CSJ - STC20790-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20790-2026 Radicación n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 2 de septiembre de 2026, dentro de la acción de tutela que promovió el Consorcio Vivienda Paxi Rhino contra la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales y el Banco BBVA Colombia, trámite al que se vincularon las partes e intervinientes de la acción de protección al consumidor financiero bajo radicado No. 2024061166-187-000.

ANTECEDENTES

1.- El libelista busca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición.Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 2 2.- En síntesis, manifestó que, dentro de la acción de protección al consumidor financiero que promovió contra el Banco BBVA Colombia, existe una sentencia ejecutoriada que ordenó a la entidad bancaria pagar a su favor la suma de $206.045.820, más intereses y costas, decisión que, hasta la fecha, no ha sido cumplida.

Señaló que el banco ha guardado silencio frente a dos requerimientos formales de pago y que la Delegatura para

de $206.045.820, más intereses y costas, decisión que, hasta la fecha, no ha sido cumplida.

Señaló que el banco ha guardado silencio frente a dos requerimientos formales de pago y que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera no ha resuelto, desde hace más de un mes, la solicitud de impulso procesal encaminad a a lograr la ejecución de la sentencia, circunstancia que, en su criterio, lo deja sin un mecanismo inmediato para obtener la satisfacción material del derecho reconocido.

Agregó que la renuencia de la entidad bancaria y la falta de impulso procesal lo mantienen en un estado de indefensión, pues considera que no dispone de otro medio eficaz para obtener el pago inmediato del capital reconocido. En sustento de su pretensión, citó jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado relacionada con la procedencia transitoria de la acción de tutela cuando el proceso ejecutivo resulta ineficaz frente a la inminencia de un perjuicio derivado del incumplimiento de una condena en firme.Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 3 3.- Con fundamento en lo anterior, pretende que se ordene: i) «al Banco BBVA Colombia S.A. que, como medida transitoria mientras se resuelve el trámite ejecutivo activado ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, pague o consigne a favor del Consorcio Vivienda Paxi Rhino la suma de $206.045.820, correspondiente al capital de la condena en firme, sin perjuicio de que

horas siguientes a la notificación del fallo, pague o consigne a favor del Consorcio Vivienda Paxi Rhino la suma de $206.045.820, correspondiente al capital de la condena en firme, sin perjuicio de que los intereses de mora y la s costas se liquiden y satisfagan definitivamente en dicho trámite »; ii) «En subsidio de la anterior, ORDENAR a Banco BBVA Colombia S.A. el pago de la totalidad de la obligación, por capital, intereses de mora y costas, conforme a la liquidación que se aporta como prueba».

De igual forma, solicitó: iii) «ORDENAR a la Superintendencia Financiera de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionales que, dentro del mismo término, declare y notifique la fecha de ejecutoria de la sentencia, resuelva de fondo la solicitud de impulso procesal pendiente desde el 22 de julio de 2026, y preste el apoyo procesal necesario para la efectividad del pago ordenado » y iv) «PREVENIR a Banco BBVA Colombia S.A. para que, en lo sucesivo, atienda con la diligencia y la buena fe debidas el cumplimiento de las condenas judiciales proferidas en su contra».

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1.- La Superintendencia Financiera de Colombia — Delegatura para Funciones Jurisdiccionales— sostuvo que el hecho alegado como vulnerador, consistente en la falta de pronunciamiento o de trámite, se encuentra superado, toda vez que mediante auto del 1º de septiembre de 2026 resolvió lo pertinente.Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 4

pronunciamiento o de trámite, se encuentra superado, toda vez que mediante auto del 1º de septiembre de 2026 resolvió lo pertinente.Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 4 2.- El Banco BBVA Colombia afirmó que la acción de tutela es improcedente, pues, en su criterio, aún no ha vencido el término para efectuar el pago de la condena. Explicó que el expediente solo regresó a la superintendencia en agosto de 2026 y que el auto de obedecimiento y cumplimiento fue proferido el 11 de ese mes, razón por la cual no existe mora atribuible a la entidad.

Agregó que las demoras obedecen a las múltiples acciones de tutela y actuaciones promovidas por el propio accionante, y no a una conducta del banco. Asimismo, señaló que se encuentra dispuesto a efectuar el pago únicamente a favor del consorcio y no de su representante individual.

Finalmente, adujo que existe riesgo de efectuar pagos indebidos si no intervienen todos los consorciados, que el actor ha desconocido el trámite correspondiente y que cuenta con un proceso ejecutivo idóneo para obtener el cumplimiento de la condena. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo, al considerar configurada la carencia actual de objeto. Explicó que la Superintendencia Financiera, mediante auto del 1º de septiembre de 2026, atendió la solicitud del accionante. En primer lug ar, requirió al Banco

amparo, al considerar configurada la carencia actual de objeto. Explicó que la Superintendencia Financiera, mediante auto del 1º de septiembre de 2026, atendió la solicitud del accionante. En primer lug ar, requirió al Banco BBVA Colombia para que, dentro del término de cinco días,Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 5 informara sobre el cumplimiento de la sentencia y allegara las respectivas constancias; y, en segundo lugar, negó la solicitud de librar mandamiento de pago.

