CSJ - STC20766-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20766-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Benedicto Morantes Ferreira contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, trámite al cual fueron vinculados los partícipes en el juicio de divorcio n.º 2022-00097.

ANTECEDENTES

1. El accionante reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción de la prueba, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por las autoridades judiciales accionadas , con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia, así como el auto de obedecimiento, proferidos en el juicio de divorcio conRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

2 demanda de reconvención n.º 68081-31-84-001-202200097.

2. En síntesis, adujo que promovió el referido proceso con fundamento en la causal 8° del artículo 154 del Código Civil, y que su cónyuge, Marisol Duarte Yepes, contestó y formuló demanda de reconvención por las causales 1°, 2° y

con fundamento en la causal 8° del artículo 154 del Código Civil, y que su cónyuge, Marisol Duarte Yepes, contestó y formuló demanda de reconvención por las causales 1°, 2° y 3°, con solicitud de alimentos. Relató que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja , en sentencia de 26 de septiembre de 2024, decretó el divorcio por las causales invocadas por su contraparte, lo declaró cónyuge culpable, le impuso cuota alimentaria y negó sus pretensiones. En apelación, el 14 de abril de 2026 el Tribunal confirmó tal decisión. El 7 de mayo de 2026 el Juzgado profirió auto obedeciendo lo resuelto y ordenó continuar la ejecución.

El accionante e levó sendos cuestionamientos contra tales sentencias. Al Juzgado le reprochó no haber decretado la prueba solicitada en su demanda, consistente en la certificación de Extractora Central S.A. sobre los servicios prestados por la demandada, y no haber valorado un acta de conciliación, unos mensajes de WhatsApp y unos registros del RUAF y del CECOP . Cuestionó que fundara la culpabilidad en testigos de oídas y en la « sospecha» derivada de un enfoque de género que, a su juicio, se aplicó indebidamente y sin indicios concretos. Sostuvo que impuso la cuota alimentaria sin acreditar la necesidad ni la incapacidad laboral de la demandada, y que dio un trato desigual a las partes frente al deber de fidelidad.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

3 Al Tribunal le cuestionó convalidar esos defectos pese a

desigual a las partes frente al deber de fidelidad.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

3 Al Tribunal le cuestionó convalidar esos defectos pese a haberlos planteado en la apelación. También le reprochó exigirle un « esfuerzo probatorio» sobre la capacidad económica de la demandada, cuando la prueba pedida para acreditarla no fue decretada. Añadió que el Tribunal restó valor a los registros del RUAF sin verificarlos, descartó como nimias las manifestaciones escritas de la demandada, no d ecretó de oficio el certificado de tradición y libertad de un inmueble a nombre de ella, y negó la caducidad de las consecuencias sancionatorias con apoyo en conductas posteriores a la separación. Afirmó que, con ello, se le impuso una carga económica sin sustento probatorio y se afectaron sus garantías procesales.

3. Por lo anterior , solicitó dejar sin efectos las sentencias de 26 de septiembre de 2024 y 14 de abril de 2026 para, en su lugar, que se profieran nuevas determinaciones que acojan sus planteamientos. También pidió dejar sin efectos el auto del 7 de mayo de 2026 y suspender la ejecución de la condena en alimentos y costas hasta que quede en firme la nueva decisión.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. Una magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga indicó que « funjo como magistrada de esta Corporación desde el pasado 14 de julio de 2026, por lo que, no participé en la discusión ni en la adopción de la sentencia

Tribunal Superior de Bucaramanga indicó que « funjo como magistrada de esta Corporación desde el pasado 14 de julio de 2026, por lo que, no participé en la discusión ni en la adopción de la sentencia proferida el 24 de abril de 2026, de la que se duele el actorRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

4 constitucional» y que, en todo caso, «manifiesto mi entera disposición y quedo a las órdenes de lo que esa Honorable Corporación disponga».

2. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja relató las actuaciones a su cargo, indicando que «la sentencia proferida por este despacho fue objeto de control mediante recurso de apelación y posteriormente confirmada en su integridad » y que « los hechos expuestos por el accionante no evidencian una omisión probatoria ni una actuación arbitraria del despacho, sino su inconformidad con las conclusiones probatorias adoptadas».

3. Marisol Duarte Yépez solicitó negar el amparo y mantener incólumes las providencias judiciales cuestionadas.

CONSIDERACIONES

1. Corresponde a la Corte establecer , preliminarmente, si el amparo elevado ostenta relevancia constitucional. Solo de superarse lo anterior, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas con las providencias emitidas en el juicio de divorcio n.° 2022-00097, al no decretar ni valorar determinadas pruebas, al aplicar el enfoque de género en la forma reprochada y al imponerle la

emitidas en el juicio de divorcio n.° 2022-00097, al no decretar ni valorar determinadas pruebas, al aplicar el enfoque de género en la forma reprochada y al imponerle la cuota alimentaria y las costas , entre los demás reproches esbozados.Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

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2. El primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela es el de la relevancia constitucional, presupuesto que antecede a cualquier consideración de fondo y opera como verdadera compuerta de acceso al examen del amparo. Su razón de ser es delimitar el ámbito propio del juez constitucional frente al del juez ordinario: al primero le corresponde la guarda de la Constitución y de los derechos fundamentales, no la revisión del acierto legal de las decisiones.

Sobre este presupuesto, la Corte Constitucional ha indicado que conlleva tres finalidades concretas « i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales; y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instanc ia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces » (CC, SU-573 de 2019, reiterado en SU-128 de 2021). Así mismo, ha explicado que la relevancia constitucional:

protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso

constitucional:

protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales [de suerte que, para verificarla, el juez debe analizar] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales (CC, SU-215 de 2022 y SU-134 de 2022; se resalta).Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

6 De la jurisprudencia expuesta deriva una regla que gobierna este asunto: la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental. La Corte ha sido enfática en que la mención de un derecho no confiere, por sí sola, trascendencia constitucional a una controversia que continúa siendo de estirpe lega l, probatoria o ambas. En consecuencia, la sola invocación de derechos fundamentales como el debido proceso o el acceso a la administración de justicia no habilita, per se , la intervención del juez constitucional.

3. Dicho lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo toda vez que la queja elevada no ostenta relevancia constitucional.

3.1. El asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o aplicación de un derecho fundamental

3. Dicho lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo toda vez que la queja elevada no ostenta relevancia constitucional.

3.1. El asunto no tiene la entidad de comprometer la interpretación o aplicación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, aun cuando se hubiese invocado el debido proceso, la defensa y contradicción de la prueba, la igualdad y el acceso a la adm inistración de justicia. En realidad, lo cuestionado se circunscribe a una diferencia de criterio , principalmente con la valoración probatoria y, además, con la aplicación de los artículos 154 y 156 del Código Civil , que se efectuó en el proceso de divorcio, y en particular con la declaratoria de culpabilidad, la fijación de la cuota alimentaria y la condena en costas.

Lo anterior revela que se pretende utiliza r este mecanismo como una tercera instancia del juicio ordinario,Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

7 finalidad para la cual no está concebido . Los cuestionamientos que el accionante eleva son sustancialmente los mismos que expuso al apelar la sentencia de primera instancia. Él mismo lo reconoce al señalar que esos defectos « se le plantearon » al Tribunal en la apelación y que este los convalidó, lo cual permite evidenciar que se busca prolongar un debate que se planteó, desarrolló y culminó con las sentencias del 26 de septiembre de 2024 y del 14 de abril de 2026.

3.2. En ese sentido, se trata de un debate estrictamente legal y probatorio , en relación con la apreciación del acervo, la aplicación e interpretación de las

del 14 de abril de 2026.

3.2. En ese sentido, se trata de un debate estrictamente legal y probatorio , en relación con la apreciación del acervo, la aplicación e interpretación de las causales de divorcio y sus consecuencias económicas, así como el ejercicio de las facultades probatorias de los jueces, asuntos que el accionante ya planteó, desarrolló y vio resueltos con las referidas providencias.

Auscultada la sentencia de segunda instancia, que resolvió de manera definitiva el asunto, se advierte que el Tribunal, con base en los artículos 154 y 156 del Código Civil, examinó de manera motivada las causales de divorcio alegadas por cada cónyuge, la responsabilidad en la ruptura y los presupuestos de la obligación alimentaria . Por esa vía, resolvió los reparos de la apelación, que nuevamente se replican en este mecanismo de amparo , para lo cual valoró las declaraciones de las partes y de los testigos de ambos extremos, así como los documentos aportados, y explicó por qué otorgó mayor credibilidad a unos que a otros. Tal contraste entre lo que el accionante echa de menos y lo queRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

8 el Tribunal efectivamente examinó evidencia una discrepancia con el resultado de la valoración, no la ausencia de ella.

Recuérdese que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria , a efectos de que su raciocinio

imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria , a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes » (CSJ, STC17645-2025, reiterando, entre otros, STC 18 abr. 2012, rad. 2012-0009; se resalta).

Por otro lado, se evidencia un debate con contenido económico de connotaciones particulares para el accionante, a saber, la cuota alimentaria y las costas impuestas en su contra, así como la ejecución de esas condenas. Es decir, se plantea una controversia con repercusiones patrimoniales para el tutelante, mas no , se insiste, un asunto con verdadera relevancia iusfundamental.

3.3. Todo lo anterior revela que no estamos ante una afectación de derechos fundamentales que confiera trascendencia constitucional al asunto. Además, tampoco se advierte que estén involucradas garantías fundamentales sensibles, ni sujetos de especial protecció n, que eventualmente denote n la necesidad de analizar el planteamiento de fondo del amparo.

Por el contrario, el accionante hizo uso , o debió agotar en lo puntual del decreto de pruebas, todos los mecanismos ordinarios dentro del proceso de origen, en los que seRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

9 profirieron decisiones motivadas con las que discrepa, sin que la ejecución de condenas de contenido económico constituya, por sí misma, un perjuicio irremediable que habilite el estudio de fondo. En ese sentido, el auto de 7 de

9 profirieron decisiones motivadas con las que discrepa, sin que la ejecución de condenas de contenido económico constituya, por sí misma, un perjuicio irremediable que habilite el estudio de fondo. En ese sentido, el auto de 7 de mayo de 2026 , mediante el cual el Juzgado obedeció lo resuelto por el superior y ordenó continuar la ejecución, es la consecuencia del juicio ya concluido , por lo que no es posible suspenderlo a través de la tutela sin desconocer el carácter definitivo de las sentencias que ejecuta.

4. En definitiva, se advierte que el promotor pretende utilizar este auxilio excepcional como una instancia adicional dentro del juicio de divorcio para hacer valer su diferencia de criterio frente a los razonamientos expuestos por la autoridad accionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonomía e independencia judicial -, finalidad para la cual no fue concebido.

Por tanto, lo promovido es la prolongación de un debate legal y probatorio culminado, con implicaciones económicas, alejado de derechos fundamentales y que no compromete garantías esenciales o sujetos de especial protección, lo cual denota una falta de relevancia constitucional, criterio de procedencia que impide el estudio de fondo del asunto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación n.º 11001-02-03-000-2026-05540-00

10 autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela de la referencia.

10 autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a través de la acción de tutela de la referencia.

Comuníquese lo aquí resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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