CSJ - STC20795-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente

STC20795-2026 Radicación n.º 13001-22-13-000-2026-00642-01 (Aprobado en sesión del veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación elevada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena el pasado 11 de septiembre, dentro de la acción de tutela promovida por Nicanor Salcedo Salcedo contra Bancolombia S.A. y Liquitty S.A.S., siendo vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y demás autoridades, partes e intervinientes dentro del hipotecario con radicado n.° 2024-00354-00.

ANTECEDENTES

1. El solicitante reclamó la protección de su derecho fundamental de petición, en conexidad con el debido proceso y la salud, que estima quebrantados por las entidades accionadas.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01

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2. Como soporte de su queja expuso que:

2.1. Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena cursa en su contra el proceso hipotecario n.° 2024-00354-00, promovido por Bancolombia S.A. Allí se decretó el secuestro de dos inmuebles de su propiedad.

2.2. Desde mayo de 2025 ha realizado abonos voluntarios a la obligación por $25.732.112 y asumido

decretó el secuestro de dos inmuebles de su propiedad.

2.2. Desde mayo de 2025 ha realizado abonos voluntarios a la obligación por $25.732.112 y asumido honorarios por $6.300.000. Atribuye el atraso en el pago de las cuotas a una situación de fuerza mayor derivada de su grave estado de salud, que, según afirma, pus o en conocimiento del banco mediante sus historias clínicas.

2.3. El 31 de julio de 2026, por conducto de su apoderada, remitió a los correos electrónicos de Bancolombia S.A. y Liquitty S.A.S. una «propuesta formal de pago, solicitud de condonación gradual de intereses y reestructuración de crédito por fuerza mayor» . En ella ofreció un pago inmediato de $15.000.000, aplicable al capital de las cuotas atrasadas. Pidió además la condonación total o parcial de los intereses moratorios y la reestructuración del saldo, de modo que la cuota mensual se redujera a la mitad mediante la ampliación del plazo del pagaré n.° 90000199509. Por último, propuso que, una vez aprobado el acuerdo, ambas partes presentaran el memorial de terminación del proceso por transacción, con el consecuente levantamiento de las medidas cautelares.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01 3 2.4. Vencido el término previsto en la Ley 1755 de 2015, ninguna de las destinatarias emitió respuesta. Entre tanto, el proceso avanzó y el despacho de conocimiento decretó el secuestro de su vivienda sin saber que existía la oferta de arreglo.

3. Pretende, en consecuencia, que se ordene a

tanto, el proceso avanzó y el despacho de conocimiento decretó el secuestro de su vivienda sin saber que existía la oferta de arreglo.

3. Pretende, en consecuencia, que se ordene a Bancolombia S.A. y a Liquitty S.A.S. resolver de fondo la propuesta dentro de las 48 horas siguientes y remitir copia de la respuesta al expediente del ejecutivo. Pide también que se suspenda definitivamente la diligencia de secuestro hasta tanto la entidad financiera se pronuncie sobre el arreglo directo planteado, suspensión que solicitó igualmente como medida provisional.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. Bancolombia S.A. solicitó un plazo adicional de 5 días hábiles para informar si había respondido la petición del 31 de julio, pues al contestar la tutela aún no contaba con esa información. Además, pidió declarar improcedente la suspensión del secuestro, porque esa decisión le corresponde al juez del proceso ejecutivo y el actor no demostró un perjuicio irremediable.

2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena remitió el enlace del expediente digital del proceso ejecutivo.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01

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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Cartagena amparó el derecho de petición, al verificar que la propuesta del 31 de julio no fue respondida. La contestación del banco confirmaba la omisión y Liquitty guardó silencio. Por ello, ordenó a las acci onadas resolverla de fondo en 48 horas y remitir copia al despacho vinculado. Declaró

propuesta del 31 de julio no fue respondida. La contestación del banco confirmaba la omisión y Liquitty guardó silencio. Por ello, ordenó a las acci onadas resolverla de fondo en 48 horas y remitir copia al despacho vinculado. Declaró improcedente la suspensión del secuestro, por ser un asunto propio del juez natural y no haberse acreditado un perjuicio irremediable.

IMPUGNACIÓN

Bancolombia S.A. impugnó el fallo y pidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Informó que el 15 de septiembre de 2026 —después de proferida la sentencia de primera instancia — respondió la solicitud del actor: negó por políticas internas la propuesta de pago y la condonación de intereses, negó la reestructuración porque las obligaciones no figuran en la base preaprobada e indicó que pedirá la terminación del proceso cuando la d euda esté cancelada o normalizada.

Agregó que envió esa respuesta a los correos del accionante y de su apoderada, y que el derecho de petición se satisface, aunque lo resuelto no sea favorable a lo pedido.

CONSIDERACIONESRad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01

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1. La acción de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de carácter residual y subsidiario, toda vez que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Del derecho fundamental de petición

solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política garantiza a toda persona la facultad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades y, en los términos de la Ley 1755 de 2015, ante los particulares, y obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, congruente y de fondo, cualquiera que sea el sentido de la decisión. La protección constitucional no está condicionada a que el destinatario acceda a lo solicitado, sino a que resuelva materialmente el asunto planteado y comunique su determinación al peticionario dentro de los términos previstos por el ordenamiento jurídico.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal acertó al conceder el amparo del derecho de petición frente a Bancolombia S.A. y Liquitty S.A.S., o si, como lo sostiene la entidad financiera impugnante, la respuesta que emitió configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, circunstancia que conduciría a revocar la decisión de primer grado.Rad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01 6

4. Caso concreto

La entidad financiera recurrente censura la decisión de primer grado porque, a su juicio, la respuesta que emitió a la solicitud del actor hizo desaparecer el motivo de la queja constitucional.

Al respecto, esta Corporación ha precisado que esa figura se configura cuando está plenamente acreditado que

primer grado porque, a su juicio, la respuesta que emitió a la solicitud del actor hizo desaparecer el motivo de la queja constitucional.

Al respecto, esta Corporación ha precisado que esa figura se configura cuando está plenamente acreditado que desapareció la circunstancia que motivó la acción de tutela, lo cual exige demostrar que el destinatario emitió la respuesta correspondiente y la comunicó al peticionario

(STC3013-2026 y STC2390-2026).

En este caso no hay duda de que la propuesta remitida el 31 de julio de 2026 seguía sin respuesta cuando el Tribunal profirió su fallo. La propia contestación del banco lo corrobora, pues en lugar de exhibir un pronunciamiento se limitó a pedir un plazo ad icional para averiguar si lo había emitido. Liquitty S.A.S., a su turno, guardó silencio durante todo el trámite.

La comunicación del 15 de septiembre de 2026 que ahora esgrime la impugnante tampoco altera esa conclusión, pues aquella fue expedida después de la sentencia del 11 de septiembre que concedió el amparo, de modo que obedece al acatamiento de la orden impartida por el a quo , que es justamente la decisión que hoy se revisa, y no a una actuación espontánea de la entidad previa al fallo deRad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01 7 instancia, único supuesto que habilitaría la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado.

5. Por lo considerado, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

carencia actual de objeto por hecho superado.

5. Por lo considerado, se confirmará el fallo impugnado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil , Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por el medio más expedito lo acá resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSRad. n° 13001-22-13-000-2026-00642-01

8Firmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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