CSJ - STL17721-2026
Detalles
- Título
- CSJ - STL17721-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
SCLAJPT-11 V.00
VÍCTOR JULIO USME PEREA Magistrado ponente
STL17721-2026 Radicación n.o 11001-02-05-000-2026-02302-00 Acta 32
Bogotá D. C., dos (2) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
La Corte se pronuncia, en primera instancia, de la acción de tutela que PEDRO NEL MÉNDEZ LINERO presenta contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA.
I. ANTECEDENTES
El promotor instaura acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de su s derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social y petición , así como el que denominó «derecho a la tercera edad», presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En lo que interesa al presente trámite constitucional, se tiene que el accionante promovió proceso ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de GestiónRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el fin de que se le ordenara a esa entidad el reconocimiento y pago de una pensión convencional establecida en el artículo 130 de la C CT suscrita entre la Empresa Puertos de Colombia y los trabajadores marítimos de la Costa At lántica en el periodo 1983 -1984, las mesadas pensionales causadas desde el 11 de junio de 2003, los reajustes, intereses moratorios, así como las costas
Empresa Puertos de Colombia y los trabajadores marítimos de la Costa At lántica en el periodo 1983 -1984, las mesadas pensionales causadas desde el 11 de junio de 2003, los reajustes, intereses moratorios, así como las costas procesales y agencias en derecho.
El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla con el radicado n.° 08001-31-05-004-2024-00309-00, autoridad que , en auto de 04 de diciembre de 2024, admitió la demanda y corrió traslado a la demandada.
La UGPP contestó la demanda y formuló la excepción de pleito pendiente, con fundamento en que el actor promovió otro proceso ordinario laboral, en el que planteó los mismos supuestos fácticos e idénticas pretensiones , asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta con el radicado n.° 2022-00165-00; agencia judicial que , en auto de 23 de noviembre de 2022 , declaró su falta de competencia por factor territorial y ordenó el envío del expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá.
Así las cosas, surtidas las etapas procesales correspondientes, en proveído emitido en audiencia de 02 de abril de 2025 , la autoridad judicial cognoscente declaró probada la excepción previa de pleito pendiente.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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En desacuerdo, el actor interpuso recurso de apelación,
probada la excepción previa de pleito pendiente.Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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En desacuerdo, el actor interpuso recurso de apelación, por lo cual, el expediente fue radicado el 07 de abril de 2025 ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y, el 29 de abril siguiente, ingresó al despacho del magistrado ponente para lo de su cargo.
Luego, mediante memoriales de 19 de agosto de 2025, l6 de abril y 01 de junio de 2026, el apoderado del tutelante solicitó impulso procesal para que la colegiatura accionada emitiera el pronunciamiento correspondiente.
A través de este mecanismo constitucional, se cuestiona la presunta mora en que incurrió la autoridad judicial convocada para decidir sobre el mecanismo vertical interpuesto por el gestor al interior de la contienda objeto de censura, circunstancia que , en su criterio, constituye una dilación injustificada que transgrede sus derechos fundamentales.
Aunado a ello, reprocha que ha transcurrido más de «16 meses [desde que el cartulario] se encuentra en ese despacho judicial, lo cual [le] tiene represado el reconocimiento de [su] pensión».
Añadió que es una persona de más de 78 años y padece varios problemas médicos tales como «hipertensión esencial primaria, trastorno de lumbar y otro, con radiculopatía comúnmente conocida como nervio pinzado o ciática, es la compresión, irritación o inflamación de las raíces nerviosas en
primaria, trastorno de lumbar y otro, con radiculopatía comúnmente conocida como nervio pinzado o ciática, es la compresión, irritación o inflamación de las raíces nerviosas en la parte baja de la espalda (zona lumbar)».Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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Conforme a lo anterior, s e extrae que el actor s olicita acceder al amparo de las prerrogativas constitucionales invocadas y, como medida para restablecer la vulneración, pide que se ordene a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que profiera la decisión correspondiente en la que resuelva el recurso de apelación interpuso contra el auto que declaró probada la excepción previa por pleito pendiente.
La tutela se presentó el 14 de agosto de 2026 y fue admitida por esta sala mediante auto de 24 posterior, en el que se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vincular al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, así como a las demás partes e intervinientes en el proceso laboral censurado, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa.
Al efecto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla narró las actuaciones procesales surtidas ante ese despacho judicial, remitió el enlace de acceso al expediente digital contentivo de la causa censurada e indicó que no ha vulnerado las garantías fundamentales del gestor.
Por su parte, el magistrado ponente de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
expediente digital contentivo de la causa censurada e indicó que no ha vulnerado las garantías fundamentales del gestor.
Por su parte, el magistrado ponente de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla informó que el proceso cuestionado fue radicado el 07 de abril de 2025 ante dicha magistratura y remitido a su despacho el 29 del mismo mes y año. Señaló que, mediante proveído de 25 de agosto de 2026, admitió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y ordenó correr traslado aRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00 SCLAJPT-11 V.00 5 las partes por cinco días para que presentaran sus alegatos, decisión que fue notificada el 26 de agosto siguiente.
De otro lado, manifestó que recibió diversos memoriales presentados por el apoderado del accionante, mediante los cuales solicitó reiteradamente el impulso del proceso. Al respecto, explicó que, aunque el expediente llevaba aproximadamente 16 meses en esa corporación, dicho lapso no resultaba, por sí solo, excesivo o desproporcionado, pues, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, los asuntos deben ser tramitados respetando el orden de ingreso.
Por último, indicó que la solicitud de impulso procesal se encontraba materialmente superada, toda vez que ya había proferido el auto de 25 de agosto de 2026, mediante el cual dio trámite al recurso de apelación y corrió el traslado correspondiente, por lo que el proceso co ntinuaba su curso ordinario en esa instancia.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión
cual dio trámite al recurso de apelación y corrió el traslado correspondiente, por lo que el proceso co ntinuaba su curso ordinario en esa instancia.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por ausencia de legitimación en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
Conforme a lo estatuido en el artículo 86 de la CP y losRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00 SCLAJPT-11 V.00 6 decretos que lo reglamentan, la acción de tutela se estableció para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley.
El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una de las prerrogativas superiores cuya protección puede obtenerse a través de la acción de amparo constitucional; ha sido definido por la jurisprudencia como el conjunto de garantías que tiene como fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas sustanciales y procesales específicas, dirigidas a proteger los derechos de las personas involucradas, preservar el valor material de la justicia y lograr los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Esta corte ha señalado que la acción de amparo se habilita cuando las autoridades judiciales incurren en mora
involucradas, preservar el valor material de la justicia y lograr los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Esta corte ha señalado que la acción de amparo se habilita cuando las autoridades judiciales incurren en mora en la resolución de los asuntos que les han sido sometidos a su consideración , conducta con la cual lesionan prerrogativas superiores de los administrados.
Sin embargo, para que en el resguardo proceda en estos casos, es necesario que el interesado demuestre que la tardanza es atribuible a un actuar negligente y desinteresado del respectivo juez, dado que el paso del tiempo, analizado en forma aislada, no es suficiente para evidenciar, de manera objetiva, vulneración a los derechos fundamentalesRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00 SCLAJPT-11 V.00 7 invocados (CSJ STL2721 -2016, STL3976-2019 y STL10872021).
Precisamente, en esta última providencia la corporación expresó:
Al respecto, es pertinente recordar que la jurisprudencia de la Sala ha señalado que las situaciones de “mora judicial” por cuya virtud se habilita este excepcional mecanismo de protección, son aquellas que carezcan de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento negligente de la autoridad accionada, pues obviamente la protección constitucional no opera cuando la morosidad obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas tales como la fuerza mayor, el caso fortuito o la culpa del tercero, razón por la cual le corresponde al peticionario la carga de demostrar los hechos en los que se funda para predicar
justificadas tales como la fuerza mayor, el caso fortuito o la culpa del tercero, razón por la cual le corresponde al peticionario la carga de demostrar los hechos en los que se funda para predicar el quebrantamiento de sus derechos constitucionales.
Adicionalmente, la Corte ha adoctrinado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política les ha reservado, so pena de violar los principios de autonomía e independencia judicial, contemplados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política.
Lo anterior por cuanto el operador judicial a cuyo cargo está la dirección del proceso, es el encargado de organizar sus labores, que entre otras está la de dictar las providencias, de tal suerte que resultaría extraño a su trámite que el juez de tutela dispusiera la expedición de una determinada decisión o realización de alguna diligencia, sin advertir previamente la cantidad de expedientes o su orden de llegada.
En el caso de estudio, corresponde a la Corte determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla incurre en mora judicial injustificada al no resolver el recurso de alzada interpuesto en el proceso ordinario laboral cuestionado , y con ello, transgrede los derechos fundamentales invocados por el accionante.
En las actuaciones adelanta das en el procesoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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censurado, se observa lo siguiente:
accionante.
En las actuaciones adelanta das en el procesoRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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censurado, se observa lo siguiente:
- Mediante auto de 02 de abril de 2025 el juzgador de primer grado declaró probada la excepción de pleito pendiente en el proceso ordinario laboral censurado.
- Inconforme con la determinación anterior , el convocante interpuso recurso de apelación.
- El 07 de abril de 2025 el expediente fue radicado ante el órgano colegiado accionado y , conforme constancia secretarial , el 29 de abril posterior , el expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para lo de su cargo.
- Mediante memoriales de 19 de agosto de 2025, l6 de abril y 01 de junio de 2026 , el apoderado del tutelante solicitó impulso procesal para que la colegiatura accionada emitiera el pronunciamiento correspondiente.
- En proveído de 25 de agosto de 2026notificado por estado del día siguiente - el juez plural admitió el mecanismo vertical y corrió traslado a las partes para la presentación de sus alegatos de conclusión.
- Luego, en oficio de 26 de agosto de 2026, la colegiatura tutelada atendió las solicitudes de impulso procesal en el que indicó que se encontraba n «materialmente superada », toda vez que en el auto mencionado en el párrafo anterior admitió la alzada y,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
procesal en el que indicó que se encontraba n «materialmente superada », toda vez que en el auto mencionado en el párrafo anterior admitió la alzada y,Radicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00 SCLAJPT-11 V.00 9 precisó que el proceso continúa su trámite ordinario en esa instancia y que el despacho debía respetar el turno correspondiente.
De lo anterior se colige que la autoridad judicial accionada vulnera el derecho fundamental que el tutelante invoca, toda vez que el tiempo que ha permanecido el expediente en su custodia -un año y cuatro meses aproximadamentesin haber proferido la decisión correspondiente, es desproporcionado.
En efecto, conforme al expediente remitido y la consulta de procesos de la Rama Judicial, el expediente fue radicado ante la magistratura convocada el 07 de abril de 2025 y se repartió al despacho del magistrado ponente el 29 posterior, en auto de 25 de agosto de 2026 , admitió la alzada y en comunicación de 26 siguiente respondió los requerimientos de impulso procesal planteados por el gestor.
Así las cosas, para esta sala no es posible considerar que las actuaciones procesales adelantadas en el proceso objeto de reproche han sido ejecutadas en tiempo razonable, en tanto la decisión echada de menos versa sobre un auto dictado en audiencia mediante el cual el juez primigenio declaró probada la excepción previa de pleito pendiente.
Por tanto, con el fin de que la emisión de la decisión no se siga prolongando, se concederá el amparo constitucional del derecho al debido proceso de la accionante. Para su
declaró probada la excepción previa de pleito pendiente.
Por tanto, con el fin de que la emisión de la decisión no se siga prolongando, se concederá el amparo constitucional del derecho al debido proceso de la accionante. Para su efectividad, se ordenará a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, sinRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00 SCLAJPT-11 V.00 10 dilación alguna, en el término de diez días contados a partir de la notificación de esta decisión, se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto por el propulsor contra el auto de 02 de abril de 2025 y emita la providencia correspondiente en el proceso censurado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de PEDRO NEL MÉNDEZ LINERO , por las razones expuestas.
SEGUNDO. ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, sin dilación alguna, en el término de diez días contados a partir de la notificación de esta decisión, se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto por el propulsor contra el auto de 02 de abril de 2025 y emita la providencia correspondiente en el proceso censurado.
TERCERO. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
auto de 02 de abril de 2025 y emita la providencia correspondiente en el proceso censurado.
TERCERO. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Remitir el expediente a la CorteRadicación n.° 11001-02-05-000-2026-02302-00
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Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.Firmado electrónicamente por:
VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala
JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILAOMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Salvamento de voto
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
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