JEP - Resolución SDSJ-0494 06-febrero de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

Resolución No. 494 Bogotá D.C., seis (6) de febrero de 2024

Expediente: 9005546-08.2019.0.00.0001

Solicitante: LUIS CARLOS HERRERA ARANGO

Identificación: C.C. 80.130.187

Calidad: Ex integrante de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC EP Situación jurídica: Condenado - En libertad condicionada.

I. ASUNTO

1. El Magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se pronuncia sobre la procedencia de remitir por competencia la presente actuación del señor LUIS CARLOS HERRERA ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía número No. 80.130.187, y en calidad de ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP), a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVRde la JEP. 1 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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NÚMERO DE PROCESO: 9005546-08.2019.0.00.0001

LUIS CARLOS HERRERA ARANGO

II. DE LA SOLICITUD Y TRÁMITE

2. Revisado el expediente Legali de la referencia se observó que el 27 de abril de 2007, y dentro del proceso penal radicado bajo el número 05-756-3104-001-2007-00005-00 el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (Antioquia) profirió sentencia condenatoria contra el señor LUIS CARLOS HERRERA ARANGO por los delitos de homicidio agravado de la señora María Bernarda Serna Sepúlveda, en concurso con de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, en hechos ocurridos el 20 de octubre de 2002, en el área rural, vereda El Rosario del municipio de Argelia – Antioquia1.

3. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (Antioquia) concedió al señor LUIS CARLOS HERRERA ARANGO la libertad condicionada, provisional y transitoria por la “conexidad decretada respecto de la sentencia condenatoria proferida el 27 de abril de 2007 por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón-Antioquia, por los delitos de Homicidio agravado de María Bernarda Serna Sepúlveda, en concurso con Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, en hechos

ocurridos el 20 de octubre de 2002, radicado 05-756-31-04-001-2007-00005-00, suspendiéndose igualmente el efecto de la privación de la libertad respecto de la medida de aseguramiento impuesta”2

4. A través de la Resolución SAI-AI-D-JCP-0257-20203 de fecha 4 de marzo de 2020, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) resolvió: “PRIMERO. - CONCEDER el beneficio de amnistía de iure al señor LUIS CARLOS HERRERA ARANGO …, por los hechos que dieron origen a la conducta calificada jurídicamente como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, por la cual fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (Antioquia) dentro del radicado No. 05753-31-04-001-2007-00005-00… SEGUNDO. – DIFERIR los efectos de la amnistía de iure a la realización de la audiencia de imposición del régimen de condicionalidad… 1 JEP Expediente Legali Rad. No. 9005546-08.2019.0.00.0001 fls. 342 – 356. 2 Ibídem fls. 1.099 – 1120. 3 Ibidem, fls. 1.099 - 1120. 2 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO TERCERO. – DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS impuestas por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (Antioquia), al señor Luis Carlos Herrera Arango …, por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego dentro del radicado número 05753-31-04-001-2007-00005-00, así como todos sus efectos… CUARTO. – RESTITUIR los derechos políticos al señor Luis Carlos Herrera Arango … que fueron suspendidos con ocasión de las condenas impuestas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego dentro del radicado número 05753-31-04-001-2007-00005-00… (…) SEXTO. – CONCEDER LA LIBERTAD definitiva al señor Luis Carlos Herrera Arango … ÚNICAMENTE respecto de los hechos que dieron origen a la conducta calificada jurídicamente como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, por la cual fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón (Antioquia) dentro del radicado No. 11001-31-07-0007-2000-00101…”

5. Revisado el Sistema Legali de la JEP se observa que a través de la

Resolución SAI-AOI-T-JCP-0761-2020 del 16 de diciembre de 2020 la Sala de Amnistía o Indulto SAI ordenó suscribir el régimen de condicionalidad aportado por el señor LUIS CARLOS HERRERA ARANGO4.

