PGN - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Nulidad absoluta del contrato

Expediente No 50.126 (2011-01407) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio por no reconocimiento de salarios y prestaciones a que tenía derecho PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-No era la vía idónea para sacar avante las pretensiones de la demandante/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-En el caso en estudio se presenta una indebida escogencia de la acción En concepto del Ministerio Público la acción de reparación directa, no era la vía idónea para sacar avante las pretensiones de la demandante. Según la tesis jurisprudencial referida, la acción correcta era la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues para obtener lo pretendido por la señora…el reconocimiento de salarios dejados de percibir y las prestaciones sociales a las que tendría derecho bajo el supuesto de la existencia de un contrato laboral, debía atacarse la manifestación de voluntad de la administración que le negó ese reconocimiento CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Si esconde la relación laboral desconoce normas de la función pública y prestaciones sociales CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Se debería reconocer prestaciones sociales cuando existe vínculo laboral ACTO ADMINISTRATIVO-Goza de presunción de legalidad/ACTO ADMINISTRATIVO-Ha debido demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho …corresponde a la naturaleza de un acto administrativo definitivo que negó a la demandante la existencia del contrato realidad y el consecuente pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales. Acto administrativo que goza de

presunción de legalidad, en tanto no ha sido suspendido ni anulado por la jurisdicción contenciosa. En ese orden de ideas, la reclamación de la actora sólo era posible ventilar en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ha debido instaurar en contra del referido acto administrativo dentro de los 4 meses siguientes a su notificación o comunicación, pues solo con la remoción del mundo jurídico por virtud de la declaratoria de nulidad, procedía el pretendido restablecimiento del derecho, reconociendo el pago de

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 ext 12056 FAX 12094 2 Expediente No 50.126 (2011-01407) salarios y prestaciones sociales bajo el entendido de la existencia del contrato realidad o declaración de existencia de la relación laboral. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procede como vía idónea para reclamar pretensiones de actora alegando nulidad del contrato/ACCIÓN RELATIVA A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Nulidad absoluta del contrato Al margen de lo anterior, de acogerse la tesis de la Sala Plena del Consejo de Estado, según la cual la acción de controversias contractuales sería la vía idónea para reclamar las pretensiones de la actora, alegando la nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales, pues “el objeto del contrato se opone a la ley, a mandatos de orden público”, para obtener su invalidación en sentencia, pues de lo contrario seguiría teniendo efectos

entre las partes involucradas en dicho contrato. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Caducidad de la acción es de dos años según regulación legal Tomando como referente las fechas en que se perfeccionaron los referidos contratos, es evidente que para la época en que la actora interpuso la acción de reparación directa (9 de diciembre de 2011) ya se había superado con creces el término legal de los dos años establecido para la acción de controversias contractuales, hecho que se convierte en una limitante más para abordar estudio alguno tendiente a resolver sobre las pretensiones de la actora.Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en tanto declara de oficio la indebida escogencia de la acción, atendiendo los argumentos expuestos en el presente concepto

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 3 Expediente No 50.126 (2011-01407)

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 097/ 2014

Bogotá, D.C., 16 de mayo de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Enyesar Ref: Proceso No 50.126 (25000232600020110140701) Acción de reparación directa

Actor: GLORIA INES RAMIREZ BUITRAGO

Demandado: NACION-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL y otros El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- GLORIA INES RAMIREZ BUITRAGO, en ejercicio de la acción de reparación directa, instauró demanda1 contra la Nación –Presidencia de la República – Ministerio de la Protección Social, para que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios que le fueron causados como consecuencia de la falla del servicio en que incurrieron por razón de la liquidación definitiva de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, lo que implicó que no le fueran reconocidos los salarios y prestaciones sociales a que dice tenía derecho.

Como consecuencia de la anterior declaración, pretende que se ordene a la entidades demandadas a pagar perjuicios morales a favor de la actora por el equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y como perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante las sumas que relaciona a folios 3 y 4 de la demanda, correspondientes al “ salario que devengaba la demandante al momento del despido de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento; los dineros que dejó de percibir, incluidos salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, aportes a pensión, junto con los incrementos legales causados desde la fecha de su retiro”, debidamente actualizadas, más el pago de intereses corrientes bancarios desde la ejecutoria de la sentencia y moratorios como lo dispone el art. 177 del C.C.A.

Se afirma que la actora “fue formalmente vinculada por medio de contratos de prestación de servicios a la ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, pero durante toda la vinculación se presentaron los elementos de una relación laboral, laborando en las mismas condiciones que sus similares de planta, recibiendo órdenes cumpliendo horario de trabajo y sin ninguna clase de autonomía, por lo que procedía en consecuencia el reconocimiento de prestaciones sociales e 1 9 de diciembre de 2011 (fl 16 vlto c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 4 Expediente No 50.126 (2011-01407) indemnizaciones en las mismas condiciones que sus similares de planta, pero para ello al no reconocérsele voluntariamente era pertinente acudir ante la jurisdicción administrativa, pero ello se vio truncado por cuanto los demandados sacaron de la vida jurídica a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento…” 1.2 Contestación de la demanda.  La NaciónDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República2 dice que no es responsable de los daños alegados por la actora, pues por disposición constitucional y legal las funciones que se refieren en la demanda corresponde cumplirlas a otras autoridades. Que el Presidente de la República no puede ser llamado al proceso en una calidad que no ostenta. No puede representar legal al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, representación que corresponde a su Director, quien dentro de sus funciones no tenía la de desvincular a la accionante de su cargo de trabajadora social, pues no

tenía con ella ninguna relación. Advirtió que la acción de reparación Directa no es la procedente, pues cuando se reclama indemnización de perjuicios causados por un acto administrativo la que resulta correcta es la de nulidad y restablecimiento del derecho.  El Ministerio de Salud y Protección Social3, se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: - Ineptitud sustancial de la demanda, pues no debió dirigirse como una acción de reparación directa, sino por la vía de acciones contractuales, en tanto el daño alegado se causó con ocasión de los contratos de prestación de servicios que la actora suscribió con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación. Que lo reclamado no corresponde a derechos ciertos, sino a meras expectativas, en tanto no se consolidó judicialmente su calidad de empleada pública, lo que hace imposible reclamar pagos por esa razón y menos por concepto de salarios, prestaciones sociales, etc. - Falta de legitimación pasiva en la causa, pues el Ministerio en ningún caso y bajo ninguna circunstancia ha sostenido relación jurídica sustancial con la demandante, por tanto no puede responder por presuntas situaciones jurídicas contractuales que no conoció, y que corresponden al espectro exclusivo de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, establecimiento público descentralizado, que gozaba de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. - Inexistencia de la obligación, pues el decreto de supresión y liquidación de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento no transfirió las obligaciones,

2 (fls 32 a 35 c. ppal) 3 (fls 43 a 59 c. ppal)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 5 Expediente No 50.126 (2011-01407) activos o pasivos de ésta al Ministerio de Salud y Protección Social, por ende no puede ser llamado a responder. Que no es cierto que con la orden de supresión y liquidación se haya impedido que la accionante haya demandado al sujeto jurídico con el que tenía una relación jurídica sustancial y frente a la cual debió reclamar sus pretensiones. - Cobro de lo no debido, pues la actora pretende cobrar presuntos derechos laborales que no han sido declarados por ninguna autoridad judicial, que no devienen de ninguna relación laboral legalmente establecida, lo cual no constituye derecho cierto, derivados de contratos de prestación de servicios que no fueron impugnados en su legalidad, estando por tanto las partes del contrato sometidas al PACTA SUNT SERVANDA, siendo vinculantes, excluyentes de cualquier reclamación de índole laboral. Que la actora no demando su legalidad como tampoco en tiempo los contratos mediante los cuales se vinculó a la administración. - Fuerza mayor, pues la declaratoria de supresión y liquidación de la ESE Empresa Social del Estado LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO hoy en liquidación, se constituye en fuerza mayor derivada de un mandato legal que se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad. Que el legislador previó un procedimiento concursal y universal, cuya finalidad es la pronta realización de los activos y el pago

gradual del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad. - Inexistencia de la solidaridad entre las demandadas, pues no existe norma jurídica que consagre solidaridad entre la ESE Luis Carlos Galán, hoy liquidada y el Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que no es dable presumir la solidaridad alegada. - Prescripción y caducidad, pues la supresión y liquidación de la ESE se dió con ocasión de la expedición del Decreto 3202 de 24 de agosto de 2007 y la terminación del contrato de prestación de servicios fue el 4 de septiembre de 2007, es decir que para la fecha en que se presentó la demanda el término legal ya se encontraba vencido. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca4, declaró de oficio la indebida escogencia de la acción, consecuente con ello no abordó el fondo de la Litis. “Para el a-quo, es claro que “para el caso concreto la acción de reparación directa se torna inadecuada, pues para establecer la procedencia de la acción, ésta debe ceñirse a la causa del daño, toda vez que la escogencia de una u otra tiene relación con el debido proceso del demandado, y en el caso bajo estudio nada tiene que ver la imputación que se le hace a los demandados Presidencia de la República y al Ministerio de la Protección Social por el no reconocimiento de las pretendidas prestaciones laborales, pues entre las demandadas y la señora Gloria Inés Ramírez, no existe vínculo contractual alguno, y el hecho de haber sido éstas las que

4 En sentencia de 15 de noviembre de 2013 (fls 169 a 174 c. ante el Consejo de Estado)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 6 Expediente No 50.126 (2011-01407) expidieron el decreto que ordenó la disolución y liquidación de la ESE Luis Calos Galán, nada tiene que ver con lo pedido en la demanda. (…) lo que se puede evidenciar es la confusión que presenta la demandante respecto del hipotético hecho generador del daño, con lo realmente pretendido, ya que para que sean reconocidas las respectivas acreencias laborales, se necesita primeramente, la declaratoria de la existencia de un contrato laboral el cual solo se puede obtener mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho” 1.4 Apelación.- El apoderado de la parte actora5 alega que la acción de reparación directa es la adecuada para reclamar sus pretensiones, pues el artículo 86 del C.C.A, establece “que la persona interesada podrá demandar la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión (…) o por cualquier otra causa”. Que la ESE LUIS CARLOS GALAN fue liquidada definitivamente el 6 de noviembre de 2009, lo que significa que fue sustraída de su vida jurídica, por lo que a partir de ese día dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones, impidiendo a la actora el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues dicha liquidación se hizo antes de que hubieran transcurrido los tres años que tenía la trabajadora para iniciar la acción respectiva quedando como único

camino la acción de reparación directa, amparada en el daño especial. Que las pruebas aportadas al proceso demuestran que se vulneraron los derechos constitucionales fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica estudiar el caso con fundamento en el principio de prevalencia constitucional y concluir que entre la actora y la ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO existió una relación laboral, que el cargo de trabajadora social que ejercía la demandante era de carrera administrativa, lo cual significa que no hay razón alguna para haberla mantenido vinculada durante años mediante contratos de prestación de servicios. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico: Para resolver sobre los planteamientos del recurrente, corresponde absolver en su orden los siguientes problemas jurídicos (i) Cual es la acción idónea para reclamar la declaratoria de una relación legal y reglamentaria, con el consecuente reconocimiento de salarios y prestaciones sociales (ii) Una vez resuelto el interrogante, y solo en el evento que la acción escogida por la actora hubiese sido la correcta, establecer si las entidades demandadas se encuentran llamadas a responder por las pretensiones económicas de la actora. 2.2 Precedentes Jurisprudenciales La Sección Segunda del Consejo de Estado6 : 5 (fls 176 a 185 c. Consejo de Estado) 6 Ver entre otras, la sentencia de 10 de octubre de 2013. Número Interno 0486-2013 (Subsección A)

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094

7 Expediente No 50.126 (2011-01407) “Para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, que en sentir del actor, la entidad demandada le adeuda por la relación laboral que alega haber mantenido, el Legislador plasmó en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, exigiendo para su ejercicio, el agotamiento previo de la vía gubernativa. (…) (…) en relación con quienes celebraron contratos de prestación de servicios, inicialmente señaló que por estar desvirtuados los elementos esenciales de este tipo de relación contractual, emergía una relación laboral de derecho público, sin que existiera diferencia entre ella y la que desarrollan otras personas como empleados públicos que laboran en el mismo centro. Lo anterior, por cuanto desarrollan idéntica actividad, cumplen órdenes, horario y prestan servicios de manera permanente, personal y subordinada. Ello en atención a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, que prevé el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y no por tratarse de una relación laboral formalmente establecida, no se accedía a conceder prestaciones sociales propiamente dichas, sino que, a título de “indemnización” para restablecer el derecho, se ordenaba el pago del equivalente a las prestaciones sociales que percibían los empleados que prestaban sus servicios en la misma entidad, tomando como base el valor pactado en el contrato” (Resalto y Subrayo) La Sección Tercera del Consejo de Estado7: “(…) interpretando el contenido de la demanda, puede colegirse, en estricto sentido, que lo pretendido realmente por el actor es que se le reconozcan los salarios dejados de percibir y las prestaciones sociales a las que

tendría derecho, tal como se le reconoce a quienes desarrollan actividades semejantes, en consideración a que las labores de celaduría que desempeñó en el Departamento de Casanare, a través de órdenes de prestación de servicios, revisten todos los elementos propios de una relación legal y reglamentaria; sin embargo, a juicio de la Sala, la acción formulada por el demandante, con miras a obtener la satisfacción de los derechos alegados y que estarían siendo desconocidos por la Administración, no es la indicada, pues él debió acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser ésta la que procede en situaciones como la anotada, de tal suerte que la Sala confirmará la decisión de primera instancia en cuanto encontró acreditada la excepción de indebida escogencia de la acción, previo las siguientes consideraciones. (…) La prueba documental atrás referida deja en evidencia que el actor presentó una reclamación formal ante el Departamento de Casanare, provocando el pronunciamiento de la Administración respecto de los derechos laborales por él pretendidos. Fue así como a través de escritos de 14 de enero y 3 de marzo de 1998, en su orden, la entidad demandada respondió negativamente las solicitudes formuladas por el apoderado del señor Manuel Antonio Cely Aguilera, relacionadas con el reconocimiento y pago de salarios y pretensiones sociales dejadas de percibir, de tal suerte que ante dicha decisión adversa plasmada mediante un acto administrativo de contenido 7 Sentencia de 23 de junio de 2010. EXP 18.319

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 8 Expediente No 50.126 (2011-01407) particular, el afectado debió formular la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a obtener del juez un pronunciamiento acerca de la legalidad del acto mediante el cual se le negaron tales pretensiones; acción que ha debido instaurar dentro de los 4 meses siguientes. No obstante ello, el actor interpuso el 22 de julio de 1998 acción de reparación directa contra el Departamento de Casanare, con el propósito de que se le reconocieran los pagos y prestaciones sociales que se le adeudaban, en consideración a que el cargo de celador que desempeñó en ese Departamento revestía todos los elementos propios de una relación legal y reglamentaria, hecho por el cual el actor tendría derecho al pago de una indemnización correspondiente a los salarios y prestaciones sociales que reciben los empleados públicos que desarrollan la misma actividad laboral, siendo procedente en este caso impetrar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa, pues resulta evidente que el actor tenía que cuestionar la legalidad de la decisión que lo afectó, la cual se concretó en un acto administrativo más no en un hecho de la Administración. No es posible que se pretenda a través del ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del C.C.A., la indemnización de los perjuicios que le habría causado la Administración Seccional al actor como consecuencia de la

ilegalidad de un acto administrativo de contenido particular, pues por regla general la obligación indemnizatoria en estos eventos emerge cuando el juez natural del acto declara su nulidad como resultado de la pretensión que en tal sentido formule el demandante, precisamente a través del ejercicio válido y oportuno de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por ser ésta la procedente” (Resalto y subrayo) 2.3 Caso concreto En concepto del Ministerio Público la acción de reparación directa, no era la vía idónea para sacar avante las pretensiones de la demandante. Según la tesis jurisprudencial referida, la acción correcta era la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues para obtener lo pretendido por la señora Gloria Ramírez Buitrago, el reconocimiento de salarios dejados de percibir y las prestaciones sociales a las que tendría derecho bajo el supuesto de la existencia de un contrato laboral, debía atacarse la manifestación de voluntad de la adminstracion que el negó ese reconocimiento. Está probada la expresa manifestación de voluntad de la administración contenida en la comunicación LCGS-LIQ de fecha 16 de junio de 2009 (fls 2 a 5 c. ppal), por medio de la cual, se atiende petición formulada por la señora Gloria Inés Ramírez Buitrago tendiente a obtener el reconocimiento de prestaciones laborales (fls 6 c. ppal): “En atención a la comunicación relacionada en el asunto me permito comunicarle que revisada la información obrante en la oficina de prestación de servicios personales de la entidad, se logró establecer que con usted, no existió vinculación legal y reglamentaria o contrato de trabajo que le permitiera

ostentar la naturaleza jurídica de empleado público o trabajador oficial.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 9 Expediente No 50.126 (2011-01407) (…) En consecuencia a lo expuesto, la E.S.E Luis Carlos Galán Sarmiento, no le adeuda suma alguna con ocasión de los servicios prestados por usted. Por lo anterior, no hay lugar a tal reconocimiento laboral, ni al pago de salarios y prestaciones legales y/o convencionales, indexación laboral, ajuste del valor o corrección monetaria, intereses moratorios, reconocimiento y pago de indemnización por terminación unilateral del contrato, solicitados por usted, fundado en un contrato laboral inexistente” (Resalto y subrayo) Respuesta que sin duda corresponde a la naturaleza de un acto administrativo definitivo que negó a la demandante la existencia del contrato realidad y el consecuente pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales. Acto administrativo que goza de presunción de legalidad, en tanto no ha sido suspendido ni anulado por la jurisdicción contenciosa. En ese orden de ideas, la reclamación de la actora sólo era posible ventilar en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ha debido instaurar en contra del referido acto administrativo dentro de los 4 meses siguientes a su notificación o comunicación, pues solo con la remoción del mundo jurídico por virtud de la declaratoria de nulidad, procedía el pretendido restablecimiento del derecho, reconociendo el pago de salarios y prestaciones sociales bajo el entendido

de la existencia del contrato realidad o declaración de existencia de la relación laboral. Al margen de lo anterior, de acogerse la tesis de la Sala Plena del Consejo de Estado, según la cual la acción de controversias contractuales sería la vía idónea para reclamar las pretensiones de la actora8, alegando la nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales, pues “el objeto del contrato se opone a la ley, a mandatos de orden público”, para obtener su invalidación en sentencia, pues de lo contrario seguiría teniendo efectos entre las partes involucradas en dicho contrato. Según el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A (modificado por el art. 44 de la Ley 446 de 1998) “la nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes contratantes (…) dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento (…)” En el caso concreto, los contratos de prestación de servicios que a continuación se relacionan suscritos entre Gloria Inés Ramírez Buitrago y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, se perfeccionaron en las siguientes fechas (fls 11 a 61 c. 2): Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 0018-03 de fecha 14 de julio de 2003 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 0247-03 de fecha 1 de diciembre de 2003 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2180 -04 de fecha 16 de febrero de 2004 8 Sala Plena de lo Contencioso Administrativa. Sentencia del 18 de noviembre de 2003, Exp IJ-0039

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 10 Expediente No 50.126 (2011-01407) Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 3350-04 de fecha 16 de marzo de 2004. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2223-04 de fecha 30 de abril de 2004 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 7502-04 de fecha 1 de julio de 2004 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 9917-04 de fecha 29 de octubre de 2004 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 00104-05 de fecha 1 de febrero de 2005 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 03274-05 de fecha 1 de junio de 2005 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 06475-05 de fecha 1 de septiembre de 2005 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 07226 -05 de fecha 11 de octubre de 2005 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 09506-06 de fecha 1 de febrero de 2006 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 12220-06 de fecha 1 de junio de 2006 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 15243-06 de fecha 11 de octubre de 2006 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 17194-06 de fecha 1 de diciembre de 2006 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 00103-07 de fecha 5 de julio de 2007. Tomando como referente las fechas en que se perfeccionaron los referidos

contratos, es evidente que para la época en que la actora interpuso la acción de reparación directa (9 de diciembre de 2011) ya se había superado con creces el término legal de los dos años establecido para la acción de controversias contractuales, hecho que se convierte en una limitante más para abordar estudio alguno tendiente a resolver sobre las pretensiones de la actora.

CONCLUSIÓN

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 11 Expediente No 50.126 (2011-01407) Bajo las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en tanto declara de oficio la indebida escogencia de la acción, atendiendo los argumentos expuestos en el presente concepto. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÒMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RYPHC/FMSG

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