MINMINAS - Resolución 40579 de 2026

4ï Ministerio de Minas y Energía 40579 DERESOLUCIÓN NÚMERO (22 00T 2026 ) Porla cual se derogan las resoluciones mediante las cuales se delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva y se dictan otras disposiciones LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las dispuestas en el artículo 208 de la Constitución Política, el numeral 3 del artículo 59 y el literal c) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y los artículos 2 y 5 del Decreto 381 de 2012, y CONSIDERANDO Queel artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son jefes de la administración en su respectiva dependencia y les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho. Quelos artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998, así comolos artículos 2, 5, 11, 12 y 13 del Decreto 381 de 2012 y sus modificaciones asignan al Ministerio de Minas y Energía competencias relacionadas con la formulación, adopción, dirección y coordinación de la política pública del sector minero. Que la competencia para formular la política sectorial es de ejercicio permanente y no se agota con la expedición de un acto administrativo determinado, de manera que la autoridad competente conserva la potestad de revisar los instrumentos adoptados y de modificarlos y ajustarlos cuando las razones de

mérito, conveniencia y oportunidad que les sirvieron de fundamento han variado, se han desvirtuado o resultan insuficientes para alcanzar los fines perseguidos. Que, de manera particular, el Decreto 381 de 2012 y sus modificaciones atribuye al Ministerio de Minas y Energía, al Viceministerio de Minas y a sus dependencias, entre otras, funciones relacionadas con la formulación y desarrollo de la política nacional para la formalización minera, la promación y desarrollo de la minería empresarial, la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector, la identificación de problemáticas con las entidades del orden nacional y territorial y la coordinación de acciones para su atención. En consecuencia, el ejercicio de estas competencias no se encuentra condicionado a la existencia de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Que, en aplicación del principio según el cual en derecho las cosas se deshacen como se hacen (contrarius actus), la autoridad que expide un acto administrativo de carácter general es competente para modificarlo, adicionarlo o derogarlo mediante un acto de la misma naturaleza y jerarquía, siempre que conserve la competencia sobre la materia. Que la derogatoria de los actos administrativos de carácter general constituye una potestad propia, permanente y discrecional de la autoridad que los expidió, como lo tiene decantado el Consejo de Estado, para el cual «La Derogatoria es la abolición de un acto administrativo por decisión unilateral y discrecional de la autoridad u organismo que lo expidió», que procede «por razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad discrecional de la administración» (Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2012, Consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, radicación número 68001-23-31-000-200401511-01, expediente 0825-09). Asímismo, ha precisado que para su adopción no se requiere «nada más que la voluntad de la administración» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2014, Consejero ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación número 76001-23-31-000-1998-01093-01, expediente 31297).1 L [0 5 7 9 Ministerio de 2 2 0cT 2026Minas y Energía Que en ejercicio de dicha potestad, y teniendo en cuenta que las resoluciones de delimitación de los Distritos Mineros Especiales de Diversificación Productiva objeto de derogatoria fueron expedidas por el Ministerio de Minas y Energía en ejercicio de sus competencias, corresponde a esta entidad retirarlas del ordenamiento jurídico, de acuerdo con los fundamentos que se desarrollan en los considerandos siguientes. Que los actos administrativos de contenido general no crean por sí mismos situaciones jurídicas individuales, concretas y consolidadas, razón por la cual su derogatoria no requiere el consentimiento de los administrados ni comporta desconocimiento de derechos adquiridos, pues de tales actos solo se derivan meras expectativas asociadas a su eventual implementación. Que la derogatoria por razones de conveniencia y oportunidad se distingue de la revocatoria directa

