CSJ - STC16933-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada ponente

STC16933-2026

Radicación n.º 25000-22-13-000-2026-00529-01

(Aprobado en sesión del dos de septiembre de dos mil veintiséis)

Bogotá D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

ANOTACIÓN PRELIMINAR

De conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Acuerdo núm. 034 de 16 de diciembre de 2020 de la Corte Suprema de Justicia con el fin de proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes involucrados en este asunto, se procederá a emitir providencia paralela a esta en la que se reemplazarán los nombres de las partes por otros ficticios para evitar la divulgación real de sus datos.

Se decide la impugnación de la sentencia proferida el 24 de julio de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, dentro de la acción de tutela promovida por Andrea Tarazona, en representación de su hijo menor de edad J.J.F.T., contra el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Funza, trámite al que fueron vinculados la Comisaría de Familia de Cota y Juan Fuentes.

# ANTECEDENTES

## PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

# ANTECEDENTES

## PRETENSIONES Y HECHOS RELEVANTES

La accionante, en representación de su hijo J.J.F.T., reclama la protección de los derechos fundamentales del niño al debido proceso, protección integral, integridad física y psicológica, salud, dignidad humana y al interés superior del menor, que estima vulnerados por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Funza con ocasión de la sentencia de 24 de junio de 2026, mediante la cual homologó «en todas y cada una de sus partes» la decisión adoptada por la Comisaría de Familia de Cota dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos adelantado en favor del niño.

Del expediente se advierte que el 24 de enero de 2025 la progenitora puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Cota que su hijo presentaba comportamientos alarmantes tras las visitas con el padre, por lo que esa autoridad, mediante auto de 27 de febrero siguiente, dispuso la verificación de derechos del menor. En la valoración psicológica de 7 de marzo de 2025 se establecieron, entre otros hallazgos, conductas aprendidas relacionadas con sobresaltos ante determinados sonidos, déficit para reportar emociones, baja regulación emocional, repertorios desorganizados, temor a sonidos y señalamientos de maltrato. Con posterioridad, tras una visita supervisada, la psicóloga adscrita a la Comisaría evidenció interacción natural y afectuosa entre el niño y su padre, motivo por el cual el 15 de abril de 2025 sugirió la regulación de las visitas, y en proveído de 30 de abril siguiente se dispusieron encuentros padre-hijo cada quince días sin supervisión, determinación frente a la cual la madre interpuso los recursos de reposición y apelación, insistiendo en que fueran supervisados.

Luego, el 18 de julio de 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal rindió informe pericial en el que concluyó que no había signos físicos de violencia, aunque amplió el examen ante un presunto abuso sexual; ese mismo día se dio apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. Entre agosto y septiembre de 2025, las visitas no pudieron materializarse en múltiples oportunidades, y el 10 de octubre siguiente la autoridad administrativa las suspendió con fundamento en la historia clínica aportada por Colsanitas.

Finalmente, mediante resolución de 4 de noviembre de 2025, la Comisaría declaró vulnerados los derechos del niño, confirmó su ubicación bajo el cuidado de la progenitora, ordenó seguimiento por seis meses, dispuso proceso terapéutico para el menor y para ambos progenitores, los amonestó y habilitó las visitas supervisadas con el padre en la sede de esa autoridad, los viernes de 3:00 a 5:00 p. m., en compañía de su equipo interdisciplinario. Ante la oposición de la madre, el expediente fue remitido al Juzgado Primero de Familia del Circuito de Funza, que homologó la decisión el 24 de junio de 2026 dentro del radicado 11111-31-11-001-2026-001111-00.

Frente a esa providencia, la accionante reprocha que el despacho reconoció expresamente la existencia de un escenario de riesgo para el niño y la presencia de múltiples elementos técnicos que evidencian afectaciones psicológicas relevantes, e invocó el estándar reforzado de protección que impone el artículo 44 de la Constitución Política, pero no explicó por qué, frente a esas mismas premisas, la continuidad de las visitas supervisadas constituye la medida que mejor protege a su hijo.

Sostiene que existe un vacío argumentativo entre lo aceptado en la motivación y lo finalmente resuelto; que el juzgado avaló una decisión administrativa que se apartó de la recomendación del propio equipo interdisciplinario de la Comisaría, orientada a mantener suspendidos los encuentros, sin exigir una motivación reforzada que justificara ese apartamiento y sin que obrara concepto especializado alguno que desvirtuara las conclusiones técnicas; y que se exigió, en la práctica, una decisión penal en firme para adoptar una medida de protección más intensa, con lo que se desnaturalizó el carácter preventivo del proceso de restablecimiento de derechos. Agrega que no se valoró la evolución favorable que su hijo presentó durante el tiempo en que permaneció sin contacto con el progenitor.

En consecuencia, solicita dejar sin efectos la providencia de homologación y ordenar al despacho accionado proferir una nueva decisión en la que valore la totalidad del material probatorio, en particular, las evaluaciones de psicología tratante, la valoración de psicología forense, los conceptos de Medicina Legal, los informes del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, las manifestaciones del niño, su evolución clínica y emocional durante el proceso terapéutico y las recomendaciones técnicas orientadas a suspender temporalmente las visitas; y que se expliquen de manera razonada las razones de cualquier apartamiento respecto de las conclusiones de los profesionales que evaluaron directamente al menor.

## RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Funza rindió informe el 21 de julio de 2026. Reseñó la actuación surtida ante la Comisaría de Familia de Cota desde la puesta en conocimiento de los hechos por la progenitora, el 24 de enero de 2025, hasta la resolución de fondo del 4 de noviembre siguiente. Solicitó negar el amparo y remitió el vínculo del expediente digital.

La Comisaría de Familia de Cota remitió el expediente del PARD y precisó que el objeto de su intervención debía circunscribirse a suministrar la información requerida sobre el desarrollo del procedimiento administrativo, dejando a consideración del despacho judicial accionado las explicaciones relacionadas con los fundamentos jurídicos que sustentaron la decisión de homologación.

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACIÓN

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas negó el amparo porque el juzgado cuestionado realizó una valoración minuciosa y detallada de las particularidades del caso y confirmó el criterio de la Comisaría mediante un análisis de la normatividad aplicable y de los elementos de juicio recaudados, a partir del cual concluyó que, si bien reposaban elementos que sugerían una afectación, no era posible corroborar de manera plena y concluyente la veracidad de los presuntos actos de violencia denunciados.

Resaltó que el dictamen de Medicina Legal no logró establecer un nexo de causalidad objetivo entre el trato del progenitor y las alteraciones conductuales del niño, y que no resultaba acertado extender los efectos de procesos penales por violencia intrafamiliar sin decisión en firme que contuviera una prohibición legal para el ejercicio de las visitas.

La accionante impugnó reprochando que se hubiera reducido la controversia a una discrepancia con la valoración probatoria del juez de homologación, cuando el problema constitucional consistía en establecer si una autoridad judicial puede apartarse de manera sustancial de una línea probatoria técnica, uniforme y especializada sin ofrecer una motivación reforzada, tratándose de un niño menor de tres años, presunta víctima de violencia intrafamiliar. Solicitó revocar la sentencia, conceder el amparo, dejar sin efectos la providencia del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Funza, ordenar que se profiera una nueva decisión en la que se valore integralmente el acervo probatorio y disponer que se explique de manera suficiente cualquier apartamiento de las conclusiones técnicas.

# CONSIDERACIONES

Se confirmará la decisión impugnada ya que no se observa un defecto susceptible de amparo, pues el despacho accionado homologó la determinación que se reprocha a partir de reconocer tanto los indicadores de afectación del menor con base en lo acreditado en la actuación, en cuyo ámbito explicó que:

«[s]i bien en esta etapa procesal no resulta posible corroborar de manera plena y concluyente la veracidad de los hechos denunciados, lo cierto es que obran en el expediente múltiples elementos de juicio provenientes de entrevistas, valoraciones psicológicas, conceptos sociofamiliares y planes de atención institucional que coinciden en señalar la existencia de factores de afectación psicológica relevantes para el menor (…), evidenciándose además las tensiones en la dinámica parental y las manifestaciones indirectas del menor respecto de conductas atribuidas a su progenitor, como castigo físico».

Estableció que el interés superior del niño imponía privilegiar preventivamente su seguridad física y psicológica y tuvo por acreditado que el menor:

«al ser entrevistado, hizo manifestaciones que, si bien no sugieren un nexo causal de maltrato físico o psicológico entre su padre y las conductas que presenta, sí sugieren que las visitas que debe mantener con su padre deben ser supervisadas por la autoridad administrativa correspondiente». (Énfasis propio).

En esta medida, el despacho consideró que, como hay indicadores de afectación, es necesario actuar preventivamente, puesto que no está demostrado el nexo entre esa afectación y la conducta del padre, en virtud de lo cual la respuesta proporcionada no es suprimir el contacto filial, sino someterlo a supervisión institucional. La autoridad cuestionada también recordó la naturaleza del trámite administrativo. Reiteró que su propósito no es sancionar a los progenitores, sino restablecer el goce efectivo de los derechos del niño, conforme al artículo 7 de la Ley 1098 de 2006, y que la amonestación y la remisión a atención terapéutica no constituyen sanción, sino medidas de protección.

Ese entendimiento se corresponde con el contenido de la determinación objeto de homologación, en tanto la resolución de 4 de noviembre de 2025 no levantó la protección al menor, en cambio se declaró la vulneración de sus derechos, confirmó su ubicación con la progenitora, ordenó seguimiento por seis meses, dispuso proceso terapéutico para el niño y para ambos padres, y habilitó las visitas en la sede de la autoridad, en compañía de su equipo interdisciplinario, al que asignó la supervisión de los encuentros; y advirtió que «en el marco del seguimiento que se adelantará por el término de seis (06) meses, se podrán ordenar modificaciones a lo aquí establecido». Se trata, entonces, de un punto intermedio entre la supresión del contacto y su ejercicio libre, sometido a vigilancia institucional y expresamente revisable.

Ahora bien, es cierto que en el expediente obraba la recomendación del área de psicología orientada a mantener suspendidas las visitas. Pero también lo es que ese no era el único elemento de juicio, ni todos apuntaban en la misma dirección. En efecto, la psicóloga adscrita a la Comisaría, tras presenciar una visita supervisada, evidenció interacción natural y afectuosa entre el niño y su padre, sin hechos de violencia, y por ello sugirió la regulación de los encuentros el 15 de abril de 2025.

De igual forma se allegó el informe pericial de Medicina Legal de 18 de julio de 2025 descartó signos de violencia física. En la entrevista practicada al menor conforme al artículo 105 de la Ley 1098 de 2006, este no narró situaciones concordantes con lo expuesto por su progenitora. El informe de visita domiciliaria de 30 de mayo de 2025 identificó como factores de riesgo la comunicación fracturada y las pautas de crianza disfuncionales de ambos padres. La docente del niño, si bien dio cuenta de un cambio en su conducta, no refirió haber evidenciado comportamientos negativos derivados de la relación paterno-filial.

A ello se suma que el propio Comisario de Familia consignó en la resolución homologada que «no logró establecer que el progenitor represente un factor de riesgo para el niño» y ubicó la vulneración declarada en el conflicto suscitado entre los progenitores. En efecto, en la decisión homologada se consideró:

«El acervo probatorio permite inferir a este despacho, que actualmente, el NNA presenta signos de riesgo en cuanto a su estabilidad emocional.

El curso del proceso, y los distintos soportes han permitido inferir, que, en efecto el niño presenta vulneración a sus derechos, esto, desde la óptica de estar inmerso en un conflicto que se suscitó entre sus progenitores, y que, a raíz de ello, se han desprendido intervenciones desde un área interdisciplinaria, que ha establecido que el menor presenta patrones de ansiedad, miedo, e inseguridad en distintos espectros de su vida y desarrollo a pesar de su corta edad.

Aunado a lo anterior, a partir de la denuncia presentada en la fiscalía general de la nación por parte de la progenitora del NNA en contra del progenitor, se generó un nuevo factor de riesgo, motivo por el cual este despacho también está sujeto a las actuaciones que en esa jurisdicción se surtan y que den luz de la materialización de conductas que permeen la estabilidad y derechos del menor.

Así mismo, este despacho, no logró establecer que el progenitor represente un factor de riesgo para el niño. Si bien las distintas actuaciones y pruebas recaudadas dan cuenta de las afectaciones que el menor presenta en la actualidad, estas no han permitido realizar un nexo de causalidad entre los factores de riesgo y el progenitor, pues todo se ha manejado en el espectro de la presunción, inclusive, en materia penal, pues actualmente no se cuenta con una sentencia condenatoria en la materia».

Lo que se evidencia, entonces, no es una falta de motivación, sino una discrepancia de la accionante con el sentido de la decisión. La providencia cuestionada responde a un ejercicio hermenéutico serio y suficientemente fundado, y constituye una de las alternativas razonablemente admisibles frente al material probatorio disponible, adoptada dentro del ámbito de autonomía que la Constitución reconoce a los jueces.

Esa sola discrepancia no habilita al juez constitucional para inmiscuirse en la decisión, pues, de admitirse lo contrario, la tutela se convertiría en una instancia adicional para reabrir debates ya definidos por el juez competente. Como lo ha recordado de forma pacífica esta Corte:

«independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; (…)».

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.

# DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas el 24 de julio de 2026, por las razones expuestas.

Se ordena a las autoridades judiciales vinculadas a este trámite que anexen, a los expedientes objeto de control constitucional, copia de la presente decisión. Infórmese a los participantes por el medio más expedito y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(Ausencia justificada)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Presidente de Sala

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

(Ausencia justificada)

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS