CSJ - STC21341-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21341-2026 Radicación n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 (Aprobado en sesión del veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D.T. y C. , treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

La Corte decide la impugnación formulada por Alberto Valencia Arenas frente a la sentencia proferida el 30 de junio de 2026 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela promovida contra la Sala Penal del Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Cali, trámite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto penal con radicado No. 2 01819294-00.

ANTECEDENTES

1.- El libelista solicita la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 2 2.- En síntesis, manifestó que el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali lo condenó, en primera instancia, a 108 meses de prisión por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, junto con su defensor público, y suministró como datos de contacto su dirección de residencia y número telefónico, los cuales, aseguró, permanecieron invariables durante el proceso.

Expuso que, pese a haber radicado personalmente un

defensor público, y suministró como datos de contacto su dirección de residencia y número telefónico, los cuales, aseguró, permanecieron invariables durante el proceso.

Expuso que, pese a haber radicado personalmente un escrito de inconformidad en septiembre de 2024 no recibió comunicación alguna sobre el trámite de la alzada. Señaló que solo hasta el 26 de febrero de 2026, cuando fue capturado en cumplimiento de una orden de encarcelamiento, tuvo conocimiento de que el tribunal había resuelto la segunda instancia el 9 de mayo de 2025. Agregó que, gracias a las gestiones adelantadas por su hija, obtuvo copia de la sentencia y de las constancias de notificación, en las que advirtió que el intento de citación se había realiz ado en una dirección distinta de la registrada, sin acudir al número telefónico que había suministrado.

Afirmó que no fue informado de la audiencia de segunda instancia ni recibió citación o enlace para participar en ella, circunstancia que, a su juicio, le impidió comparecer, conocer oportunamente la sentencia y ejercer el recurso extraordinario de casación . Por lo anterior, atribuyó a la autoridad judicial accionada la configuración de defectos procedimental absoluto y sustantivo, al considerar que desconoció las exigencias de notificación previstas en elRad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 3 artículo 179 de la Ley 906 de 2004, con la consecuente vulneración de sus garantías procesales.

Finalmente, precisó que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Palmira.

vulneración de sus garantías procesales.

Finalmente, precisó que se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Palmira.

3.- Con base en lo anterior, pretende, que se ordene: i) «dejar sin efecto la notificación efectuada y se ordene rehacer la notificación al suscrito levantando la orden de captura ya que la sentencia de primera instancia sometió la ORDEN DE CAPTURA a la ejecutoria de la decisión, razón por la cual solicito se ordene mi libertad inmediata» y ii) «Se ordenen las investigaciones a que haya lugar por los errores aquí cometidos en mi contra».

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS

1.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali informó que, mediante sentencia del 9 de mayo de 2025, confirmó la condena impuesta al accionante por el delito de actos sexuales con menor de catorce años. Precisó que el expediente fue devuelto al despacho de o rigen, autoridad competente para informar sobre las actuaciones posteriores. Finalmente, negó haber vulnerado los derechos fundamentales invocados y solicitó desestimar el amparo.

2.- El Juzgado Catorce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad señaló que, pese a los reiterados aplazamientos ocasionados por dificultades logísticas y de asistencia, se llevaron a cabo las audienciasRad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 4 correspondientes y se profirió sentencia condenatoria de 108 meses de prisión. Agregó que el ac tor promovió una acción

4 correspondientes y se profirió sentencia condenatoria de 108 meses de prisión. Agregó que el ac tor promovió una acción de hábeas corpus por la presunta falta de notificación de la providencia y la alegada privación ilegal de su libertad, la cual fue negada al establecerse que la sentencia había sido debidamente notificada y ejecutoriada.

3.- El Procurador 30 Judicial Penal manifestó que no tuvo responsabilidad en la presunta falta de notificación de la sentencia de segunda instancia al tutelante, toda vez que la citación fue remitida correctamente a la dirección suministrada por este y a su defensor. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional y sostuvo que la pretensión de libertad inmediata resulta improcedente, al no evidenciarse vulneración de derechos esenciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Casación Penal negó el resguardo solicitado, tras considerar que las autoridades judiciales adelantaron las gestiones necesarias para notificar al accionante, entre ellas, los intentos de comunicación en la dirección registrada y la notificación a su defensor. En ese sentido, concluyó que su inasistencia a la audiencia de lectura de sentencia no obedeció a una omisión atribuible a las autoridades accionadas y que, por consiguiente, no se configuró el defecto procedimental absoluto alegado ni se acreditó la vulneración de sus prerrogativas fundamentales.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 5

IMPUGNACIÓN

El querellante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y sostuvo que el a quo constitucional no

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IMPUGNACIÓN

El querellante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y sostuvo que el a quo constitucional no advirtió las irregularidades en la notificación de la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso penal. Insistió en que suministró correctamente su dirección de residencia y número telefónico, pese a lo cual la citación se remitió a un a dirección equivocada, sin acudir al contacto telefónico proporcionado, circunstancia que atribuyó a una actuación negligente de la administración de justicia.

Afirmó que dicha irregularidad vulneró su derecho de defensa, al impedirle conocer oportunamente la decisión y ejercer los recursos legales procedentes, situación que, según indicó, culminó con su captura y privación de la libertad. En consecuencia, solicitó revocar el fallo impugnado y conceder la protección de sus prerrogativas básicas.

CONSIDERACIONES

1.- La Corte anticipa el fracaso de la solicitud de amparo y, por consiguiente, la confirmación de lo decidido en primera instancia, por las razones que se exponen a continuación:

1.1.- Alberto Valencia Arenas pretende, principalmente, que se ordene rehacer la notificación de la sentencia de segunda instancia mediante la cual la Sala Penal delRad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 6 Tribunal Superior de Cali confirmó la condena de 108 meses de prisión impuesta en su contra por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, dentro del proceso radicado bajo el nº 2018 -19294-00, con el propósito de ejercer el recurso extraordinario de casación.

de prisión impuesta en su contra por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, dentro del proceso radicado bajo el nº 2018 -19294-00, con el propósito de ejercer el recurso extraordinario de casación.

Sin embargo, se advierte una conducta negligente de su parte, pues, como lo señaló el a quo constitucional, tenía pleno conocimiento de la actuación penal seguida en su contra. En efecto, fue capturado el 29 de noviembre de 2018, compareció ante el juez de control de garantías, participó en la audiencia de formulación de imputación, no aceptó los cargos y posteriormente obtuvo la libertad provisional.

Asimismo, intervino en las sesiones del juicio oral, en cuyo desarrollo se anunció el sentido condenatorio del fallo el 3 de septiembre de 2024, y compareció a la audiencia de lectura de sentencia celebrada el 24 del mismo mes y año. Incluso, junto con su defensor, interpuso recurso de apelación contra esa decisión , de manera que conocía que la actuación penal continuaría ante el superior funcional.

En ese contexto, el actor no puede atribuir la vulneración de sus garantías procesales a la falta de notificación personal de la sentencia de segunda instancia, pues conocía la existencia y el desarrollo del asunto, contabaRad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 7 con asistencia técnica y le correspondía mantenerse atento al trámite de la apelación, así como conservar comunicación con su defensor.

A lo anterior se suma que las autoridades judiciales desplegaron las actuaciones razonablemente exigibles para procurar su comparecencia a la audiencia de lectura de la

al trámite de la apelación, así como conservar comunicación con su defensor.

A lo anterior se suma que las autoridades judiciales desplegaron las actuaciones razonablemente exigibles para procurar su comparecencia a la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia. En efecto, intentaron ubicarlo en la dirección registra da en el expediente y establecer contacto telefónico, sin resultados favorables. Además, su defensor público fue oportunamente convocado, asistió a la diligencia y conoció el contenido de la providencia, que fue notificada conforme a las disposiciones proc esales aplicables.

1.2.- Por consiguiente, no resulta admisible trasladar a la administración de justicia las consecuencias derivadas de la falta de diligencia del tutelante, máxime cuando las autoridades de conocimiento adelantaron las gestiones que razonablemente les correspondían para garantizar el ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción. En tales condiciones, no se configura el defecto procedimental absoluto alegado ni es posible atribuirles la imposibilidad de promover oportunamente el recurso extraordinario de casación.

En efecto, la acción de tutela, dada su naturaleza excepcional, residual y subsidiaria, no está instituida paraRad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 8 subsanar la inactividad procesal de los interesados ni para reabrir oportunidades de defensa que pudieron ejercerse ante el juez natural, cuando su desaprovechamiento no obedece a una actuación u omisión atribuible a la administración de justicia.

Acerca de ese tópico, esta Corporación ha señalado: «predicar al reclamante el desconocimiento de la suerte de la

obedece a una actuación u omisión atribuible a la administración de justicia.

Acerca de ese tópico, esta Corporación ha señalado: «predicar al reclamante el desconocimiento de la suerte de la actuación emprendida, puesto que seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia era carga que pesaba en [él], ya directamente ora a través de su apoderado judicial… ‘[N]o puede olvidarse, existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gestión de su mandatario ha de ejercer la parte interesada» (STC1601-2022).

Igualmente, esta Sala tiene decantado, que:

«(…) el descuido en el empleo de los medios de protección que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de último momento para rescatar op ortunidades precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto de su propia incuria». STC2845-2025.

2.- En esa línea, se ratificará lo resuelto por la Sala de Casación Penal.Rad. n° 11001-02-04-000-2026-01889-01 9

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.

Comuníquese lo resuelto a las partes y al a quo por un medio expedito, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(En comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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