fundada en la contrariedad del acto con el ordenamiento jurídico y del control de legalidad que compete privativamente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; la primera constituye un juicio de mérito sobre la aptitud del instrumento para realizar el interés público y no comporta reproche alguno sobre su validez. Que, en consecuencia, la presente decisión no comporta juicio alguno sobre la validez de las resoluciones que se derogan, ni sobre la del artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 o la del Decreto 977 de 2024, y no afecta la competencia del juez contencioso administrativo para pronunciarse sobre la legalidad de dichos actos, ni sobre los efectos producidos durante su vigencia. Que, no obstante, al tratarse de un juicio de mérito, el deber de motivación que se desprende del artículo 209 de la Constitución Política y del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 impone a la Administración exponer de manera expresa, cierta y verificable las razones de conveniencia y oportunidad en que se funda la decisión, las cuales se consignan en la presente resolución y se desarrollan con mayor detalle en la memoria justificativa. Que el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20222026 'Colombia, potencia mundial de la vida'”, creó los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, como "un instrumento de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional para alcanzar la sustentabilidad de las regiones donde se desarrollan operaciones y

proyectos mineros (...)". Igualmente, la norma establece en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, o en quien este delegue, la competencia para delimitar estos Distritos en todo el territorio nacional. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 977 del 2 de agosto de 2024, por el cual se reglamenta el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 y se adiciona el Capítulo 12, al Título V, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1073 de 2015, en relación con la identificación, priorización, delimitación e implementación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. Que los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva no se limitan a coordinar políticas sectoriales, sino que se orientan, entre otros aspectos, a transformarla estructura productiva de las regiones con actividad minera, a promover alternativas económicas y a adelantar procesos de reconversión laboral encaminados a la sustitución progresiva de dicha actividad. Decisiones de esta naturaleza inciden en la vocación productiva de las comunidades, en la disponibilidad de las rentas, regalías y contraprestaciones que sostienen la economía local y contribuyen a las finanzas nacionales, en el derecho al trabajo y en la libertad de escoger profesión u oficio reconocidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política, y demandan una articulación con los instrumentos locales de ordenamiento territorial que las resoluciones que se derogan no previeron. Que un instrumento cuyo efecto es la sustitución progresiva de la actividad que hoy sostiene la economía de los territorios delimitados exige, como presupuesto de conveniencia, la acreditación

previa de alternativas productivas ciertas, financiables y técnicamente viables, así como la concertación con las entidades territoriales en cuyo ámbito ha de aplicarse, condiciones que no se verifican en el presente caso. Que, con fundamento en las normas referidas, este Ministerio expidió las resoluciones relacionadas en el artículo 1 de la presente resolución, mediante las cuales declaró y delimitó quince (15) Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva en diversas regiones del país, así: Página 2 de 9 Qu40579 [9 Miniterio de 22 OCT 2026 Minas y Energía N.° Acto administrativo Distrito Minero Especial para la Departamento Diversificación Productiva 1 Resolución 40436 del 18 de Distrito Agrominero y Pesquero de Antioquia octubre de 2024, sustituida la Subregión del Bajo Cauca por la Resolución 40577 del Antioqueño 28 de noviembre de 2025 2 Resolución 40143 de 2025 Distrito Minero Especial Triángulo Nariño de Telembí 3 Resolución 40142 de 2026 Distrito Minero Especial Cordillera Nariño Nariñense 4 Resolución 40180 del 30 de Distrito Minero Especial Nariño marzo de 2026 Noroccidente Nariñense 5 Resolución 40189 de 2026 Distrito Minero Especial San Juan Chocó Chocó 6 Resolución 40321 de 2026 Distrito Minero Especial Huila Huila 7 Resolución 40236 de 2026 Distrito Minero Especial Valle del Valle del Cauca

Cauca 8 Resolución 40251 de 2026 Distrito Minero Especial Sugamuxi Boyacá Tundama 9 Resolución 40351 de 2026 Distrito Minero Especial Sur de Córdoba Córdoba 10 Resolución 40406 de 2026 Distrito Minero Especial La Guajira La Guajira 11 Resolución 40188 de 2026 Distrito Minero Especial Litoral Pacífico Pacífico 12 Resolución 40184 de 2026 Distrito Minero Especial Norte del Cauca Cauca 13 Resolución 40407 de 2026 Distrito Minero Especial del Cesar Corredor de Vida del Cesar Distrito Minero Especial de Santander 1 (Catatumbo y Área Metropolitana) Distrito Minero Especial de Santander 2 (Sur) 14 Resolución 40322 de 2026 Norte de Santander 15 Resolución 40344 de 2026 Norte de Santander Que la extensión conjunta de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva delimitados asciende a no menos de 5.340.192 hectáreas, equivalentes a 53.402 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Que este Ministerio adelantó la evaluación de la delimitación de la figura y de sus efectos juridicos, económicos y territoriales, cuyos resultados constan en la memoria justificativa que acompaña la presente decisión y sustentan el juicio de conveniencia y oportunidad que a continuación se expone. Que, transcurridos más de dos años desde la delimitación del primer Distrito Minero Especial para la

