JEP - Resolución SDSJ 1860 28 julio de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de 2023

Número de Expediente SAJ: 9001221-87.2019.0.00.0001.

Comparecientes: SLR. ® Miguel Alberto Castilla Navarro.

C.C. 1.065.594.471 SLR. ® Rafael David Almanza Castillo. C.C. 7.636.211. SLR. ® Edwin Barbosa Romero. C.C. 1.063.950.108. SLR. ® Rafael David Arias Maestre. C.C. 1.065.592.539. SLR. ® Víctor Alfonso Cabrera Miranda. C.C. 19.601.243. SLP. ® Ever Daniel Acosta Jaime. C.C. 1.065.586.567. SLP. ® Andrés Camilo Gonzales Mendivil. C.C. 73.183.499.

Situación Jurídica: Investigados - Libertad transitoria condicionada y anticipada.

Delito: Tortura y homicidio.

Víctimas: Adelmis Fuentes Torres.

Euclides Navarro Quintero.

Calidad de los comparecientes: Miembro del Ejército Nacional.

Fecha de reparto: 25 de enero de 2019.

Resolución 1860 de 2023

I. ASUNTO A RESOLVER 1 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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led aipoc se otnemucod etsE .592C23 ogidóc le y 1000.00.0.9102.78-1221009 osecorp le emrofni Procede el Despacho1 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) a pronunciarse sobre el sometimiento que presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los soldados profesionales en retiro Ever Daniel Acosta Jaime y Andrés Camilo Gonzales Mendivil, y los soldados regulares en retiro Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo, Edwin Barbosa Romero, Rafael David Arias Maestre y Víctor Alfonso Cabrera Miranda.

II. HECHOS

1. Los hechos fueron descritos por la Fiscalía 66 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en resolución de acusación proferida el 3 de enero de 2013 (proceso con radicado 2013 – 00247), así: En desarrollo de la Misión Táctica Faraón, integrantes del Pelotón Buitre 1

del Batallón Plan Especial Energético y Vial No 2 (Baev 2), el 14 de febrero de 2007 a las 10:00 p.m. en el sitio conocido como La Ye del Boquerón, jurisdicción del municipio La Jagua de Ibirico (Cesar), dieron muerte en presunto combate a dos hombres N.N. que luego fueron identificados como EUCLIDES NAVARRO RINCÓN y ADELMIS FUENTES TORRES, de quienes se dijo al parecer eran miembros de una banda delincuencial denominada Los Escopeteros y que pretendían cobrar una extorsión a un

finquero de la región. EL primero de los cadáveres de las víctimas fue hallado con signos de estrangulamiento en su cuello2.

III. DE LO ACTUADO EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PENAL

2. Los hechos fueron conocidos por la Fiscalía 66 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, autoridad que: i) en decisión del 14 de octubre de 20103 dio apertura a la instrucción; ii) con resolución del 8 de marzo de 2012 impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra

Ever Daniel Acosta Jaime y Andrés Camilo Gonzales Mendivil, Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo y Edwin Barbosa Romero4; iii) con resolución del 19 de junio de 2012 impuso medida de 1 Por decisión de Sala de septiembre 4 de 2019, se acordó que el estudio y la decisión de los beneficios penales espaciales a los miembros de fuerza pública estarán a cargo del despacho de conocimiento del Magistrado al que fue repartida la respectiva solicitud. 2 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 3. A folio 197. 3 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 2. A folio 64. 4 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 2. A folio 225. 2 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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aipoc se otnemucod etsE .592C23 ogidóc le y 1000.00.0.9102.78-1221009 osecorp le emrofni aseguramiento de detención preventiva a Víctor Alfonso Cabrera Miranda5 y Rafael David Arias Maestre; y iv) mediante auto del 3 de enero de 20136, dictó resolución de acusación contra los comparecientes como coautores de los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.

3. El asunto correspondió conocerlo al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, instancia en la que, con proveídos del 25 de octubre7 y 3 de noviembre8 de 2017, se les concedió libertad transitoria condicionada y anticipada a los implicados.

IV. DE LO ACTUADO EN LA JEP

4. Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo, Edwin Barbosa Romero y Ever Daniel Acosta Jaime suscribieron, el 19 de abril de 2017, las actas de sometimiento de consecutivo 3007349, 30073210, 30073311 y 30073012, respectivamente.

5. Rafael David Arias Maestre, Víctor Alfonso Cabrera Miranda y Andrés Camilo Gonzales Mendivil suscribieron, el 13 de julio de 2017, las actas de sometimiento de consecutivo 30132213, 30132114 y 30149015.

