CSJ - STC20737-2026

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC20737-2026 Radicación n°. 11001-22-03-000-2026-03113-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Esta Sala decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia que dictó la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 5 de agosto de 2026, con la cual negó la acción de tutela promovida por Alianza Fiduciaria S.A., como vocera de los Patrimonios Autónomos Fideicomiso Gioco y Fideicomiso Torres del Cielo contra la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades.

I. ANTECEDENTES.

1. La promotora reclamó la protección de las garantías fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Del escrito de tutela, las respuestas y el expediente recibido se resaltan los siguientes hechos relevantes:Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01

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2.1. Alianza Fiduciaria S.A., como vocera de los Patrimonios Autónomos Fideicomiso Gioco y Fideicomiso Torres del Cielo promovió solicitud de admisión al proceso de liquidación judicial de AVI Strategic Investment S.A.S. en Liquidación voluntaria. La petición la elevó argumentando el abandono de negocios, en los términos del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006. Explicó que ambos fideicomisos se

liquidación judicial de AVI Strategic Investment S.A.S. en Liquidación voluntaria. La petición la elevó argumentando el abandono de negocios, en los términos del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006. Explicó que ambos fideicomisos se constituyeron en virtud de dos contratos de fiducia mercantil de adminis tración inmobiliaria suscritos por AVI Strategic Investment S.A.S., en calidad de fideicomitente, y Alianza Fiduciaria S.A. como fiduciaria.

2.2. Por auto n° 2025-01-862802 del 22 de diciembre del 2025, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades rechazó la solicitud. Frente a esa decisión Alianza Fiduciaria S.A, interpuso recurso de reposición. En pronunciamiento n° 2026 -01224410 de 20 de abril de 2026 la accionada resolvió i) «Negar la solicitud de corrección del Auto 2025 -01-862802 del 22 de diciembre de 2025»; ii) « Desestimar el recurso de reposición »; iii) «Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial remitir copia de los memoriales 2025-01-703994, 2025 -01-871116 y de la presente providencia a la Delegatura de Supervisión especial de la Superintendencia de Sociedades, para los aspectos sometidos a su competenc ia»; y, iv) « Confirmar en todas sus partes el contenido del Auto 2025 -01-862802 del 22 de diciembre de 2025».Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 3

3. La accionante manifestó que AVI Strategic

partes el contenido del Auto 2025 -01-862802 del 22 de diciembre de 2025».Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 3

3. La accionante manifestó que AVI Strategic Investment S.A.S. en liquidación, desde hace varios años, abandonó materialmente el desarrollo de sus negocios y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en relación con los proyectos inmobiliarios ejecutados a través de los Fideicomisos Gioco y Torres del Cielo . Además, que no ha renovado su matrícula mercantil desde hace ocho años.

Asimismo, que, ante su falta de gestión, los beneficiarios de área no han podido adelantar la transferencia del derecho de dominio de las unidades inmobiliarias que adquirieron.

Argumentó que, con el ánimo de que AVI cumpliera sus deberes como fideicomitente « y encontrar una solución que permitiera atender las obligaciones de los Fideicomisos y AVI, Alianza, actuando exclusivamente como vocera y administradora de estos» elevó la solicitud para que se admitiera al proceso de liquidación judicial de AVI. No obstante, la superintendencia la rechazó. Respecto a esa decisión, sostiene que la accionada: i) interpretó arbitraria y contradictoriamente la legitimación para solic itar la liquidación judicial por abandono de negocios, pues el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006 no establece restricción alguna para promoverla y «resulta materialmente imposible promover una solución concursal, pues ello exigiría la coadyuvancia del propio deudor que abandonó sus negocios» o acreditar la inexistencia de los órganos de dirección y administración o la imposibilidad de actuar en el

ello exigiría la coadyuvancia del propio deudor que abandonó sus negocios» o acreditar la inexistencia de los órganos de dirección y administración o la imposibilidad de actuar en el tráfico jurídico; ii) desplegó una valoración errónea de las pruebas aportadas para acreditar el abandono de los negocios y no se le otorgó la opo rtunidad de subsanar las supuestas deficiencias probatorias. Además, que es facultadRadicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 4 del juez concursal solicitar esas evidencias durante el trámite; y, iii) privó a los acreedores de AVI del acceso a la jurisdicción concursal para obtener el pago de sus acreencias.