Concluyó que esas actuaciones satisficieron las pretensiones formuladas en la acción de tutela, encaminadas a obtener el impulso del trámite y la adopción de medidas orientadas a materializar el pago reconocido. Agregó que no era procedente ordenar directa mente al Banco BBVA Colombia el pago de la condena, pues el juez constitucional no puede sustituir ni anticipar decisiones que corresponden a la autoridad judicial competente.

IMPUGNACIÓN

El promotor impugnó el fallo, al considerar equivocada la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado, pues, en su criterio, la vulneración alegada no había cesado. Señaló que los autos del 1º de septiembre de 2026 apenas reactivaron de manera mínima el trámite y que uno de ellos, incluso, negó el mandamiento de pago, por lo que persistía la afectación de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Añadió que el perjuicio continuaba y se había agravado, toda vez que el Banco BBVA Colombia reconoció que el término para efectuar el pago vencía el 9 de septiembre de

y al acceso a la administración de justicia.

Añadió que el perjuicio continuaba y se había agravado, toda vez que el Banco BBVA Colombia reconoció que el término para efectuar el pago vencía el 9 de septiembre de 2026 y, pese a ello, no cumplió la condena. Asimismo, reprochó la exigencia de requisito s documentales que, a su juicio, resultaban improcedentes y dilatabanRad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 6 injustificadamente el pago de una obligación contenida en una sentencia en firme.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela sí resulta procedente frente a la entidad bancaria, debido al estado de indefensión en que se encuentra y a que la obligación ya fue definida judicialmente y es actualmente exigible.

CONSIDERACIONES

1.- Desde ahora se advierte el fracaso de la salvaguarda constitucional y, en consecuencia, la confirmación de lo resuelto en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

1.1.- El Consorcio Vivienda Paxi Rhino señaló que la Superintendencia Financiera de Colombia —Delegatura para Funciones Jurisdiccionales — no había adoptado las actuaciones necesarias para hacer efectivo el fallo que impuso una condena a su favor, entre ellas, ordenar el pago o resolver la solicitud de impulso procesal. Afirmó que dicha inactividad, sumada al silencio del Banco BBVA Colombi a, vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dentro de la acción de protección al consumidor radicada bajo el No. 2024061166-187-000.

vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dentro de la acción de protección al consumidor radicada bajo el No. 2024061166-187-000.

No obstante, durante el trámite de la presente acción constitucional, la Superintendencia accionada, mediante providencia del 1º de septiembre de 2026, ordenó:Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 7

«REQUERIR a la ENTIDAD VIGILADA para que en el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, proceda a referirse al escrito aportado por la parte demandante y allegue las constancias de cumplimiento de la sentencia.

Se le pone de presente a la demandada que su incumplimiento puede ocasionarle las sanciones de que tratan el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 y el parágrafo del artículo 44 del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 60 A de la Ley 270 de 1996.

Por Secretaría, remítase la comunicación respectiva informándole lo aquí resuelto a fin de que se pronuncie sobre el particular.

Vencido el plazo judicial aquí otorgado, por secretaría ingrese el plenario al despacho en aras de continuar con el trámite que legalmente corresponda».

Dicha determinación fue comunicada al Banco BBVA Colombia en la misma fecha, mediante oficio No. 2024061166-188-000.

1.2.- Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción constitucional, el funcionario

Colombia en la misma fecha, mediante oficio No. 2024061166-188-000.

1.2.- Así las cosas, se advierte que, durante el trámite de la presente acción constitucional, el funcionario cuestionado se pronunció sobre los aspectos cuya omisión reprochaba el gestor e impartió el impulso correspondiente al proceso.

Por ende, se torna inane el análisis de fondo de la discusión planteada por el memorialista, ante la carencia actual de objeto por hecho superado, aspecto sobre el cual, se ha dicho que «(…) ningún sentido tiene que aquí se imparta cualquier tipo de orden en relación con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momentoRad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 8 procesal, no existen o, cuando menos, presentan características diferentes a las iniciales» (STC203-2024).

2.- Ahora bien, en la impugnación, el tutelante reiteró que el Banco BBVA Colombia no ha dado cumplimiento al pago de la condena. Al respecto, se observa que, ante dicha omisión, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante providencia del 21 de septiembre de 2026, dispuso iniciar trámite incidental sancionatorio contra la entida d bancaria y le concedió el término de ejecutoria de esa decisión para que justificara su conducta, esto es, para que acreditara las razones por las cuales no allegó, dentro del término otorgado en audiencia, los documentos que dieran cuenta del cumplimiento de la obligación.

Por consiguiente, se observa que actualmente se

acreditara las razones por las cuales no allegó, dentro del término otorgado en audiencia, los documentos que dieran cuenta del cumplimiento de la obligación.

Por consiguiente, se observa que actualmente se encuentra en curso un incidente promovido con ocasión de dicho incumplimiento, por lo que corresponde al juez natural pronunciarse sobre el particular, sin que la acción de tutela constituya la vía idónea para anticipar las decisiones que, en ejercicio de sus competencias, le corresponde adoptar.

Al respecto, esta Corte ha sostenido que:

(…) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de est a senda y las normas de orden público,Rad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01 9 que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa» STC36502024.

3.- En definitiva, se ratificará lo resuelto por el tribunal.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZRad. n° 11001-22-03-000-2026-03750-01

10 FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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