6. Reposa en el expediente los conceptos emitidos por la Secretaria Ejecutiva de la JEP los días 23 de junio16, 25 de septiembre17, 218, 1219 y 1320 de octubre, y 21

de noviembre de 201721, por medio de los que se certificó el cumplimiento de 5 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 3. A folio 44. 6 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 3. A folio 195. 7 Expediente Legali 9001221-87.2019.0.00.0001. A folio 1.978. 8 Ibídem. A folio 1.999. 9 Expediente Legali 9001221-87.2019.0.00.0001. A folio 1.895. 10 Ibídem. A folio 1.896. 11 Ibídem. A folio 1.897. 12 Ibídem. A folio 1.901. 13 Ibídem. A folio 1.898. 14 Ibídem. A folio 1.899. 15 Ibídem. A folio 1.902. 16 Ibídem. A folio 1.835. 17 Ibídem. A folio 1.839. 18 Ibídem. A folio 1.851. 19 Ibídem. A folio 1.861. 20 Ibídem. A folio 1.865. 21 Ibídem. A folio 1.871. 3 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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y 1000.00.0.9102.78-1221009 osecorp le emrofni requisitos, en el caso de los comparecientes, para acceder a los tratamientos penales especiales conforme con lo establecido en la Ley 1820 de 2016.

7. El asunto correspondió, por reparto, al suscrito magistrado. Por ello con resoluciones 164622 del 26 de abril; y, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 y 176523 del 30 de abril de 2019 se asumió el estudio del caso; se requirió a los comparecientes informar si en su contra se adelantan otros procesos penales, disciplinarios, fiscales o administrativos y para que de ser así allegara copia de las respectivas piezas procesales; así como también que presentaran una propuesta de régimen de condicionalidad en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y a la no repetición; y, se requirió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) con el objetivo de verificar la existencia de procesos contra los requirentes y adelantar labores que permitieran la ubicación y contacto de las víctimas relacionadas, e indagara si es interés de ellas concurrir ante la JEP.

8. En lo relacionado con las actividades desarrolladas en punto de lograr contacto con las víctimas sobrevivientes y consultar su interés de participar en el proceso transicional en calidad de intervinientes especiales, informó la UIA24 que Olga Navarro Quintero manifestó su intención de hacerse parte en las diligencias.

V. PRECISIONES INICIALES

9. De conformidad con los incisos 6° y 2º del artículo 48 de la Ley 1922 de 2017 corresponde al despacho desatar la competencia sobre los hechos que atan la comparecencia de los soldados profesionales en retiro Ever Daniel Acosta Jaime y Andrés Camilo Gonzales Mendivil, y los soldados regulares en retiro Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo, Edwin Barbosa Romero, Rafael David Arias Maestre y Víctor Alfonso Cabrera Miranda, e impartir las ordenes que permitan continuar la actuación al interior del componente jurisdiccional del SIVJRNR. 22 Ibídem. A folio 1.719. 23 Ibídem. A folios 1.733, 1.747, 1.761, 1.775, 1.904 y 1.916. 24 Informe del 1º de noviembre de 2019. Radicado Conti 20192000351103. 4 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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10. Bajo estas condiciones, se entrará a resolver el asunto con base en las siguientes premisas: i) la JEP como componente judicial del SIVJRNR y los factores que activan su competencia; ii) el análisis del caso bajo estudio con el

propósito de verificar la observancia de los referidos ámbitos competenciales y decidir, entonces, sobre el sometimiento de los requirentes, y de aceptarse; iii) dar continuidad al trámite atendiendo el marco normativo procesal transicional que regla la actividad de la SDSJ.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO i) De la Jurisdicción Especial para la Paz como componente judicial del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y sus factores de competencia

11. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en su punto 5.1., hace referencia al SIVJRNR, en cuyo numeral 5.1.2., acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz como el componente de justicia de dicho sistema, bajo la premisa de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, contribuyendo además al logro de una paz estable y duradera mediante la adopción de decisiones de fondo que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco de este25, siendo esta la misión encargada a la JEP conforme lo reglado por el artículo 13 de la Ley 1820 de 2016.

