PGN - ACCION DE NULIDAD - De los actos administrativos en función policiva

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Se produjo la indebida escogencia de la acción El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, se declaró inhibido para proferir decisión de fondo dentro del proceso en estudio, al considerar, que la acción incoada no era la correspondiente, toda vez que el propósito de la demanda, tal como se lee en las pretensiones, fue en primer lugar la declaratoria de responsabilidad administrativa de las demandadas, en segundo lugar la indemnización por los daños materiales y daños morales, tesis frente a la cual está de acuerdo el Ministerio Público. De las pruebas aportadas se puede constar que las actoras faltan a la verdad al señalar la inexistencia de un proceso policivo adelantado para declarar el estado de ruina de la edificación de su propiedad. Así mismo se comprueba la existencia de un acto administrativo que ordenó la demolición del inmueble lo cual se hizo mediante el proceso policivo No. 095 de 2005 seguido en la Inspección Municipal de Policía Comuna del Poblado, bajo los paramentos de un acto administrativo. Las accionantes interpusieron recursos contra dicho acto, entonces no se entiende cómo en la demanda alegan la inexistencia tanto del procedimiento policivo como el acto administrativo que ordenó la demolición del inmueble, dichos actos de conformidad con lo señalados en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, podían ser impugnado una vez agotada la vía gubernativa, dentro de los cuatro meses siguientes a su ejecutoria. Es decir, que la demanda en busca de reconocimiento de pretensiones parte de una premisa falsa.

DEBIDO PROCESO-Falta de lealtad procesal Al faltar a la verdad procesal el actor faltó al del debido proceso, e intentó demostrar un daño. Con todo la acción procedente no es la de Reparación Directa, aspecto éste suficiente para que el Juez Colegiado de primera instancia se declarara Inhibido para proferir decisión de fondo dentro del proceso, por la Indebida escogencia de la Acción. Considera además esta Delegada falta de lealtad procesal del apoderado al partir de hechos no ciertos. Finalmente, en atención al ocultamiento de hechos en la demanda, considera esta Agencia, que el apoderado de la parte actora faltó a la lealtad procesal y con ello a los deberes del abogado, por lo que hay razón suficiente para que se oficie a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a fin de que sean investigadas las posibles irregularidades disciplinarias en que se halla incurso dicho profesional del derecho. ACTOS ADMINISTRATIVOS POLICIVOS-Son sujetos de control jurisdiccional Los actos administrativos en función policiva, al igual que los demás de su genero, una vez agotada la vía gubernativa son sujetos de control jurisdiccional, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una vez agotada la vía gubernativa distinto es, que una vez haya precluido la oportunidad de iniciar la acción de esta naturaleza por el fenómeno de la caducidad de la acción, se pretenda a través de una acción equivocada, Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo ocultando la realidad procesal que se reconozcan indemnizaciones, por ello considera esta Delegada temerario el recurso de alzada de forma que en virtud del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que reformó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, hay lugar para imponer condena en costas contra el recurrente. El Honorable Consejo de Estado, deberá confirmar el fallo materia de recurso de alzada, por no proceder el análisis del fondo de la Litis, ya que del estudio de la demanda y de la sentencias, se colige con meridiana claridad, su improcedencia por la indebida escogencia de la acción.

CONCEPTO No. 209 /2012

Bogotá, D.C., 05 de julio de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 660012331000200900013 01 (43075)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: LUISA FERNANDA PRECIADO QUINTERO Y

OTRA.

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE PEREIRA—EMPRESA

DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.-

SOCIEDAD URBE S.A.

