CSJ - STC20763-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20763-2026 Radicación n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Resuelve la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia el 25 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela promovida por Gladys Inés Telag Valderrama contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, extensiva a los herederos determinados e indeterminados de Marleny Valderrama Plaza y a las demás partes e intervinientes en el proceso de sucesión intestada con rad. 2021-00225.

ANTECEDENTES

1. La accionante, en nombre propio, reclama la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por el Juzgado Primero de Familia de Florencia.Rad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01

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2. De las pruebas incorporadas al expediente y el escrito de tutela se extrae que, el 26 de agosto de 2026, por intermedio de apoderado judicial, la accionante pidió al juzgado accionado, dentro de la sucesión intestada de Marleny Valderrama Plaza, «el fraccionamiento y pago de los títulos judiciales correspondientes a los cánones de arrendamiento consignados

juzgado accionado, dentro de la sucesión intestada de Marleny Valderrama Plaza, «el fraccionamiento y pago de los títulos judiciales correspondientes a los cánones de arrendamiento consignados por el secuestre dentro del presente proceso».

Frente a esa solicitud, reprocha, en sus palabras, la «no respuesta al derecho de petición enviado el día miércoles 26/08/2026 19:37».

3. Con fundamento en lo anterior, pretende que se ampare su derecho de petición frente a esa omisión.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS

El Juzgado Primero de Familia de Florencia indicó que, mediante auto (17 sept. 2026), notificado en estado electrónico del 18 de septiembre siguiente, «el Despacho accedió a dicha petición» y ordenó el fraccionamiento de los títulos judiciales. Agregó que la accionante tiene acceso al expediente digital del proceso.

Precisó que, como el auto aún no estaba ejecutoriado, no era posible cumplirlo, y que, una vez quedara en firme, iniciaría la gestión de los depósitos judiciales ante el Banco Agrario de Colombia. Con base en ello, pidió negar el amparo.Rad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 3

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Florencia declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, porque el juzgado accionado resolvió la solicitud de fraccionamiento y pago de los títulos en el auto (17 sept. 2026).

Para el Tribunal, «al haberse extinguido la actuación que se

superado, porque el juzgado accionado resolvió la solicitud de fraccionamiento y pago de los títulos en el auto (17 sept. 2026).

Para el Tribunal, «al haberse extinguido la actuación que se reprocha como vulneradora de las garantías fundamentales, estando en curso la acción de tutela» , se cumplían los presupuestos de esa figura.

IMPUGNACIÓN

La presentó la accionante, quien insiste en que no se configuró el hecho superado. Según expone, desde el auto (17 sept. 2026) «ya fraccionaron los títulos judiciales» y «[e]sta es la fecha que no han pagado».

Además, solicita que se verifique «personalmente la orden de pago hasta la fecha» y que el juzgado remita «la orden del pago» . Cuestiona, finalmente, que «no respondieron a mi pregunta clara y precisa».

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela, en principio, no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios de los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. En efecto, no pertenece al entorno deRad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 4 los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados para modificar las determinaciones emitidas en ellos.

Excepcionalmente se estableció su procedencia para aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de relevancia constitu cional, subsidiariedad,

aquellos casos en donde el funcionario judicial ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley. En este caso deberán concurrir los presupuestos generales de procedibilidad de relevancia constitu cional, subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de sentencias de tutela, y por lo menos alguno de los defectos específicos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, carencia o deficiente motivación, desconocimiento del precedente jurisprudencial, o violación de la Constitución.

2. Circunscrita la Corte a la impugnación formulada, se adelanta que se confirmará el fallo de primer grado ante la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, sin que se advierta una mora injustificada en la ejecución de lo resuelto por el juzgado accionado.

3. Tal y como lo ha advertido esta Sala, en este tipo de eventos no rigen las reglas del derecho de petición, pues «el derecho de petición resulta improcedente en los procedimientos jurisdiccionales por cuanto las súplicas, solicitudes y/o peticiones alegadas por las partes y terceros al interior del proceso están gobernadas por las normas generales y especiales de los mismos» (CSJ

STC15355-2026).

De esta forma, «cuando a través de la acción de tutela se aduce el desconocimiento [de] aquel es preciso establecer si la solicitud cuyaRad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 5 respuesta se echa de menos concierne o no a un asunto vinculado a la litis» (ibídem).

En este caso, la accionante, por intermedio de

5 respuesta se echa de menos concierne o no a un asunto vinculado a la litis» (ibídem).

En este caso, la accionante, por intermedio de apoderado, pidió al Juzgado Primero de Familia de Florencia «el fraccionamiento y pago de los títulos judiciales correspondientes a los cánones de arrendamiento consignados por el secuestre dentro del presente proceso», esto es, el de sucesión intestada de Marleny Valderrama Plaza (rad. 2021-00225).

Es evidente, entonces, que se trata de aspectos que deben resolverse al interior de ese procedimiento, de tal suerte que lo que eventualmente resultaría trasgredido sería el debido proceso.