12. Con fundamento en lo establecido por el numeral 9º del punto 5.1.2., del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” suscrito entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP, la JEP es una Jurisdicción que ejerce

funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones de los Derechos Humanos. 25 Numeral 2 del punto 5.1.2. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 5 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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13. La asignación de jurisdicción26 y competencia en el contexto transicional, está relacionada con la prevalencia del principio de juez natural como garantía fundamental del Estado de Derecho. Esta garantía, demanda que el asunto que deba someterse a consideración de una autoridad judicial sea resuelto por el funcionario al que previamente se le suministró la facultad, autoridad o atribución para ello; es decir, “(…) a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto” (inciso 2 Art. 29 Carta Política).

14. Así, el principio de juez natural27 está íntimamente relacionado con el concepto de competencia, entendida esta como: “(…) la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la

determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc.)”28.

15. Las características son, entre otras, la de ser definida por la ley –legalidad, indelegable y de orden público “en razón a que se sustenta o fundamenta en principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés general”29, y dos, por la inmodificabilidad y la imperatividad; es decir, en cuanto no puede ser variada en el curso del proceso y es de observancia obligatoria e inderogable por voluntad de las partes30; en especial, estas calidades imponen el deber a las autoridades judiciales de remitir el asunto a la autoridad que sí es competente31.

16. La Jurisdicción Especial para la Paz, cuenta con parámetros definidos en cuanto a los asuntos que pueden ser de su competencia. Estos se establecieron desde el momento de suscripción del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP, y se 26 Según la Corte Constitucional, entendida por tal “…la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.)” Sentencia C-154 de 2004. 27 Tema desarrollado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en las siguientes decisiones: Resolución N° 45 de 27 de abril de 2018 (radicado ORFEO N° 20183320003223); Resolución

N° 53 de 15 de junio de 2018 (radicado ORFEO N° 20183350017003); Resolución N° 504 de 14 de junio de 2018 (radicado ORFEO N° 20183320016603); Resolución N° 669 de 29 de junio de 2018 (radicado ORFEO N° 20185350020523) y Resolución N° 727 de 5 de julio de 2018 (radicado ORFEO N° 20183320003223). 28 Corte Constitucional. Sentencia C-040 de 1997. 29 Ibídem, C-328 de 2015. 30 Ibídem. 31 Corte Constitucional. Sentencia C662/2004, reiterada en C807/2009. 6 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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17. Factor Temporal: El artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, en armonía con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley 1820 de 2016, establece

que la Jurisdicción Especial para la Paz, conocerá de manera preferente sobre las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.

18. Factor Personal: Relacionado con la calidad con que se concurre al proceso, fue resumido por la Sentencia C-007 de 201833, al establecer que los beneficiarios y destinatarios en el ámbito personal de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, solo podrán ser: - Los exmiembros de las FARC-EP - Los agentes del Estado, miembros de la fuerza pública. - Los agentes del Estado distintos a los integrantes de la fuerza pública. - Los terceros que tuvieron participación en el conflicto (colaboradores o financiadores). - Las personas que incurrieron en conductas punibles en el marco de protestas sociales o en disturbios públicos.

19. Factor Material: Este factor se refiere a los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, o hechos delictivos perpetrados en disturbios públicos o en la protesta social y los delitos comunes conexos con los anteriores. ii) De los ámbitos de competencia en el caso objeto de estudio 32 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-328 del 2015 advirtió “Los criterios o factores de competencia tienen como objetivo fundamental, definir cuál va a ser la autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la administración de justicia. En este contexto, de manera regular, la competencia se fija de acuerdo con los siguientes criterios o factores: (i) la naturaleza o materia del proceso

y la cuantía (factor objetivo); (ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); (iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional); (iv) el lugar o foro donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y (v) la competencia previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que con relación a un tema específico puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción).” 33 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018 numeral 544. 7 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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20. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde ahora abordar los factores de competencia de la JEP reseñados, pero analizados de acuerdo con lo probado en el trámite dentro del asunto objeto de estudio y los medios de convicción aportados.

21. Factor Personal: En lo que se refiere a la calidad de integrantes de la fuerza pública de los señores Ever Daniel Acosta Jaime y Andrés Camilo Gonzales

Mendivil, Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo,

Edwin Barbosa Romero, Rafael David Arias Maestre y Víctor Alfonso Cabrera Miranda para la fecha en que ocurrieron los hechos que son objeto de análisis, el 14 de febrero de 2007, huelga destacar que la vinculación de los requirentes al Ejército Nacional de Colombia se evidencia en la investigación que se sigue en su contra, pues su vinculación en la causa que se ha referido, deviene consecuencia de su condición de soldados regulares y profesionales en la institución castrense.

