CSJ - STC398-2026

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada ponente STC398-2026 Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 (Aprobado en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la acción de tutela formulada por Paula Andrea Villa Vélez, como representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –UAEGRTD-, quien afirma actuar en nombre de Eparquio Rafael, Nedis Yolanda, Amparo Elena, Osvaldo, Juana María, Jaime José y Eduviges Inocencia Fernández Barranco, Ena Estelia, Yudis Yolanda y Manuel Salvador Fernández de la Hoz, Gladys Maritza, Any Melissa y Daniel David Fernández Valbuena, Lidier Jesús Fernández Ospino y María José Fernández Martínez, contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el proceso de esa especialidad con radicado n° 7000131210042018-00016.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 2

ANTECEDENTES

1. En la calidad descrita, la actora solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso igualdad y «restitución de tierras», presuntamente vulnerados por la Corporación accionada.

Expuso que, inscritos los aquí representados en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas

«restitución de tierras», presuntamente vulnerados por la Corporación accionada. Expuso que, inscritos los aquí representados en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en adelante -RTDAF-, presentó solicitud de restitución de tierras en nombre de «Osvaldo Fernández Barranco, Eduviges Fernández Barranco, Jaime José Fernández Barranco, Jorge Emiro Fernández Barranco, Manuel Salvador Fernández de la Hoz, Ena Estelia Fernández de la Hoz y Yudis Yolanda Fernández de la Hoz y Jorge Fernández Barranco» en su condición de víctimas de despojo, en relación con los predios denominados El Silencio, El Gallo, Santa Helena, Los Andes y El Pereque, ubicados en el municipio de Pivijay -Magdalena-, oportunidad en la que también se manifestó que aquéllos son herederos de Eparquio Rafael Fernández Muñoz. Afirmó que el asunto fue admitido por el Juzgado Cuarto –hoy TerceroCivil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Santa Marta el 25 de abril de 2018, precisando que la solicitud se había presentado «en nombre de los solicitantes, en calidad de ocupantes de los predios pretendidos en restitución», conforme a la Ley 1448 de 2011.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 3 Expresó que como en la oportunidad prevista se formularon oposiciones, el proceso fue remitido al Sala Civil

3 Expresó que como en la oportunidad prevista se formularon oposiciones, el proceso fue remitido al Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en descongestión, autoridad que mediante fallo de 29 de julio de 2025, accedió al derecho a la restitución de tierras de Eparquio Rafael Fernández Muñoz -fallecido el 2 de noviembre de 2001-, pero sólo en cuanto al bien Los Andes, inmueble de carácter privado que figuraba a su nombre para el momento de los hechos violencia sufridos; en consecuencia, el Tribunal ordenó en favor del « haber herencial» de Fernández Muñoz la restitución de ese predio. Expuso que, sobre los demás inmuebles, el Tribunal declaró la falta de legitimación en la causa de los solicitantes porque tales bienes, además de tener el carácter de baldíos, no habrían podido ser adjudicados al causante Eparquio Rafael Fernández Muñoz, toda vez que, a nombre de éste figuraba el inmueble Los Andes, lo que le impedía tener la expectativa de adjudicación para él y sus herederos, de acuerdo con Ley 160 de 1994. Afirmó que, si bien el Tribunal reconoció que los solicitantes, herederos de Fernández Muñoz, ocuparon los cuatro predios baldíos junto con sus familias y ejercieron actividades de explotación económica, «omitió analizar la ocupación y explotación conjunta que los herederos del titular que, como miembros de su núcleo familiar, también pudieron haber hecho junto con

actividades de explotación económica, «omitió analizar la ocupación y explotación conjunta que los herederos del titular que, como miembros de su núcleo familiar, también pudieron haber hecho junto con su padre; es decir, analizar su participación en el proceso no desde laRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 4 óptica de la legitimación sino de la titularidad conjunta del derecho a la restitución» y tampoco se pronunció sobre, «si para el momento de la pérdida del vínculo con los predios eran menores de edad, habitaban los predios o dependían económicamente de la explotación de los predios denominados “El Silencio”, “El Gallo”, “Santa Helena” y “El Pereque”». Agregó que el accionado también consideró que como el predio Los Andes superaba el área de la Unidad Agrícola Familiar, resultaba inviable aplicar la Sentencia C-517 de 2016 de la Corte constitucional, « respecto de la posibilidad que tienen los poseedores o propietarios de bienes que no alcancen dicha unidad, para ser adjudicatarios de baldíos en una proporción que les permita alcanzar tal medida». Aseguró que el Tribunal incurrió en vía de hecho por defecto material y procedimental, por cuanto, desconocieron los precedentes horizontales en los que otros Tribunales de Restitución de Tierras, han fallado de forma favorable a quienes se encuentran en situación similar a la de sus representados. Añadió que el asunto cumple con los presupuestos de procedibilidad y que éstos deben flexibilizarse porque algunos de los solicitantes son personas de la tercera edad y

representados. Añadió que el asunto cumple con los presupuestos de procedibilidad y que éstos deben flexibilizarse porque algunos de los solicitantes son personas de la tercera edad y tienen problemas de salud. Sobre esto, puso de presente que Jaime José Fernández Barranco cuenta con 67 años de edad y presenta « sordomudez», Osvaldo Fernández Barranco tiene 79 años de edad y una « condición de discapacidad visual, ya que actualmente no tiene visión por el ojo izquierdo», Ena EsteliaRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 5 Fernández de la Hoz cuenta con 66 años de edad y un «complicado estado de salud », Yudis Yolanda Fernández Valbuena tiene 67 años de edad y padece de cáncer y Eparquio Rafael Fernández Barranco, con 70 años de edad, también presenta problemas de salud.

2. Con fundamento en lo expuesto, solicitó (….) REVOCAR, el NUMERAL TERCERO de la SENTENCIA DE 29

DE JULIO DE 2025, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA – SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS - SALA TERCERA DE DESCONGESTIÓN dentro del proceso de restitución de tierras de radicado N.° 70001312100420180001601. Ordenar al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA – SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS - SALA TERCERA DE DESCONGESTIÓN que se

Ordenar al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA – SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS - SALA TERCERA DE DESCONGESTIÓN que se pronuncie respecto a la titularidad de los accionantes con relación a los predios denominados “El Silencio”, “El Gallo”, “Santa Helena” y “El Pereque” y, en consecuencia, disponga una medida efectiva de reparación integral a favor de la parte actora de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios (…).

3. Una vez asumido el trámite, se admitió la acción de tutela, se ordenó el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, así como la citación a las partes e intervinientes en el proceso mencionado.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena expuso que en la sentencia de 29 de julio de 2025 solo accedió al derecho a la restitución en relación con el predioRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 6 denominado Los Andes, puesto que, los interesados carecían de legitimación para reclamar los demás bienes.

2. El Juzgado Tercero –antes CuartoCivil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta afirmó que con su actuación no vulneró los derechos invocados.

CONSIDERACIONES

Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta afirmó que con su actuación no vulneró los derechos invocados.

CONSIDERACIONES

1. Sobre la procedencia de la acción de tutela frente a los trámites de restitución de tierras.

Con el propósito de garantizar el derecho a la reparación de las personas víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, la Ley 1448 de 2011 diseñó el procedimiento para la satisfacción del que ha sido catalogado como derecho fundamental a la restitución de tierras que, inspirado en principios de nivel constitucional, está orientado a la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente. Se memora que la Ley 1448 de 2011 consagra una serie de medidas de atención, asistencia y reparación integral para dichas víctimas, dentro de las cuales se estableció un procedimiento ágil y expedito para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria, reconocimiento de la compensación correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 7 La citada norma prevé, además, la aplicación de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posición de las víctimas, en razón a su estado de indefensión ya que son la parte más débil; tales como la presunción de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el daño sufrido por medio de prueba sumaria (artículo 5º); las presunciones de despojo

parte más débil; tales como la presunción de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el daño sufrido por medio de prueba sumaria (artículo 5º); las presunciones de despojo en contra de negocios jurídicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (artículo 77); y la inversión de la carga de la prueba (artículo 78), entre otras (CJS, STC53972017 y STC9828-2021, entre otras). De igual modo, esta Sala ha indicado que cuando se formulan tutelas contra tales trámites, el juez constitucional debe priorizar los derechos de las víctimas solicitantes de la restitución y de quienes han sido reconocidos como segundos ocupantes, pues en tal condición son sujetos especiales de protección exentos de cargas adicionales que afectan sus garantías y que generen, incluso, su revictimización ( CSJ, STC1428-2020 y STC4990-2022, entre otras). Lo anterior no quiere decir que en todos los casos deba accederse a la protección demandada, pues es forzoso revisar las circunstancias particulares de los interesados, la idoneidad de los recursos que puedan tener a su alcance y la eventual necesidad de que intervenga esta especial jurisdicción en aras de garantizar sus derechos.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 8

2. La queja constitucional.

Paula Andrea Villa Vélez, como representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, afirmó actuar en nombre

8

2. La queja constitucional.

Paula Andrea Villa Vélez, como representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, afirmó actuar en nombre de Eparquio Rafael, Nedis Yolanda, Amparo Elena, Osvaldo, Juana María, Jaime José y Eduviges Inocencia Fernández Barranco, Ena Estelia, Yudis Yolanda y Manuel Salvador Fernández de la Hoz, Gladys Maritza, Any Melissa y Daniel David Fernández Valbuena y María José Fernández Martínez, para cuestionar la sentencia de 29 de julio de 2025, mediante la cual el Tribunal accionado resolvió, entre otras cuestiones, « ORDENAR a favor del haber herencial de EPARQUIO RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ (q.e.p.d.) la restitución del predio “Los Andes’» y declarar «la falta de legitimación en la causa » de los allí solicitantes para reclamar el derecho a la restitución en relación con los demás predios objeto de la solicitud. Según expuso, con esa decisión se incurrió en vía de hecho porque no se analizó la situación particular de los solicitantes, en torno a la ocupación y explotación de esos últimos predios, pues, aunque tuvieran el carácter de baldíos, el Tribunal debió estudiar la relación de los solicitantes con los inmuebles y la posibilidad de lograr su adjudicación.

3. Sobre la legitimación de la representante judicial de la UAEGRTD para presentar este amparo.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00

9

adjudicación.

3. Sobre la legitimación de la representante judicial de la UAEGRTD para presentar este amparo.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 9 3.1. En este asunto, al evidenciarse que la Unidad no presentó esta tutela en su propio nombre, sino con el fin de lograr la protección de los derechos de los solicitantes en el presente asunto, se requirió a la representante judicial para que aportara los poderes especiales de aquéllos, con los cuales se le facultara para la interposición de este amparo. 3.2. En cumplimiento de lo anterior, la entidad aportó los poderes que le otorgaron, en primer término, Osvaldo,

Eduviges Inocencia y Jaime José Fernández Barranco, Ena Estelia, Yudis Yolanda y Manuel Salvador Fernández de la Hoz, como solicitantes directos en el proceso. En segundo lugar, los concedidos por Eparquio Rafael, Nedis Yolanda, Amparo Elena y Juana María Fernández Barranco, así como los que le confirieron Lidier Jesús Fernández Ospino, Gladys Maritza, Any Melissa y Daniel David Fernández Valbuena, herederos de Lidier Daniel Fernández Barranco, y el otorgado por María José Fernández Martínez, heredera de José Rafael Fernández Escobar. 3.3. Aunque los mandatos otorgados por las personas antes relacionadas no cumplen todas las previsiones que esta Sala ha establecido para los poderes especiales en materia de tutela, contenidas en la Sentencia STC107212023, puesto que, no se indica con exactitud el proceso y actuaciones judiciales controvertidas, la Sala tendrá por

materia de tutela, contenidas en la Sentencia STC107212023, puesto que, no se indica con exactitud el proceso y actuaciones judiciales controvertidas, la Sala tendrá por superada tal exigencia atendiendo a las especiales circunstancias de quienes acuden a este amparo, pues se trata de personas vulnerables, algunos incluidos en elRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 10 Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAFy, otros, personas de la tercera edad con problemas de salud. 3.4. No obstante, aunque se encuentra que la representante de la Unidad está facultada para agenciar los derechos de todos accionantes, es del caso advertir que, en realidad, solo tienen legitimación en la causa por activa para formular este amparo Osvaldo, Eduviges Inocencia y Jaime José Fernández Barranco, Ena Estelia, Yudis Yolanda y Manuel Salvador Fernández de la Hoz, quienes actuaron como solicitantes en el proceso de restitución de tierras y los afectados con la decisión que dio lugar a la presentación de la tutela. Se resalta, por tanto, que como Eparquio Rafael, Nedis Yolanda, Amparo Elena y Juana María Fernández Barranco, así como Lidier Jesús Fernández Ospino, Gladys Maritza, Any Melissa y Daniel David Fernández Valbuena, herederos de Lidier Daniel Fernández Barranco y María José Fernández Martínez, heredera de José Rafael Fernández Escobar, no participaron en el proceso controvertido como partes o

Any Melissa y Daniel David Fernández Valbuena, herederos de Lidier Daniel Fernández Barranco y María José Fernández Martínez, heredera de José Rafael Fernández Escobar, no participaron en el proceso controvertido como partes o terceros reconocidos con interés, no están habilitados para cuestionar, a través de esta acción constitucional, las gestiones adelantadas en el proceso de restitución de tierras. Sobre el particular, esta Sala ha señalado que, «cualquier actuación, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en elRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 11 escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuación judicial, quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal» (subraya fuera de texto) (CSJ. STC926-2018 y STC10191-2018, reiterada en STC318-2019,

STC9272-2022, CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022 y,

STC7008-2023, STC4377-2024 y STC17130-2024, entre otras).

4. Situación Fáctica relevante. - El 5 de abril de 2018 la UAEGRTD presentó «solicitud colectiva de restitución jurídica y material de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011», en favor de Osvaldo, Eduviges Inocencia, Jaime José y Jorge Emiro Fernández Barranco, Ena Estelia, Yudis Yolanda y Manuel Salvador Fernández de la Hoz, « en su condición de víctimas de despojo » de los predios El Silencio, El Gallo, Santa Helena, Los Andes y el Pereque, ubicados en el municipio de Pivijay –Magdalena-.

Para lo que aquí interesa, además se indicarse las coordenadas de los predios, sus antecedentes registrales y el carácter baldío de algunos, la Unidad puso de presente como hechos comunes de la solicitud, que Eparquio Fernández Muñoz, padre de los solicitantes, en vida realizó distintos negocios para la ocupación y explotación de los bienes; además, relató que éste, junto con su familia, habitaron los terrenos como si se tratara de uno solo, llamado Santa Helena, y que cuando sus hijos crecieron se fueronRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 12 independizando, ocupando cada uno, con sus familias, distintas fracciones de los predios. Se relató que desde 1995 la familia comenzó a sufrir actos de extorción, « aparentemente por la guerrilla » y que esto

12 independizando, ocupando cada uno, con sus familias, distintas fracciones de los predios. Se relató que desde 1995 la familia comenzó a sufrir actos de extorción, « aparentemente por la guerrilla » y que esto generó el desplazamiento del padre Eparquio, quien dejó la administración del bien al cuidado de sus hijos. Se expuso que en el 2001 Eparquio y su hijo José Rafael fueron «asesinados por parte de las AUC», situación que llevó al desplazamiento de la familia a otras ciudades, por miedo a represalias en su contra. Se agregó que, tiempo después, Gerardo Rueda, quien fue « autorizado por los paramilitares para adquirir el predio» lo compró por un valor inferior al que correspondía legalmente. La Unidad también relató cómo fue la relación de los solicitantes con los bienes reclamados, en cuanto a la explotación económica y su ocupación. En consecuencia, la Unidad planteó como pretensiones, entre otras, declarar que los citados solicitantes, «así como sus núcleos familiares conformados al momento de los hechos victimizantes, son titulares del derecho fundamental a la restitución de tierras, en relación con los predios descritos en la (…) solicitud », ordenar la formalización y la restitución jurídica y material de los bienes en favor de aquéllos e imponerle a la Agencia Nacional de Tierras –ANT- «adjudicar los predios restituidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y el literal g) y parágrafo 4º del artículo 91

en favor de aquéllos e imponerle a la Agencia Nacional de Tierras –ANT- «adjudicar los predios restituidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y el literal g) y parágrafo 4º del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 y remitir de manera inmediata el acto administrativo respectivo a la Oficina de Instrumentos Públicos de Ciénaga –Magdalena-, para su correspondiente inscripción».Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 13 - Mediante auto de 25 de abril de 2018 el entonces Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta dispuso admitir « la solicitud de Restitución y Formalización de Tierras presentada a través de apoderada judicial» por Osvaldo, Eduviges Inocencia, Jaime José y Jorge Emiro Fernández Barranco, Ena Estelia, Yudis Yolanda y Manuel Salvador Fernández de la Hoz, en relación con los predios reclamados –Santa Helena, El Silencio, Los Andes, El Gallo y El Perequey adelantar las actuaciones correspondientes en los términos del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011. - Recibidas las oposiciones de Gerardo Rueda Mantilla, José Gregorio Bequis Meléndez y Alfredo José Bequis Gutiérrez y recaudadas las pruebas ordenadas en auto de 26 de febrero de 2020, el ahora Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta en auto de 5 de diciembre de 2022 dispuso dar por

de febrero de 2020, el ahora Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta en auto de 5 de diciembre de 2022 dispuso dar por concluida la etapa probatoria y remitir el asunto a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para lo de su cargo.

5. La decisión atacada.

El Tribunal dictó la sentencia objeto de reparo el 29 de julio de 2025, mediante la cual resolvió, para lo que concierne a este caso, lo siguiente:Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 14

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor del haber herencial del señor EPARQUIO RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ (q.e.p.d.), solo con relación al predio “Los Andes”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ORDENAR a favor del haber herencial de EPARQUIO RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ (q.e.p.d.) la restitución del predio “Los Andes”, ubicado enel corregimiento Caraballo del municipio de Pivijay, departamento del Magdalena (…) TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa de los

señores Osvaldo Fernández Barranco (…), Eduviges Fernández Barranco (…), Jaime José Fernández Barranco (…), Jorge Emiro Fernández Barranco (…), Manuel Salvador Fernández de la Hoz (…), Ena Estelia Fernández de la Hoz (…) y Yudis Yolanda

Barranco (…), Jaime José Fernández Barranco (…), Jorge Emiro Fernández Barranco (…), Manuel Salvador Fernández de la Hoz (…), Ena Estelia Fernández de la Hoz (…) y Yudis Yolanda Fernández de la Hoz (…), como herederos de EPARQUIO RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ con relación a los fundos el “El Silencio”, El Gallo”, “Santa Helena”, “Los Andes” y “El Pereque”».

CUARTO: DECLARAR infundada las oposiciones formuladas por el apoderado de Alfredo José Bequis Gutiérrez y José Gregorio Bequis Meléndez, por lo expuesto en las consideraciones.

QUINTO: NO RECONOCER la buena fe exenta de culpa a los señores Alfredo José Bequis Gutiérrez y José Gregorio Bequis Meléndez, según lo motivado.

SEXTO: NO RECONOCER la calidad de segundos ocupantes a los

señores Alfredo José Bequis Gutiérrez y José Gregorio Bequis Meléndez (…) NOVENO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que, en el marco de sus competencias para la titulación y recuperación de baldíos, se sirva verificar la explotación que se encuentran adelantando los señores Gerardo Rueda Mantilla, José Gregorio Bequis Meléndez y Alfredo José Bequis Gutiérrez con relación a los predios “Santa Helena”, “El Gallo”, “El Silencio” y “El Pereque” a efectos de, si es procedente, adelantar el procedimiento de adjudicación o su recuperación, en los términos de la Ley 160 de

predios “Santa Helena”, “El Gallo”, “El Silencio” y “El Pereque” a efectos de, si es procedente, adelantar el procedimiento de adjudicación o su recuperación, en los términos de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 902 de 2017, de verificarse la indebida ocupación. Para tales fines deberá tener en cuenta las áreas máximas adjudicables de conformidad con las medidas de la Unidad Agrícola Familiar para la zona.Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 15

DÉCIMO: ORDENAR a los señores JOSÉ GREGORIO BEQUIS MELÉNDEZ y ALFREDO JOSÉ BEQUIS MELÉNDEZ que se sirvan realizar la devolución material del predio “Los Andes” a los restituidos o de un representante de ellos, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta orden (…) Dichas decisiones se sustentaron en que los solicitantes demostraron su relación jurídica con los bienes reclamados, debido a su parentesco con Eparquio Rafael Fernández Muñoz, quien adelantó distintos negocios sobre los predios reclamados y esto permitió su ocupación y explotación por parte de él y su familia.

No obstante, estableció que solo podía estudiar el derecho a la restitución de tierras en relación con el predio Los Andes, identificado con matrícula nº 222-6477, del cual

parte de él y su familia. No obstante, estableció que solo podía estudiar el derecho a la restitución de tierras en relación con el predio Los Andes, identificado con matrícula nº 222-6477, del cual se derivó el folio nº 222-25385, pues analizada la naturaleza de los demás bienes pretendidos, se concluía que el mencionado era el único que tenía carácter de bien privado, adquirido por Eparquio Rafael Fernández Muñoz mediante escritura pública de 18 de marzo de 1997, debidamente registrada, razón por la que los demandantes tenían legitimación para reclamarlo. A una conclusión distinta llegó en relación con los demás inmuebles, en tanto que, se trataba de bienes baldíos que, de modo alguno, habrían podido adjudicarse al causante Eparquio Rafael Fernández Muñoz, por cuanto el numeral 2º del artículo 10º del Decreto 2664 de 1994 prohibía expresamente, adjudicar tierras baldías «[a] lasRadicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 16 personas naturales y jurídicas que sean propietarias o poseedoras a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional». Además, expuso que, si bien podría aplicarse lo resuelto en la Sentencia C-517 de 2019 y en los artículos 66 y 72 de la Ley 160 de 1994, «acerca de la posibilidad que tienen los poseedores o propietarios de bienes que no alcancen la UAF, para ser adjudicatarios

en la Sentencia C-517 de 2019 y en los artículos 66 y 72 de la Ley 160 de 1994, «acerca de la posibilidad que tienen los poseedores o propietarios de bienes que no alcancen la UAF, para ser adjudicatarios de baldíos en una proporción que les permita alcanzar tal medida », lo cierto era que «la cabida superficiaria del fundo respecto del cual (…) [Fernández Muñoz] ostentaba el dominio [- 70 ha 7176 m2-], ya superaba aquella extensión, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 041 de 24 de septiembre de 1996». Por tanto, el accionado determinó que, como Eparquio Rafael Fernández Muñoz no tenía (…) expectativas de adjudicación de los predios “El Silencio”, “Santa Helena”, “El Gallo” y “El Pereque” por tratarse de baldío, mucho menos les asistía a los hoy acciones la facultad legal de heredarlos como en efecto sucedió, pues debe tenerse en cuenta que los solicitantes reconocían al señor Eparquio como propietario y/o ocupante del fundo con expectativas de adjudicación, y no directamente ellos quienes simplemente lo asistieron en su explotación. Ello, lleva a concluir que los solicitantes no se encuentran legitimados para ser titulares del derecho fundamental a la restitución de tierras en cuanto a los mencionados fundos, por no encontrarse acreditada que el señor Fernández Muñoz, de quien vienen en calidad de herederos la condición de ocupante de baldío con posibilidades de

mencionados fundos, por no encontrarse acreditada que el señor Fernández Muñoz, de quien vienen en calidad de herederos la condición de ocupante de baldío con posibilidades de adjudicación, conforme se anotó y, afínmente, las pretensiones relacionadas con estos se despacharán desfavorablemente, al no encontrarse acreditados unos de los presupuestos para su prosperidad. Ahora bien, el señor Fernández Muñoz sí que tenía la calidad de propietario respecto a “Los Andes”, al ser un bien de naturaleza privada, según lo disertado líneas atrás. (…)Radicación nº 11001-02-03-000-2026-00102-00 17 Hechas las anteriores precisiones, se advierte que los señores Osvaldo Fernández Barranco, Eduviges Fernández Barranco, Jaime José Fernández Barranco, Jorge Emiro Fernández Barranco, Manuel Salvador Fernández de la Hoz, Ena Estelia Fernández de la Hoz y Yudis Yolanda Fernández de la Hoz ostentan legitimación activa para solicitar la restitución de dicho inmueble de conformidad con las exigencias establecidas en los artículos 75 y 81 de la Ley 1448 de 2011. Enseguida, estudió la calidad de víctimas de los solicitantes y, analizadas sus declaraciones, las de sus familias, los opositores e incluso, las del « postulado Rolando René Garavito Zapata, alias “Care Niño” o “Nicolás”, perteneciente al Bloque Norte – frente William Rivas de las Autodefensas Unidas de

familias, los opositores e incluso, las del « postulado Rolando René Garavito Zapata, alias “Care Niño” o “Nicolás”, perteneciente al Bloque Norte – frente William Rivas de las Autodefensas Unidas de Colombia», concluyó «de manera indubitable la condición de víctimas del conflicto armado» de los solicitantes, pues además del asesinato de causante Esparquio Fernández Muñoz en noviembre de 2001, perpetrado por ese grupo armado, el de un hermano, así como amenazas y chantajes que los llevaron al desplazamiento forzado de los predios reclamados, los cuales ocupaban y explotaban económicamente junto con sus familiares. Sobre los negocios jurídicos realizados con ocasión del despojo sobre el bien Los Andes, el accionado advirtió que de las declaraciones se extraía que, (…) luego del deceso del padre de los solicitantes, estos, dan poder o autorización a su hermana Juana Fernández para inicialmente arrendar los inmuebles reclamados en restitución, incluido el predio Los Andes, que se mem