CSJ - STC21359-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente

STC21359-2026 Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01 (Aprobado en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiséis)

Cartagena de Indias, D. T. y C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Decide la Corte la impugnación formulada frente a la sentencia de 8 de octubre de 2026 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela promovida por Hildemario Mejía Orozco y Celia Castillo Peña contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y el Tercero Civil Municipal, ambos de Soledad , trámite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el verbal identificado con radicado n.° 2021-00460-00/01.

ANTECEDENTES

1. Los pretensores, a través de apoderado judicial, acuden al presente amparo reclamando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso , «tutela judicialRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

2 efectiva y derecho a la propiedad», presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas.

2. En síntesis, expusieron que promovieron proceso verbal especial de titulación de la posesión en contra de Idelio Mejía Orozco, Vilma Ferrer Castro y personas indeterminadas, pretendiendo la declaración de usucapión extraordinaria sobre un inmueble urbano identificado con el

verbal especial de titulación de la posesión en contra de Idelio Mejía Orozco, Vilma Ferrer Castro y personas indeterminadas, pretendiendo la declaración de usucapión extraordinaria sobre un inmueble urbano identificado con el FMI no. 041-82914, ubicado en Soledad.

Mediante sentencia del 11 de agosto de 2025, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad negó la totalidad de las pretensiones de la demanda . Sustentó que los demandantes no lograron desvirtuar la mera tenencia inicial del bien , pues la promesa de compraventa base de la demanda era inoponible al copropietario Idelio Mejía , por lo que carecía de vocación traslaticia, además de que no se estructuró la «interversión del título», ni una posesión pacífica e ininterrumpida.

Inconformes con la decisión del juzgado municipal, interpusieron recurso de apelación. Sin embargo, aquella se mantuvo incólume mediante providencia del 18 de septiembre de 2026, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad.

Los actores sostienen que las referidas decisiones adolecen de motivación e incurren en defecto s fácticos,Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

3 sustantivos y procedimentales , escenario del que deriva la lesión de sus derechos fundamentales.

3. Por lo anterior, solicitan que se dejen sin efectos las sentencias del 11 de agosto de 2025 y 18 de septiembre del 2026, y se ordene expedir una nueva decisión que declare la pertenencia de ellos sobre el inmueble referenciado .

3. Por lo anterior, solicitan que se dejen sin efectos las sentencias del 11 de agosto de 2025 y 18 de septiembre del 2026, y se ordene expedir una nueva decisión que declare la pertenencia de ellos sobre el inmueble referenciado .

Subsidiariamente, se ordene ampliar el objeto de la alzada a todos los puntos excluidos por no haber sido mencionados en la audiencia, procediendo a expedir una nueva sentencia de fondo.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad informó que le correspondió el conocimiento del pleito criticado en segunda instancia, defendió la legalidad de la providencia emitida y se relievó que no se configuraron los defectos alegados por los tutelantes, en consecuencia, solicitó que se niegue el resguardo.

2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, destacó que la tutela no es una tercera instancia y peticionó que se declare el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

3. Juan Camilo Torres Pabón, vinculado en el trámite, alegó la improcedencia de la acción porque los accionantesRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

4 pretenden reabrir el debate probatorio a través de este mecanismo constitucional. Igualmente, solicitó su desvinculación del trámite.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó el amparo tras considerar que la decisión del juez de conocimiento no fue

desvinculación del trámite.

ACTUACIÓN DE INSTANCIA

La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó el amparo tras considerar que la decisión del juez de conocimiento no fue desproporcionada, caprichosa o arbitraria, ya que a partir del estudio de los elementos probatorios del expediente se logró concluir que existe falta de certeza sobre la interversión del título.

IMPUGNACIÓN

La interpusieron los promotores bajo similares argumentos a los expuestos en su escrito inicial.

CONSIDERACIONES

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener indemnes los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios enRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

5 curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Excepcionalmente se torna imperiosa la intervención del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico, en los supuestos en que el funcionario judicial accionado ha incurrido en un proceder arbitrario y opuesto a la ley, pero ello en tanto haya superado el estudio de los requisitos generales de procedibilidad y se advierta la configuración de un defecto procedimental.

2. Preliminarmente, se advierte que, si bien el reclamo

ello en tanto haya superado el estudio de los requisitos generales de procedibilidad y se advierta la configuración de un defecto procedimental.

2. Preliminarmente, se advierte que, si bien el reclamo se dirige contra las providencias de primera y segunda instancia, el análisis de la Corte se circunscribirá a la proferida por el juzgado de circuito , por cuanto fue la que definió el asunto. Sobre la determinación que habrá de

abordar la Sala, se ha dicho que:

aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisión de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada . (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834 -00, reiterada en CSJ , STC22422015).

3. Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos en impugnación, desde ya se anticipa que se confirmará laRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

6 decisión de primer grado , pero por los motivos que a continuación se exponen.

3.1. En efecto, en el asunto se advierte que, si bien se superan los requisitos generales de procedibilidad consistentes en la legitimación, inmediatez y subsidiariedad, el resguardo decae en el incumplimiento del criterio de

3.1. En efecto, en el asunto se advierte que, si bien se superan los requisitos generales de procedibilidad consistentes en la legitimación, inmediatez y subsidiariedad, el resguardo decae en el incumplimiento del criterio de relevancia constitucional del conflicto.

Recuérdese que, la Corte Constitucional ha decantado que una controversia es constitucionalmente relevante cuando: «(i) verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico; (ii) involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental, y (iii) no implique utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir debates concluidos en el proceso ordinario » (SU-016 de 2026), delimitación cuyo propósito es proteger «el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y prev [enir] que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » (SU-215 de 2022).

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de este este requisito exige que el accionante explique de qué manera la decisión censurada trascendió el ámbito de la autonomía judicial y compromete de forma efectiva una garantía fundamental , para lo cual no es suficiente con el solo empleo de un lenguaje iusfundamental, alegando v.gr. la vulneración delRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

7 derecho al debido proceso o acceso efectivo a la administración de justica, en cambio se requiere de la

7 derecho al debido proceso o acceso efectivo a la administración de justica, en cambio se requiere de la acreditación de una relación directa, específica y suficiente entre la actuación judicial cuestionada y la presunta vulneración.

3.2. En el presente asunto, los accionantes cuestionan la sentencia del 18 de septiembre de 2026, a través de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad confirmó la negativa a las pretensiones de usucapión elevadas por ellos, en su calidad de demandantes , dentro del trámite identificado con radicado n.° 2021-00460-02.

En la referida decisión, el estrado judicial inició por señalar que, al tratarse el asunto de un proceso verbal especial de titulación, debía remitirse al trámite contemplado en la ley 1561 de 2012, teniendo en cuenta que las normas del Código General del Proceso son supletorias, y se aplican únicamente cuando en dicha ley de carácter especial no se encuentra regulada la situación del caso.

Destacó que el artículo 18 de la mencionada norma dispone que la apelación contra la sentencia se sustentar á oralmente y se concederá o negara en la misma audiencia, luego, entró a revisar los argumentos señalados por el recurrente en la audiencia para sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia , lo cuales consistieron en que:Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

8 1) Que la parte demandada no present ó ni una sola prueba, que no hubo igualdad de armas porque no pudo interrogar los testigos

consistieron en que:Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

8 1) Que la parte demandada no present ó ni una sola prueba, que no hubo igualdad de armas porque no pudo interrogar los testigos anunciados, ni a la contraparte. 2) Que la sentencia desconoce la jurisprudencia sobre los requisitos para que se dé la interversión de título, entre ellas la sentenc ia de la sala civil de la corte suprema de justicia, la SC10189 de 2016, en ella la Corte deja sentado 3 requisitos para que se dé la interversion, que son a) Determinar con precisión el momento de ruptura del vínculo de tenencia b) acreditar actos materia les públicos y notorios de señorío c) Demostrar el animus domini sin subordinación al dueño legítimo.

El recurrente alega en su sustentación que estos 3 requisitos se encuentran acreditados en la actuación, el primero se probó con el dictamen pericial que el vínculo de tenencia se rompió en el año 2007, cuando se ejecutaron actos materiales públicos de señ or y dueño. Con respecto al segundo requisito señala que se encuentran acreditados esos actos materiales de señorío, que la juez se percató, tuvo proximidad a los mismos en la diligencia de inspección judicial, que la parte demandada ni su apoderado ni siquiera asistieron a dicha diligencia. Sobre el ultimo requisito manifiesta que la demandante en ningún momento a la pregunta que se le hizo sobre el conocimiento de los procesos judiciales fue porque cuando llegaron los comisionados a realizar la diligencia de secuestro y en las mismas ellos presentaron oposición al

manifiesta que la demandante en ningún momento a la pregunta que se le hizo sobre el conocimiento de los procesos judiciales fue porque cuando llegaron los comisionados a realizar la diligencia de secuestro y en las mismas ellos presentaron oposición al secuestro por medio de apoderado, que a eso era que se refería la demandante al absolver interrogatorio.

Ahora bien, los actores exponen que, con aquella decisión, el juzgado convocado incurrió en defectos fácticos. Atacaron la valoración que realizó el ad quem de las pruebas obrantes en el expediente, específicamente la interpretación que realizó del dictamen pericial aportado, indicaron que se pretermitió la valoración de la independencia catastral de servicios públicos, las oposiciones que present aron a secuestros del 2019 y 2021 , al igual que la declaración de una de las copropietarias.Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

9 Señalaron que constituía un exceso de ritual manifiesto que no se hayan considerado los reparos que se formularon por escrito a parte y que, en su lugar, se hubiesen estudiado únicamente los que se formularon en la audiencia, con sustento en la aplicación de la norma especial, vulnerando el principio de «confianza legítima y la doctrina de los actos propios».

Destacaron que se incurrió en defecto sustantivo por inaplicación del artículo 2531 de Código Civil, ya que «omitieron analizar que en el expediente está probado que: (i) Idelio Mejía no probó ningún acto de reconocimiento de dominio en los últimos 10 años (operando además la confesión ficta en su contra), y (ii) Hildemaro

«omitieron analizar que en el expediente está probado que: (i) Idelio Mejía no probó ningún acto de reconocimiento de dominio en los últimos 10 años (operando además la confesión ficta en su contra), y (ii) Hildemaro y Celia probaron la interversión fáctica pacífica y pública desde 2007».

Así las cosas , al contrastar los argumentos de los tutelantes con el expediente digital allegado por las autoridades judiciales cuestionadas, se advierte la ausencia de relevancia constitucional, por cuanto se evidencia que los actores pretenden utilizar la acción de tutela como una instancia o un recurso adicional para reabrir un debate ya zanjado por el juez natural.

En efecto, los cuestionamientos formulados por los pretensores se concentran en la forma c ómo el juzgado de circuito convocado valoró los elementos probatorios obrantes en el expediente, que le permitieron concluir que no existió «interversión» del título, así como, en su concepto, debían valorarse los repar os por aquellos formulados medianteRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

10 escrito extemporáneo a la oportunidad procesal contemplada en la normal especial.

Es que, a unque la demanda presenta la s inconformidades bajo la óptica de la configuración de defectos específicos de procedibilidad , l o cierto es que lo pretendido por l os solicitantes se orienta a anteponer su propio criterio frente a la valoración probatoria efectuada dentro del proceso verbal las autoridades de instancia . En particular, cuestiona n el alcance y valor otorgados a l dictamen pericial que aportó al proceso y solicitan una nueva

propio criterio frente a la valoración probatoria efectuada dentro del proceso verbal las autoridades de instancia . En particular, cuestiona n el alcance y valor otorgados a l dictamen pericial que aportó al proceso y solicitan una nueva apreciación de las pruebas que, en su criterio, permitían concluir que «se intervirtió » el título . No obstante, t ales cuestionamientos son eminentemente probatorios y fueron objeto de análisis por parte juez natural tanto en las instancias ordinarias . En consecuencia, no resulta procedente reabrir dicho debate a través de la acción de tutela.

Téngase en cuenta además que, el juzgado accionado para confirmar la negativa a las pretensiones de la demanda, resolvió uno a uno los reparos expuestos por los recurrentes, para ello se apoyó en el acervo probatorio, la normativa y la jurisprudencia, por lo que con la tutela se busca controvertir esas conclusiones y obtener un nuevo examen de la demanda, convirtiendo el amparo en una instancia adicional.

Así las cosas, se concluye que entre la actuaciónRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

11 cuestionada y la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados no se acreditó una relación directa y específica, pues los actores no demostr aron que la providencia hubiera desconocido el contenido esencial del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, sino que expresaron su desacuerdo con la interpretación que realizó la autoridad tutelada de sus reparos y el alcance conferido a los elementos probatorios obrantes en el expediente.

3.3. En suma, la acción carece de relevancia

sino que expresaron su desacuerdo con la interpretación que realizó la autoridad tutelada de sus reparos y el alcance conferido a los elementos probatorios obrantes en el expediente.

3.3. En suma, la acción carece de relevancia constitucional porque bajo la denominación de defectos fáctico, sustanciales y procedimentales, se pretende reabrir una discusión probatoria concluida y obtener un nuevo examen sobre la insuficiencia de las pruebas que llevaron a desvirtuar las pretensiones de los accionantes . Maxime cuando la providencia cuestionada expuso razones formales y sustanciales para confirmar la demanda apelada.

Admitir la relevancia constitucional en estas condiciones supondría habilitar la tutela para revisar toda controversia en la que una parte atribuya a la interpretación legal o a la valoración probatoria consecuencias adversas para sus intereses. Ello desna turalizaría el carácter subsidiario y excepcional del amparo y permitiría emplearlo como una instancia adicional para replantear debates ya sometidos al juez natural.Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

12 Sobre el particular, la postura de la Sala ha sido enfática en señalar que la tutela no es una instancia adicional a la causa judicial, resáltese que este mecanismo:

[N]o está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen

apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo . (CSJ, STC, 15 feb. 2011, rad. 01404 -01, reiterada en CSJ, STC16695-2023, STC842-2024, entre otras).

Además, se ha sostenido que «no se puede recurrir a la acción tutelar para imponer al fallador una determinada interpretación de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una específica valoración probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes». (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012 -000901; reiterada en STC1204-2024, entre otras).

4. En conclusión, como la decisión recriminada carece de relevancia constitucional, se confirmará la decisión de primera instancia, para declarar improcedente del amparo.

DECISIÓNRadicación n.º 08001-22-13-000-2026-00985-01

13 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las

en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación.

Comuníquese por medio idóneo lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Presidente de Sala

JUAN PABLO GIRALDO PUERTA

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

(en comisión de servicios)

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

FRANCISCO TERNERA BARRIOSFirmado electrónicamente por:

Juan Carlos Sosa Londoño Presidente de la Sala

Juan Pablo Giraldo Puerta Magistrado

Martha Patricia Guzmán Álvarez Magistrada No firma en comisión de servicios

Fernando Augusto Jiménez Valderrama Magistrado

Adriana Consuelo López Martínez Magistrada

Francisco Ternera Barrios Magistrado

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