CSJ - STC20837-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC20837-2026 Radicación n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 (Aprobado en sesión de veintidós de octubre de dos mil veintiséis)

Rionegro, Antioquia, veintitrés (23) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la acción de tutela promovida por Sandra Ximena Almeida Diettes contra la Sala de Casación Laboral de esta Corte , extensiva a la Sala de Casación Civil de la misma corporación , la Sala CivilFamilia y la Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y los Juzgados Cuarto de Familia y Laboral de esta última ciudad ; trámite al que fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes en los procesos declarativo de unión marital de hecho n.° 202200305, tutela n.° 2023 -02476 y ordinario laboral n.° 202300126.

ANTECEDENTES

1. La accionante reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, mínimoRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 2 vital, dignidad humana, igualdad, trabajo y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.

2. En síntesis, señaló que presentó demanda declarativa de unión marital de hecho y liquidación de la sociedad conyugal contra Miguel Antonio Anaya González (2022-00305), que el Juzgado Cuarto de Familia de

2. En síntesis, señaló que presentó demanda declarativa de unión marital de hecho y liquidación de la sociedad conyugal contra Miguel Antonio Anaya González (2022-00305), que el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga desestimó en sentencia del 8 de febrero de

2023. Decisión frente a la cual presentó apelación que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad declaró desierta en pronunciamiento del 11 de abril siguiente, mantenido en reposición (23 may.).

Manifestó que, en virtud de lo anterior, presentó acción tutela en contra de las determinaciones anteriores (202302476) resuelta a su favor en primera instancia en sentencia CSJ, STC6439-2023 del 5 de julio del mismo año. No obstante, en proveído CSJ, STL9710-2023 la Sala de Casación Laboral revocó la concesión y estimó razonable las decisiones criticadas.

Expuso que, tras la negativa de los jueces de familia en reconocer la unión marital, acudió a la especialidad laboral con el fin de que se declárala la existencia de una relación laboral con Anaya Gonzales ( 2023-00126). Sin embargo, el Juzgado Cuarto Laboral de la referida localidad negó sus pretensiones en fallo del 3 de septiembre de 2024. Determinación confirmada por la Sala Laboral del mismo Tribunal en el grado de consulta (13 may. 2026)Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 3

3. En este contexto estima lesionadas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que dejen sin

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3. En este contexto estima lesionadas sus garantías fundamentales y, en consecuencia, pretende que dejen sin efectos las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales accionados, tanto en el proceso de familia como en el proceso laboral, así como las decisiones adoptadas en la tutela anterior y se le ordene emitir una nueva decisión encaminada a que se le reconozca alguna de las dos situaciones jurídicas que reclama.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. El Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga relató las actuaciones adelantadas en el proceso de unión marital de hecho a su cargo y advirtió que las decisiones emitiditas al interior de este «distan de ser caprichosas o antojadizas, por lo que se solicita denegar la acción de referencia».

2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad indicó que las determinaciones «relacionadas con la declaratoria de deserción del recurso de apelación ya fueron examinadas en sede constitucional».

3. El Juzgado Cuarto Laboral de la referida localidad manifestó que el amparo resulta improcedente en la medida que « las decisiones de instancia se adoptaron con base en la normatividad y jurisprudencia aplicable a la situación expuesta por las partes».

4. La Sala de Casación Laboral de esta Corte indicó que la acción resultaba improcedente en torno a las criticasRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 4 frente al amparo 2023-02476 en la medida que la accionante no acreditó la existencia de una situación de fraude y, además, incumplía el presupuesto de inmediatez.

4 frente al amparo 2023-02476 en la medida que la accionante no acreditó la existencia de una situación de fraude y, además, incumplía el presupuesto de inmediatez.

5. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga pidió la desvinculación del trámite en la medida que « no existe omisión que implique la vulneración de los derechos fundamentales invocados como conculcados».

6. Quien dijo ser apoderado judicial de Miguel Antonio Anaya González se opuso a las pretensiones del amparo.

CONSIDERACIONES

1. La queja constitucional.

En este asunto la acciónate dirige su reclamo en contra de i) la sentencia del 8 de febrero de 2023, mediante la cual el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga negó la existencia de la unión marital de hecho, por defecto fáctico, al considerar que omitió y valoró indebidamente las pruebas de convivencia. Asimismo, controvierte ii) los autos del 11 de abril y 23 de mayo de 2023 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que declararon desierta la apelación y mantuvieron al estimar que se le impidió injustificadamente acceder a la segunda instancia.