Sentido del Concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida originada en

el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. Se produjo la Indebida

escogencia de la Acción/ los actos policivos de la Administración son objeto de control judicial / solicitud de condena en costas contra el recurrente/ solicitud de oficiar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Risaralda. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Las señoras Luisa Fernanda y Paola Andrea Preciado Quintero, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demandada administrativa de Reparación Directa contra el Municipio de Pereira, la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. y la Sociedad Urbe S.A. Las actoras dijeron que se violaron todas las ritualidades propias del proceso policivo de amenaza de ruina. Se lanzaron por vía de hecho a los inquilinos, sin requerimiento previo a los actores para que adecuaran o repararan el inmueble, piden indemnización por los daños causados con ocasión del deterioro y demolición del inmueble ubicado en la

carrera 12 No. 16-39/45 C 17 12-01/17, manzana 208 del centro de Pereira. Que como consecuencia de lo anterior, se condene por daños materiales así: daño emergente lo constituye el valor del edificio que se encontraba construido y que fue demolido la suma estimada es de $ 1.130.400.000.

Lucro cesante: $42.000.000, equivalente a 21 meses, de los cánones de arriendo dejados de percibir por las actoras desde la fecha de la demolición del inmueble hasta la presentación de la demanda.

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo Lucro cesante futuro, se reclama por dicho concepto la suma de $2.000.000.

Daños Morales: la cantidad de 1.000 SMMLV para cada una de ellas.

Que se condene a la actualización de las anteriores sumas con base en el I.P.C. 1.2. La contestación. 1.2.1. El Municipio de Pereira: Manifestó que el Municipio a través de su Inspección de Policía adelantó el proceso contravencional adecuado, oportuno y legal, válido y con el acatamiento de las ritualidades propias, concediendo recursos, decidiendo las impugnaciones y demás peticiones que fueron presentadas por el apoderado

de aquellas. Actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, pues los mismos no han sido declarados nulos por las autoridades competentes, ni han sido objeto de otro tipo de cuestionamiento. Es por ello que no se entiende por qué se dice en la demanda que no existió un proceso policivo, cuando los anexos de la demanda se infiere que si existió. Se está censurando el proceso policivo de demolición de obra que amenaza ruina, el cual fue tramitado en la Inspección de Policía Municipal del Poblado de Pereira y que fue fallado y quedó en firme, otorgándole 30 días para desalojar. El Municipio de Pereira solicitó llamamiento en garantía a la compañía de Seguros la Previsora S.A. ésta propone las excepciones: Inepta demanda por indebida escogencia de la acción. Uno de los fundamentos de la demanda son las supuestas vías de hecho en que incurre el Municipio de Pereira al ordenar la demolición de un inmueble sin que existiera proceso administrativo; el proceso policivo en el cual reposa la actuación administrativa que terminó con la ejecución de la orden de demoler el inmueble sí está aportado, si los actores 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo se sintieron vulnerados en sus derechos con la determinación de la

administración de demoler el inmueble en cita, la demanda se debió encaminar a solicitar la nulidad de los actos administrativos y no sería la presente acción de reparación directa la vía correcta para intentarlo. Propuso las excepciones: caducidad de las acciones contenciosas administrativas (i) Falta de legitimación en la causa por activa (ii) Ausencia de acusa para demandar al Municipio y falta de legitimación en la causa por pasiva (iii) Falta de cobertura de la póliza (iv) Ausencia de aviso de siniestro con relación a la póliza (v) Disponibilidad y limite máximo del valor asegurado (vi). 1.2.2. La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.: Contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones. Propuso las siguientes excepciones:  Eximente de responsabilidad.  Caducidad de la acción de reparación directa. 1.2.3. Urbe S. A. Propuso las excepciones:  Eximente de responsabilidad de la Empresa de Aseo de Pereira  Caducidad de la acción de reparación directa. 1.3. Sentencia de primera instancia. La Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda se declaró inhibida para proferir decisión de fondo dentro de presente proceso, mediante sentencia proferida el quince (15) de septiembre de dos mil diez (2011). Manifestó en síntesis las siguientes razones: 1.3.1. Que se debió demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo la nulidad del acto por el cual se ordenó la demolición del inmueble del que da cuenta la demanda, el consecuente restablecimiento del derecho, o la indemnización del daño sufrido, tal como lo permite el artículo 85 del C.C. A.; así pues, la acción de reparación directa erróneamente incoada por la actora, no permite pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, por lo que será forzoso proferir una decisión inhibitoria. 1.3.2. A juicio del Tribunal, las excepciones propuestas por las partes demandas y llamadas en garantía, denominadas como inadecuada escogencia de la acción o Improcedencia de la acción, respectivamente, tienen vocación de prosperidad ya que al encontrarse probada deviene en ineptitud sustantiva de la demanda, la cual si bien no impone el rechazo in límine sí impide resolver sobre el fondo de la Litis. 1.3.3. Teniendo en cuenta que la excepción de indebida escogencia de la acción ha prosperado, se hace improcedente pronunciarse sobre las demás excepciones propuestas. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta lo siguiente (Folios 293 a 306 del cuaderno del Consejo de Estado):  Considera que los juicios policivos tienen la naturaleza de judiciales, por ello es que el C.C.A. ha previsto que los actos expedidos en los juicios

civiles de policía, no son objeto de control ante esa justicia. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo  Resuelta importante resaltar que la mayoría de las actuaciones de autoridades administrativas de Policía sí son objeto de control de esta jurisdicción, salvo cuando esas autoridades actúan en función judicial.  Suplica que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se acceda al pago de la indemnización.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Al demandar un acto administrativo donde se ordenó la demolición de un inmueble por parte de una Alcaldía, el medio idóneo es la Acción de Reparación Directa? 2.1.2. ¿Los actos policivos de la Administración, no son objeto de control judicial? 2.2. Marco teórico.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Indebida escogencia de la Acción ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo Es deber de la parte que incoa una demanda, hacerlo en ejercicio de la acción que corresponde a los hechos y pretensiones. Frente al tema de la escogencia de la Acción, en Consejo de Estado ha dicho: El C. C. A. establece que mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa (art. 86) y que mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo, se le restablezca en su derecho y se le repare el daño; también se tendrá esta acción para que se modifique una obligación fiscal o de otra clase, o se produzca la devolución de lo pagado indebidamente (art. 85).1 2.2.2. Actos policivos de la Administración y control Judicial. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Estudio de los hechos ocurridos después de la Constitución de 1991 y antes de la Ley 270 de 1996 / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - Antes de la Ley 270 de 1996

“Si bien los hechos imputados a título de falla acaecieron ya en vigencia de la Carta Fundamental de 1991, también ocurrieron y fueron impugnados antes de la expedición de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia”. El hecho relativo a que los hechos demandados hayan sucedido después de la nueva Carta Fundamental de 1991 y antes de la expedición de la 270 de 1996 no implica que no puedan estudiarse. Esto por cuanto la Norma Fundamental dispone, de una parte, que las autoridades 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de Agosto de 2005. Radicado interno 29552, Consejera Ponente. Dra. María Elena Giraldo. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (inc. 2 art. 2. de la Carta Política) y, de otra parte, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción o la omisión de las autoridades públicas (art. 90 ibídem). La responsabilidad del Estado por los

daños antijurídicos que causa, puede surgir también cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial; así lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado mucho antes de la expedición de la Carta de 1991, aunque no siempre estuvo dentro de esta posición. FUNCIONES JUDICIALES - Órganos que la ejercen en el estado colombiano /AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Ejercicio de funciones judiciales/ INSPECCIONES DE POLICIA - Ejercicio de algunas funciones judiciales 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo Las distintas funciones del Estado son ejercidas no sólo por cada Rama del Poder Público sino también por los órganos autónomos e independientes y aunque todos tienen funciones separadas pueden colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado (art. 113 C.N.). Esas previsiones constitucionales hacen visible que la Rama Judicial es el titular originario dentro del Estado de Derecho de la mayoría de las funciones judiciales, pero que por causas constitucionales, legales o convenidas por las partes de un conflicto, respectivamente, otra Rama del Poder Público y los particulares pueden ejercerlas cuando se den los supuestos

constitucionales, legales o de habilitación por las partes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico (arts. 116 C. N, ). La ley 270 de 1996 también indica que la función jurisdiccional será ejercida, entre otros, por: “Las autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal; (numeral 2º art. 13). Entrando sobre el punto intitulado puede verse cómo el legislador aprovechó la estructura de la Administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en las Inspecciones de Policía, que por lo general tienen funciones administrativas, para que ejerzan ciertas funciones judiciales como es el adelantamiento del juicio sumario por perturbación de la posesión; en este preciso evento la Autoridad Administrativa cumple funciones judiciales. JUICIO POLICIVO - Naturaleza jurídica: judiciales/JUICIO POLICIVO CIVIL DE AMPARO POSESORIO - Son de carácter judicial Los juicios policivos Tienen indudablemente, la naturaleza de judiciales. A esto se debe que en el Código Contencioso Administrativo haya previsto 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01)

Rzo que los actos expedidos en los juicios civiles de policía, entre otros, no son objeto de control ante la justicia de lo Contencioso Administrativa. En diversas oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el carácter judicial de los juicios civiles de policía y especialmente sobre el amparo policivo posesorio; ha diferenciado entre la función propiamente administrativa desarrollada en materia de policía y la función judicial ejercida por tales autoridades. De lo anterior resulta importante resaltar, desde otro punto de vista, que la mayoría de las actuaciones de autoridades administrativas de policía sí son objeto de control de esta jurisdicción, salvo como ya se explicó cuando esas autoridades actúan en función judicial. En esos dos sentidos la Sección Primera de esta Corporación resaltó, en auto proferido el día 29 de marzo de 1996, que unos son los actos administrativos de las autoridades de policía y otros son los actos judiciales de esas mismas autoridades. Indicó que los actos administrativos de las autoridades de policía son los tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social, los cuales por su naturaleza están sujetos al control judicial de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Respecto al segundo tipo de actos, los judiciales de las autoridades de policía, señaló que se diferencian totalmente de los anteriores, por cuanto se expiden en función judicial y para dirimir un conflicto. Igualmente, la Corte Constitucional ha coincidido con la posición del Consejo de Estado y en varios pronunciamientos, de juicios de tutela promovidos por vía de hecho judicial, ha calificado a los

juicios civiles de policía, iniciados para protección del statu quo, como manifestaciones del poder judicial del Estado; pueden consultarse al respecto las siguientes sentencias: T-048/95; T-289/95, T-149/98; T-127/99 y T-629/99. Nota de Relatoría: Ver sentencias del 3 de mayo de 1990, 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo Exp. 5911, del 5 de mayo de 1995, Exp. 3130 y del 5 de septiembre de 1996, Exp. 3960 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 2.3. Las pruebas obrantes Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental en el Código de Procedimiento Civil. 2.3.1. Orden la demolición del inmueble emanada de la Alcaldía Municipal de Pereira. 2.3.2. Copia de antecedentes administrativos, se pidieron varias pruebas trasladadas y otras para que se oficiaran entre ellas:

1. Copia auténtica del acta del comité de demoliciones en donde se realiza el análisis técnico sobre la necesidad de demolición del inmueble ubicado en

la calle 17 No. 12-01/17 o carrera 12 No. 16-43 y No. 16-45. (fls 331 a 341

c-2-1)

2. Al instituto Geográfico Agustín Codazzi para que remita certificación en la cual conste cuál ha sido la variación del avalúo del local comercial antes individualizado, prueba que fue allegada (fl 329 c-2-1).

3. El convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio de Pereira y la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. respecto de la demolición de edificaciones efectuadas a partir del año 2005. Etc. 2.1. Caso concreto

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo  El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, se declaró inhibido para proferir decisión de fondo dentro del proceso en estudio, al considerar, que la acción incoada no era la correspondiente, toda vez que el propósito de la demanda, tal como se lee en las pretensiones, fue en primer lugar la declaratoria de responsabilidad administrativa de las demandadas, en segundo lugar la indemnización por los daños materiales y daños morales, tesis frente a la cual está de acuerdo el Ministerio Público.  De las pruebas aportadas se puede constar que las actoras faltan a la verdad al señalar la inexistencia de un proceso policivo adelantado para declarar el estado de ruina de la edificación de su propiedad. Así mismo se

comprueba la existencia de un acto administrativo que ordenó la demolición del inmueble lo cual se hizo mediante el proceso policivo No. 095 de 2005 seguido en la Inspección Municipal de Policía Comuna del Poblado, bajo los paramentos de un acto administrativo. Las accionantes interpusieron recursos contra dicho acto, entonces no se entiende cómo en la demanda alegan la inexistencia tanto del procedimiento policivo como el acto administrativo que ordenó la demolición del inmueble, dichos actos de conformidad con lo señalados en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, podían ser impugnado una vez agotada la vía gubernativa, dentro de los cuatro meses siguientes a su ejecutoria. Es decir, que la demanda en busca de reconocimiento de pretensiones parte de una premisa falsa.  Al faltar a la verdad procesal el actor faltó al del debido proceso, e intentó demostrar un daño. Con todo la acción procedente no es la de Reparación 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo Directa, aspecto éste suficiente para que el Juez Colegiado de primera instancia se declarara Inhibido para proferir decisión de fondo dentro del proceso, por la Indebida escogencia de la Acción. Considera además esta Delegada falta de lealtad procesal del apoderado al partir de hechos no

ciertos.  Cabe precisar que, la acción mediante la cual se debió demandar era la vía contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho y que esta no depende de la voluntad del legitimado por activa, sino que se debe tener en cuenta la fuente del daño, que en este caso es un acto administrativo, el cual es la Resolución No. 021 de 2005, debidamente confirmada por la Resolución No. 022 de 2005, que declaró el estado de ruina e inminente peligro del inmueble de los actores y seguidamente se ordenó el desalojo y demolición del edificio, previo estudio técnico que realizaron expertos del Comité de Demoliciones, el cual concluyó que dicho inmueble amenazaba ruinas y constituían peligro para la comunidad, es decir que se trató de un acto administrativo de los que son pasibles de control jurisdiccional, de conformidad con el marco teórico puesto que su propósito era preservar no solo la seguridad, sino además las condiciones de salubridad de los habitantes del inmueble que amenazaba ruina, además de cumplir con los desalojos, conforme a las reglas del debido proceso (ver folio 201 a 207 c2 y folios 864 a 866 c-2-3) no era un acto policivo en función judicial, por cuanto no dirimía conflicto entre particulares.  Los actos administrativos en función policiva, al igual que los demás de su genero, una vez agotada la vía gubernativa son sujetos de control jurisdiccional, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, una vez agotada la vía gubernativa distinto es, que una vez haya

precluido la oportunidad de iniciar la acción de esta naturaleza por el 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo fenómeno de la caducidad de la acción, se pretenda a través de una acción equivocada, ocultando la realidad procesal que se reconozcan indemnizaciones, por ello considera esta Delegada temerario el recurso de alzada de forma que en virtud del artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que reformó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, hay lugar para imponer condena en costas contra el recurrente.  El Honorable Consejo de Estado, deberá confirmar el fallo materia de recurso de alzada, por no proceder el análisis del fondo de la Litis, ya que del estudio de la demanda y de la sentencias, se colige con meridiana claridad, su improcedencia por la indebida escogencia de la acción.  Finalmente, en atención al ocultamiento de hechos en la demanda, considera esta Agencia, que el apoderado de la parte actora faltó a la lealtad procesal y con ello a los deberes del abogado, por lo que hay razón suficiente para que se oficie a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a fin de que sean investigadas las posibles irregularidades disciplinarias en que se halla

incurso dicho profesional del derecho.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del quince (15) de septiembre de dos mil diez (2011), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, debe ser CONFIRMADA.

15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No 43075 (660012331000200900013 01) Rzo Así mismo se solicita la condena en costas contra la parte recurrente y oficiar al Consejo Seccional, Sala Disciplinaria de Risaralda para que se investigue al apoderado de la parte demandante. Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 16 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co