Dicho lo anterior, en auto (17 sept. 2026), proferido después de presentado el escrito de tutela, fechado el 14 de septiembre de 2026, el juzgado convocado resolvió la solicitud de la accionante y dispuso:

«FRACCIONAR los títulos judiciales Nos. 475030000490864, 475030000494374, 475030000504558, 475030000508311 y 475030000513190, a fin de efectuar la entrega a favor de los

herederos YANETH TELAG VALDERRAMA, WILSON

VALDERRAMA, SEGUNDO ISRAEL TELAG VALDERRAMA, LUCY

YINETH TELAG VALDERRAMA, BIBIANA TELAG VALDERRAMA, DEINNY MILENA TELAG VALDERRAMA y GLADYS INÉS TELAG VALDERRAMA, por partes iguales, correspondiéndole a cada uno la suma de $6.163.825,57».

En esa medida, durante el trámite constitucional el

VALDERRAMA, por partes iguales, correspondiéndole a cada uno la suma de $6.163.825,57».

En esa medida, durante el trámite constitucional el referido despacho resolvió expresamente la solicitud elevada por la accionante y accedió a ella, pues ordenó elRad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 6 fraccionamiento de los títulos con el fin de entregar los dineros a los herederos, entre ellos la promotora.

Por tanto, la vulneración alegada fue superada en el trámite de esta acción constitucional, de manera que el amparo invocado, en la forma inicialmente propuesto, se muestra improcedente al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, indepe ndientemente de que ahora, en sede de impugnación, manifieste inconformidad porque el pago aún no se ha efectuado.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que en tales eventos «emerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida que existe plena certeza de que el fin último perseguido con éste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexis tente» (CSJ STC027-2020; reiterada en STC7530-2025).

4. Ahora, aun si la accionante considera que la afectación persiste porque los dineros no le han sido entregados, lo cierto es que el pago no depende de una nueva decisión del juzgado, sino de la ejecución de lo que ya resolvió a su favor.

Al respecto, en su contestación, el despacho accionado explicó:

entregados, lo cierto es que el pago no depende de una nueva decisión del juzgado, sino de la ejecución de lo que ya resolvió a su favor.

Al respecto, en su contestación, el despacho accionado explicó:

«Debido a que la providencia aún no se encuentra ejecutoriada, no es viable proceder con el cumplimiento de los mandatos ordenados. En consecuencia, una vez el proveído cobre firmeza, se iniciará la gestión para el fraccionamiento de los depósitosRad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 7 judiciales correspondientes a través del portal transaccional del Banco Agrario de Colombia S.A.».

Esa explicación se ajusta al artículo 302 del Código General del Proceso, según el cual las providencias proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto.

Tampoco se advierte una mora injustificada en el cumplimiento de lo resuelto. El auto se notificó en estado del 18 de septiembre de 2026 y la accionante formuló la impugnación el 29 de septiembre siguiente, es decir, siete días hábiles después.

De esos siete días, los tres primeros correspondían al término de ejecutoria, por lo que, de no haberse interpuesto recursos, el auto quedó en firme el 23 de septiembre de 2026. Así, para la fecha de la impugnación apenas habían transcurrido cuatro días hábiles desde que el juzgado podía iniciar la gestión ante el Banco Agrario.

Además, no consta en el expediente que la accionante

Así, para la fecha de la impugnación apenas habían transcurrido cuatro días hábiles desde que el juzgado podía iniciar la gestión ante el Banco Agrario.

Además, no consta en el expediente que la accionante hubiera pedido al juzgado el cumplimiento de lo ordenado, pese a que tiene acceso al expediente digital del proceso. Es ante el juez de conocimiento donde debe impulsar ese trámite.

5. Finalmente, la impugnante cuestiona que en primera instancia «no respondieron a mi pregunta clara y precisa» y pide que esta Corporación verifique «personalmente la orden deRad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 8 pago hasta la fecha». Tampoco por esa vía hay lugar a modificar la decisión de primer grado.

El objeto de la acción de tutela quedó delimitado en el escrito inicial, en el que la accionante reprochó la «no respuesta al derecho de petición enviado el día miércoles 26/08/2026 19:37» . Sobre ese reclamo se pronunció el Tribunal, que constató que el juzgado resolvió la solicitud en el auto (17 sept. 2026) y, por ello, declaró la carencia actual de objeto.

Con todo, esa inquietud encuentra respuesta en lo informado por el juzgado, pues el pago depende de la firmeza del auto y de la gestión ante el Banco Agrario, trámite que la accionante puede seguir a través del expediente digital al que tiene acceso.

Por lo demás, verificar o expedir la orden de pago equivaldría a sustituir al juez de conocimiento en la ejecución de su propia providencia, competencia que le corresponde dentro del proceso de sucesión y en la que, según se explicó

Por lo demás, verificar o expedir la orden de pago equivaldría a sustituir al juez de conocimiento en la ejecución de su propia providencia, competencia que le corresponde dentro del proceso de sucesión y en la que, según se explicó en el numeral 1, no puede inmiscuirse el juez constitucional.

6. Por todo lo anterior, lo procedente es confirmar el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrandoRad. n.° 18001-22-14-000-2026-10079-01 9 justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo aquí resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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