También censura iii) la sentencia STL9710-2023, por la cual la Sala de Casación Laboral de esta Corte revocó elRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 5 amparo concedido en la STC6439 -2023 y consideró razonables las decisiones anteriores. En concreto, le atribuye

5 amparo concedido en la STC6439 -2023 y consideró razonables las decisiones anteriores. En concreto, le atribuye un defecto sustantivo, porque, a su juicio, aplicó restrictivamente las reglas sobre sustentación de la apelación.

Finalmente, reprocha iv) el fallo del 3 de septiembre de 2024 del Juzgado Cuarto Laboral de Bucaramanga, que negó la existencia de la relación laboral, y la decisión del 13 de mayo de 2026 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que la confirmó en consulta al estimar que las mismas no valoraron integralmente las pruebas sobre la prestación personal del servicio, y desconocieron la presunción de contrato de trabajo y los principios de favorabilidad y progresividad.

2. Solución del caso concreto.

Dicho lo anterior , desde ya anuncia la Sala que declarará improcedente el amparo suplicado porque: i) respecto de la sentencia proferida en el proceso de unión marital de hecho no se cumple el requisito de inmediatez; ii) el cuestionamiento sobre la deserción de la apelación reproduce un asunto ya debatido en una tutela anterior; iii) el fallo dictado en ese trámite constitucional no puede ser controvertida mediante otra acción de la misma naturaleza; y, iv) la falta de relevancia constitucional de los reparos contra las decisiones laborales.

2.1. Falta del presupuesto de inmediatez frente a laRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 6 sentencia proferida en el juicio de unión marital de hecho n.° 2022-00305.

2.1. Falta del presupuesto de inmediatez frente a laRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 6 sentencia proferida en el juicio de unión marital de hecho n.° 2022-00305.

La acción de tutela procede para la « protección inmediata» de los derechos fundamentales , lo cual exige que deba ser promovida dentro de un término razonable contado a partir del momento en que se produce la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Ello en la medida que la protección no puede convertirse en un instrumento para reabrir indefinidamente controversias ya definidas por la jurisdicción ordinaria.

En este sentido, corresponde al juez constitucional verificar que entre el hecho generador de la presunta afectación y la presentación de la solicitud exista una proximidad temporal que justifique la intervención excepcional del amparo. Así, esta Corte ha sostenido que «en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito (…) [se] ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses». (STC8053-2023).

Además, cuando la censura se dirige contra una providencia judicial, este requisito adquiere más relevancia. En esos casos, su estudio preliminar debe tornarse aún más riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuaría serían principios esenciales como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y, de contera, la autonomía e independencia judicial. Por tanto, la interposici ón tard ía de este mecanismo excepcional contraviene su objetivo de protección inmediata.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00

Por tanto, la interposici ón tard ía de este mecanismo excepcional contraviene su objetivo de protección inmediata.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 7 En el asunto bajo examen, la providencia cuestionada fue proferida el 8 de febrero de 2023, mientras que la acción de tutela solo se promovió el 11 de junio de 2023 , esto es, transcurridos más de tres años y cuatro meses desde la expedición de la providencia censurada, lapso que no resulta razonable frente al carácter urgente, preferente e inmediato del mismo.

Aunado a ello, no se advierte una justificación objetiva para la tardanza pues la accionante conocía la decisión desde su emisión, ejerció recursos y promovió una tutela relacionada con la deserción de la apelación, pero no cuestionó oportunamente el contenido material de la sentencia que negó la unión marital.

En definitiva, a dmitir el examen de fondo después de ese periodo, sin una explicación atendible, implicaría convertir la tutela en una instancia adicional y mantener indefinidamente abierta la posibilidad de revisar una decisión judicial ejecutoriada, en detrimento de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

2.2. Cosa juzgada constitucional frente a los autos que declararon desierta la apelación contra la sentencia anterior.

En lo concerniente a los autos del 11 de abril y 23 de mayo de 2023, mediante los cuales la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró desierto el

que declararon desierta la apelación contra la sentencia anterior.

En lo concerniente a los autos del 11 de abril y 23 de mayo de 2023, mediante los cuales la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga declaró desierto el recurso de apelación formulado contra la sentencia delRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 8 proceso de unión marital de hecho, y mantuvo esa determinación, respectivamente, el reclamo no puede ser examinado nuevamente, pues se encuentra configurada la cosa juzgada constitucional.

