lo cierto era que «ello no la exonera de la obligación de responder por los períodos en que el demandante efectivamente trabajó a su servicio, pues ello iría en detrimento del derecho a la seguridad social en pensiones del trabajador». Sobre el particular, adujo que con relación al reconocimiento de los tiempos en que los trabajadores estuvieron vinculados laboralmente sin que sus empleadores tuvieran la obligación de cotizar al ISS porque no había iniciado la cobertura, era pertinente remitirse a la sentencia que identificó así: «16 de julio 2014 radicado 41745», según la cual, «el patrono debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues solo en ese evento puede haberse liberado de la carga que le correspondía, amén de las obligaciones contractuales existentes entre las partes»; por ende, el fallo no sería modificado en este aspecto. Precisó que, en relación con la elaboración del cálculo actuarial, la sentencia con «radicado 52395 de 2013» indicaba que la respuesta «más acoplada al sistema de seguridad social en casos de omisión en la afiliación», es el cubrimiento de las prestaciones con el recobro de los recursos a los empleadores a través de dicha figura. En concordancia, señaló que el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,

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Radicación n.° 90166 reglamentado por el Decreto 3798 del mismo año, estableció la posibilidad de sumar los tiempos de servicios con

empleadores omisivos en la afiliación al Sistema General de Pensiones, mediante el pago a favor de la entidad de seguridad social con base en el cómputo que ésta elabore. Después de aludir al objeto del contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante en liquidación y Fiduciaria la Previsora el 14 de febrero de 2006 (f.º 767 y sig.); así como al del contrato de mandato pactado entre Asesores en Derechos SAS y Fiduciaria la Previsora S. A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, dijo lo siguiente: Así pues, conforme a los contratos a cuyo objeto se ha hecho referencia, los que constituyen ley para las partes en los términos del artículo 1602 del CC, la delimitación de responsabilidades determina que corresponde a Fiduciaria la Previsora S. A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota, efectuar el pago de la suma liquidada por concepto de cálculo actuarial que determine Colfondos con cargo al patrimonio autónomo Panflota, confirmando parcialmente el numeral 3 de la sentencia de primera instancia, precisando que se modificará en lo atinente a los salarios previamente declarados en la primera instancia. Por otra parte, se confirmará la condena impuesta a Asesores en Derecho, como mandataria de la Previsora como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota, a expedir el acto administrativo correspondiente al reconocimiento de la suma liquidada por concepto de cálculo actuarial que determine Colfondos a nombre del demandante, confirmando el numeral 4°

de la sentencia de primera instancia En relación al argumento expuesto por el demandante tendiente a que se condene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no obra en el proceso prueba que acredite siquiera sumariamente que la demandada Fiduprevisora, quién cancelará de manera principal, o la federación Nacional de Cafeteros, de manera subsidiaria, el valor del cálculo actuarial, no dispongan de recursos para cumplir con la obligación a su cargo, por lo que se despachará desfavorablemente su súplica.

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Radicación n.° 90166 En suma, se modificará el numeral primero de la sentencia en el sentido de condenar