CSJ - STC2903-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - STC2903-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Magistrado ponente STC2903-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 (Aprobado en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide la acción de tutela instaurada por Carlos Gustavo Palacino Antía contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a cuyo trámite fue vinculado el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, así como las partes e intervinientes en el proceso penal rad. n° 201800056-00.

ANTECEDENTES

1. El promotor reclamó la protección de sus garantías fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad personal, legalidad y acceso a la administración deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 2 justicia, que estima vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidió «DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Sentencia de Segunda Instancia proferida el 7 de noviembre de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (Radicado 11001310404920180005601), mediante la cual se confirmó la condena contra mi representado. Asimismo, dejar sin efectos el Auto

2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (Radicado 11001310404920180005601), mediante la cual se confirmó la condena contra mi representado. Asimismo, dejar sin efectos el Auto AP4816-2025 (Radicado 66175) del 25 de julio de 2025, mediante el cual se inadmitió la demanda de casación, toda vez que dicha decisión dotó de firmeza a una providencia judicial incursa en graves defectos constitucionales » y, en su lugar, se ordene al Tribunal proferir una sentencia de reemplazo que subsane los defectos fácticos, sustantivos y de motivación identificados.

2. Sustentó la queja constitucional en los siguientes hechos: 2.1. Expuso que, en su calidad de presidente de la extinta SaludCoop EPS OC, se adelantó un juicio penal en su contra por apropiación en favor de terceros y otras rentas fiscales por la destinación de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC), durante las vigencias 2000 a 2004, para realizar inversiones en infraestructura, activos fijos y préstamos, afectando la liquidez de la entidad. 2.2. Anotó que, el 13 de agosto de 2018, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la calificación del mérito sumario proferida el 5 de julio anterior por la Fiscalía Treinta y Cuatro Delegada ante el Tribunal Superior de la Dirección Especializada contra laRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00

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julio anterior por la Fiscalía Treinta y Cuatro Delegada ante el Tribunal Superior de la Dirección Especializada contra laRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 3 Corrupción adscrita al Grupo de Trabajo para la Investigación de delitos que afectan el SGSSS. 2.3. Indicó que, adelantadas las etapas de rigor, el 18 de abril de 2022 el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá lo encontró responsable del punible de peculado por apropiación a favor de terceros, imponiéndole una pena de 10 años de prisión y un pago por perjuicios por $296610.575.849, decisión que recurrió en apelación. 2.4. Señaló que, el 7 de noviembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la responsabilidad por el delito endilgado, pero modificó la pena de prisión a 9 años y redujo la condena por perjuicios a $112065.819.000 « suma que tomó del dictamen pericial de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) de 30 de octubre de 2020». 2.5. Refirió que, contra la sentencia de segunda instancia formuló recurso extraordinario de casación, pero con auto CSJ, AP4816-2025 de 25 de Julio la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda presentada. 2.6. Manifestó que la Sala de Casación Penal y el Tribunal no tuvieron en cuenta que el Auto de visita n° 1642 del 25 de noviembre de 2003 de la Superintendencia

la demanda presentada. 2.6. Manifestó que la Sala de Casación Penal y el Tribunal no tuvieron en cuenta que el Auto de visita n° 1642 del 25 de noviembre de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud fue «judicialmente anulada mediante sentencia de tutela proferida el 22 de junio de 2004 por el Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá », decisión que de manera expresa dejó sin efectos «el Plan de Desempeño contenido en el oficio No. 8002-2-6123 del 11 de mayo de 2004, así como todos los actos yRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 4 conclusiones derivados de la visita administrativa». Asimismo, la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, al estudiar los hechos, documentos y soportes que dieron origen a la actuación administrativa anulada, concluyeron que « no se configuraba irregularidades disciplinarias ni penales, y que las afirmaciones r elativas a supuestas diferencias en las cuentas recaudadoras, manejo indebido de cuentas centralizadoras o destinación irregular de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud carecían de respaldo probatorio », por lo que, el 31 de octubre de 2006 la Procuraduría archivó la investigación, lo que también hizo el ente investigador el 23 de junio de 2006. 2.7. Precisó que, pasados más de 10 años, la Fiscalía reabrió la investigación sin el cumplimiento de los

investigación, lo que también hizo el ente investigador el 23 de junio de 2006. 2.7. Precisó que, pasados más de 10 años, la Fiscalía reabrió la investigación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 328 de la Ley 600 de 2000, esto es, sobre la revocatoria de la resolución inhibitoria. 2.8. Anotó que las sedes judiciales declararon su responsabilidad del punible, sin identificar el acto específico de apropiación, el beneficiario determinado de esa apropiación y un acto de disposición personal de ese recurso, destacando que no se acreditó que los recursos cuya destinación se cuestiona hayan salido del sistema de salud, se hayan perdido, se hayan desviado a un patrimonio privado ajeno al aseguramiento. 2.9. Indicó que no se tuvo en cuenta que para la vigencia 2000 – 2004 se permitía que la UPC financiara costos directos e indirectos del aseguramiento, incluidos losRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 5 gastos administrativos y las inversiones indispensables para la operación de la EPS. Además, se desconoció el artículo 48 de la Constitución Política respecto al diseño del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues entender la destinación de recursos como lo hizo los falladores accionados, se entendería que ninguna EPS podría ampliar su red de prestación, adquirir clínicas, hospitales o equipos médicos, fortalecer su estructura

falladores accionados, se entendería que ninguna EPS podría ampliar su red de prestación, adquirir clínicas, hospitales o equipos médicos, fortalecer su estructura administrativa, ni responder de manera eficiente el crecimiento de la demanda. 2.10. Señaló que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, pues desatendió el dictamen presentado, que daba cuenta de que SaludCoop contó con una disponibilidad total de recursos propios por la suma de «378.490.035 miles», suficientes para cubrir las inversiones cuestionadas, lo que descartaba el peculado. 2.11. Añadió que el Tribunal confirmó su condena en una aplicación retroactiva de prohibiciones introducidas por leyes posteriores a los hechos, desconociendo el marco legal vigente entre 2000 y 2004 que facultaba la inversión en infraestructura, así como el precedente sobre la «legítima ganancia», con lo que se debe reconocer « que el excedente operacional repostado por la Supersalud ($176.419 millones) constituye una utilidad… que se integra al patrimonio de la EPS como recurso propio y de libre destinación, desvirtuando así la tipicidad del delito de peculado por apropiación».Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 6

RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LOS CONVOCADOS

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó declarar improcedente el amparo por insatisfacer el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la legalidad de las pruebas no fue debidamente planteada por

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó declarar improcedente el amparo por insatisfacer el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la legalidad de las pruebas no fue debidamente planteada por violación indirecta de la ley sustancial con la demanda de casación, además, con el recurso extraordinario tampoco denunció las supuestas vulneraciones al debido proceso.

Agregó que el debate probatorio ya fue zanjado por los falladores naturales.

2. La Fiscalía General de la Nación relató las actuaciones adelantadas en el juicio criticado. Resaltó que lo pretendido por el actor es revivir las instancias judiciales, sin tener en cuenta que el Juez constitucional no es una instancia adicional del proceso, además, desaprovechó el recurso extraordinario de casación.

CONSIDERACIONES

1. De la procedencia de la acción de tutela.

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmenteRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 7 competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de

7 competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el amparo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley » (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.

2. Del caso concreto. 2.1. De la razonabilidad de la decisión.

Se advierte que el amparo no está llamado a prosperar, comoquiera que la decisión de 25 de julio de 2025 mediante la cual la Sala de Casación Penal de la Corte inadmitió la demanda de casación formulada por el defensor de Carlos Gustavo Palacino Antía, no denota arbitrariedad. Ciertamente, tras citar los cargos presentados por el actor, los cuales fueron planteados, el principal, como violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida y, los subsidiarios, como violación directa por interpretación errónea y violación indirecta por errores de hecho, refirió que la demanda presentada no satisface las exigencias derivadas del artículo 212 de la Ley 600 de 2000, explicando que: La acreditación de dicha causal de casación – violación directa de la ley sustancial –, en primer lugar, exige evidenciar una oposición

entre la sentencia y la ley, sin que tenga cabida la intermediaciónRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 8 de aspectos probatorios, con base en los cuales el juez fija la premisa fáctica del silogismo jurídico.

57. Ello implica, entonces, la aceptación de las premisas fácticas y la estructura probatoria fijada por los juzgadores de instancia. Los hechos con base en los cuales se aplica el juicio de responsabilidad penal son inalterables, inmodificables, intangibles. De igual manera, la argumentación probatoria en que se soporta esa fijación de proposiciones fácticas ha de reputarse correctamente construida, sin que sea dable cuestionarla ni alterarla.

58. En segundo lugar, la censura precisa evidenciar el sentido de la violación, esto es, la existencia de yerros de juicio normativo, producto de una equivocada selección de normas sustanciales

(aplicación indebida), la insuficiente aplicación de éstas (falta de aplicación) o una equivocada hermenéutica (interpretación errónea). Bajo dichas premisas, analizó la ineptitud del cargo principal, refiriendo que: el reclamo por aplicación indebida de los arts. 9°, 10° y 397 del C.P., por supuesta atipicidad objetiva, es inadmisible porque el denunciado error de juicio normativo se cimienta en una distinta apreciación y valoración de las pruebas, propuesta por el demandante como base del reclamo.

60. De esa manera, como pasa a exponerse, el planteamiento

apreciación y valoración de las pruebas, propuesta por el demandante como base del reclamo.

60. De esa manera, como pasa a exponerse, el planteamiento quebranta la unidad lógica del reproche y se torna contradictorio.

Además, desconoce el principio de corrección material, lo que lo deja desprovisto de aptitud formal y sustancial.

61. Si bien el censor alude a la intangibilidad de las premisas fácticas, en tanto presupuesto de alegación por la vía de la violación directa, veladamente presenta unas conclusiones probatorias diversas a las que, efectivamente, fueron fijadas en las sentencias.

62. Ello lo hace bajo el entendido que es posible “mencionar pruebas para fundamentar el ataque”, mas lo cierto es que, en la sustentación de la hipótesis violatoria de la ley sustancial, el libelista va más allá de una simple “mención”; en verdad, alteraRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 9 tanto la apreciación de las pruebas como la valoración conjunta de éstas. Entonces, la disquisición sobre la inadecuación de los hechos en el tipo objetivo de peculado por apropiación parte de consideraciones sobre “la prueba valorada”, pero por parte del censor, no en la manera en que lo hicieron los juzgadores de instancia.

63. En esencia, el reclamo consiste en que, en los períodos objeto de investigación, Saludcoop EPS obtuvo una ganancia legítima de $176.419.142.000. Y como el dictamen pericial contable del 30 octubre de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud

de investigación, Saludcoop EPS obtuvo una ganancia legítima de $176.419.142.000. Y como el dictamen pericial contable del 30 octubre de 2020 de la Superintendencia Nacional de Salud determinó que la suma aplicada en la adquisición de activos fijos para brindar una mayor cobertura del sistema de salud de los afiliados fue de $112.065.819.000, no se realizó la conducta típica de apropiación.

64. Empero, en tal aserto hay tergiversación de las razones probatorias con fundamento en las cuales los sentenciadores emitieron un juicio positivo de adecuación típica, por considerar que el acusado, mediante la utilización de los recursos de esa manera, incurrió en apropiación de bienes parafiscales en provecho de la propia entidad que aquél presidía y también de terceras personas.

65. Ciertamente, desde la perspectiva normativa (general y abstracta), el tribunal consideró que, con recursos constitutivos de legítima ganancia, es posible que las EPS inviertan en los mencionados rubros. Empero, bajo la óptica fáctica concluyó que, en el asunto bajo examen, no están dados los presupuestos para considerar que los recursos utilizados por Saludcoop EPS en la adquisición de activos fijos en el período 2000-2004, por disposición del acusado, constituyeron legítima ganancia.

66. Para el ad quem, la apropiación de los recursos de origen parafiscal se logró acudiendo a la tergiversación de estados

disposición del acusado, constituyeron legítima ganancia.

66. Para el ad quem, la apropiación de los recursos de origen parafiscal se logró acudiendo a la tergiversación de estados financieros, a fin de simular el cumplimiento de las obligaciones propias del POS y, por esa vía, fingir la existencia de utilidades

(ganancia legítima) de libre destinación. Ello, en el marco de una estrategia dispuesta por el acusado, en calidad de presidente de Saludcoop EPS, para implementar un plan de negocios dirigido a apropiarse, a favor de la empresa, de dineros de naturaleza pública.

67. En tal contexto, habiendo declarado probado que los estados financieros fueron manipulados y, por ello, están desprovistos deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 10 confiabilidad, el tribunal concluyó que tanto las cifras reportadas como utilidades, como los supuestos índices de solvencia de la compañía no son genuinos.

68. La sentencia de segundo grado destaca, además, que las autoridades de control evidenciaron un colapso económico y administrativo que deja en el vacío la supuesta solvencia y rentabilidad de Saludcoop.

69. Todo ello, valorado en conjunto con los negativos indicadores de rendimiento evidenciados por los peritos contables y los informes de la intervención y liquidación de Saludcoop EPS, debido a malas prácticas contables y financieras, sistemáticas y sostenidas, llevó al ad quem a descartar el ingreso de los recursos a las arcas propias de la entidad, pues ello dependía del previo

debido a malas prácticas contables y financieras, sistemáticas y sostenidas, llevó al ad quem a descartar el ingreso de los recursos a las arcas propias de la entidad, pues ello dependía del previo cumplimiento de las obligaciones como administradora del POS, incluidos los pagos a proveedores, lo cual fue descartado probatoriamente.

70. Por el contrario, lo que infiere el tribunal es que la apropiación de recursos públicos se llevó a cabo a través de estrategias desconocedoras de principios contables, simulando la liquidez necesaria para ejecutar el plan de inversiones.

71. En la sentencia de segunda instancia, la posibilidad de catalogar los montos utilizados en las cuestionadas inversiones como legítima ganancia se hizo depender de las siguientes

condiciones: (i) De conformidad con la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso, la entidad podría válidamente hacer uso particular de los remanentes de la operación una vez cumplidas las obligaciones legalmente establecidas. Sin embargo, esa situación depende de que los estados financieros se tornen verídicos y confiables y, además, que la cuantificación de los excedentes se haga una vez satisfecho a plenitud el objeto social de la compañía, lo cual supone el pago efectivo de las acreencias a los proveedores y a la red de prestación de servicios. (ii) Siempre que los estados financieros arrojen resultados positivos, la entidad podría constituir reservas voluntarias con cargo al ejercicio de la operación. Se insiste, empero, que esta premisa depende de la presentación de información

positivos, la entidad podría constituir reservas voluntarias con cargo al ejercicio de la operación. Se insiste, empero, que esta premisa depende de la presentación de información contable fidedigna.Radicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 11

72. Mas, precisamente por la probada falta de confiabilidad y veracidad de los estados financieros, es que el tribunal descartó la connotación de los recursos utilizados por el acusado como utilidad de libre inversión. Por el contrario, resaltando el acreditado incumplimiento de las obligaciones de Saludcoop EPS, en tanto administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud y promotora de este servicio, así como la inexistente condición de indispensables de los bienes adquiridos, en la sentencia expresamente se afirmó la apropiación de

$112.065.819.000. (…) Por ello es que, para el ad quem, “lo ilustrado basta para concluir sin duda que CARLOS GUSTAVO PALACINO se aprovechó de la figura societaria y, en su rol de administrador, manipuló los estados financieros con el propósito de implementar un plan de negocios claramente dirigido a apropiarse, a favor de la empresa, de los recursos de naturaleza pública, en perjuicio no solo del erario sino de la salud de los millones de afiliados que llegó a tener SALUDCOOP, conducta que, ciertamente, se ajusta a la descripción típica del delito de peculado por apropiación”.

erario sino de la salud de los millones de afiliados que llegó a tener SALUDCOOP, conducta que, ciertamente, se ajusta a la descripción típica del delito de peculado por apropiación”.

76. La reconstrucción de la estructura y las conclusiones probatorias fijadas por el tribunal dejan en evidencia la alteración de aquéllas en los planteamientos de la censura. Una cosa es que, en el ámbito normativo, el ad quem hubiera admitido la posibilidad de que, cumplidos los gastos de administración y promoción en salud, los ingresos pasaran a constituir ganancia legítima, y otra muy distinta, para nada determinada probatoriamente en la sentencia de segunda instancia, es que los $112.065.819.000 hubieran sido catalogados de esa manera con base en el dictamen del 30 octubre de 2020, emanado de la Superintendencia Nacional de Salud.

77. Antes bien, lo concluido fue lo contrario, esto es, que no hubo tal excedente apropiable para libre utilización, sino que “necesariamente SALUDCOOP debió acudir a los fondos de naturaleza parafiscal [de destinación específica] para ese efecto”.

78. En ese sentido, la censura incluso tergiversa la apreciación aplicada por el tribunal a la referida prueba pericial y se muestra contraevidente. El juzgador colegiado no consideró, con base en el referido dictamen, que las sumas utilizadas en las cuestionadas adquisiciones de bienes alcanzaron la condición deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00

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con base en el referido dictamen, que las sumas utilizadas en las cuestionadas adquisiciones de bienes alcanzaron la condición deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 12 recursos propios. No. Tras valorar conjuntamente las diversas pericias contables, destacó que son unívocas en la conclusión nuclear, esta es, que hubo apropiación de recursos parafiscales; mas, por divergir en el cálculo del monto total de apropiación, para efectos de determinar la condena en perjuicios, aplicó la suma menor, por ser más benéfica a los intereses del procesado. (…) (…) El supuesto yerro de adecuación típica no se plantea en referencia a las premisas fácticas y probatorias que efectivamente fueron fijadas en la unidad decisoria impugnada, sino con base en un escrutinio probatorio ajeno al desplegado por los juzgadores de instancia. Seguidamente, estudió el primer cargo subsidiario, planteado por violación directa por interpretación errónea, consignando que: Según el demandante, el alcance dado a la normatividad en cuestión (arts. 177, 179, 181 y 182 de la Ley 100 de 1993; art. 23 de la Ley 1438 de 2011, en conjunción con la sent. C-262 de 2013) fue “cercenado” y está afectado de una errada hermenéutica, pues el tribunal i) no reconoció “a favor de Saludcoop” la aplicación de la legítima ganancia en el Sistema de Seguridad Social, “a pesar de las conclusiones del propio dictamen priorizado en la decisión”; ii)

el tribunal i) no reconoció “a favor de Saludcoop” la aplicación de la legítima ganancia en el Sistema de Seguridad Social, “a pesar de las conclusiones del propio dictamen priorizado en la decisión”; ii) negó a la EPS la posibilidad de adquirir infraestructura, planta y equipo médico y iii) tampoco admitió que, incluso, esas adquisiciones podían hacerse con recursos de la parafiscalidad.

82. El primer planteamiento es inadmisible de entrada porque, con quebranto del principio de corrección material y de la unidad lógica del reproche, tergiversa el juicio jurídico plasmado en la sentencia de segunda instancia. Se insiste: en el plano normativo, el tribunal jamás negó la posibilidad de que las EPS ejecuten libremente recursos constitutivos de ganancia legítima. Por el contrario, consideró que, “d e conformidad con la normativa y la jurisprudencia aplicables al caso, válidamente podría la entidad hacer uso particular de los remanentes de la operación, una vez cumplidas las obligaciones legalmente establecidas”.

83. Cuestión distinta es que, desde una perspectiva fáctica, los juzgadores negaron la connotación de legítima ganancia a losRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 13 recursos apropiados por el acusado, en vista de consideraciones probatorias, a saber, la ausencia de veracidad y confiabilidad en la cuantificación de los supuestos excedentes, así como el incumplimiento de las obligaciones legales de aseguramiento y atención en salud.

probatorias, a saber, la ausencia de veracidad y confiabilidad en la cuantificación de los supuestos excedentes, así como el incumplimiento de las obligaciones legales de aseguramiento y atención en salud.

84. En cuanto a lo primero, el a quo estimó que la legítima ganancia “sólo existió en el papel”, pues “no es más que un sofisma contable”. Esto, dado que, conforme a las ampliaciones y aclaraciones al dictamen de contabilidad forense, presentadas por peritos de la Superintendencia Nacional de Salud, con aplicación del método de análisis del estado de flujo de efectivo directo, aquéllos concluyeron, por una parte, que entre 2000 y 2004 los ingresos en las actividades de operación, financiación e inversión no cubrieron de manera total los egresos; por otra, que Saludcoop EPS empleó recursos parafiscales, provenientes de la UPC, en cuantía de $112.065.819.000.

85. Respecto a lo segundo, el tribunal descartó el pago efectivo de acreencias a los proveedores y a la red de prestación de servicios, incumplimiento que impedía la obtención de una legítima ganancia o remanentes del presupuesto de libre aplicación por la EPS, debido a que Saludcoop no garantizó debidamente la prestación del servicio y desatendió las obligaciones de funcionamiento.

86. Pero el censor no sólo desconoce esos fundamentos de la unidad decisoria impugnada, sino que reformula el cargo principal mediante un reproche con ropaje hermenéutico, en el que queda al desnudo el irrespeto de las premisas fácticas fijadas en las

unidad decisoria impugnada, sino que reformula el cargo principal mediante un reproche con ropaje hermenéutico, en el que queda al desnudo el irrespeto de las premisas fácticas fijadas en las sentencias. Esto inhabilita el examen de fondo por la vía directa.

87. En esa dirección, desconociendo también el principio de autonomía que rige la invocación y sustentación de las causales de casación, cuestiona que, pese a lo “demostrado en el cargo principal” en punto de la “ratificación y priorización” del dictamen pericial de la Superintendencia Nacional de Salud, el tribunal “obvió por completo sus conclusiones de cara a la interpretación que hizo para aplicar el postulado de la legítima ganancia, desvirtuándolo por confiabilidad financiera”.

88. Tras reseñar algunas conclusiones fijadas en la prueba pericial, también alega que el ad quem dio alcance indebido a las normas cuya errónea interpretación señala, pues no reconoció el postulado de la ganancia legítima a favor de Saludcoop EPS, “desechándola por razones sobre el manejo de la contabilidad deRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 14 la entidad, las cuales no son suficientes para desconocer la norma”.

89. Mas por la vía de la violación directa de la ley sustancial no es dable atacar esas razones, por ser de orden probatorio. Y menos es viable cuestionarlas infundadamente, como lo hace el censor al afirmar, sin más, que “no son suficientes”, eludiendo de esa

dable atacar esas razones, por ser de orden probatorio. Y menos es viable cuestionarlas infundadamente, como lo hace el censor al afirmar, sin más, que “no son suficientes”, eludiendo de esa manera la carga de refutar atinada y suficientemente la cuestión (por la senda de la violación indirecta).

90. El libelista apenas trata de imponer su propia apreciación sobre una conclusión probatoria fijada por el tribunal, a saber, que “los estados financieros fueron manipulados para dar apariencia de liquidez y licitud a los actos de apropiación”. Empero, mientras esa premisa no sea debidamente desmontada, es inamovible.

91. Y ese aserto tiene un soporte claro en el fallo de segundo grado, para nada confrontado por la censura subsidiaria por la vía directa: parte de la maniobra contable que permitió la indebida apropiación de los fondos parafiscales consistió en el irregular manejo de las cuentas de recaudo y las propias de Saludcoop, sumada a la destinación anticipada de los fondos cuya conciliación estaba aún pendiente . Esa situación se ve reflejada en el proceso administrativo seguido por la Superintendencia Nacional de Salud que culminó el 1º de julio de 2004 con la firma de un acta con seis compromisos, entre los cuales se hallaba adelantar una auditoría interna para depurar las bases de la EPS y, además, acreditar en el plazo de dos meses que las inversiones hechas “tienen relación con el objeto social de la empresa”.

92. Tampoco confronta la censura consideraciones probatorias

las bases de la EPS y, además, acreditar en el plazo de dos meses que las inversiones hechas “tienen relación con el objeto social de la empresa”.

92. Tampoco confronta la censura consideraciones probatorias efectuadas por el juez de primera instancia, en punto del incumplimiento de las funciones principales de aseguramiento, promoción y prestación del servicio de público de seguridad social en salud, por parte de Saludcoop EPS. (…) Por otra parte, los demás reproches integrantes de la censura por interpretación errónea igualmente carecen de aptitud para ser estudiados de fondo. De entrada, la Corte los advierte manifiestamente infundados, pues no hay tal disonanciaRadicación n° 11001-02-03-000-2026-01005-00 15 hermenéutica, como lo propone el censor, sino divergencia en las conclusiones que, en punto de subsunción, fueron fijadas por los juzgadores de instancia con referencia a premisas fácticas desconocidas en el desarrollo de la censura.

95. No es cierto que el ad quem, tras descartar que la adquisición de activos fijos fue hecha con recursos constitutivos de legítima ganancia, hubiera “negado” la posibilidad normativa de que las EPS también pudieran adquirir infraestructura, planta y equipos médicos con recursos parafiscales provenientes de la UPC.

96. En la misma línea propuesta por el censor, el tribunal fijó la siguiente premisa, de corte general y abstracta: “ SALUDCOOP podía emplear la UPC para la adquisición de bienes valorados como i

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