22. Emerge claro que para la época de ocurrencia de los hechos que son objeto de valoración, quienes se presentan a la JEP, ostentaban la calidad de integrantes de la fuerza pública, en correspondencia con los grados que se menciona a lo largo de esta decisión. En especificó, se sabe que estaban adscritos al Batallón

Especial Energético y Vial No 2. Quiere decir esto que están probadas las condiciones personales que habilitan el ejercicio jurisdiccional de la JEP y competencial de la SDSJ para conocer del asunto.

23. Factor Temporal: En cuanto a la fecha de ocurrencia de los hechos, de acuerdo con la información allegada al procedimiento transicional se sabe que ocurrieron el 14 de febrero de 2007, esto es, en tiempo anterior a la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Consolidación de una Paz Estable y Duradera celebrado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – FARC – EP, firmado el 1 de diciembre de 2016.

24. Factor Material: Resta entonces, verificar sí el marco fáctico que se presenta para estudio de esta Sala, significa conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

8 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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25. Al efecto, es importante recordar que, para definir la competencia está dado un amplio margen de aplicación e interpretación que permite a esta Corporación analizar y estudiar distintas posiciones, sin que, en razón de ello, este deje de ser un estudio estricto prima facie34 centrado en la relación del hecho concreto con el conflicto armado interno.

26. En esta línea, la SDSJ de manera constante ha considerado que la citada relación con el conflicto está definida, más allá del contexto de las hostilidades y los enfrentamientos de los actores armados, también y de conformidad con lo previsto por tribunales internacionales, por el papel fundamental que el conflicto jugó en: (…) la habilidad del perpetrador para cometerlo, en su decisión de cometerlo, en la manera en la que se comete o el propósito para el que fue cometido. Así, si se puede establecer, como en el presente caso, que el perpetrador actuó en promoción o bajo la apariencia del conflicto armado, será suficiente que sus actos están relacionados de manera cercana con el conflicto armado 35.

27. En igual forma, en el artículo transitorio 23 del Acto Legislativo 01 de 2017,

se indica que a fin de verificar el vínculo entre los hechos delictivos y el conflicto armado, debe tenerse en cuenta que el conflicto haya influido en el autor, participe o encubridor de la conducta punible, lo que implica que por razón de este, el perpetrador haya: adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta (capacidad); determinando su disposición para cometerla (decisión); abierto la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumar la conducta (modalidad); e incidido en la selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito (selección).

28. En relación con estos hechos, en curso de la investigación ordinaria, sostuvo la Fiscalía 66 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que: 34 Decreto 1269 de 2017, parágrafo del artículo 2.2.5.5.2.1. “Cuando se haya determinado prima facie, que el delito ha sido cometido por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado interno para efectos de decidir sobre alguno de los beneficios de la ley 1920 de 2016 (…)” 35 Jurisdicción Especial para la Paz - Sala Definición Situaciones Jurídicas. Resolución 38 de abril 23 de 2018.

Radicado 10-000022-2018. Cita de la TPIY. Sala de Juzgamiento. Decisión sobre la apelación interlocutoria de jurisdicción en el caso del Fiscal vs. Dusko Tadić, 2 de octubre de 1995, párr. 6870 e Id. Página 59. 9 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth

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natural y se apreciaba a simple vista un acomodo artificial de los cadáveres, además, notaron que las armas halladas en posesión de los cadáveres habían sido puestas en la escena porque no estaban en una posición que indicara que eran portadas por los occisos. Así lo indicó bajo juramento el funcionario del C.T.I. Pedro Elías Martínez Recuérdese además que pese a que los cadáveres fueron encontrados a 600 metros del casco urbano de La Jagua de Ibirico, se ha indicado que realmente los homicidios fueron cometidos apenas en las afueras del pueblo, donde aún habían casas de gente que oyó el clamor de las víctimas ante sus torturadores y posteriores homicidas, en la esquina más distal de la cancha deportiva. Ello corrobora la tesis de que los cuerpos fueron movidos. Diáfana resulta entonces la conclusión de que todo el pelotón militar, de tan sólo 9 hombres, de una u otra forma debió participar en la falsa escenificación, y si ello ocurrió así, es porque todos compartían el mismo fin ilícito36. (…) Aunque se dijo que las víctimas de este caso eran miembros de la banda Los Escopeteros y que esta banda extorsionaba y hurtaba. (auqneu como quedo visto no se pudo probar la existencia de esa banda criminal), el supuesto trabajo ilicito que, según veremos, presuntamente realizarían EUCLIDES y 36 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 3. A folio 214. 10 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe

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29. Conforme con lo expuesto, y teniendo en cuenta que la etapa procesal que cursa este trámite, el análisis que hace el despacho con respecto al nexo causal de la conducta con el conflicto armado no internacional colombiano debe darse en un nivel de intensidad leve38. En ese marco de referencia probatorio, es claro, que se trata de conductas que se encuentran en el marco competencial material de la JEP, en concordia con la conceptualización que a propósito se realizó anteriormente.

