CSJ - STC20788-2026

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente

STC20788-2026 Radicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro (Antioquia), veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de julio de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Cali, que concedió la tutela promovida por -Liliana Margarita-, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad1, contra el Juzgado Primero d e Familia de la misma ciudad. Al trámite se dispuso vincular a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) , a la Defensora y Procuradora Judicial adscritos y a las partes e intervinientes del proceso con radicación 76001311000120230009800.

1 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por esta Sala de Casación se profieren dos versiones de esta providencia con idéntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicación y otra con la información real y completa de las partes para efectos de notificación.Radicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 2

I. ANTECEDENTES

1. La gestora , a través de apoderado, solicita la protección de los derechos al debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, educación, salud, igualdad y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1. La gestora , a través de apoderado, solicita la protección de los derechos al debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, educación, salud, igualdad y acceso a la administración de justicia.

2. De las pruebas allegadas se establecen los siguientes

hechos relevantes:

2.1. La tutelante promovió una demanda de aumento de la cuota alimentaria en favor de su hijo menor de edad en contra del padre de aquél, que fue admitida por auto del 30 de marzo de 2023 2, en el que , antes de fijar alimentos provisionales, se dispuso oficiar a la ESAP para que certificara el salario devengado por el demandado.

2.2. En cumplimiento, la ESAP informó que el accionado devengaba un salario mensual de $8.196.8213, lo cual se incorporó al expediente en auto del 9 de mayo de 20244.

2.3. El Juzgado decretó alimentos provisionales, consistentes en el 20% del salario básico del accionado, sin comprender factores salariales accesorios tales como bonificaciones, viáticos, horas extras, primas u otros

2 C01Principal, archivo 005. 3 C01Principal, archivo 028. 4 C01Principal, archivo 029.Radicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 3 emolumentos no constitutivos de Salario, según aclaró en auto del 18 de diciembre de 20255.

2.4. El 22 de mayo de 2026 6 la Escuela Superior de Administración Pública allegó una nueva certificación, en la cual discriminó todos los conceptos percibidos por el accionado, entre ellos, el de gastos de representación.

2.4. El 22 de mayo de 2026 6 la Escuela Superior de Administración Pública allegó una nueva certificación, en la cual discriminó todos los conceptos percibidos por el accionado, entre ellos, el de gastos de representación.

2.5. El 29 de mayo de 2026 7, el Juzgado profirió sentencia, declarando infundadas las excepciones propuestas por el demandado ; en consecuencia, fijó como cuota alimentaria definitiva la suma de $1.308.418 mensuales, equivalente al 25% de su salario, reajustable anualmente conforme al IPC, además de dos cuotas extraordinarias de igual valor en junio y diciembre, sumas que se descontarían por nómina.

3. La promotora cuestiona la sentencia del 29 de mayo de 2026, por cuanto el Juzgado accionado fijó la cuota alimentaria teniendo en cuenta únicamente la asignación básica del accionado , pese a que en el proceso estaban acreditados otros ingresos periódicos y habituales, como los gastos de representación y bonificaciones, que evidenciaban una mayor capacidad económica , no obstante, el juzgador omitió exponer los motivos por los cuales excluía los demás emolumentos.

5 A01Principal, archivo 35. 6 C01Principal, archivo 169. 7 C01Principal, archivo 177.Radicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 4

4. Conforme a lo expuesto, solicita que se deje sin efectos el fallo y que , en su lugar, se ordene al Juzgado accionado proferir otro, en el que evalúe la capacidad económica acreditada del alimentante.

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4. Conforme a lo expuesto, solicita que se deje sin efectos el fallo y que , en su lugar, se ordene al Juzgado accionado proferir otro, en el que evalúe la capacidad económica acreditada del alimentante.

II. RESPUESTAS RECIBIDAS

1. El Juzgado Primero de Familia de Cali defendió la legalidad de su decisión e indicó que no tuvo en cuenta los gastos de representación porque no constituyen factor salarial, conforme a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y a la jurisprudencia laboral.

2. El accionado del proceso censurado, por conducto de apoderado, sostuvo que la sentencia cuestionada se ajustó al ordenamiento jurídico, pues los gastos de representación no constituyen factor salarial conforme al Decreto 168 de 1987, sumado a que, en el proceso, la tutelante no cuestionó, ni controvirtió, ni demostró que el vinculado destinara dichos ingresos para una finalidad distinta a la establecida, que no es otra que sufragar los gastos en los que pueda incurrir el servidor público para el desarrollo de sus obligaciones laborales.

III. SENTENCIA IMPUGNADA

El a quo constitucional concedió el amparo invocado, por cuanto el Juzgado accionado tuvo por acreditados los gastos del menor de edad en $5.600.00, pero fijó la cuota de alimentos a cargo del padre en $ $1.308.418, equivalente alRadicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 5 25% del salario básico del demandado, excluyendo lo

alimentos a cargo del padre en $ $1.308.418, equivalente alRadicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 5 25% del salario básico del demandado, excluyendo lo percibido por él como gastos de representación ($5.233.673), pese a que se trataba de ingresos habituales , de libre disposición y que, dada su condición de servidor público de la ESAP, debían ser considerados para efectos de determinar la obligación alimentaria.

En ese sentido, estimó que tal proceder comprometió los derechos fundamentales del menor de edad, razón por la cual era procedente la acción de tutela , puesto que la decisión controvertida no tenía recursos.

Por consiguiente, dejó sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2026 y ordenó al Juzgado convocado proferir una nueva decisión en la que valorara los gastos de representación como parte de los ingresos del alimentante.

IV. IMPUGNACIÓN

1. El padre del menor de edad, a través de su apoderado, impugnó el fallo , dado que la censora no agotó los mecanismos ordinarios disponibles para controvertir la base y el porcentaje de la cuota alimentaria, ni acreditó el defecto sustantivo alegado, cuya demostración, a su juicio, fue suplida indebidamente por el juez constitucional.

Asimismo, sostuvo que la sentencia de l 29 de mayo de 2026 se ajustó a derecho, pues aplicó el artículo 130 del Código de Infancia y la Adolescencia, que refiere únicamente la posibilidad de considerar el 50% del salario, y valoró lasRadicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01

Código de Infancia y la Adolescencia, que refiere únicamente la posibilidad de considerar el 50% del salario, y valoró lasRadicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 6 obligaciones económicas del alimentante, sin que los gastos de representación pudieran integrar la base salarial, al no haberse acreditado su carácter retributivo.

2. A su vez, alegó la nulidad de lo actuado, porque su contestación a la tutela no fue considerada y porque el Tribunal indicó, erróneamente, que no se había pronunciado durante el traslado; esta petición fue negada por el a quo constitucional en auto del 21 de julio del año en curso.

V. CONSIDERACIONES

1. La Sala revocará la decisión impugnada por las razones que pasan a exponerse.

2. En la sentencia criticada, el Juzgado tuvo por demostrados los gastos mensuales del alimentado en la suma de $5.600.000, según lo dicho por la madre y las pruebas allegadas al proceso.

Ahora bien, al estimar la capacidad económica del demandado, consideró la existencia de otro hijo menor de edad, y fijó la mesada en el 25% del salario básico devengado como servidor de la ESAP.

El apoderado de la parte actora pidió aclaración del fallo, porque la certificación de la ESAP daba cuenta de que el accionado percibía, además del salario, unos gastos de representación, que hacían parte de su ingreso mensual habitual.Radicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 7 Esa petición fue negada, porque no se evidenciaban

representación, que hacían parte de su ingreso mensual habitual.Radicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 7 Esa petición fue negada, porque no se evidenciaban motivos de duda en lo resuelto , dado que la mesada se fijó sobre el salario básico mensual, aclarando que no era posible, vía adición, considerar otro tipo de circunstancias, acerca del por qué los gastos de representación podían o no corresponder al salario.

3. Pues bien, al margen de que se comparta o no lo resuelto, lo cierto es que la tutelante planteó una discusión sobre aspectos que ya fueron analizados en el proceso y sustentó su acción en consideraciones propias sobre el debate surtido, no obstante, este trámite especial no fue previsto para que el operador judicial intervenga como árbitro y determine cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador o de las partes resultan ser los más acertados como si fuera un juez de instancia , ni para realizar, con esa excusa, una revisión oficiosa del proceso ; tampoco es esta una sede adicional para discutir los puntos decididos por el juez natural , de manera que, en el asunto, la intromisión constitucional no es procedente.

4. Por lo referido, se revocará el fallo del a quo y negará la protección invocada.

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 8

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la República de Colombia y porRadicación n°. 76001-22-10-000-2026-00180-01 8 autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la tutela de la referencia.

Comuníquese esta providencia a los interesados por el medio más expedito y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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