4. Deprecó que se declare la nulidad de los autos emitidos por la Superintendencia convocada el 22 de diciembre del 2025 y el 20 de abril de 2026 y, como consecuencia se ordene a la accionada « tener por acreditado el abandono de negocios del artículo 49 de la Ley 1116 y, en consecuencia, admita a AVI Strategic Investment S.A.S. en Liquidación al proceso de liquidación judicial» y « decretar una inspección judicial para acudir al domicilio de AVI Strategic Investment S.A.S. en Liquidación y verificar el desarrollo de su objeto social o en su defecto las gestiones para culminar el proceso de liquidación privada».

II. RESPUESTAS RECIBIDAS.

El Coordinador del Grupo de Admoniciones de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades defendió la legalidad de su actuación. Aseguró que la presente tutela « parte de una

El Coordinador del Grupo de Admoniciones de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades defendió la legalidad de su actuación. Aseguró que la presente tutela « parte de una comprensión parcial del contenido y alcance de las providencias judiciales cuya constitucionalidad se cuestiona » y busca un nuevo pronunciamiento. Solicitó declarar la improcedencia de la acción.

III. LA SENTENCIA IMPUGNADA.Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01

5 El Tribunal Constitucional denegó el amparo tras advertir que en la decisión cuestionada « no se evidencia un razonamiento arbitrario y apartado de cualquier aplicación sensata de la ley y la jurisprudencia».

IV. LA IMPUGNACIÓN.

La accionante señala que la motivación formal de la Superintendencia no permite concluir que su razonamiento sea compatible con el ordenamiento jurídico, pues la tutela no exige que la decisión cuestionada carezca por completo de argumentación. Asegura que la interpretación de la accionada desconoció « el contenido y los efectos jurídicos de las disposiciones aplicables, prescinde de elementos determinantes del expediente y conduce a una conclusión incompatible con la lógica interna del régimen concursal», con lo cual excedió el margen legítimo de autonomía judicial.

Indica que la ley no exige que el deudor que ha abandonado sus negocios comparezca junto a los acreedores a solicitar su propia liquidación, precisamente porque parte de su ausencia o inactividad. Además, reiteró las quejas iniciales, entre estas, i) la fa lta de oportunidad de

abandonado sus negocios comparezca junto a los acreedores a solicitar su propia liquidación, precisamente porque parte de su ausencia o inactividad. Además, reiteró las quejas iniciales, entre estas, i) la fa lta de oportunidad de subsanación que constituyó la supresión de una etapa procesal; ii) la interpretación errónea del artículo 49 de la Ley 116 de 2006; iii) que la Superintendencia, en su calidad de entidad de supervisión de AVI, no es la única facultada para promover su liquidación judicial por abandono de negocios, pues la causal 2 del artículo 49 ibidem es autónoma; iv) la norma no exige demostrar que la sociedad haya perdidoRadicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 6 absolutamente su capacidad jurídica o material de actuar, sino que sus negocios han sido efectivamente abandonados; y v) no se motivó porqué las pruebas aportadas resultaban insuficientes para acreditar el abandono de los negocios.

V. CONSIDERACIONES.

1. La Sala confirmará el fallo impugnado. Esto es, no se acredita la vulneración superlativa de derechos alegada.

2. En efecto, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, en auto del 22 de diciembre de 2025 rechazó la solicitud presentada por Alianza Fiduciaria, de admitir la liquidación judicial de la

sociedad AVI Strategic Investment S.A.S, en Liquidación. Luego de citar el artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, consideró que « teniendo en cuenta que la solicitud no la presentó el deudor, autoridad que vigile o controle la empresa o a petición conjunta

Luego de citar el artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, consideró que « teniendo en cuenta que la solicitud no la presentó el deudor, autoridad que vigile o controle la empresa o a petición conjunta del deudor y un número plural de documentos remitidos no lo permiten evidenciar; se señala al peticionario que no está habilitado por la norma citada anteriormente, careciendo por tanto de legitimidad para la solicitud de iniciar un proceso de liquidación judicial de la sociedad».