En efecto, la accionante ya promovió una acción de tutela contra esas providencias, bajo el radicado 202302476, con fundamento en que la declaratoria de deserción le impidió injustificadamente acceder a la segunda instancia. Esa controversia fue resuelta inicialmente mediante la sentencia STC6439 -2023, que concedió el amparo, y definitivamente por la STL9710 -2023, en la que la Sala de Casación Laboral revocó aquella decisión y consideró razonable la actuación de la autoridad judicial cuestionada.

Así, entre el anterior trámite constitucional y la presente acción existe identidad de partes, porque intervienen la misma accionante y las autoridades judiciales cuestionadas; de objeto, dado que se pretende dejar sin efectos la declaratoria de deserción de la apelación; y de causa, pues el reclamo se sustenta nuevamente en la supuesta vulneración del debido proceso y del derecho de acceso a la segunda instancia. Tampoco se invocaron hechos nuevos, circunstancias sobrevinientes o modificaciones relevantes que permitan diferenciar ambos reclamos y

supuesta vulneración del debido proceso y del derecho de acceso a la segunda instancia. Tampoco se invocaron hechos nuevos, circunstancias sobrevinientes o modificaciones relevantes que permitan diferenciar ambos reclamos y habiliten un nuevo pronunciamiento.

Por consiguiente, admitir un segundo examen implicaría desconocer el carácter definitivo e inmutable de la decisión adoptada en el anterior trámite de tutela y afectaríaRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 9 los principios de seguridad jurídica y estabilidad.

2.3. La tutela no procede para cuestionar decisiones adoptadas en otro trámite de igual naturaleza.

La acción de tutela, por regla general, no procede contra providencias o actuaciones judiciales con el fin de salvaguardar los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. Planteamiento que se aplica en mayor medida cuando la decisión atacada fue proferida por un juez constitucional en el marco de una acción de tutela. De no ser así, se corre el riesgo de abrir la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza en la que se controvertiría ad aeternum lo considerado en el primer fallo.

No obstante, la Corte Constitucional en sentencia SU627 de 1º de octubre de 2015 consolidó los criterios por los cuales, excepcionalmente, resulta procedente la acción de tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza. Así, si la acción se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede, pero:

tutela frente a una controversia suscitada con ocasión de un trámite de igual naturaleza. Así, si la acción se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede, pero:

(…) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cu ando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii ) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii)Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 10 no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

Así, sobre el fenómeno de la causa juzgada fraudulenta ha precisado el mismo tribunal que se predica cuando lo determinado « (i) (…) se profieren “con fines ilegales ligados a una intención dolosa ”; (ii) la providencia es resultado “de un negocio fraudulento [efectuado] a trav és de medios procesales, que implican un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad” o (iii) el juez de tutela adopta una decisión “derivada de una interpretaci ón normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial ».

perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad” o (iii) el juez de tutela adopta una decisión “derivada de una interpretaci ón normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial ». (Corte Constitucional, sentencias T -951 de 2013, T -073 de 2019 y T-322 de 2019, entre otras).

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente acción constitucional resulta improcedente, en tanto su finalidad consiste en controvertir la sentencia STL9710 -2023, mediante la cual la Sala de Casación Laboral revocó el amparo concedido en la STC6439-2023.

Así, esta nueva solicitud no plantea un debate autónomo, sino que pretende reabrir una controversia ya definida en sede de amparo, lo cual desconoce el carácter definitivo y excepcional de las decisiones adoptadas al interior de este tipo de trámites. Maxi me cuando no se advierte la ocurrencia de la hipótesis del « fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta», para que de manera excepcionalísima se autorice la intervención de un segundo juez de tutela.

Adicionalmente, se ha insistido en que, ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los juecesRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 11 de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma índole el adecuado para contrarrestar el aparente quebranto.

Conforme a lo anterior, el legislador diseñó, además de la impugnación, la revisión eventual ante la Corte

instrumento de la misma índole el adecuado para contrarrestar el aparente quebranto.

Conforme a lo anterior, el legislador diseñó, además de la impugnación, la revisión eventual ante la Corte Constitucional, último escenario donde la parte interesada podrá, en caso de no ser seleccionado el asunto, acudir al recurso de insistencia previsto en el artículo 33 del citado decreto3, para suplicar a dicha corporación su escogencia, únicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto.

En este sentido, al verificarse en la página del Tribunal Constitucional la acción de tutela criticada (expediente T T9787032), se advierte que dicha corporación a través de auto del 18 de diciembre de 202 3 no seleccionó el asunto para revisión y la libelista, o las autoridades legitimadas para ello, tampoco hicieron uso del recurso de insistencia. De modo que, respecto de esta , se reitera, ha operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional, por lo cual no puede reabrirse el debate resuelto en el amparo criticado

2.4. Falta de relevancia constitucional de cara a lo resuelto en el juicio laboral

Frente a la relevancia constitucional, se ha explicado que este presupuesto de procedibilidad exige que entre la actuación cuestionada y la presunta vulneración de losRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 12 derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la

12 derechos fundamentales exista una relación directa, específica y suficientemente acreditada. No basta con que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a la interpretación de la norma hecha por el fallador, con la valoración de una prueba o co n el resultado adverso del proceso.

Es necesario, entonces, que la parte interesada explique de qué manera la decisión censurada trasgredió el ámbito de la autonomía judicial y produjo una afectación constitucionalmente relevante. Dicho de otro modo, el debate debe trascender la simple discrepancia interpretativa y poner de manifiesto una actuación que, por su arbitrariedad, irrazonabilidad o manifiesta incompatibilidad con la Constitución comprometa de forma efectiva una garantía fundamental.

En conclusión, la relevancia constitucional no se satisface con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental ni con la simple invocación del debido proceso o del acceso a la administración de justicia. Además de ello, es indispensable demostrar que la providencia cuestionada produjo una afectación directa, concreta y desproporcionada de tales garantías. Por tant o, cuando el amparo se limita a reiterar discusiones de índole legal, probatoria y procesal, o pretende reabrir debates ya resueltos, la controversia carece de verdadera trascendencia constitucional y no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.

En este sentido, la accionante cuestiona la sentencia delRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 13 3 de septiembre de 2024 del Juzgado Cuarto Laboral de Bucaramanga, que negó la existencia de la relación laboral,

13 3 de septiembre de 2024 del Juzgado Cuarto Laboral de Bucaramanga, que negó la existencia de la relación laboral, y la decisión del 13 de mayo de 2026 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, que la confirmó en grado de consulta. En particular, s ostiene que las autoridades no valoraron integralmente las pruebas sobre la prestación personal del servicio y desconocieron la presunción de existencia del contrato de trabajo y los principios de favorabilidad y progresividad.

Sin embargo, observa la Corte que frente a dicho reparo el asunto carece de relevancia constitucional, pues los reparos se dirigen contra la apreciación efectuada por las autoridades judiciales respecto de los elementos necesarios para declarar la existencia de una relación laboral, particularmente en cuanto a la prestación personal del servicio y a la eficacia probatoria de los elementos incorporados al proceso.

Además, aunque en la solicitud se afirma que existió una omisión en la valoración de pruebas determinantes, no se individualizan con la precisión necesaria los medios de convicción supuestamente ignorados, su contenido objetivo, la razón por la cual resultaban deci sivos ni la forma en que su consideración habría impuesto necesariamente una conclusión distinta. Tampoco se explica por qué la valoración contenida en las sentencias sería manifiestamente irrazonable y no simplemente diferente de la interpretación defendida por la parte accionante.Rad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00 14 Igualmente, la gestora no establece con precisión qué norma sustantiva fue interpretada de manera abiertamente contraria a la Constitución ni por qué la solución acogida por

14 Igualmente, la gestora no establece con precisión qué norma sustantiva fue interpretada de manera abiertamente contraria a la Constitución ni por qué la solución acogida por los jueces carecía de todo fundamento jurídico. La invocación abstracta de los principios de favorabilidad y progresividad no la releva de demostrar el presupuesto de aplicación de esos mandatos.

En conclusión, la accionante no acreditó que la s providencias cuestionadas hubieran producido una afectación directa, concreta y desproporcionada de sus garantías fundamentales. Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpre tación legal consecuencias adversas para sus intereses.

3. Conclusión.

En conclusión, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente porque : i) se incumplió la inmediatez respecto del proceso de unión marital de hecho; ii) el cuestionamiento sobre la deserción de la apelación ya fue resuelto en otra tutela; iii) la sentencia dictada en ese trámite no puede atacarse mediante una nueva acción de tutela; y iv) los reparos contra los fallos laborales carecen de relevancia constitucional.

DECISIÓNRad. n.° 11001-02-30-000-2026-00907-00

15 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela de la referencia.

Comuníquese lo resuelto por el medio más expedito a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(con impedimento)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

(con impedimento)Firmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma impedimento

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado No firma ausencia justificada

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