CSJ - STC423-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA

Magistrado Ponente STC423-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-00095-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la acción de tutela promovida por Lía del Carmen Hurtado López contra la Sala de Casación Penal, a la cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del mismo Distrito Judicial y todas las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal n.° 201501001 (NI 67507).

ANTECEDENTES

1. La solicitante, por conducto de apoderado, reclama la protección de las garantías fundamentales al debido proceso, desde sus componentes de presunción de inocencia y acceso a la administración de justicia, dignidad humana, libertad e igualdad, que estima lesionadas por la autoridad accionada.Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00

2. De lo recopilado se pueden extractar los siguientes hechos jurídicamente relevantes: Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2023, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Lía del Carmen Hurtado López como autora de «concierto para delinquir agravado» y coautora de «lavado de activos», «destrucción y apropiación de bienes protegidos» y

Antioquia condenó a Lía del Carmen Hurtado López como autora de «concierto para delinquir agravado» y coautora de «lavado de activos», «destrucción y apropiación de bienes protegidos» y «deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil», imponiéndole (i) 20 años, 5 meses y 29 días de prisión; (ii) multas equivalentes a 19.375 s.m.l.m.v. del año 2005 y 2.629,99 s.m.l.m.v. para el año 2023; (iii) 20 años de interdicción de derechos y funciones públicas y (iv) 500 s.m.l.m.v. a título de indemnización de perjuicios a favor delas víctimas o sus herederos1. Esta determinación fue apelada por la defensa de la procesada y el representante del Ministerio Público. El 7 de junio de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia revocó parcialmente el fallo de primer grado para declarar la preclusión, por prescripción de la acción penal, por los delitos de «concierto para delinquir agravado» y «destrucción y apropiación de bienes protegidos» , manteniendo la declaratoria de responsabilidad por las conductas de «lavado de activos» y «deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil» . Como consecuencia de ello, readecuó las penas de la siguiente manera: (i) 13 años, 6 meses y 1 día de

de activos» y «deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil» . Como consecuencia de ello, readecuó las penas de la siguiente manera: (i) 13 años, 6 meses y 1 día de 1 Esta actuación también se adelantó en contra de Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, Orlando Enrique Fuentes Hessen, Miguel Francisco Puche Yáñez y María Inés Cadavid Restrepo. 2Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 prisión; (ii) 14.624 s.m.l.m.v. para el año 2013 a título de multa y (iii) 12 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. La Sala de Casación Penal, a través del AP4142-2025, 18 jun., al conocer de los recursos extraordinarios formulados por la Fiscalía General de la Nación y la condenada, a través de apoderado, inadmitió las demandas de sustentación 2 «en tanto no satisfacen las exigencias lógicas y demostrativas de la causal invocada; se apartaron, de manera manifiesta, de los principios de corrección material, autonomía, debida fundamentación y no contradicción; y, al desarrollar los cargos planteados, desconocieron tanto los hechos, como las valoraciones jurídicas y probatorias fijadas en la sentencia atacada, falencias que conlleva la inadmisión, en ausencia de acreditación de la existencia y trascendencia de los errores alegados».

3. Lía del Carmen Hurtado López acude a este

conlleva la inadmisión, en ausencia de acreditación de la existencia y trascendencia de los errores alegados».

3. Lía del Carmen Hurtado López acude a este instrumento al considerar que la Sala de Casación Penal incurrió en un defecto sustantivo por inaplicación de la norma legal pertinente, al omitir su deber de casar de oficio la sentencia, conforme al artículo 216 de la Ley 600 de 2000. A su juicio, la Sala se limitó a mencionar la norma sin efectuar un examen material de si existía una ostensible vulneración de garantías fundamentales, a pesar de que las sentencias de instancia condenaron sin un estudio individual de culpabilidad, lo cual hacía imperativa la intervención oficiosa del Tribunal de cierre en lo penal. 2 Al mismo tiempo, oficiosamente casó la sentencia de segunda instancia para declarar la prescripción de la acción penal respecto de unos delitos atribuidos a Carlos Enrique Sotomayor Hodeg; sin embargo, no se hará mayor énfasis en ello comoquiera que no corresponde al fondo de la presente salvaguarda.

3Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 Asimismo, afirma que dicho yerro se configuró por inaplicación de los artículos 9º y 12 del Código Penal, que exigen que toda condena esté soportada en un juicio de culpabilidad que incluya imputabilidad, conocimiento de la ilicitud y exigibilidad de otra conducta. Aduce que, como los jueces de instancia no desarrollaron dicho análisis y la Corte no corrigió esta omisión al examinar el asunto en sede de

culpabilidad que incluya imputabilidad, conocimiento de la ilicitud y exigibilidad de otra conducta. Aduce que, como los jueces de instancia no desarrollaron dicho análisis y la Corte no corrigió esta omisión al examinar el asunto en sede de casación, los fallos perpetúan una condena contraria al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva. Sostiene, además, que el auto inadmisorio adolece de falta de motivación, al tiempo que desconoce el precedente constitucional, pues dicha decisión se fundó en razones de fondo relativas al cargo de nulidad —incluyendo análisis sobre la legislación aplicable, criterios de favorabilidad y tesis de razón objetiva—, pese a que la Corte Constitucional ha establecido que los autos de inadmisión solo pueden fundarse en el incumplimiento de requisitos formales (sentencias SU-296 de 2020 y SU-635 de 2015). Así, al pronunciarse materialmente sobre el cargo, la Sala de Casación Penal contradijo ese precedente obligatorio y configuró un defecto material por indebida motivación. Finalmente, la accionante expone que la Corporación accionada incurrió en un desconocimiento del deber de casación oficiosa, al no corregir una vulneración que considera evidente: la inexistencia absoluta de valoración de culpabilidad en la sentencia de segunda instancia. En su criterio, la Sala Penal estaba obligada a intervenir para

considera evidente: la inexistencia absoluta de valoración de culpabilidad en la sentencia de segunda instancia. En su criterio, la Sala Penal estaba obligada a intervenir para 4Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 garantizar la efectividad del derecho material y las garantías fundamentales, por lo que su omisión no solo mantuvo la vulneración, sino que la amplificó, contrariando la finalidad constitucional y legal del recurso extraordinario.

4. Por ello, solicita, remover los efectos del auto AP4142-2025, 18 jun. y, como consecuencia de ello, de forma principal, «ordenar a la Sala de Casación Penal… case de oficio el fallo que profirió el Tribunal Superior de Antioquia [sic]». Subsidiariamente pidió que se ordene a la Sala accionada «que proceda a admitir y decidir de fondo… la demanda de casación presentada… en lo que refiere al cargo principal formulado».

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS

1. La Sala de Casación Penal, por conducto del Magistrado ponente del auto inadmisorio de la demanda extraordinaria dio cuenta de lo resuelto en el AP4151-2025 destacando que «no es cierto que la Corporación haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante… como tampoco que se le sometiera a un proceso injusto en el cual se emitiera la decisión condenatoria… sin que se acreditara su culpabilidad, todos esos aspectos fueron objeto de atribución fáctica y jurídica, contó con la oportunidad de contradecirla, como en efecto lo hizo».

condenatoria… sin que se acreditara su culpabilidad, todos esos aspectos fueron objeto de atribución fáctica y jurídica, contó con la oportunidad de contradecirla, como en efecto lo hizo». Señaló que lo pretendido por Hurtado López es «revivir etapas procesales ya fenecidas» y que se realice una valoración adicional de las pruebas practicadas lo cual «patentiza la improcedencia del amparo… pues se desconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela» dado que «el escrito… únicamente refleja la inconformidad de parte con lo decidido». 5Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00

2. El Magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia expresó que en dicha providencia «se dejaron consignados los argumentos que sirvieron de base para revocar parcialmente el fallo emitido… por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia» amén de que en el trámite procesal «se respetaron [los] derechos fundamentales» de la accionante.

3. El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia resaltó que el proceso sobre el que recae la presente salvaguarda «se llevó a cabo garantizando en todo momento el debido proceso y las prerrogativas constitucionales de los condenados» y que lo pretendido por la accionante es utilizar la tutela como una instancia adicional puesto que «los argumentos expuestos… son propios de un recurso de apelación».

En todo caso, sostuvo que la sentencia de primer grado

condenados» y que lo pretendido por la accionante es utilizar la tutela como una instancia adicional puesto que «los argumentos expuestos… son propios de un recurso de apelación». En todo caso, sostuvo que la sentencia de primer grado «luego de realizar un análisis general donde ya se vislumbraba la responsabilidad de los acusados, se hizo un análisis individual y detallado de la responsabilidad penal de la señora Lía del Carmen Hurtado López» por lo que los argumentos planteados carecen de fundamento.

CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casación Penal vulneró las garantías esenciales de Lía del Carmen Hurtado López al inadmitir la demanda de casación que formuló contra la sentencia de segundo grado a través de la cual el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la

6Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 declaratoria de responsabilidad penal por los delitos de «lavado de activos» y «deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil», pues a juicio de la accionante incurrió en defecto material o sustantivo por inaplicación de los artículos 216 de la Ley 600 de 2000 y 9º y 12 del Código Penal y desatención del precedente contenido en las SU -296 de 2020 y SU-635 de 2015.

2. De la tutela contra decisiones judiciales La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no

2020 y SU-635 de 2015.

2. De la tutela contra decisiones judiciales La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción. De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta sea determinante o influya en la decisión; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneración; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que 7Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, material, error inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.

3. Caso concreto Circunscrita a los reparos formulados por la gestora y

inducido, o se trate de una decisión sin motivación, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Política.

3. Caso concreto Circunscrita a los reparos formulados por la gestora y cotejados con las piezas procesales que conforman el expediente del proceso materia de censura, anuncia la Corte que la salvaguarda solicitada debe desestimarse, en la medida en que la providencia reprochada no estructura ningún defecto específico que conlleve su desautorización, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jurídicamente fundamentado.

La demanda de casación presentada por Lía del Carmen Hurtado López se sustentó en los siguientes cargos que fueron sintetizados por la Sala de Casación Penal así: «(…) 11.4. La defensa de LÍA DEL CÁRMEN HURTADO LÓPEZ, en su demanda, plantea once cargos entre principales y subsidiarios, respecto de los cuales expuso los siguientes argumentos de disenso: 11.4.1. En el primer cargo, principal, con base en la causal tercera de casación, invoca la nulidad por vulneración del debido proceso derivada de la falta de aplicación del principio de legalidad, pues la actuación se adelantó bajo los presupuestos de la Ley 600 de 2000 vigente para la época de los hechos; sin embargo, cuando se inició la investigación ya estaba en aplicación la Ley 906 de 2004. (…) 11.4.2. En el segundo cargo (subsidiario), acude a la causal tercera de casación, cuestiona la legitimidad del proceso

inició la investigación ya estaba en aplicación la Ley 906 de 2004. (…) 11.4.2. En el segundo cargo (subsidiario), acude a la causal tercera de casación, cuestiona la legitimidad del proceso 8Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 acusándolo de desconocer el principio de favorabilidad, como resultado de la aplicación del trámite fijado en la Ley 600 de 2000 y no la Ley 906 de 2004, la cual es más garantista; por consiguiente, se desconoció el artículo 29 de la Constitución. (…) 11.4.3. En el tercer cargo (subsidiario), también acude al tercer motivo de casación, invoca la nulidad de la actuación por vulneración del debido proceso derivado de la tardía vinculación de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ en relación con el punible de deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado de población civil. (…) 11.4.4. Se anuncia otro primer cargo principal, pero se acude a la causal primera, violación directa de la ley, por aplicación indebida de los artículos 159 y 323 inciso 1° del Código Penal, los cuales no se estructuran en el caso conforme al artículo 12 de la misma normatividad. (…) 11.4.5. Con fundamento en la causal primera plantea el segundo cargo (subsidiario), por violación directa derivada de la falta de aplicación de una norma llamada a regular el caso, esto es, el artículo 10° del Código Penal, lo cual produjo la inapropiada

segundo cargo (subsidiario), por violación directa derivada de la falta de aplicación de una norma llamada a regular el caso, esto es, el artículo 10° del Código Penal, lo cual produjo la inapropiada condena por lavado de activos. (…) 11.4.6. El tercer cargo, subsidiario, lo basa en el primer motivo casacional, aduce la falta de aplicación del artículo 10 del Código Penal, lo cual condujo a la aplicación indebida del artículo 159 Ídem. (…) 11.4.7. Cuarto cargo, subsidiario, basado en la causal primera de casación, violación directa de la ley por falta de aplicación del artículo 6° del Código Penal, que consagra los principios de legalidad y favorabilidad, yerro que permitió la aplicación indebida del artículo 159 de la misma obra. (…) 11.4.8. Quinto cargo, subsidiario, con fundamento en la causal primera de casación, por falta de aplicación del artículo 8° del Código Penal, lo que produjo la indebida consideración de los artículos 159 y 323 de la misma codificación. (…) 11.4.9. Propone un nuevo cargo bajo el rotulo de primero principal, por la primera causal de casación, violación indirecta, excluyente de la causal de nulidad propuesta. 9Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 (…) 11.4.10. En el segundo cargo, excluyente y subsidiario, por la causal primera de casación, violación indirecta por error de hecho por omisión absoluta de los testimonios de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ, así como de los integrantes de la Junta

causal primera de casación, violación indirecta por error de hecho por omisión absoluta de los testimonios de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ, así como de los integrantes de la Junta Directiva del FGC [se refiere al Fondo Ganadero de Córdoba], aquí procesados, Benito Osorio Villadiego, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carlos Enrique Sotomayor y Orlando Enrique Fuentes Hessen, quienes ratificaron lo afirmado por la implicada, de no conocerse antes del proceso. Igual omisión frente a similares afirmaciones se evidencia de los testimonios de Iván Roberto Duque Gaviria (Ernesto Báez) y Sor Teresa Gómez Álvarez. También fueron omitidos los testimonios de Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Jairo Alonso Ramos Pérez y Julio César Vásquez García, éste último aseguró que en las Resoluciones de adjudicación de baldíos no estaba expresa ninguna prohibición respecto de los bienes. (…) 11.4.11. Tercer cargo, excluyente y subsidiario, por violación indirecta por falso raciocinio de la prueba testimonial, derivada de los indicios estructurados con las manifestaciones de los deponentes (…)». Al descender al estudio de cada una de las censuras expuestas, la Corte inició pronunciándose sobre los cargos de nulidad invocados con fundamento en: «(…) (ii) desconocimiento del principio de legalidad al aplicar la Ley 600 de 2000; (iii) vulneración del principio de favorabilidad por no adelantar el proceso

de nulidad invocados con fundamento en: «(…) (ii) desconocimiento del principio de legalidad al aplicar la Ley 600 de 2000; (iii) vulneración del principio de favorabilidad por no adelantar el proceso conforme a la Ley 906 de 2004 que daba mayores garantías a los procesados; (iv) tardía vinculación de una implicada por el punible de desplazamiento forzado que afectó sus derechos (…)» . En torno a la supuesta lesión del principio de legalidad dijo: «(…) En materia procesal, sobre la cual versa el reclamo de los demandantes, el principio de legalidad impone que el implicado debe ser investigado y juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario judicial competente y «con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio»; es decir, se deben aplicar, por regla general, las 10Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 disposiciones vigentes al momento de la comisión de la conducta punible. Omiten los censores informar que, en el presente caso, los hechos que originaron la apertura de una investigación bajo el trámite establecido en la Ley 600 de 2000, se conocieron por las autoridades en 2008 por publicaciones en medios de comunicación, pero se hacía referencia a conductas en su mayoría ocurridas desde 1994 a 2005 en la zona rural conocida como Tulapa o Tulapas; adicionalmente, la última formalización de adquisición de dos bienes por el Fondo Ganadero de Córdoba

ocurridas desde 1994 a 2005 en la zona rural conocida como Tulapa o Tulapas; adicionalmente, la última formalización de adquisición de dos bienes por el Fondo Ganadero de Córdoba ocurrió en mayo de 2011 y las familias aún no han logrado retornar a sus bienes. También pasan por alto los casacionistas que, en representación de los mismos procesados y con base en similares planteamientos, en el curso de la actuación, la aplicación de la Ley 906 de 2004 fue planteada ante la judicatura, decidida en primera instancia en auto del 11 de marzo de 2016 y confirmado por el Tribunal en proveído del 31 de agosto del mismo año. En esa oportunidad se indicó que el delito de concierto para delinquir se debía tener en cuenta hasta el 25 de noviembre de 2004, fecha en la cual se desmovilizaron las AUC, es decir, antes de entrar en vigencia la Ley 906 de 2004, pues conforme a su artículo 530 en Antioquia inició su aplicación el 1° de enero de 2007, disposición de la que se da una lectura restringida por la defensa de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ, al sugerir el 1° de enero de 2005 como fecha de implementación para todo el territorio nacional de esa normatividad. (…) ninguna razón les asiste a los demandantes cuando acusan la nulidad de lo actuado a partir de la apertura de investigación, pues resulta potencialmente aplicable la legislación procesal vigente en el territorio nacional, en tanto la mayoría de las conductas punibles se iniciaron en vigencia de la Ley 600 de 2000

pues resulta potencialmente aplicable la legislación procesal vigente en el territorio nacional, en tanto la mayoría de las conductas punibles se iniciaron en vigencia de la Ley 600 de 2000 y se prolongaron en el tiempo hasta, por lo menos, el año 2005, cuando, como lo dice el defensor de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ, ella tramitó la última de las escrituras cuestionadas, sin poder pasar por alto que se afirmó la prolongación del desplazamiento por cuanto las familias aún no han podido retornar a sus inmuebles. De otra parte, en el 2011 se suscribieron las últimas escrituras en favor del FGC. 11Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 De otra parte, resulta irrelevante para estos efectos la fecha en la que la Fiscalía dio apertura a la indagación preliminar, pues ello implicaría, como lo proponen los demandantes, que sin importar el tiempo de ejecución de las conductas punibles, una vez se cumpla con este acto de investigación se reinicie lo actuado al vaivén de los intereses de los sindicados, es decir, que se acuda a criterios subjetivos reiteradamente excluidos de la determinación del procedimiento que rige una actuación. De la misma manera, omiten, los recurrentes información relevante de la situación fáctica, a partir de la cual se reafirma que la escogencia del procedimiento no obedeció al capricho de la Fiscalía, sino a criterios objetivos, tales como el distrito judicial donde ocurrieron los hechos.

relevante de la situación fáctica, a partir de la cual se reafirma que la escogencia del procedimiento no obedeció al capricho de la Fiscalía, sino a criterios objetivos, tales como el distrito judicial donde ocurrieron los hechos. Se insiste, en la elección del modelo procesal por el cual se adelanta este asunto, tuvo en cuenta el ente acusador que la organización criminal, además de iniciar la ejecución de punibles desde el año 1994 hasta aproximadamente inicios del 2005, también lo es que ello ocurrió en áreas geográficas de nuestro país en las que para ese entonces no había entrado a regir la Ley 906 de 2004, respecto de lo cual, la defensa de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ hace una lectura sesgada del contenido del artículo 530, en tanto, sólo reseña parcialmente el inciso 1° referente a la entrada en vigencia de ese sistema el 1° de enero de 2005; no obstante, nada dice del régimen de implementación gradual en los distintos distritos judiciales del país, por lo que para Antioquia, se dio a partir del 1° de enero de 2007. En suma, son equivocados y desconocen la realidad fáctica y procesal, los argumentos por medio de los cuales se sugiere la vigencia, a partir del 1° de enero de 2005, de la Ley 906 de 2004 en todo el territorio nacional, pues por el régimen de implementación fijado en el artículo 530 en el Distrito Judicial de Antioquia ocurrió en 2007; de otra parte, por la fecha de ejecutoria

en todo el territorio nacional, pues por el régimen de implementación fijado en el artículo 530 en el Distrito Judicial de Antioquia ocurrió en 2007; de otra parte, por la fecha de ejecutoria de los punibles, la ley aplicable es la Ley 600 de 2000. Bajo ese contexto, no tienen acogida esas postulaciones de la defensa, pues desconocen la situación fáctica atribuida, y así, el principio de corrección material, en tanto las conductas punibles se consumaron antes de la vigencia de la Ley 600 de 2000 en Antioquia, por ello no resultan potencialmente aplicables las dos legislaciones procesales, y es indiferente la fecha en que se inició la investigación. 12Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 Respecto del cargo de nulidad por desconocimiento del principio de favorabilidad al aplicar el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, cuando la Ley 906 de 2004 «nutre de mayores prerrogativas para los procesados» señaló: (…) Con miras a acreditar que la Ley 906 de 2004 es más favorable que la Ley 600 de 2000, el defensor de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ elabora un listado de actos procesales que en el nuevo modelo de enjuiciamiento tiene control ante los jueces de garantías, también asegura la imposibilidad de presentar medios de conocimiento en la indagación preliminar; pero además de ese ejercicio no indica cual sería la diferencia en las resultas del proceso al llevar el caso por ese derrotero, tampoco

jueces de garantías, también asegura la imposibilidad de presentar medios de conocimiento en la indagación preliminar; pero además de ese ejercicio no indica cual sería la diferencia en las resultas del proceso al llevar el caso por ese derrotero, tampoco asume la explicación de cuales pruebas se le impidió allegar y el cambio que podrían producir en las resultas de la actuación. Conforme con lo anterior, no se demuestra por los demandantes que al tramitarse la actuación bajo las ritualidades de la Ley 600 de 2000, se haya causado afectación a los derechos y garantías fundamentales de las personas procesadas, razón por la cual, se rechazará el cargo de nulidad planteado por esos motivos, ante la falta de acreditación de circunstancias que estructuren afectación al debido proceso. También es claro que las circunstancias analizadas por la Corte en fallo emitido el 23 de marzo de 2006 en radicado 24300, no son asimilables a este asunto, por cuanto si bien se analizaron diferencias entre uno y otro modelo procesal, lo cierto es que no es cierto la elección de la Ley 906 de 2004, tampoco que fuera el fundamento de la declaratoria de prescripción; por el contrario, el asunto se definió por los lineamientos de la Ley 600 de 2000 y la verdadera razón para la extinción de la acción fue que ese implicado no tenía la calidad de servidor público que desde entonces aumentaba ese término, por lo cual ese argumento, también de la defensa de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ,

implicado no tenía la calidad de servidor público que desde entonces aumentaba ese término, por lo cual ese argumento, también de la defensa de LÍA DEL CARMEN HURTADO LÓPEZ, igualmente es el resultado de una lectura inadecuada del antecedente. Asimismo, el planteamiento de aplicación favorable de la Ley 906 de 2004 basado en el tránsito o coexistencia de legislaciones procesales y la existencia de delitos de ejecución permanente, algunos de ellos que, incluso para la Fiscalía, aún continúan en ejecución, no constituye un argumento de recibo atendiendo al 13Rad. n° 11001-02-03-000-2026-00095-00 análisis precedente; sin embargo, es necesario recordar que la Sala desarrolló la tesis de la razón objetiva, como forma de solucionar el problema que implica la escogencia del sistema de procesamiento que debe gobernar la actuación en esos eventos. (…)Las conductas imputadas a los implicados estructuran tipos penales de ejecución permanente, a saber, el concierto para delinquir y el lavado de activos, además, se afirma la prolongación del desplazamiento forzado dado que en la actualidad los campesinos no han logrado retornar a sus inmuebles; sin embargo, la Fiscalía fijó los linderos fácticos de enjuiciamiento cuando emitió resolución de acusación, sin que se pueda sancionar conductas futuras sin límite temporal, además,

embargo, la Fiscalía fijó los linderos fácticos de enjuiciamiento cuando emitió resolución de acusación, sin que se pueda sancionar conductas futuras sin límite temporal, además, demostrado esta que la consumación de los punibles ocurrió en vigencia de la Ley 600 de 2000. Adicionalmente, tal como se ha indicado los primeros actos de investigación se ordenaron mediante proveído del 2008, los cuales se gobernaron bajo la Ley 600 de 2000 con ocasión a que el ente investigador consideró la materialización de conductas antes del inicio de la implementación gradual del sistema acusatorio en Antioquia, por tanto, es objetivamente razonable que aquel ordenamiento era bajo el cual se debía adelantar el proceso, sin que sea de recibo invocar a conveniencia la nulidad de lo actuado, la favorabilidad en la selección de uno u otro trámite, pues en ambos derroteros se garantizan los derechos y garantías procesales a las partes, prerrogativas de las que no se demuestra su vulneración, por lo tanto, esos reproches se inadmiten. Por último, frente a la petición invalidatoria por la «tardía vinculación de la implicada por el delito de desplazamiento forzado después de su ampliación de indagatoria el 21 de octubre de 2014, pues se indica que inmediatamente se le cerró la investigación sin permitirle presentar alegatos y pruebas en ejercicio de su derecho de contradicción», advirtió la Sala que: «(…) el casacionista acude a conceptos doctrinarios sobre la

permitirle presentar alegatos y pruebas en ejercicio de su derecho de contradicción», advirtió la Sala que: «(…) el casacionista acude a conceptos doctrinarios sobre la necesidad de una pronta vinculación con la posibilidad de presentar medios de contradicción a la si