Posteriormente, en auto del 20 de abril de 2026 la Superintendencia desestimó el recurso de reposición y negó la solicitud de corrección propuestos frente a la primera dedición. Para ello, comenzó por advertir que el Estatuto de Insolvencia le exigía verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para tramitar la solicitud de inicio de los procesos de liquidación.Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 7

2.1. Luego, frente a una eventual corrección de la providencia por reparos respecto de imprecisiones a la hora de citar la estructura del escrito contentivo del recurso, advirtió la delegatura que, en efecto se había cometido una imprecisión «al haberse numerado como hechos algunos apartes que correspondían a la sección introductoria del memorial y no a la relación fáctica propiamente dicha». Sin embargo, señaló que ello carecía de la entidad necesaria para « para afectar la validez de la providencia o comprometer el sentido de la decisión adoptada » y tampoco se enmarcaba en el supuesto del artículo 286 del CGP, pues no estuvo contenido en la parte resolutiva de la sentencia, sino en los antecedentes. Añadió que, en todo

providencia o comprometer el sentido de la decisión adoptada » y tampoco se enmarcaba en el supuesto del artículo 286 del CGP, pues no estuvo contenido en la parte resolutiva de la sentencia, sino en los antecedentes. Añadió que, en todo caso, la decisión de rechazó se fundamentó « en la ausencia de los presupuestos jurídicos exigidos para la admisión del trámite de liquidación judicial». En consecuencia, no procedía la corrección del auto.

2.2. En cuanto a la falta de motivación, la Superintendencia indicó que, conforme al numeral 7 del artículo 42 y el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, las providencias deben expresar las razones fácticas y jurídicas que sustentan la decisión. Asimismo, con forme al artículo 280 del CGP, la motivación debe circunscribirse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. Por tanto, no se requería un pronunciamiento exhaustivo sobre cada argumento planteado por las partes y, en tal medida, el auto atacado no carecía de motivación suficiente por no analizar autónomamente cada una de las causales del artículo 49 deRadicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 8 la Ley 1116 de 2006, ni por apartarse de la interpretación propuesta por la solicitante del numeral 2 de dicha disposición. Así, concluyó que el auto recurrido estaba suficientemente motivado, pues identificó las normas aplicables, examinó los supuestos de l caso y explicó razonadamente la improcedencia de la solicitud.

2.3. A continuación, ahondó en su argumento de la falta

suficientemente motivado, pues identificó las normas aplicables, examinó los supuestos de l caso y explicó razonadamente la improcedencia de la solicitud.

2.3. A continuación, ahondó en su argumento de la falta de legitimación para solicitar la apertura de la liquidación judicial por abandono de negocios. Advirtió que el recurrente realizó una lectura aislada del numeral 2 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, pues, aunque dicha norma contempla el abandono de los negocios como causal, su contenido debe interpretarse sistemáticamente con los demás supuestos de procedencia de la liquidación judicial inmediata y con las reglas que determinan los sujetos legiti mados para promoverla. Explicó que la ausencia de una mención expresa en ese numeral no implica una habilitación general para cualquier interesado, dado que, la legitimación concursal exige un interés jurídico directo y la acreditación de la calidad correspondiente.

En el caso concreto, señaló que « la sociedad Hidvegi & Betancourt Consultores S.A.S., actuando en representación de Alianza Fiduciaria S.A. como vocera y administradora de los patrimonios autónomos Fideicomiso Gioco y Fideicomiso Torres del Cielo, no acreditó de manera suficiente, a través del poder conferido en los términos de los artículos 73 y 74 del Código General del Proceso, la calidad en la que actúa para promover la apertura del proceso de liquidación judicial respecto de la sociedad AVI Strategic Investment S.A.S., lo cual impide tener por demostrada la legitimación en la causa.».Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 9

respecto de la sociedad AVI Strategic Investment S.A.S., lo cual impide tener por demostrada la legitimación en la causa.».Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 9

Asimismo, que con la solicitud tampoco se aportaron los elementos mínimos para acreditar, siquiera sumariamente, la configuración de la causal invocada ni se cumplieron los presupuestos que se desprenden sistemáticamente del artículo 49 de la Ley 1116 de 2 006. Esto, pues los documentos allegados se referían a los patrimonios autónomos y no a la situación jurídica, financiera o patrimonial de AVI Strategic Investment S.A.S., por lo que no permitían establecer el estado real de la sociedad cuya liquidación se pretendía.

En consecuencia, sostuvo la delegatura que el rechazo de la solicitud no restringió indebidamente el acceso a la jurisdicción ni introdujo requisitos ajenos a la ley, pues obedeció a la falta de acreditación de la legitimación y al incumplimiento de los pr esupuestos mínimos exigibles conforme a la Ley 1116 de 2006 y al régimen procesal aplicable.

Finalmente, precisó que, « en los procesos de la Liquidación Judicial los acreedores no están legitimados para elevar tal solicitud; el artículo 49 de la Ley 1116 de 2006, estableciendo con ello que solamente puede hacerlo el acreedor mediante petición conjunta con el deudor, pero acompañada de un número plural de acreedores titulares de al menos el 50% del pasivo externo». Bajo esa consideración, concluyó que el apoderado de Hidvegi & Betancourt Consultores S.A.S. no acreditaba la calidad de acreedor ni la de representante legal

50% del pasivo externo». Bajo esa consideración, concluyó que el apoderado de Hidvegi & Betancourt Consultores S.A.S. no acreditaba la calidad de acreedor ni la de representante legal de AVI Strategic Investment S.A.S. en Liquidación, por lo queRadicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 10 carecía de la legitimación necesaria para promover la solicitud.

2.4. Seguidamente, la Superintendencia analizó la causal de abandono de negocios prevista en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006 y consideró que esta debía interpretarse conforme al sentido natural de la expresión, de acuerdo con el artículo 28 del Código Civil, y con la finalidad del régimen concursal. Advirtió que el abandono de negocios no se debe equiparar con la simple inactividad comercial, el incumplimiento de obligaciones o la falta de renovación de la matrícula mercantil. En cambio, supone una cesación real y efectiva de la gestión societaria, caracterizada por la ausencia funcional de dirección, representación y administración.

En el caso concreto, sostuvo que la inactividad prolongada, la falta de renovación de la matrícula y la existencia de procesos en curso no demostraban por sí solas el abandono. Añadió que tampoco se acreditó la inexistencia de órganos de administración o d e representación ni la imposibilidad de la sociedad para actuar jurídicamente. Por ello, concluyó que no estaba demostrado el supuesto fáctico exigido por el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006.

Respecto de la competencia del juez del concurso,

ello, concluyó que no estaba demostrado el supuesto fáctico exigido por el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006.

Respecto de la competencia del juez del concurso, precisó que la «inmediatez» prevista en dicha norma no implica la apertura automática del proceso, pues es necesario acreditar previamente la causal invocada. Además, que aunque el certificado de existencia y representación legalRadicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 11 demostraba que AVI Strategic Investment S.A.S. estaba disuelta y en estado de liquidación, esta circunstancia no suplía la acreditación de los presupuestos de la mencionada norma.

No obstante, ordenó poner la situación en conocimiento de la Delegatura de Supervisión Societaria de la Superintendencia de Sociedades, para lo de su competencia, aclarando que ello «no implica, en modo alguno, el reconocimiento de la configuración de la causal de abandono de negocios ni la procedencia del trámite de liquidación judicial».

2.5. Por último, en cuanto a la alegada vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la delegatura señaló que, si bien el artículo 229 de la Constitución Política y el artículo 2 del CGP garantizan el acceso a la administración de justicia, su ejercicio está sujeto a los requisitos establecidos para cada proceso. Así, en materia concursal, la legitimación y la acreditación de las causales constituyen presupuestos indispensables conforme a la Ley 1116 de 2006. Por ello, la improcedencia de la solicitud por falta de legitimación y de acreditación de la causal no vulneró

concursal, la legitimación y la acreditación de las causales constituyen presupuestos indispensables conforme a la Ley 1116 de 2006. Por ello, la improcedencia de la solicitud por falta de legitimación y de acreditación de la causal no vulneró el derecho de acceso a la justicia, sino que obedeció a la aplicación del régimen legal correspondiente.

3. Conforme a los argumentos referidos, para esta Sala, independientemente de que se compartan o no todas las conclusiones de la delegatura accionada, su decisión no puede recibirse como irrazonable, pues fue proferida por el juez natural, valiéndose de un análisis conjunto y motivadoRadicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 12 de las normas que regulan el asunto y de las pruebas obrantes en el expediente. A partir de ello, concluyó que resultaba improcedente la solicitud de admisión al proceso de liquidación judicial de AVI Strategic Investment S.A.S. en Liquidación, dada la falta de legitimación de la solicitante y en atención a que no se demostraron los presupuestos requeridos para aplicar la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley 1116 de 2006.

4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicialy lo planteado por la accionante. En una palabra, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y menos acometer, bajo ese pretexto la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno

juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y menos acometer, bajo ese pretexto la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Aunado a que, la adversidad de la decisión no es por sí misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural.

VI. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notifíquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.Radicación no. 11001-22-03-000-2026-03113-01 13 Oportunamente, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

(Con impedimento)

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado No firma impedimento

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado No firma impedimento

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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