30. Dicha conducta, en la que habrían participado Ever Daniel Acosta Jaime,

Andrés Camilo Gonzales Mendivil, Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo, Edwin Barbosa Romero, Rafael David Arias Maestre y Víctor Alfonso Cabrera Miranda se aprecian, prima facie, pudieron constituir ejecuciones extrajudiciales39.

31. En la materia, la Corte Suprema de Justicia en el estudio de este tipo de escenarios, en los que se juzga la muerte de civiles presentadas por efectivos de la fuerza pública como resultados de supuestos contacto armado con grupos organizados, ha sostenido que se encuentran íntimamente vinculados con el

conflicto armado interno, en el entendido que la existencia de esta atmósfera de guerra fue necesaria para que hubieran ocurrido40. 37 Radicado 2013 – 00247 – Cuaderno No. 3. A folio 221. 38 Tribunal para la Paz - Sección de Apelación. Auto TP-SA 643 de 2020. “19. El análisis del factor material varía en intensidad, en función de los elementos probatorios disponibles y de la etapa procesal en esta Jurisdicción. Así, cuando se trata de definir la competencia de la JEP, debe existir un material probatorio mínimo y el nivel de intensidad en el examen del factor material es bajo o leve. En este momento inicial, los elementos de prueba, pese a que no sean completos, deben habilitar, siquiera, una inferencia razonable en el sentido de que el delito tiene algún vínculo con el conflicto armado interno.” (Subrayas fuera del texto original). 39 A/HRC/22/17/Add.3. Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Año 2012. Párrafo 46. Las Naciones Unidas utilizan el término "ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias" para incluir una amplia gama de violaciones del derecho a la vida, entre ellas, aunque no exclusivamente, los "falsos positivos". No existe una definición técnica común de falsos positivos. Se conoce como "falsos positivos" los asesinatos de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate (N. del T.). 40 Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, Radicado 36.460. Magistrada Ponente: María del Rosario González Muñoz, agosto veintiocho (28) de dos mil trece (2013).

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32. Determinados entonces los ámbitos competenciales, conforme con el inciso 6º del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, se aceptará el sometimiento presentado

por Ever Daniel Acosta Jaime, Andrés Camilo Gonzales Mendivil, Miguel Alberto Castilla Navarro, Rafael David Almanza Castillo, Edwin Barbosa Romero, Rafael David Arias Maestre y Víctor Alfonso Cabrera Miranda ante la JEP. Con respecto a la investigación 2013 – 00247 por hechos ocurridos el 14 de febrero de 2003 en el municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar). iii) De la continuidad del trámite en la SDSJ. Sobre la privación de la libertad de los comparecientes

33. Desde la Sentencia Interpretativa (SENIT) 1 de 2019, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz resaltó la necesidad de diferenciar la “afectación jurídica de la libertad”, de su “materialización efectiva” que comporta la “aprehensión física”41, pues si bien puede encontrarse un compareciente en libertad y someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, su proceso ante la justicia

ordinaria comporta un riesgo latente de afectación de sus derechos fundamentales42.

34. Lo anterior, se traduce en la existencia de dos planos de análisis que, en principio, no se pueden mezclar o coexistir43: (i) los beneficios y subrogados que se estudian y conceden por la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de sus funciones44 y; (ii) los tratamientos penales especiales que la normativa transicional previó y que sólo puede conceder la Jurisdicción Especial para la Paz.

35. Así al estudiar la competencia que le asiste para conocer de los procesos penales adelantados en contra de sus comparecientes, la JEP está obligada a verificar la procedencia de conceder en su favor, beneficios de carácter transicional transitorios; esto es, aquellos contemplados en las leyes 1820 de 2016 y 1957 de 2019, así como el Decreto Ley 706 de 2017; según corresponda en cada caso, pues: 41 Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. SENIT 1 de 2019. Párrafo No. 50. 42 Ibidem. Párrafo No. 51. 43 Sección de Apelación del Tribunal para la Paz. Auto TP-SA 962 de 2021.párrafo No. 17.1. 44 Artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016; y artículos 365 y 366 de la Ley 600 de 2000. 12 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp et