PGN - ACCION DE NULIDAD - Busca restablecer la legalidad a través del examen de validez del acto adm

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto que califica despido colectivo DESPIDO COLECTIVO-Requiere autorización previa del Ministerio de Trabajo/DESPIDO COLECTIVO-Las causales están fijadas en la ley DESPIDO COLECTIVO-Concepto Del análisis del anterior precepto se desprende que el despido colectivo lleva implícito la desvinculación de un número considerable de trabajadores de una empresa en virtud de la decisión unilateral del empleador, fundada en razones de tipo económico, jurídico o social y para ser considerado como tal, debe tenerse en cuenta el número de trabajadores despedidos, el total de trabajadores de la empresa y el tiempo en que se produjeron los despidos. ACCIÓN DE NULIDAD-Se dirige contra actos generales DESPIDO COLECTIVO-Precedente judicial NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Es la acción pertinente para demandar el acto que califica despido colectivo Es decir, que en principio los actos administrativos en virtud de los cuales se autoriza un despido colectivo son de carácter general, impersonal y objetivo, en razón a que no determinan en concreto las personas sobre las cuales recae la decisión administrativa, por lo que a su vez se predican demandables únicamente por vía de la acción de simple nulidad, pero si en los actos se concretan de una u otra forma las dependencias y cargos sobre los cuales operará el despido, se entiende que el acto no es del todo abstracto y por ello no puede afirmarse que su demanda es solo a través de la simple nulidad, más aún cuando en las pretensiones de la demanda se solicita el restablecimiento del derecho, la indemnización de los daños causados o la restitución

de lo indebidamente pagado, porque lo que determina la escogencia de la acción, no es la naturaleza de los actos, sino la finalidad del actor. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procede contra actos creadores de situaciones jurídicas particulares DESPIDO COLECTIVO-La competencia se determina por el valor de los perjuicios causados a los trabajadores NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procede contra actos administrativos creadores de perjuicios ACCIÓN DE NULIDAD-Busca restablecer la legalidad a través del examen de validez del acto administrativo Ahora bien, como la acción pública de nulidad siempre busca el restablecimiento de la legalidad, para asegurar la actuación lícita de la Administración, y en este sentido, el juez se encuentra limitado para el examen de validez, únicamente, a la confrontación entre el acto que se supone está viciado y la norma que se indica como infringida. ACCIÓN DE NULIDAD-Improcedencia contra actos creadores de situaciones jurídicas particulares Sin embargo, a juicio de esta Agencia del Ministerio Público, el caso sub-exámine, si bien no tiene igualdad fáctica con alguno de los anteriormente mencionados porque los actos administrativos que dan origen a la presente controversia, de los cuales se demanda únicamente le último de ellos, son consecuencia de la “querella administrativa laboral”, que los trabajadores directamente afectados o despedidos, que son los mismos demandantes, presentaron contra la empresa, para que se calificara como despido colectivo su retiro de la sociedad, el acto administrativo demandado no es un acto general y abstracto, porque resuelve situaciones jurídicas particulares, las

cuales no son susceptibles de resolver mediante la acción de simple nulidad salvo que esa situación conlleve un interés para la comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple interés de la legalidad en abstracto por afectar de manera grave y evidente el orden público, social o económico … “ o “…cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario… con incidencia trascendental e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de Colombianos, como lo ha dicho la alta corporación, lo que no sucede en este caso en particular. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Caducidad de la acción 2

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 407-2014

SIAF: 2014-389267

Bogotá D. C., noviembre 10 de 2014

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA.- SUBSECCIÓN “A”

CONSEJERO PONENTE: Dr. ALFONSO VARGAS RINCON

E.S.D.

REFERENCIA : No. 110010325000201100479 00(1860-2011) ACTOR : JAVIER ENRIQUE ARIZA JARUFFE Y OTROS IDENTIFICACION : C.C. 8.674.614

DEMANDADO : MINPROTECCION SOCIAL

ACCIÓN : SIMPLE NULIDAD ASUNTO : NULIDAD ACUERDO Procede esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, a emitir el concepto de rigor en el proceso de la referencia, del cual conoce el

Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en única instancia.

1. Problema Jurídico El asunto a dilucidar, se concreta a establecer la legalidad del acto demandado, por el cual se adoptaron determinaciones respecto a la calificación de un despido colectivo realizado por la empresa Impsa Andina S.A.

2. Lo que se demanda

Los señores JAVIER ENRIQUE ARIZA JARUFFE, JORGE EMILIO GUZMAN NAAR, YANETH CECILIA PIMENTEL VECINO y DALIA MASSI DE FERNANDEZ, demandan la resolución No.00514 del 2 de julio de 2010, mediante la cual se revocó la resolución No.001203 del 23 de diciembre de 2009 de la Coordinación del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control donde se había calificado como despido colectivo el realizado por la empresa Impsa Andina S.A. Como elementos fácticos señala que la empresa Impsa Andina S.A., dentro del periodo comprendido entre noviembre de 2008 y enero de 2009, despidió el 46.15% de su planta de personal sin la autorización del Ministerio de la Protección Social por despido colectivo, de acuerdo con el artículo 67 de la ley 50 de 1990. A petición de algunos extrabajadores, el Director Territorial del Atlántico, mediante oficioNO.14311 del 6 de abril de 2009, certificó que la empresa IMPSA S.A. no solicitó autorización para despido colectivo de trabajadores o cierre definitivo. Los accionantes presentaron el 17 de julio de 2009 ante el Minprotección social querella administrativa por los anteriores

3 hechos, resuelta mediante resolución No.001203 del 23 de diciembre de 2009, por el Coordinador del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control, calificando como despido colectivo el realizado por la empresa Impsa Andina S.A. al despedir sin justa causa al 38.46% de los trabajadores, sin obtener la correspondiente autorización. La empresa presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra dicha decisión, al considerar que no incurrió en despido colectivo, resuelto mediante la resolución No.000154 del 5 de marzo de 2010, en el que no se accede a la solicitud de revocatoria y se concede el recurso de apelación. Por resolución No.000514 del 2 de julio de 2010 el Director Territorial del Atlántico, resolvió el recurso de apelación revocando la decisión al considerar que existió un conflicto jurídico que no es de competencia de su entidad y no se pronunció sobre el despido colectivo. Consideran los accionante que el acto demandado desborda el ámbito de sus atribuciones y facultades de quien lo suscribe, vulnerando derechos fundamentales de los accionantes quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión. Se violó el debido proceso, la igualdad de los trabajadores y la estabilidad laboral, además de no contar con la prueba esencial dentro del proceso laboral seguido en el Juzgado Quinto Laboral contra la empresa, con radicación No.06555/09. Afirma como normas desconocidas el artículo 40 del decreto ley 2351 de 1965 subrogado por el

numeral 4° del artículo 67 de la ley 50 de 1990.

3. Contestación de la demanda Mediante apoderado la empresa INDUSTRIA METALMECANICAS DE LOS ANDES S.A. –METANDES S.A. antes IMPSA ANDINA S.A. contestó la demanda donde señala que no se presentaron elementos de juicio para establecer la relación de causalidad entre el acto demandado y las normas supuestamente vulneradas, elementos indispensable para determinar si existió o no trasgresión al ordenamiento jurídico superior. Afirma que la decisión del Director Territorial del Atlántico del Ministerio de la Protección Social, fue acertada porque no es de su competencia dirimir controversias cuya competencia es exclusiva de los Jueces de la República, además que el funcionario que tomó la decisión contenida en la resolución No.001203 del 23 de diciembre de 2009 se extralimitó en sus funciones, vulnerando el artículo 29 de la Constitución Política. Respecto al despido colectivo reitera los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No.001203 de 2009, respecto a que para el mes de noviembre de 2009, tenía menos de 10 trabajadores, porque no se puede incluir a los trabajadores que decidieron terminar su relación laboral por mutuo acuerdo. (fls110-113) El Ministerio del Trabajo guardó silencio.

4. Alegatos de conclusión El Ministerio del Trabajo mediante apoderada señaló que los demandantes en el presente proceso, son los mismos que fueron despedidos, luego considera que a pesar de invocar la acción de nulidad, lo que se busca es la nulidad de la

resolución con el consecuente restablecimiento del derecho, es decir, que quede vigente la resolución No.001203 del 23 de diciembre que calificó el 4 despido colectivo e impuso la sanción a la empresa IMPSA ANDINA S.A. Considera que el acto enjuiciado no es susceptible de ser enjuiciado mediante el contencioso objetivo de nulidad y que la sentencia que se profiera tiene efectos interpartes, únicamente respecto a los interesados, contrario a las sentencia de simple nulidad, cuyos efectos son erga omnes, luego de conformidad con la teoría de los móviles y las finalidades, la acción a ejercer es la de nulidad y restablecimiento del derecho y cita apartes de la sentencia del 123 de agosto de 20101, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, que se refirió al tema. Así las cosas, como la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2010, se tramita bajo el C.C.A. y dado que la resolución No.00514 de 2010 fue notificada personalmente al señor Javier Enrique Ariza J., el 8 de julio de esa anualidad y por edicto el 28 de julio de 2010, es evidente que transcurrieron los cuatro meses de la caducidad de la acción. Adicionalmente aduce que el Consejo de Estado no es competente para conocer del proceso por lo que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado. (fls 129-137) La empresa IMPSA ANDINA, insistió en que no incurrió en un despido colectivo, porque la empresa no superaba los 10 trabajadores, por lo que no era necesario solicitar autorización previa al Ministerio; adicionalmente a los

trabajadores despedidos se les reconocieron y pagaron todas las prestaciones e indemnizaciones de ley, demostrando que la empresa en todo momento actuó en derecho y obró de buena fe. (fl.145-147) La parte actora, reitera lo expuesto en la demanda al considerar que si existió un despido colectivo por parte de Impsa Andina S.A. y por ello se debe acceder a sus pretensiones.(fls-148-152)

5. Consideraciones del Ministerio Público La figura del despido colectivo está reglada por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por medio del cual se modificó el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, así: “ARTICULO 67. Protección en caso de Despidos Colectivos:

1. Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores, parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas en los artículos 5o, ordinal 1o, literal d) de esta Ley y 7o del Decreto-Ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones, si fuere el caso.

Igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores de tal solicitud. (…) 1 Sentencia del 12 de agosto de 2010, Consejo de Estado, sección segunda, Subsección “B”, Consejero ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve, radicación No.68001-23-15-000-2008-00712 (1560-09) 5

3. La autorización de que trata el numeral 1 de este artículo podrá

concederse en los casos en que el empleador se vea afectado por hechos tales como la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto incrementar la productividad o calidad de sus productos; la supresión de procesos, equipos o sistemas de trabajo y unidades de producción; o cuando éstos sean obsoletos o ineficientes, o que hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen en desventaja desde el punto de vista competitivo con empresas o productos similares que se comercialicen en el país o con los que deba competir en el exterior; o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos, o que de hecho así haya ocurrido; o por razones de carácter técnico o económico como la falta de materias primas u otras causas que se puedan asimilar en cuanto a sus efectos; y en general los que tengan como causa la consecución de objetivos similares a los mencionados. La solicitud respectiva deberá ir acompañada de los medios de prueba de carácter financiero, contable, técnico, comercial, administrativo, según el caso, que acrediten debidamente la misma.

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar un despido como colectivo sino cuando el mismo afecte en un período de seis (6) meses a un número de trabajadores equivalente al treinta por ciento (30%) del total de los vinculados con contrato de trabajo al empleador, en aquellas empresas que tengan un número superior a diez (10) e inferior a cincuenta (50); al veinte por ciento (20%) en las que tengan un número de

trabajadores superior a cincuenta (50) e inferior a cien (100); al quince por ciento (15%) en las que tengan un número de trabajadores superior a cien (100) e inferior a doscientos (200); al nueve por ciento (9%) en las que tengan un número de trabajadores superior a doscientos (200) e inferior a quinientos (500); al siete por ciento (7%) en las que tengan un número de trabajadores superior a quinientos e inferior a mil (1.000) y, al cinco por ciento (5%) en las empresas que tengan un total de trabajadores superior a mil (1.000).

5. No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Social, caso en el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

6. Cuando un empleador o empresa obtenga autorización de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el cierre definitivo, total o parcial, de su empresa, o para efectuar un despido colectivo, deberá pagar a los trabajadores afectados con la medida, la indemnización legal que le habría correspondido al trabajador si el despido se hubiera producido sin justa causa legal. Si la empresa o el empleador tiene un patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales, el monto de la indemnización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la antes mencionada.

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7. En las actuaciones administrativas originadas por las solicitudes de que trata este artículo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá pronunciarse en un término de dos (2) meses. El incumplimiento

injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mata conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente” Del análisis del anterior precepto se desprende que el despido colectivo lleva implícito la desvinculación de un número considerable de trabajadores de una empresa en virtud de la decisión unilateral del empleador, fundada en razones de tipo económico, jurídico o social y para ser considerado como tal, debe tenerse en cuenta el número de trabajadores despedidos, el total de trabajadores de la empresa y el tiempo en que se produjeron los despidos.2 Examinada la demanda, es pertinente señalar que la pretensión única va dirigida específicamente a que se declare la nulidad de la resolución No.000514 del 2 de julio de 2010, expedida por el Director Territorial del Atlántico-Ministerio de la Protección Social, mediante la cual se revocó la resolución No.001203 del 23 de diciembre de 2009, expedida por el Coordinador del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la misma entidad, por la cual se había calificado como despido colectivo, el realizado por la empresa Impsa Andina S.A. El Ministerio del Trabajo (antes de la Protección Social), solicitó la nulidad de todo lo actuado, al considerar que la acción presentada no es verdaderamente la de simple nulidad, sino que con base en la teoría de los motivos y finalidades es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el Juez de conocimiento carece de competencia para conocer del asunto, el que además está más que caducado. Visto el expediente, se tiene que en principio la resolución demandada, es un

acto administrativo de carácter general y plausible de la acción de simple nulidad, en cuanto decide sobre una situación de despido colectivo en la empresa IMPSA ANDINA S.A. Ahora bien, leídos los antecedentes del acto enjuiciado, los señores JAVIER ENRIQUE ARIZA JARUFFE, YANETH CECILIA PIMENTEL VECINO, JORSE EMILIO GUZMAN NAAR y DALIA MASSI DE FERNANDEZ, presentaron querella administrativa laboral contra la citada empresa por el presunto despido colectivo, que luego de su trámite, que incluyó descargos y etapa probatoria, dio origen a la resolución No.01203 del 23 de diciembre de 2009, que resolvió: “ARTICULO 1°. Calificar como despido colectivo el realizado por la empresa IMPSA ANDINA S.A. al despedir sin justa causa a los

trabajadores JAVIER JIMENEZ PEREIRA, JAVIER ENRIQUE ARIZA

JARUFFE, JORGE EMILIO GUZMAN NAAR, YANETH CECILIA

PIMENTEL VECINO y DALIA ESPERANZADA MASSI DE FERNANDEZ,

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero Ponente: Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN, sentencia del 17 de agosto de 2011, Referencia número: 110010325000200600041 01, Número interno: 0827-006, Actor: UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES USTCSUBDIRECTIVA DE BUCARAMANGA 7 sin obtener la correspondiente autorización del Ministerio de la Protección

Social, en violación del artículo 67 de la ley 50 de 2009. ARTICULO 2° En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, sanciónase a la empresa IMPSA ANDINA S.A., identificada con NIT… domiciliada actualmente en …, con multa de $4.969.000, equivalente al monto de diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto vigente con destino al Sena. (…)” Contra dicha decisión, la empresa IMPSA ANDINA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. La reposición se resolvió mediante resolución No.000154 del 1 de marzo de 2010, que mantuvo incólume la decisión y concedió el recurso de apelación. Posteriormente el Director de la Dirección territorial del Atlántico-Minprotección Social, resolvió mediante resolución No.000514 del 2 de julio de 2010, lo siguiente: “ARTICULO 1°. REVOCAR la resolución 001203 del 23 de diciembre de 2009, emanada de la Coordinación del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control. ARTICULO 2° Contra el presente proveido no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa. (…)” Dicho acto administrativo fue notificado al señor JAVIER ENRIQUE ARIZA JARUFFE el día 8 de julio de 2010 y quedó ejecutoriado el 29 de julio de 2010 (fls.47 y 78) Los señores JAVIER ENRIQUE ARIZA JARUFFE, JORGE EMILIO GUZMAN NAAR, YANETH CECILIA PIMENTEL VECINO y DALIA MASSI DE FERNANDEZ presentaron demanda de simple nulidad ante el Tribunal

Administrativo del Atlántico, contra la resolución No.000514 del 2 de julio de 2010, con las siguientes pretensiones: “Lo que se demanda

1. La nulidad que se alega en esta demanda es con relación a la resolución No.000514 de fecha 2 de julio de 2010, mediante el cual se revocó la resolución 001203 del 23 de diciembre de 2009 emanada de la Coordinación del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, donde se había calificado como despido colectivo el realizado por la empresa Impsa

Andina S.A.

Los apartes demandados son: 8

Con esta resolución el doctor Carlos Castellanos Collante, incurre en omisión, ya que la ley laboral lo faculta para calificar el despido colectivo, tal como lo hizo el doctor Edgardo Gómez Manga, Coordinador del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia, y no lo hizo; por el contrario basó su decisión en un supuesto conflicto inexistente de interés jurídico, error cometido por el simple y solo hecho de haber tomado en comparación un caso de despido colectivo del Banco Uconal que no aplicaba en el presente caso. En pocas palabras, mis poderdante nunca solicitaron al Ministerio el reconocimiento de derecho individuales; ttoda vez que eso es otra cosa, reitero, la querella del día julio 17 de 2009, busca y buscaba la calificación de un despido colectivo en la empresa Impsa Andina S.A., dentro del periodo agosto de 2008 a enero de 2009.

2. Una vez ejecutoriada la sentencia que ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto,

para los efectos legales consiguientes”. El 9 de diciembre de 2010, el citado Tribunal en auto del 7 de junio de 2011, declaró la falta de competencia, porque el acto enjuiciado es un acto administrativo de carácter general expedido por autoridad nacional. (fls.50-51). El Consejo de Estado, mediante providencia del 30 de septiembre de 2011 admitió la demanda como se simple nulidad, ordenó su notificación y negó la suspensión provisional solicitada. (fls.55-59) En un caso de similares entornos, es decir, respecto a un acto que decide sobre el despido colectivo de unos trabajadores, en donde se ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, señaló el Consejo de Estado frente a la competencia, lo siguiente: “Se observa, que la acción de la referencia fue interpuesta inicialmente por la parte demandante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien se abstuvo de avocar conocimiento en razón a la naturaleza de los actos administrativos demandados, los cuales calificó como actos de carácter general expedidos por autoridad del orden nacional, no susceptibles de impugnación a través de acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, concluyendo que la competencia para su juzgamiento corresponde al Consejo de Estado en única instancia a través de la acción de Simple Nulidad, por lo cual procedió a la remisión respectiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 143 del C.C.A. (fl. 161), decisión última que apoyó en el pronunciamiento de la Sección Segunda de esta Corporación, de fecha 5 de julio de 2001 proferido dentro del expediente 1993-8600-01, con ponencia del Doctor Tarsicio Cáceres

Toro, en donde en un caso análogo se expresó lo siguiente: “Como se ha dicho, por medio de esta actuación administrativa compleja, la autoridad administrativa nacional autorizó el despido de 567 trabajadores de AVIANCA, sin que precisara sus nombres y dejando a la Entidad Aérea la posterior decisión al respecto. 9 Ahora, la Sala Plena del Consejo de Estado, como ya se expresó, en providencia de 18 de diciembre de 1994 consideró que la actuación acusada era de carácter general, constitutiva de una situación abstracta, general, pues no se refiere a ningún trabajador en particular, por lo que a la pretensión de nulidad no es viable acumularle pretensiones de tipo económico, en razón a que estas deben quedar reservadas para ser formuladas a través de posteriores acciones que los interesados podrán formular ante la jurisdicción ordinaria laboral, en caso de obtener la nulidad de las resoluciones que autorizaron el despido colectivo. Señaló que la decisión administrativa al ser emitida por autoridad nacional y carecer de cuantía, teniendo en cuenta su relevancia laboral, determinó que la competencia para su juzgamiento en acción de nulidad era del Consejo de Estado, en única instancia. Y cada Despacho, teniendo en cuenta lo anterior, asumió el conocimiento del asunto, por la vía de la acción de nulidad y en única instancia. Después, en su momento, los procesos fueron acumulados al ya mencionado.” No obstante lo anterior, encuentra la Sala que el antecedente jurisprudencial tránscrito, que traduce el criterio de la Sala Plena de esta Corporación frente a la demanda de actos expedidos por autoridades

administrativas del orden nacional en donde se autorizan despidos colectivos, no resulta aplicable al caso concreto, conclusión a la que se llega luego del examen de los actos demandados y de las pretensiones contenidas en libelo demandatorio, bajo los razonamientos que se expresan a continuación: En primer lugar, el antecedente fáctico expresado en el petitum, data la expedición de tres actos administrativos por parte del Ministerio de la Protección Social: la Resolución No. 001789 del 31 de octubre de 2.003 proferida por el Director Territorial del Ministerio de la Protección Social del Atlántico que autorizó el despido de 350 trabajadores de la sociedad AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. “AVIANCA”, la Resolución No. 000187 del 23 de febrero de 2004, que resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión inicial y la Resolución No. 00823 de 24 de marzo de 2004, expedida por la Jefatura de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Protección Social, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto, modificando el artículo 1º de la Resolución No. 001789 de 2003 y confirmando las demás decisiones consignadas en la misma. Las resoluciones acusadas, visibles a folios 31, 51 y 76 del expediente autorizan el despido colectivo en los siguientes términos: “(…))” 10 De otra parte, narra la demanda que en virtud de la decisión del Ministerio de la Protección Social, AVIANCA S.A. procedió al despido de los ahora

demandantes, bajo las indicaciones y en los términos consignados en dichas Resoluciones, por lo que en ejercicio de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, acudieron ante esta Jurisdicción para demandar los Actos Administrativos citados con expresión dentro del libelo demandatorio (fl. 143) de las siguientes pretensiones:

1. Que es nulo el acto administrativo contenido en la Resolución número 00823 de 24 de marzo de 2004, de la Jefatura de la unidad Especial de Inspección, vigilancia y Control de Trabajo del Ministerio de Protección Social, por medio de la cual se confirman las resoluciones 001789 de 2.003 que autoriza el despido de 350 trabajadores de la sociedad AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. “AVIANCA” y la número 000187 de 2.004 que resuelve la reposición, emitidas por el Director Territorial del Ministerio de la Protección Social del Atlántico al resolver el recurso de apelación interpuesto contra las mismas y que estos actos administrativos también son nulos.

2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento, la NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, deberá pagar a cada uno de los demandantes trabajadores, a título de indemnización, los perjuicios causados por los actos administrativos cuya nulidad se demanda así: a) Perjuicios morales: En cuantía equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales vigentes a la fecha de pago. b) Perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado, en suma igual al valor de los salarios y prestaciones

sociales, legales y convencionales, dejados de percibir por cada actor, desde la fecha de su despido, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que establezca la condena. c) Perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante futuro. Para todos y cada uno de mis poderdantes, en suma igual al valor de los salarios y prestaciones sociales, legales y convencionales dejados de percibir, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta cuando cada uno de ellos cumpla 62 años de edad para alcanzar como trabajador el derecho a la pensión legal de vejez. d) Las sumas anteriores deberán ser reajustadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A., y esas sumas ya reajustadas devengarán intereses comerciales y moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia en la forma prevista en el en el (sic) artículo 177 del C.C.A. e) Que la Nación deberá proceder a cumplir la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A. 11 Del examen anterior se desprende con toda nitidez los fundamentos que definen la competencia para el conocimiento del sub examine y que excluyen en criterio de la Sala la presente acción del conocimiento del Consejo de Estado, a saber: Respecto de los actos acusados, si bien se ha reiterado que los Actos Administrativos en virtud de los cuales se autoriza un despido colectivo son de carácter general, impersonal y objetivo, en razón a que no determinan en concreto las personas sobre las cuales recae la decisión administrativa, por lo que a su vez se predican demandables únicamente por vía de la acción de simple nulidad, en el presente caso, las

Resoluciones demandadas concretan su contenido al particularizar de una u otra forma las dependencias y los cargos sobre los cuales operará el despido colectivo, tal como se colige de la parte resolutiva tránscrita, por lo que no puede hablarse de un acto del todo abstracto, alejado de la órbita individual de los trabajadores afectados, razón por la cual no puede afirmarse de manera restrictiva, que su demanda solo es viable a través del contencioso popular de anulación. Así, al derivarse directamente de las Resoluciones que autorizaron el despido colectivo, situaciones jurídicas individuales determinables con efectos patrimoniales sobre el grupo de personas que delimita, resulta pasible su demanda a través de la acción subjetiva. Aunado a lo anterior, cabe precisar frente a las pretensiones expresadas por el actor en el líbelo demandatorio, que lo que determina la escogencia de la acción en estos ca