6. Mediante Resolución SAI-AOI-RC-JCP-0125-2021 de fecha 22 de febrero de 2021, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) decidió: “PRIMERO. - ESTABLECER la calificación jurídica propia de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo dentro del proceso penal con radicado No. 05753-31-04-001-2007-00005-00, a la de homicidio en persona protegida de conformidad con el artículo 135 del Código Penal colombiano… SEGUNDO. – DECLARAR LA NO AMNISTIABILIDAD de la conducta recalificada por este Despacho como homicidio en persona protegida por la que fue condenado el señor Luis Carlos Herrera Arango … dentro del proceso penal con radicado No. 05753-31-04-001-200700005-00 adelantado ante el Juzgado Penal del Circuito de Sonsón

(Antioquia). 4 Ibidem, fls. 1.162 – 1.163. 3 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO TERCERO. - DECLARAR que la libertad condicionada concedida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (Antioquia) al señor Luis Carlos Herrera Arango … mediante decisión del 28 de junio de 2017, se mantendrá vigente hasta que se defina de manera definitiva su situación jurídica … CUARTO. – DECLARAR que el régimen de condicionalidad que fue impuesto al señor Luis Carlos Herrera Arango … el día 18 de diciembre de 2020 en la ciudad de Puerto Triunfo (Antioquia) en cumplimento de la Resolución SAI-AOI-A-JCP-0802 de 2019, subsume los compromisos asumidos en virtud de la Resolución SAI-AI-D-JCP-0257-2020 del 4 de marzo de 2020…”5

7. Por lo anterior, el 4 de junio de 2021 la SAI decidió remitir por competencia las diligencias relativas al proceso penal adelantado contra el señor LUIS CARLOS HERRERA ARANGO y radicado bajo el número 05753-31-04-001-2007-00005-00 a la SDSJ, correspondiéndole su estudio a este despacho.

III. CONSIDERACIONES

8. De conformidad con los artículos 28 (numeral 1°), 30 y 31 de la Ley

1820 de 2016, así como los literales a) y e) del artículo 84 de la Ley 1957 de 2019, corresponde a la SDSJ definir la situación jurídica de los comparecientes que no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la resolución de conclusiones, así como la de aquellos a quienes no les exigirían responsabilidades ante el Tribunal, por lo que corresponde a la suscrita magistrado como integrante de la SDSJ establecer si es competente para continuar con la actuación.

9. El estudio en esta decisión será abordado así: i) la competencia de la SDSJ frente a casos de las FARC remitidos por la SAI por delitos no amnistiables, ii) el caso No. 10 “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano” priorizado por la SRVR, iii) análisis del caso concreto y iv) otras determinaciones. 5 Ibidem, fls. 1.202 - 1222. 4 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO i) La competencia de la SDSJ frente a casos de las FARC remitidos por la SAI por delitos no amnistiables

10. El inciso 4° del artículo transitorio 66 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2017, estableció que en el marco de la justicia transicional el Congreso de la República podría mediante ley estatutaria determinar los criterios de selección que permitieran centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de los delitos de connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, así como establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena, la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas y “autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados“ 6. 6 Sobre la competencia de selección global en cabeza de la SRVR y la de selección individual de la SDSJ, la Corte Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018 indicó: “Aun cuando el Proyecto de Ley Estatutaria fijó la facultad de aplicar la decisión de selección a varias instancias de la jurisdicción, no se puede entender que dichas funciones de las diferentes instancias se pueden ejercer simultáneamente sobre las mismas situaciones, pues cada instancia lo debe hacer en el marco de sus competencias. Así las cosas, la competencia global de aplicación de la facultad de