Diversificación Productiva, no se pueden acreditar resultados verificables en materia de diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización ni mejoramiento de las condiciones de vida en los áreas delimitadas, que deriven de la implementación de dicha estrategia. Que, de manera particular, respecto del Distrito Agrominero y Pesquero de la Subregión del Bajo Cauca Antioqueño, este Ministerio reconoce que, con posterioridad a su delimitación, se adelantaron actuaciones relacionadas con participación, consulta previa con comunidades indígenas y comunidades negras, así como articulación institucional. Estas actuaciones hacen parte de los antecedentes considerados para la presente decisión y no son desconocidas por efecto de la derogatoria de la delimitación, sín perjuicio de la naturaleza y alcance jurídico que corresponda a cada una de ellas. - Que, respecto del Distrito Minero Especial del Norte del Cauca, este Ministerio reconoce que se desarrollaron procesos de participación y consulta previa con comunidades indígenas y consejos comunitarios, en cuyo marco se cuenta con acuerdos protocolizados, así como, con actuaciones de articulación institucional relacionadas con las dinámicas mineras, ambientales y productivas del territorio. Estos antecedentes son considerados en la presente decisión y la derogatoria de la delimitación no tiene por objeto desconocer los compromisos que, de acuerdo con su naturaleza y Página3 de 9140579 titterio de 22 OCT 2026 Minas y Energía fundamento juridico, resulten exigibles ni las actuaciones que cuenten con fundamento jurídico

autónomo. Que un instrumento de planificación que impone cargas a sus destinatarios siín desplegar los componentes de gestión que justificaban su adopción resulta inconveniente, en tanto genera costos inciertos y beneficios que no se han materializado. Quela expansión acelerada de la delimitación, reflejada en que catorce (14) de los quince (15) Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva fueron declarados en el curso del año 2026, no estuvo acompañada de un fortalecimiento institucional equivalente, lo que compromete la viabilidad práctica de la delimitación de los Distritos y aconseja su reconsideración. Quelos fines asignados alos Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva comportan la orientación de la vocación productiva y del modelo de desarrollo de los territorios delimitados y la definición de estrategias de transformación territorial que por sus efectos materiales se relaciona estrechamente con los instrumentos de ordenamiento territorial cuya adopción corresponde a los concejos municipales conforme al numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política y a los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 1997 y sus modificaciones. Que dicha distribución constitucional y legal de competencias no desconoce las atribuciones de la Nación para formular y dirigir la política minera ni la propiedad estatal sobre el subsuelo y de los recursos naturales no renovables, síno que exige que las decisiones sectoriales con incidencia territorial Se adopten de manera armónica y coordinada con las competencias constitucionalmente asignadas a las entidades territoriales, sín que un instrumento de política sectorial pueda sustituir las

determinaciones propias de los instrumentos de ordenamiento territorial, ni estos últimos excluir el ejercicio de las competencias que la Constitución y la ley reservan a la Nación sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables. Que las resoluciones que se derogan no previeron fórmulas expresas de armonización, coordinación y concurrencia con los planes de ordenamiento territorial vigentes en las áreas objeto de delimitación, ni reglas de solución de superposiciones, lo que genera confusión en la aplicabilidad de instrumentos, incertidumbre sobre el régimen aplicable en un mismo ámbito espacial y costos de transacción para administrados y autoridades locales. Que resulta coherente con el interés general que un instrumento de esta naturaleza se construya con la participación y el concurso de las entidades territoriales, y no de manera paralela a sus competencias de planeación, particularmente cuando sus medidas puedan tener incidencia sobre las dinámicas económicas, sociales y productivas de los territorios delimitados. Que los actos que se derogan no fijaron extensión máxima, criterios objetivos de proporcionalidad, reglas de modificación o levantamiento de las delimitaciones, regímenes de transición para los proyectos en curso, mecanismos de compensación ni términos de vigencia. Que las resoluciones que se derogan no precisaron sí la delimitación adoptada tiene carácter definitivo o sí puede ser ampliada o modificada durante su vigencia. Esta omisión admite dos lecturas, y ninguna de ellas ofrece a los destinatarios de la medida un marco cierto para adoptar decisiones que comprometen recursos durante períodos prolongados. Que bajo la primera lectura, sí la delimitación se entiende definitiva e inmodificable, los titulares mineros

y los solicitantes de contratos de concesión ubicados dentro del polígono quedan sujetos a un horizonte de reconversión productiva cuyo alcance, plazo y consecuencias no fueron determinados, lo que compromete situaciones jurídicas consolidadas e impide proyectar inversiones de mediano y largo plazo y desestimula el emprendimiento de nuevos proyectos en el área declarada. Que, bajo la segunda lectura, sí se admite que la delimitación puede ampliarse o modificarse en cualquier tiempo por decisión de la administración, la incertidumbre se extiende a las áreas no comprendidas en el polígono, pues cualquier proyecto resulta potencialmente alcanzable por una declaratoria futura. Que en uno y otro escenario, el instrumento produce un efecto disuasorio sobre las decisiones de inversión que no guarda relación con los fines de diversificación productiva que persigue, y que habría Página 4 de 9 Cua40579 aa 22 0CT 2086 Minas y Energía podido evitarse mediante la fijación expresa de la vigencia de la delimitación y de las reglas para su modificación. Que la superposición sobreviniente de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva sobre áreas amparadas por títulos mineros vigentes, solicitudes de contrato de concesión en trámite y proyectos en fase de exploración o de construcción y montaje introdujo un factor de incertidumbre sobre la continuidad de las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los derechos emanados de la concesión, en los términos del artículo 46 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Que varias de las resoluciones que se derogan previeron expresamente la posibilidad de extender la

delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva a municipios aledaños, lo que proyectó la incertidumbre más allá de los ámbitos delimitados y comprometió la seguridad jurídica de los titulares y solicitantes mineros ubicados en las zonas vecinas. Que los procesos de reconversión productiva y laboral asociados a los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva inciden en la vocación productiva de las comunidades, en el empleo y en la disponibilidad de las rentas, regalías y contraprestaciones que sostienen las finanzas de la Nación y la economía local, sín que se hubieren acreditado alternativas productivas ciertas, financiables, técnicamente viables y verificables que sustituyan las fuentes de ingreso existentes en los ámbitos delimitados, Que la adopción de medidas orientadas a la sustitución de una actividad económica sín asegurar de manera previa y comprobable su reemplazo no consulta el interés de las poblaciones destinatarias y compromete el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio reconocidos en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política, así como, el deber de planificación del aprovechamiento de los recursos naturales previsto en el artículo 80 superior. Que la incertidumbre derivada de las delimitaciones efectuadas puede incidir negativamente sobre la actividad de exploración minera y, por esa vía, sobre el conocimiento geológico del territorio nacional, sobrela identificación de minerales estratégicos y sobre las regalías y contraprestaciones económicas

que, conforme a los artículos 332, 360 y 361 de la Constitución Política, se destinan a la inversión en las regiones productoras. Que tales efectos resultan incompatibles con el objetivo de interés público de fomentar la exploración y explotación de los recursos mineros dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible, consagrado en el artículo 1 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Que sobre loas ámbitos territoriales delimitados concurren instrumentos de restricción o condicionamiento adoptados por distintas autoridades del orden nacional, sín reglas de prelación ni mecanismos de solución de superposiciones, de suerte que la carga regulatoria acumulada sobre un mismo territorio excede lo necesario para alcanzar los fines perseguidos por cada instrumento considerado aisladamente. Que ponderados los resultados efectivamente alcanzados por los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva frente a las cargas que su aplicación ha impuesto a la Administración y a los administrados, este Ministerio concluye que la delimitación adoptada, en su configuración actual, no constituye el medio idóneo para realizar los fines previstos en el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026). Que siendo la eficacia y la economía principios rectores de la función administrativa conforme al artículo 209 de la Constitución Política y al artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, el mantenimiento de un instrumento cuyos costos no se ven compensados por sus resultados no consulta el interés público, de suerte que su derogatoria por razones de conveniencia y oportunidad se impone comola decisión

que mejor sirve a dicho interés. Que la minería constituye un eje de la estructura productiva nacional que provee recursos fiscales, regalías, empleo formal, encadenamientos productivos y materias primas esenciales para la transformación industrial, y que su aporte no se agota en la extracción, síno que se proyecta sobre las cadenas de valor que abastece y sobre las economías locales que sostiene. Página 5 de 9 Un40579 vibilinio de 22 OCT 2026 Minas y Energía Que, la actividad minera no se opone a la diversificación productiva ni a la industrialización de los territorios, sino que constituye uno de sus soportes, en la medida en que la ampliación de la base económica de las regiones mineras se logra mediante la integración de esta actividad con las demás y no mediante su sustitución, en desarrollo del deber de dirección general de la economía que el artículo 334 de la Constitución Política radica en el Estado. Que el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, en los términos de los artículos 332 y 360 de la Constitución Política, debe planificarse conforme al mandato del artículo 80 superior y al concepto integral de desarrollo sostenible consagrado en el artículo 1 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), de manera que el conocimiento y el uso responsable del subsuelo sirvan de soporte, y no de obstáculo, a los procesos de industrialización y diversificación que el país requiere. Que acorde conla libertad de empresa y la iniciativa privada reconocidas en el artículo 333 de la

Constitución Politica, una política pública eficaz no puede operar como mecanismo de exclusión de una actividad económica lícita, sino como instrumento de integración estratégica y promación de las distintas actividades productivas, orientado al crecimiento sostenible, al mejoramiento de la calidad de vida y a la ampliación progresiva del acceso efectivo a bienes y servicios esenciales, en consonancia con los principios de igualdad, eficiencia, solidaridad y prevalencia del interés general. Que la diversificación productiva perseguida por el artículo 231 de la Ley 2294 de 2023 admite ser realizada mediante instrumentos que amplíen la base económica de los territorios mineros sín comprometer la actividad que hoy los sostiene, alternativa que las resoluciones que se derogan no contemplaron, pues su diseño se orienta de manera predominante a la reconversión productiva y laboral y al abandono progresivo de la minería. Que, por lo anterior, este Ministerio considera necesario derogar las delimitaciones adoptadas, de modo que las políticas públicas del sector minero respondan a criterios de diversificación productiva, complementariedad sectorial y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo. Que este Ministerio continuará adelantando, en los ámbitos anteriormente mencionados, las acciones de formalización minera, asistencia técnica, fortalecimiento asociativo y articulación institucional que se ejecutan con fundamento en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y en las demás disposiciones vigentes, las cuales no dependen de la existencia de la delimitación que por este acto se deroga.

Que la derogatoria de las delimitaciones de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva no implica el cese, limitación o abandono del ejercicio de las competencias ordinarias atribuidas al Ministerio de Minas y Energía en materia minera. Por el contrario, las funciones de formulación, adopción, dirección y coordinación de la política nacional del sector minero, así como aquellas relacionadas con la promoción y desarrollo de la minería empresarial, la formalización minera, la asistencia técnica y la articulación institucional, continúan siíendo ejercidas por este Ministerio en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido asignadas, particularmente las previstas en el Decreto 381 de 2012 y sus modificaciones. Que, en consecuencia, la derogatoria de las delimitaciones constituye una decisión circunscrita al instrumento específico de planificación sectorial objeto del presente acto y no supone la terminación de las acciones de política pública minera que este Ministerio desarrolla en los territorios anteriormente comprendidos en los Distritos. Tales acciones continuarán adelantándose, según corresponda, mediante los instrumentos, programas, proyectos, mecanismos de coordinación y demás herramientas jurídicas y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, de conformidad con las competencias de cada autoridad y atendiendo las particularidades de los territorios. Que los insumos, diagnósticos, actuaciones y resultados obtenidos durante los procesos de participación, articulación institucional y demás espacios desarrollados en el marco de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva constituyen elementos relevantes para la

orientación de las actuaciones posteriores de las autoridades competentes, sín que su consideración implique la permanencia de las delimitaciones que por medio del presente acto se derogan ni la creación de obligaciones distintas de aquellas que tengan fundamento en la Constitución, la ley o los actos administrativos que resulten jurídicamente aplicables. Página6 de 9 OL —40579 milicos 22 0CT 206 Minas y Energía Que la continuidad del ejercicio de las competencias del Ministerio de Minas y Energía deberá desarrollarse en observancia de la distribución constitucional y legal de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. En tal sentido, las actuaciones de política minera con incidencia territorial deberán propender por la articulación, coordinación y concurrencia con las autoridades territoriales competentes y con los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial que resulten aplicables, sin que ello implique desconocer las competencias que corresponden a la Nación en materia de formulación y dirección de la política minera y administración de los recursos naturales del subsuelo. Que se elaboró la memoria justificativa de que tratan los artículos 2.1.2.3.2 y 2.1.2.3.3 del Decreto 385 de 2026 el cual sustituyó el Título 2, Parte 1, Libro 2. Decreto 1081 de 2015, en la cual se documentan los fundamentos técnicos y económicos del juicio de conveniencia y oportunidad expuesto en la presente resolución. Que la delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva no ha desplegado los componentes de gestión, comoquiera que los Planes Estratégicos de Gestión no

terminaron de ser formulados, aprobados, ni adoptados, por lo que se evidenció que las resoluciones objeto de derogatoria, por sí mismas, no han consolidado situaciones jurídicas individuales y concretas, sin perjuicio, de los efectos jurídicos propios que correspondan a las actuaciones, instrumentos, compromisos u obligaciones que cuenten con fundamento jurídico autónomo público o privado derivados, entre otras, de las actuaciones de participación, consulta previa, articulación institucional y construcción o protocolización de acuerdos adelantados en determinados territorios. Que los derechos emanados de los títulos mineros vigentes y las sítuaciones jurídicas derivadas de las solicitudes de contrato de concesión en trámite permanecen incólumes y continúan rigiéndose por la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y las demás normas que los regulan; antes que afectarlos, la presente derogatoria remueve el factor de incertidumbre que las delimitaciones proyectaban sobre ellos. Que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, al pronunciarse sobre la procedencia de la consulta previa respecto de cada una de las resoluciones de delimitación que por este acto se derogan, determinó que la delimitación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva no comporta, por sí misma, afectación directa de las comunidades étnicas, la cual solo podría concretarse con la formulación y adopción de los respectivos Planes Estratégicos de Gestión; en consecuencia, no habiéndose terminado la formulación y aprobación de dichos Planes,

la presente derogatoria se limita a retirar del ordenamiento jurídico delimitaciones que no han producido afectación directa alguna y, por lo mismo, no se encuentra sujeta al agotamiento del trámite de consulta previa. Que el proyecto de resolución se publicó en la página web de este Ministerio para comentarios de la ciudadanía por un término de quince (15) días calendario, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 2.1.2.5.1.4. del Decreto 385 de 2026 el cual sustituyó el Título 2, Parte 1, Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, entre el 3 y el 18 de Septiembre de 2026 y las observaciones recibidas fueron analizadas y resueltas en la matriz establecida para el efecto. Que la presente medida no incide sobre la libre competencia en los términos del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, conforme a la evaluación efectuada mediante el cuestionario previsto en el Decreto 1074 de 2015, cuyo resultado obra en el expediente, razón por la cual no resulta necesario agotar el trámite de abogacía de la competencia. En mérito de lo expuesto, RESUELVE Artículo 1. Derogatoria. Deróguense las siguientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, mediante las cuales se delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación

Productiva: N.° Acto administrativo Distrito Minero Especial para la Departamento Diversificación Productiva Página 7 de 9

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