CSJ - STC20707-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20707-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-03831-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Luis Alberto Sánchez Martínez y Joaquín Armando Sánchez Rincón, como representantes legales de las sociedades CVA Constructora S.A.S. y Sánchez Blanco y Cía., respectivamente contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas – Sala Civil Familia, trámite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo Civil Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de Girardot; y las partes e intervinientes en la s acciones constitucionales radicados nº 20 26-00054; 2026 -00056; 2026-00058; 2026-00060 y 2026-00073.

ANTECEDENTESRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00

2

1. Los solicitantes, actuando en la calidad indicada , invocan la protección de los derechos fundamentales al debido proceso , defensa y contradicción presuntamente vulnerado por la corporación judicial convocada.

2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en síntesis

que:

2.1. Las sociedades CVA Constructora S.A.S. y Sánchez Blanco y Cía S.A.S ., interpusieron varias acciones de tutela contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot para

que:

2.1. Las sociedades CVA Constructora S.A.S. y Sánchez Blanco y Cía S.A.S ., interpusieron varias acciones de tutela contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot para cuestionar las decisiones adoptadas en los procesos ejecutivos iniciados en su contra por la Copropiedad Urbanización Parque Central (para el cobro de cuotas de administración).

En la salvaguarda radicado 2026 -00054 tras la sentencia del 7 de abril de 2026 dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot que negó la protección, el Tribunal Superior de Cundinamarca – Sala Civil Familia (Magistrado Ponente Orlando Tello Hernández), profirió fallo el 8 de mayo de 2026 en el sentido de confirmar la de primer grado por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad debido a la pasividad procesal de los ejecutados frente a las decisiones dictadas en el coercitivo 2023-00520.

En la tutela 2026-00073 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad mediante sentencia del 6 de abril de 2026 desestimó el amparo en primera instancia. Posteriormente, con fallo del 8 de mayo de esta anualidadRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca (Magistrado Ponente Orlando Tello Hernández ) confirmó el del a-quo, tras señalar que el juzgado que resolvió el ejecutivo cuestionado (2023-00577) actuó con sujeción a la Ley 675 de 2001 sin incurrir en vía de hecho ni generar perjuicio irremediable.

del a-quo, tras señalar que el juzgado que resolvió el ejecutivo cuestionado (2023-00577) actuó con sujeción a la Ley 675 de 2001 sin incurrir en vía de hecho ni generar perjuicio irremediable.

En la 2026-00056 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot negó el resguardo con sentencia del 7 de abril de 2026, y el Tribunal Superior de Cundinamarca (Magistrado Ponente Diego Fernando Enríquez Gómez), el 12 de mayo de 2026 confirmó dicha negativa con fundamento en que el juzgado ejecutor interpretó de manera razonable el régimen imperativo de expensas comunes de la Ley 675 de 2001 (ejecutivo 2023-00527).

En la acción con radicado 2026-00058 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot , igualmente resolvió negativamente la demanda tutelar interpuesta por CVC Constructores S.A.S. y otros, (7 de abril de 2026) , decisión que el Tribunal Superior de Cundinamarca (Magistrado Ponente Diego Fernando Enríquez Gómez ) ratificó el 12 de mayo de 2026 aduciendo la primacía de las normas de propiedad horizontal sobre acuerdos privados y la falta de trascendencia constitucional del debate probatorio (ejecutivo 2023-00534).

En la demanda constitucional radicado 2026-00060 el mismo 7 de abril 2026 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot no accedió a las pretensiones y el tribunalRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 4

mismo 7 de abril 2026 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot no accedió a las pretensiones y el tribunalRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 4 (Magistrado Ponente Guillermo Raúl Bottía Bohórquez) el 13 de mayo de 2026 lo refrendó tras concluir que el juzgado accionado motivó correctamente la inaplicabilidad de estipulaciones de exoneración en reglamentos o acuerdos privados (ejecutivo 2023-00521).

2.2. Los accionantes acuden a la presente súplica constitucional para cuestionar los reseñados fallos desestimatorios de las tutelas que promovi eron contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot , principalmente, las decisiones de segunda instancia proferidas en cada actuación por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Señalan que la colegiatura accionada incurrió en indebida valoración probatoria pues omitió valorar los documentos allegados a los respectivos trámites como pruebas sobrevinientes, con las que pretendían acreditar la firmeza de la nulidad judicial de la elección del Consejo de Administración de la Copropiedad Urbanización Parque Central (acta 42 del 20 de marzo de 2022) y la consecuente falta de legitimidad del administrador que expidió las certificaciones de deuda usadas como título ejecutivo.

Censuran «la incoherencia procesal e interna del Tribunal », pues mientras en un auto del 11 de mayo de 2026 la propia magistratura reconoció un error de la Secretaría al no agregar oportunamente las documentales al expediente, en

Censuran «la incoherencia procesal e interna del Tribunal », pues mientras en un auto del 11 de mayo de 2026 la propia magistratura reconoció un error de la Secretaría al no agregar oportunamente las documentales al expediente, en auto posterior del 13 de mayo de 2026 modificó su posturaRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 5 afirmando que la misiva sí obraba allí pero no requería pronunciamiento por falta de decreto probatorio de oficio.

Asimismo, reprocha n que los jueces de tutela mantuvieron la validez de cobros ejecutivos fundados en cuotas de administración fijas que «nunca contaron con aprobación de la Asamblea de Copropietarios », desconociendo la vigencia del Reglamento de Propiedad Horizontal de 1994 y del Acuerdo de Negociación suscrito en 2020.

Por último, critican la reiteración de la omisión probatoria en los fallos de tutela consecutivos del 12 y 13 de mayo de 2026 a pesar de que el error de Secretaría ya había sido admitido por el propio tribunal, y aun así, emitió pronunciamientos desfavorables sin incorporar ni estudiar los elementos que demostraban la inexistencia jurídica del título ejecutivo.

3. Por lo anterior, pretenden que, se dejen sin efecto las sentencias de tutelas referenciadas dictadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil Familia , y ordenar a dicha autoridad « proferir nuevas sentencias considerando las pruebas sobrevinientes que acreditan la nulidad definitivamente declarada de la elección del Consejo de Administración del acta 42 del 20 de marzo de 2022, la consecuente

sentencias considerando las pruebas sobrevinientes que acreditan la nulidad definitivamente declarada de la elección del Consejo de Administración del acta 42 del 20 de marzo de 2022, la consecuente invalidez de los títulos ejecutivos y el cuadro probatorio completo (…)».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOSRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00

6

1. El magistrado Diego Fernando Enríquez Gómez de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, solicitó negar el amparo constitucional argumentando que la Sala resolvió confirmar las decisiones de instancia que rechazaban la tutela por no existir arbitrariedad en las actuaciones judiciale s. Adicionalmente, destacó que la solicitud resulta temeraria debido a que los accionantes ya habían presentado previamente una acción constitucional idéntica basada en los mismos hechos y derechos, la cual había sido declarada improcedente.

2. El magistrado Guillermo Raúl Bottía Bohórquez del mismo tribunal informó que tramitó en segunda instancia la acción incoada por las sociedades demandantes y dispuso confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardo t. En su comunicación remitida a la Corte, el despacho procedió a adjuntar el enlace del expediente digital y a remitirse íntegramente a las consideraciones jurídicas expuestas en dicho fallo.

3. El magistrado Orlando Tello Hernández de esa misma Corporación, solicitó negar la tutela tras exponer que en su despacho se confirmaron los fallos de primera instancia de dos procesos promovidos por los mismos

3. El magistrado Orlando Tello Hernández de esa misma Corporación, solicitó negar la tutela tras exponer que en su despacho se confirmaron los fallos de primera instancia de dos procesos promovidos por los mismos accionantes. Explicó que los tutelantes no acreditaron un perjuicio irremediable ni demostraron un defecto fáctico en el trámite ordinario, evidenciando además una actitud procesal pasiva desatendiendo el principio de subsidiariedad al intentar revivir oportunidades procesales vencidas yRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 7 cuestionar otra decisión constitucional sin cumplir los requisitos del precedente de casación.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Corte establecer si el tribunal accionado vulneró las prerrogativas supralegales de los querellantes con los fallos proferidos – denegatorios de los amparos – en los trámites de tutela radicados nº 20 2600054; 2026 -00056; 2026 -00058; 2026 -00060 y 202600073 que promovieron contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot respecto de diversos ejecutivos que los involucraron; incurriendo, supuestamente, en vía de hecho por indebida valoración probatoria (omisión de pruebas).

2. La procedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela

La acción de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador creó como únicos medios de contradicción en estos casos la impugnación y la eventual revisión ante la Corte

La acción de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador creó como únicos medios de contradicción en estos casos la impugnación y la eventual revisión ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: «(…) ha de tenerse en cuenta que en el trámite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acción constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnación ante el inmediato superior funcional y la revisión eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos» (CSJRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 8 STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016).

Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilización de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que sería viable:

«(…) cuando se omite la integración del contradictorio o la notificación de las personas con interés jurídico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso» (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315 -01, el mismo criterio se expresó, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646 -00; STC, 16 feb. 2009, rad.

el mismo criterio se expresó, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646 -00; STC, 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y STC, 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00).

Además, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha señalado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la impertinencia de la acción, ya que: «además de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de sus derechos fundamentales será resuelto de una vez» (CC SU-1219/01, T-021/02, T -192/02, T -217/02, T -354/02, T -432/02, T623/02, T-944/05 y T-059/06, entre otras).

3. Caso concretoRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00

9

3.1. Con sujeción a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo incoado, comoquiera que, los quejosos pretenden controvertir mediante esta nueva acción de tutela, las sentencias proferidas en sede constitucional en los radicados nº 2026-00054; 2026-00056;

los quejosos pretenden controvertir mediante esta nueva acción de tutela, las sentencias proferidas en sede constitucional en los radicados nº 2026-00054; 2026-00056; 2026-00058; 2026 -00060 y 2026 -00073 por el Tribunal Superior de Cundinamarca-Sala Civil Familia , confirmatorias de la negativa de la protección.

Con lo anterior, se desatiende una de las causales genéricas de procedibilidad según la cual, la providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia dictada dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse , «(…) se abriría la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertiría ad aeternum lo expresado en el primer fallo» (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659 -01, STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01).

Así mismo, como se mencionó en los precedentes en cita, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al trámite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisión allí dictada, pero no es lo que en esta ocasión se alega.

3.2. Ahora, la Corte Constitucional en la sentencia T951 de 2013, reiterada en la SU -627 de 2015, indicó que la acción de tutela procedería eventualmente contra otroRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 10 veredicto del mismo género en caso de concurrir los

acción de tutela procedería eventualmente contra otroRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 10 veredicto del mismo género en caso de concurrir los siguientes supuestos, establecidos como presupuestos de estricta demostración: « a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual» Subrayas fuera de texto.

Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite ya que ni siquiera se invocaron por parte de los accionantes, pues su queja esencialmente se circunscribió a censurar lo resuelto por el tribunal accionado en sede de impugnación, y las consideraciones que adoptó para ratificar en cada una de las actuaciones de tutela la desestimación del auxilio.

Es decir, se trata de cuestionamientos producto de la inconformidad con la s determinaciones constitucionales demandadas, pero sin señalar motivos concretos que permitan advertir la presencia de un posible fraude que, según la jurisprudencia en cita, habilitaría excepcionalmente el auxilio en estos eventos.

4. Cosa juzgada constitucional

Finalmente, la presente súplica es inviable no solo porque se dirigió contra decisiones adoptadas al interior de

el auxilio en estos eventos.

4. Cosa juzgada constitucional

Finalmente, la presente súplica es inviable no solo porque se dirigió contra decisiones adoptadas al interior de trámites de la misma naturaleza, sino, porque la controversiaRad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 11 en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de las sociedades tutelantes quedó agotado en sede del control directo que realiza la Corte Constitucional, dado que, esa Alta Corporación l as excluyó de revisión con auto s del 31 de agosto de 2026, todos ellos comunicados el 14 de septiembre de esta misma anualidad1, por lo que emerge la inmutabilidad de la cosa juzgada que impide volver sobre aspectos definidos en dicho juicio. Al respecto, esta Corporación ha precisado que:

«(…) [si] la Corte Constitucional excluyó de revisión la acción de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional para solicitar la revisión del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisión de exclusión deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental » (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 2013 -00851-01, reiterada en CSJ STC, 3

censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental » (CSJ STC, 2 ago. 2013, rad. 2013 -00851-01, reiterada en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03) Negrillas fuera de texto.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que l os tutelantes tampoco acredit aron haber formulado oportunamente solicitud ciudadana de selección o de insistencia – esta última a través del Ministerio Público o la Defensoría –; lo que suma a la imposibilidad de derruir la cosa juzgada constitucional.

1 Expediente 2026-00054 – Radicado Corte Constitucional: T12356613 Expediente 2026-00056 – Radicado Corte Constitucional: T12354696 Expediente 2026-00058 – Radicado Corte Constitucional: T12355420 Expediente 2026-00060 – Radicado Corte Constitucional: T12355399 Expediente 2026-00073 – Radicado Corte Constitucional: T12356031.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-03831-00 12

5. En conclusión y con fundamento en lo discurrido, se declarará la improcedencia del actual resguardo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil , Agraria y Rural , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo invocado a través de la acción de tutela referenciada.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Código de verificación: 1F304A4DA4632E32BA130AA5C79A8BACF58E9D091A0BC868A0972FFD54370CDF Documento generado en 2026-10-26