selección conforme a los criterios constitucionales y estatutarios, es de la Sala de Reconocimiento. En una etapa posterior, para los hechos no seleccionados, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá la no selección en el caso concreto, y concederá los tratamientos penales especiales que correspondan. De esta manera, la SDSJ aplica la selección en cada caso individual, verificando el cumplimiento del régimen de condicionalidad sobre el universo de casos no seleccionados y remitido por la SRVR a la SDSJ. Así las cosas, y como se señaló, mientras que la competencia de selección de la SRVR es global y se da primero en el tiempo, la competencia de selección de la SDSJ es individual, y se da en un momento posterior a la decisión global de selección de la SRVR”. Por su parte la SA en la Sentencia TP-SA-RPP No. 230 de 2021 señaló: “65. La SRVR es la autoridad judicial a la que le fue asignada la competencia global de selección, por lo cual le corresponde ejercer dicha [sic] conforme a criterios como los indicados. Una vez decida que una persona susceptible de selección, por no ser máxima responsable, no será efectivamente seleccionada para juzgamiento o sanción, debe enviarla a la SDSJ para que esta decida si le es aplicable un mecanismo no sancionatorio de definición de la situación jurídica, incluyendo la renuncia a la persecución penal. No obstante, también la SDSJ cuenta con competencias de selección de segundo orden, las cuales recaen sobre un universo de individuos y hechos bajo condiciones diferentes, como pasa a mostrarse”. Y, respecto de la selección de segundo nivel que recae en la SDSJ en la misma decisión explicó: “66. En lo atinente a la primera modalidad de

renuncia a la persecución penal, la SDSJ está facultada para recibir al grupo de personas que, por no ser máximas responsables, no fueron seleccionadas por la SRVR. Es decir, aquellas involucradas en crímenes graves y representativos que, sin embargo, no detentan la máxima responsabilidad y tampoco fueron escogidas por otras razones. Le corresponde definir directamente su situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, tales como la renuncia a la persecución penal. No obstante, puede realizar un proceso de selección de segundo nivel y de alcance individual o colectivo frente a aquellos sujetos que, estando involucrados en crímenes internacionales, no reconocen verdad ni responsabilidad (lit. c y h, art. 84 LEJEP, y art. 28, num. 3, L 1820/16). En estos 5 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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11. Según lo dispuesto en el numeral 50 del punto 5.1.2. del AFP, el

artículo 847 de la Ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP -LEJEP-), los artículos 28, 30, 31 y 32 de la Ley 1820 de 2016 y el inciso 5º del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, corresponde a la SDSJ resolver la situación jurídica con carácter definitivo a determinados comparecientes cuando concurran los requisitos previstos en la normatividad y no constituyan crímenes o delitos de los señalados expresamente en el numeral 1º del artículo 45 de la LEJEP, así como por los numerales 1º y 2º del artículo 30 de la Ley 1820 de 2016.

12. La SAI ha sustentado la remisión de los casos a la SDSJ de los exintegrantes de las FARC para que se resuelva la situación jurídica en forma definitiva en que por la gravedad de las conductas cometidas no era procedente conceder amnistías o indultos y tampoco estaban priorizados por la SRVR.

13. En cuanto a la ruta que debían seguir los casos no amnistiables ni indultables, la SA en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 2019 sostuvo que la SAI debía remitir a la SRVR aquellos casos que se enmarcaran prima facie dentro de los casos priorizados.

140. En los eventos en que haya decidido acceder a la libertad condicionada corresponderá a la SAI, en la misma decisión y si cuenta con elementos para ello, declarar la no amnistiabilidad o indultabilidad del delito cuandoquiera que sea evidente que el

mismo se encuentra dentro de aquéllos enunciados en el literal a) del eventos, la SDSJ puede prescindir de la renuncia a la persecución penal y, en su lugar, remitir las diligencias a la UIA, con el fin de que esta “[i]nvestig[ue], y de existir mérito para ello, acus[e] ante el Tribunal para la Paz”. Si la Unidad no acusa, devolverá el asunto a la SDSJ o a la SAI. Estas, por su parte, deberán aplicar los mecanismos pertinentes de definición de la situación jurídica de carácter no sancionatorio (lit. e, art. 87 LEJEP), salvo que constaten un incumplimiento al régimen de condicionalidad que amerite la salida del compareciente del componente judicial del SIVJRNR sin beneficios”. 7 Al respecto, el literal a) del artículo 84 de la LEJEP establece que la SDSJ deberá “definir la situación jurídica de todos quienes hayan accedido a la JEP, en relación con dos supuestos: personas que no serán objeto de amnistía o indulto ni serán incluidas en la resolución de conclusiones, y aquellas personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal, por ser merecedoras de amnistía o indulto, en cuyo caso se remitirá a la Sala de Amnistía e Indulto”. Además, el literal e) del mismo artículo señala que deberá adoptar “las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de quienes no fueron amnistiados ni indultados, ni han sido objeto de resolución de conclusiones”. 6 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. Dicha declaración, además de constituir en la práctica, por no avocar conocimiento del trámite del beneficio definitivo, una negativa anticipada de la amnistía en relación con la conducta concernida –y como tal, susceptible de recursos independientes a los que puedan ejercerse contra la decisión relativa al beneficio provisional–, deberá acompañarse de una determinación en torno a si, dadas las particularidades del caso, deben o no imponerse condiciones especiales al ejercicio del beneficio provisional –sin perjuicio de que la SR decida ajustarlas en el futuro–(1) y de otra relativa al trámite procesal a seguir (2). […] 142. (2) En cuanto al trámite procesal a seguir debe advertirse que cuandoquiera que el caso analizado por la SAI se enmarque, prima facie, en alguno de los priorizados por la SRVR, el expediente deberá ser remitido a dicha sala para que decida sobre su integración al

mismo. En los casos no priorizados el expediente se dirigirá a la SDSJ para que, en los términos de la Senit 1 de 2019, adelante los trámites que le correspondan. En ambos casos copia electrónica de la providencia se enviará a la SR para los efectos de las competencias conferidas por los artículos 157 y 158 de la LEJEP en materia de supervisión de beneficios. […]

145. Finalmente, en relación con el denominado punto (vi) del procedimiento antes enunciado, la SA precisa que si en el marco de la decisión definitiva sobre la amnistía o el indulto la SAI concluye que, siendo de competencia de la jurisdicción, la conducta no es amnistiable o indultable, le corresponderá adoptar las determinaciones sobre el trámite procesal a seguir –que no son otras que las señaladas en materia de remisión para los casos en los que, de entrada, se advierte la no amnistiabilidad o no indultabilidad de la conducta–.

14. En aquellos casos en que por la gravedad o representatividad de los hechos no puede emitirse alguna de las resoluciones de definición no sancionatorias de la situación jurídica, la competencia de la SDSJ se limita al seguimiento del régimen de condicionalidad para preparar el camino del compareciente en la JEP, previendo que en algún momento se remitirá a la SRVR por tratarse de un caso que podría ser seleccionado y priorizado. En 7 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO relación con lo anterior, la SA en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019 afirmó:

186. Ante la SDSJ también pueden someterse o acogerse personas cuyos asuntos sean prima facie de obligada selección, bien porque a primera vista clasifican en un universo de supuestos previamente seleccionado y priorizado, o porque son de aquellos que pueden hacer parte de un conjunto de hipótesis que, debido a su aparente gravedad o representatividad, deben también ser seleccionados y priorizados en el futuro. En tales hipótesis resultaría, de antemano, objetivamente inviable proyectar alguna de las resoluciones de definición no sancionatoria de las situaciones jurídicas, como la renuncia a la persecución penal, la cesación de procedimiento o la preclusión transicional, entre otras del mismo género. Por tanto, cabe interrogarse si en esos supuestos desaparece la potestad de la SDSJ de reclamar un compromiso claro, concreto y programado de los comparecientes, o de los aspirantes a comparecer. Si no desaparece, ¿cuál sería, en esos eventos, su competencia para requerirlo y evaluar lo que se le presente con tal fin? En vista de que se trata de casos en

los que a primera vista resulta imperativa la selección, deben remitirse en algún momento futuro a la SRVR y, a partir de allí, continuar el curso de los trámites de no reconocimiento o de reconocimiento ante los órganos respectivos de la JEP. ¿Tendría la SDSJ atribuciones para requerir o examinar los compromisos que se presenten en la antesala de los procesos sancionatorios?

187. La respuesta a esta pregunta debe ser afirmativa, lo cual se justifica por los principios de (i) maximización de los fines de la selección, (ii) temporalidad y movilidad de la JEP, (iii) colaboración armónica entre los componentes del Sistema y, en particular, por (iv) las responsabilidades derivadas del régimen de condicionalidad. En virtud del primero de estos estándares, las normas del orden transicional deben interpretarse en el sentido de que procuren fortalecer los objetivos de la facultad de selección de casos. La selección de asuntos es una facultad que busca “centrar los esfuerzos” de los órganos nacionales de investigación, instrucción y juzgamiento en el procesamiento “de los máximos responsables” de delitos graves y representativos, tal como han sido definidos en el orden jurídico (CP art trans 66 y AL 1/17 art trans 7). Con la decisión de no seleccionar ciertas materias se liberan esfuerzos, energías de trabajo y recursos en la SRVR, la UIA y el Tribunal para la Paz, que podrían sustitutivamente usarse en impartir justicia sancionatoria en los casos seleccionados. Si en este contexto, además, la SAI y la SDSJ pueden reforzar esta empresa institucional sobre los asuntos seleccionados, indudablemente sus aportes incrementarían las

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO probabilidades de administrar justicia a los máximos responsables de las ofensas más serias. Existe por ello una razón poderosa para que la SDSJ ejecute tareas que avancen hacia los objetivos de los procesos de atribución de responsabilidades sancionatorias en la JEP, y es que de ello depende una mayor o menor garantía del derecho de las víctimas a la justicia.

15. Puede concluirse de lo expuesto que cuando los casos remitidos por la SAI por tratarse de delitos no amnistiables ni indultables sean priorizados por la SRVR, la SDSJ pierde la competencia para gestionar el régimen de condicionalidad de los comparecientes, pues corresponde a ese órgano de la JEP decidir si serán seleccionados o no como máximos responsables de las conductas más graves y representativas. La SDSJ solo estará facultada para resolver la situación jurídica en forma definitiva de quienes no sean seleccionados, de acuerdo con el literal a) del artículo 84 de la LEJEP y los

artículos 30 y 31 de la Ley 1820 de 2016. ii) Del caso No. 10 “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano” priorizado por la SRVR

16. Con el Auto SRVR No. 102 de 11 de julio de 2022 fue abierto el caso No. 108 e inició la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas9. Para tales efectos se tuvieron como base los informes presentados por entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil sobre hechos y conductas cometidos por 8 Respecto de los casos ya priorizados por la SRVR en los que se investigan hechos cometidos por las FARC – EP se encuentran: Caso No. 01 Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP,

(Auto SRVR No. 002 de 2018), Caso No. 02 Situación en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas del Departamento de Nariño (Auto SRVR No. 004 de 2018), Caso No. 04 Situación territorial de la región de Urabá (Auto SRVR No. 040 de 2018), Caso No. 05 Situación territorial Norte del Cauca en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales (Auto SRVR No. 078 de 2018), Caso No. 07 Reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado (Auto SRVR No. 029 de 2019), Caso No. 09 sobre crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y

Territorios Étnicos por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano (Auto SRVR No. 105 de 2022), Caso No. 11 violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado (Auto SRVR No. 103 de 2022). 9 JEP. Salas de Justicia. SRVR. Auto No. 102 de 2022. 9 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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LUIS CARLOS HERRERA ARANGO las FARC-EP y que no habían sido investigados en los casos abiertos por la SRVR.

17. Precisó la SRVR en el citado pronunciamiento que las conductas que serían investigadas en el Caso No. 10 comprenderán los hechos que no son materia de estudio en los casos territoriales ni en los priorizados, en los que hubieran estado incluidos los exintegrantes de las FARC -EP-. En relación

con los criterios o requisitos para que los hechos formen parte del macrocaso, se expusieron los siguientes:

1. Que el presunto autor sean [sic] las FARC-EP. ii. Que los hechos hayan ocurrido por fuera de los municipios priorizados en los Casos 02, 04, y 05. iii. Que los hechos estén por fuera del espectro de conductas analizadas en los Casos 01 y 07. iv. Que los hechos no sean de competencia del Caso 09 que decidió avocar conocimiento “sobre crímenes cometidos contra Pueblos y

Territorios Étnicos”10.

18. En lo referente al ámbito de competencia personal, expresa la decisión que abarcaría las conductas en las cuales hubieran participado exintegrantes de las FARC-EP11. Y, en lo que atañe al ámbito de competencia temporal, dijo que serían abordados los hechos ocurridos a partir de la Octava Conferencia Guerrillera de 1993 hasta el 1° de diciembre de 2016. Al respecto

señaló:

39. La competencia temporal. La competencia temporal de la JEP está definida, en su momento final, en el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y abarca las “conductas cometidas con anterioridad al 1o de diciembre de 2016”. La Sala, por consiguiente, examinará los hechos y conductas descritos en los informes, y las que 10 Ibid. Párr. 20. 11 Ibid. Sobre la calidad de exmiembro de las FARC -EPla SRVR en el párrafo 35 del Auto No. 102 de 2022 precisó: “De acuerdo con la normativa transicional, es posible probar la pertenencia o

colaboración a las FARC-EP a través de cualquiera de los siguientes supuestos: i) que exista una providencia judicial que condene, procese o investigue al compareciente por su pertenencia o colaboración con las FARC-EP; ii) que el compareciente haya sido acreditado como exmiembro de la guerrilla por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP); iii) que una sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP o iv) cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias dentro de los expedientes que la persona fue investigada o procesada por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP”. 10 bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

NÚMERO DE PROCESO: 9005546-08.2019.0.00.0001

LUIS CARLOS HERRERA ARANGO posteriormente puedan resultar de las investigaciones que se adelanten y cumplan con los criterios necesarios para su incorporación al caso, solamente hasta el primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). En cuanto a la fecha de inicio, si bien no se

adopta una fecha que determine el inicio de la competencia distinta a la legal, la Sala ha identificado que entre los comparecientes sometidos a la jurisdicción la gran mayoría solo fue parte de esta a partir de la década de los noventa, y entre los que tuvieron mando, este se configuró por lo general a partir de la Octava Conferencia Nacional Guerrillera de 199312.

19. Respecto de los hechos victimizantes que serán objeto de análisis en el Caso No. 10, se hizo referencia a aquellos que de acuerdo con los informes recibidos pudieron constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado13. En tal sentido, en el auto de apertura del caso la

SRVR indicó:

156. Los hechos que involucran asesinatos, masacres y desapariciones forzadas vulneran la integridad física y la vida de las víctimas directas del hecho, y les sobreviven familias vulneradas en la unidad de su hogar y proyecto de vida, afectada en su salud física, mental y emocional. Estas conductas tuvieron impactos sociales y relacionales para las familias que implicaron un cambio de roles en los miembros de la familia. Por ejemplo, cuando la víctima era el/la proveedor(a) del núcleo familiar, otra debió asumir este papel.

Asimismo, cuando la persona asesinada y/o desaparecida era una madre, otros integrantes de la familia (usualmente la hermana o hija adolescente) asumieron el rol de cuidadora y criadora. Estos hechos en comunidades campesinas y colonas produjeron la ruptura del

tejido social, pues en muchas ocasiones se señaló y estigmatizó a los familiares y/o vecinos de la(s) víctima(s), o como consecuencia del hecho se vieron llevadas al exilio y al desarraigo. En el caso de la desaparición forzada, las familias viven una sensación de zozob